Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
Chilpancingo
Ante las presiones que hay en los más altos niveles del gobierno federal que originó la renuncia del fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, hay el riesgo que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandone las investigaciones, advirtió el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas», dijo Barrera Hernández.
El 6 de mayo del 2020, la CIDH firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones y determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula como lo estableció en su verdad histórica el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por diversos delitos derivados de este caso.
«Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta», dijo Barrera.
Este jueves 29, integrantes del GIEI ofrecerán una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que darán a conocer un informe del caso Ayotzinapa.
«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más», afirmó Barrera.
Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reinvidicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.
«Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI no dándole el respeto y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México», dijo Barrera.
El activista y director de Tlachinollan estuvo aquí en Chilpancingo en donde participó en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico en donde habló acerca del riesgo de que se desmantele la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
«Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creo en México a través del mecanismo de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa», dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante su intervención, Barrera Hernández contó que la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.
Entrevistado al concluir su participación en el foro, Barrera consideró que la salida del GIEI y la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad, Omar Gómez, forma parte del desmantelamiento de este mecanismo de justicia transicional que se puso en marcha en diciembre del 2018 en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a petición de los padres y madres de los 43.
«Además desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay el interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso», dijo Barrera.
Mencionó que ya había ese acuerdo para que se firmara pero este se estancó luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas dio el informe del caso en agosto pasado, donde señala al Ejército como responsable de los sucesos de Iguala.
«Se van a ir (los expertos internacionales) porque ven que no hay las condiciones políticas no son las mismas y además el curso que está tomando esta embestida es lo que no les va a permitir asegurar un trabajo dentro de la Fiscalía o el Ejército», dijo Barrera.
El activista señaló que una de los motivos de que podría originar el desmantelamiento de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa es el apoyo que el gobierno da al Ejército en las investigaciones para buscar la justicia.
La semana pasada, la FGR dio a conocer el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de 16 militares y cinco autoridades civiles, entre ellos, el ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín.
«También hay una descalificación en las redes sociales hacia Vidulfo Rosales Sierra (asesor de los familiares de los 43) y eso preocupa mucho porque se está criminalizando a los defensores por el hecho de que están denunciando los abusos de los militares», afirmó Barrera Hernández.
Los ataques que hay en contra de Rosales Sierra a través de las redes sociales se originaron a raíz de que el presidente López Obrador arremetió contra éste en las conferencias mañaneras.
