Desde septiembre pasado desapareció el ex presidente del Comisariado del ejido de los Guajes de Ayala. Pidieron ayuda a colectivos de familiares de desaparecidos para la búsqueda. En el ejido y sus anexos sobran historias de desplazamiento forzado y temor
Texto: Beatriz García
Fotografía: Salvador Cisneros / Archivo
13 de abril del 2021
Chilpancingo
El secretario del comisariado ejidal de Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, Javier Hernández Peñaloza, pidió a los colectivos de familiares de desaparecidos que hacen búsquedas acudir al ejido, porque desde septiembre que desapareció el ex presidente del Comisariado, Elías Gallegos Coria y su hijo, Fredy Gallegos García, las autoridades no les dan indicios de su paradero.
Javier Hernández es uno de los cerca de 600 habitantes del ejido que prefirió quedarse y no desplazarse como lo hicieron más de 1,000 personas de la zona, luego de una serie de enfrentamientos en febrero pasado que dejaron un saldo de muertos y desaparecidos.
El sábado, en entrevista para Amapola. Periodismo transgresor, el secretario dijo que seguían igual, que nadie de los tres niveles de gobierno ha hecho presencia en el ejido para dar solución a su problema de seguridad y alimentación, porque no pueden ir a la cabecera municipal para surtir productos de la canasta básica. Están sitiados por hombres armados.
Este martes, en una transmisión en vivo vía Facebook (único medio de comunicación que tienen vía wifi), el secretario del comisariado hizo un llamado al subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, para dar continuidad con las dos carpetas de investigación por la desaparición de Gallegos Coria y su hijo.
“Lo mucho o poco que es Guajes de Ayala se le debe a la visión y esfuerzo de Elías Gallegos, quien en realidad siempre luchó, nos consta. El ejido tiene las hectáreas que ahora tiene gracias al esfuerzo de Elías, quien a pesar de no saber leer mucho tuvo la visión y coraje de enfrentar las masas burocráticas de la Reforma Agraria, llevando un juicio agrario en 1997”, contó Hernández Peñaloza.
Recordó que en el juicio de 1997 fue para pelear terrenos para la segunda ampliación del ejido. “Tuvo el coraje y decisión como dirigente ejidal”, recalcó.
El único delito de Gallegos Coria, expuso, fue no prestarse a hechos fraudulentos, como firmar documentos que permitieran el saqueo de sus recursos naturales.
Lamentó que aun sin las firmas del entonces presidente del Comisariado saquearon el ejido. Denunció que la madera de la zona es saqueada por empresarios con apoyo de grupos armados.
Pidió a Alejandro Encinas visitar el ejido para atender los problemas de desaparición forzada en la zona, para que atienda el tema de desplazamientos forzados por violencia y para que cubra las necesidades de las personas que siguen viviendo en el ejido.
También demandó la intervención de los organismos defensores de derechos humanos. Pidió a los colectivos de familiares desaparecidos su solidaridad para ir a la zona y hacer la búsqueda del ex presidente del comisariado y de su hijo.
Reprochó que a las instancias de gobierno no les importa la Sierra de Guerrero, y ante eso advirtió que la población ya no está dispuesta a ser parte de ningún “experimento social”.
Hizo un llamado a los ejidos que tienen el mismo problema para alzar la voz y luchar por sus familias y su libertad.
Este caso es similar al que viven familias en el ejido Ciénega de Puerto Alegra, municipio de San Miguel Totolapan, donde el sábado 3 de abril fue asesinado y desmembrado frente a su familia el comisario ejidal, Oscar Márquez Oyorzabal. En la zona también se desplazaron habitantes.
La última vez que las autoridades del gobierno del estado informaron sobre el problema que viven en este ejido de Guajes de Ayala, fue el 1 de marzo, en la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. En un boletín se señaló que con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dio atención social y de seguridad a la zona.
Algunas familias que se desplazaron de este ejido buscaron ayuda con el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, algunas de ellas están en el plantón fuera de la Segob en la Ciudad de México, junto a desplazados de la sierra de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, y de Zitlala, región Centro, justo para exigir atención de gobierno.
