Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
Iguala
El sábado 4 de octubre del 2014, ocho días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, un grupo de agentes de la Policía Ministerial, peritos forenses y agentes del Ministerio Público y el entonces procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, entraron a las faldas de un cerro del ejido de Pueblo Viejo.
El hoy ex funcionario del gobierno de Ángel Aguirre Rivero tiene orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 y vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos al que actualmente se le conoce como La Bandera.
Alrededor de las cinco de la tarde de ese día, Iñaky Blanco, a bordo de una camioneta Suburban blanca blindada, bajó del camino sinuoso del cerro de esta zona.
El procurador se negó a responder las preguntas de los reporteros a quienes se les impidió ingresar a ese lugar en el que el funcionario encabezó la primera búsqueda de los normalistas desaparecidos.
El último informe que presentó la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa dio a conocer que en esa zona de Pueblo Viejo habrían sido asesinados y mutilados un grupo de estudiantes de la Normal.
A mediados de octubre del 2014, semanas después de los hechos de Iguala, Iñaky Blanco dio un informe del caso en donde reveló que lo que ya se había indagado del caso es de que uno de los detenidos de Guerreros Unidos confesó que 17 normalistas habían sido llevados a ese lugar de Pueblo Viejo para asesinarlos.
Días después, a Iñaky lo dejaron fuera de la investigación y las retomó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde donde, ahora se sabe, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se maquinó la verdad histórica para ocultar el crimen de Estado.
En el informe que dio en el mes de agosto el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez se establece que «Juan» uno de los testigos protegidos y que se llama Gilberto López Astudillo, El Gil quien era líder del GU y que fue exonerado por un juez federal, aseguró que Iñaky Blanco recibía cien mil dólares mensuales de Guerreros Unidos.
El Gil, uno de los líderes de esta organización, menciona que también recibían sobornos el entonces secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez.
También tiene orden de captura por el caso Ayotzinapa, la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín. Todos ellos eran funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Desde el 2013, Pueblo Viejo ha sido reconocido por las autoridades como un tiradero de cadáveres de personas desaparecidas que perpetraba el GU.
Durante el 2013 en las Lomas de Zapatero y Loma del Coyote, que forman parte de este ejido de Pueblo Viejo, fueron halladas decenas de fosas clandestinas con cadáveres que tiraban miembros de Guerreros Unidos.
También las autoridades estaban enteradas de que este grupo tenía vínculos con el entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y los jefes de la policía municipal, así como con jefes militares del 27 Batallón de Infantería.
«Toda esta zona es un cementerio de los narcotraficantes”, define una de las vecinas de las últimas casas de la colonia Las Parotas, en Pueblo Viejo.
Recargada en la tranca de madera de su patio, la memoria de la mujer viaja en retrospectiva cuando ubica que el tiradero de cadáveres en este punto al poniente de Iguala empezó en el 2010.
En una de las calles de la colonia San Miguelito, aparecieron los cuerpos decapitados de dos jóvenes que tenían un mensaje en una cartulina: «esto les pasó por uñas».
La primera fosa clandestina descubierta en esta zona del antiguo ejido de Pueblo Viejo, data de abril de 2013.
En esa ocasión, once policías municipales y un comandante del municipio de Cuetzala fueron privados de su libertad por miembros de Guerreros Unidos. Hasta la fecha solamente hallaron tres agentes en una fosa clandestina en la colonia Granjales, el resto de las víctimas sigue sin aparecer.
Por todo lo que ocurrió aquella vez el entonces alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, fue detenido por la PGR en abril del 2014 acusado de pertenecer a La Familia Michoacana, otro grupo del crimen organizado, y de ordenar secuestros en la región Norte de Guerrero, Estado de México y Michoacán.
Álvarez Mesino fue dejado en libertad porque no hallaron pruebas en su contra.
En abril y mayo de este mismo año del 2014, cuatro meses antes de la desaparición de los 43, fueron halladas seis fosas clandestinas con 19 cadáveres en avanzado estado de putrefacción en esa misma zona de Pueblo Viejo.
En abril del 2013, Ernesto Pineda Vega, vecino de esta misma zona, denunció que en esta demarcación una célula de Guerreros Unidos secuestraba, asesinaba y sepultaba aquí mismo a sus víctimas.
PIneda Vega quien fue detenido por la policía municipal de Iguala y que según él, fabricándole el secuestro de un ciudadano de nombre Adolfo Salgado Salgado, acusó a Abarca Velázquez de tener nexos con Guerreros Unidos.
Esta zona del ejido de Pueblo Viejo está integrada por una veintena de colonias irregulares que solo tienen el servicio de luz eléctrica.
La vecina de la colonia Las Parotas dice que por la noche o en la madrugada de casi todos los días se escucha el ruido de camionetas que suben hacia una vereda que lleva a uno de los cerros. «Hemos percibido olores fétidos, como que atrás de los vehículos llevan animales o personas fallecidas», dijo.
De su casa, a las faldas del cerro El Coyote, donde el 5 de octubre peritos de la PGR y de la FGE localizaron seis fosas con 28 cuerpos calcinados, hay más de dos kilómetros. Primero es una vereda donde no caben más de dos personas, pero a medida que se avanza sólo puede caminar una y a veces agachado haciendo a un lado la maleza.
«A las personas que las traen aquí en contra de su voluntad no tenían otra forma de caminar porque también sabían que iban derecho a su muerte», declaró en aquella ocasión uno de los agentes ministeriales que resguardó la zona durante el tiempo que duraron las excavaciones en octubre del 2014.
Los 28 cuerpos hallados en estas fosas estaban calcinados. «Los hicieron como en barbacoa», dijo uno de los enviados de la CNDH.
Según el informe pericial, los cuerpos de las víctimas fueron colocados abajo de ramas y troncos y les prendieron fuego. Pero todavía no se determina si los quemaron vivos.
En esa ocasión, la PGR estableció que ninguno de los 28 cuerpos localizados en estas fosas pertenecía a los normalistas desaparecidos.
Aunque ahora la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa informó que si existe la presunción de que en algún lugar del ejido de Pueblo Viejo fueron tirados los cadáveres de un grupo de los 43 normalistas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Otras historias de Pueblo Viejo
Delfino Zaragoza Ocampo, cuenta que su hermano Alberto y sus compañeros Miguel Ángel Antolino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora, desaparecieron el 2 de junio del 2013, luego de salir de la central camionera de Iguala.
La denuncia de desaparición forzada de estas tres personas está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) y la FGE.
Para llegar a Pueblo Viejo se entra por el Periférico Norte, justo por donde el 26 de septiembre del 2014, en la noche, los normalistas sufrieron el segundo ataque a tiros por parte de un grupo civil, en donde murieron dos jóvenes y al día siguiente apareció desollado otro. De allí se llevaron a un grupo de normalistas.
Un taxista dice que esta zona del poniente de la ciudad, rumbo al municipio de Teloloapan, es una de las más peligrosas. Según él, quien entra y no conoce el lugar, por lo menos lo asaltan. «Aquí es tierra de nadie, porque mandan los delincuentes. Y nadie, ni siquiera el Ejército Mexicano les puede hacer algo», afirma.
El taxista dice : “Aquí en Iguala, los que mandan son los de la delincuencia, y no la autoridad”.
En la imagen, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos durante una búsqueda de sus hijos en el Ejido de Carrizalillo el pasado 23 de mayo del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Fototeca Amapola)
