Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
18 de octubre del 2022
Chilpancingo
El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, dijo que a dos semanas de la masacre en San Miguel Totolapan la ciudadanía vive en la zozobra e incertidumbre porque tienen miedo de que se registren nuevos hechos de violencia.
Mencionó que el alcalde suplente de este municipio, José Alberto Nava Palacios, quien está convaleciente de las heridas de bala recibidas les comentó que si no hay garantías de seguridad no va a asumir el cargo.
En entrevista, el líder perredista cercano al grupo político del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, criticó que hasta el momento la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no los atienda en una audiencia para que les explique en que consiste el programa de pacificación en San Miguel y que también les informe el avance de las investigaciones.
En la matanza del pasado 5 de octubre en San Miguel Totolapan un grupo armado asesinó a balazos a 23 personas -según la Fiscalía General del Estado fueron 20- entre ellas el alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda y su padre Juan Mendoza Acosta.
Nava Palacios, suplente de Mendoza Almeda, resultó herido de bala. El día de los hechos, junto con otra persona lesionada fue trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, a un hospital de Chilpancingo.
«El estado de salud del alcalde suplente es estable pero él nos ha dicho que mientras no haya garantías de seguridad no asumirá el cargo», dijo el líder estatal del Sol Azteca Catalán Bastida.
Añadió que hace unos días enviaron un escrito a Salgado Pineda para pedir una reunión y les diga la situación que prevalece en San Miguel Totolapan y ponerse de acuerdo para una posible propuesta de terna de aspirantes a la alcaldía interina del Ayuntamiento de San Miguel al Congreso local.
«El jefe de Oficina de la gobernadora nos dijo que ella nos va a recibir después que rinda su primer informe de labores y estamos en la espera», comentó el líder del PRD, entrevistado cuando acompañó al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a una conferencia de prensa que ofreció a los periodistas de Chilpancingo.
Desde el pasado 6 de octubre, un día después del asesinato del edil Conrado Mendoza, la síndica procuradora Elena Barragán Urióstegui es la encargada de despacho del Ayuntamiento por un tiempo de 30 días, como lo establece la ley.
«En caso de que no haya una respuesta de la reunión con la gobernadora nosotros enviaremos una propuesta de terna de aspirantes al Congreso a través de nuestra fracción parlamentaria».
Ya transcurrieron dos semanas de que ocurrió la masacre en San Miguel Totolapan y el gobierno implementó un reforzamiento de seguridad con casi dos mil elementos, entre efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía estatal.
Este martes, la FGE anunció la apertura de una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en San Miguel Totolapan.
«En San Miguel Totolapan la ciudadanía todavía vive en aparente calma pero está en la zozobra porque tiene el temor de que viva una circunstancia similar a la del pasado 5 de octubre», dijo Catalán Bastida.
Lamentó que ellos como partido y la sociedad de Guerrero no conozcan los avances de la investigación de esa masacre y prueba de ello es de que no existe ningún detenido por esos hechos.
«Por eso estamos pidiendo una reunión con la gobernadora para que nos explique su plan de pacificación en Tierra Caliente y que también nos diga el avance de las investigaciones».
Sobre la versión que el supuesto dirigente del grupo del crimen organizado, la Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alías La Fresa dijo -a través de un video- que era amigo del alcalde Conrado Mendoza, Catalán aseguró que él no tenía conocimiento de eso.
«La FGE ha podido establecer si lo que se comenta, si lo que se dice en ese video es real, no sabemos de este tema y lo que si hemos dicho es de que se realicen las investigaciones y que se haga justicia no solo por el alcalde y su papá sino por toda la gente asesinada».
El líder del Sol Azteca afirmó que se conoce que en Tierra Caliente hay autoridades obligadas a dialogar con representantes de los grupos criminales.
«Nosotros no sabemos nada y lo que hacemos es darle un cauce político a lo que se está viviendo en San Miguel Totolapan y si las instituciones encargadas de la investigación si tienen elementos deberían de proceder; nosotros no podemos meter las manos al fuego por nadie y no tenemos elementos para juzgar si alguien o no está vinculado (con los grupos delictivos) y nosotros seguimos un proceso que marca la ley en el registro de candidaturas», sostuvo.
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