El Estado mexicano habría iniciado en noviembre del 2018 un proyecto de consignación contra al menos tres elementos de la Policía Federal por el delito de desaparición forzada
Texto: Marlén Castro
Fotografía: Salvador Cisneros, Arturo de Dios Palma
26 de julio del 2019
[Primera parte]
La Policía Federal que ahora está en paro por el respeto a sus derechos laborales estuvo presente en todos los momentos críticos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, en donde fueron asesinadas seis personas y desaparecieron a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así lo establecen las investigaciones y los informes de organismos de derechos humanos sobre los hechos.
El Estado mexicano informó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cuando todavía estaba al mando el priista Enrique peña Nieto, que habría iniciado un proyecto de consignación contra al menos tres elementos de la Policía Federal por el delito de desaparición forzada, pero hasta noviembre del 2018, cuando el organismo defensor emitió este informe no tenía acceso físicamente a ese documento.
La participación de la Policía Federal (PF) y Policía Federal Ministerial (PFM) en los lugares donde se atacó y desapareció a los estudiantes, no fue precisamente para salvaguardar la integridad de la población y prevenir la comisión de delitos, según las funciones de este cuerpo policíaco creado por el expresidente Felipe Calderón, en 2009.
Esta presencia policíaca en Iguala y en los alrededores, así se desprende de las investigaciones y los informes, estaría involucrada en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes. Para desvanecer las pruebas de su participación, la PF falseó informes, removió a todos los elementos asignados en Iguala en esa fecha y desvaneció la cadena de mando de este cuerpo policíaco en Guerrero, de tal forma que no ha sido posible establecer quién estaba al frente.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) en el segundo informe sobre los hechos de Iguala y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación, establecieron, según los testimonios recogidos, siete lugares claves en los momentos de los ataques en los que estuvieron presentes elementos de la Policía Federal y la Federal Ministerial.
En la carretera de Iguala a Chilpancingo, en la zona del Palacio de Justicia, habrían detenido al denominado quinto autobús de la empresa Estrella Roja, con 14 estudiantes a bordo; en el cruce de Santa Teresa donde fue atacado el autobús de los Avispones, participaron en el desvío del tráfico; abajo del Puente del Chipote, en donde desaparecieron los estudiantes que iban en el autobús 1532, y en un retén en Mezcala, que en criterio de la Comisión Interamericana tenía como objeto el control de la carretera.
La PFM, por su parte, estuvo en lugares como el Palacio de Justicia, en la calle Juan N. Alvarez esquina con Periférico, el punto donde fueron asesinados los tres estudiantes, y en la Barandilla de la Policía Municipal, a donde según testimonios estuvieron un rato otro tanto de los estudiantes desaparecidos.
Las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas establecen que esa noche los estudiantes se movieron en seis autobuses. El 3278 de la Estrella Roja y dos de la línea Costa Line que tomaron en la terminal de esa ciudad, el 2513 también de Costa Line que interceptaron cuando llegaron y ya no pudieron sacar de la central, y los dos de Estrella de Oro en los que se trasladaron desde su escuela en Tixtla.
Los lugares clave en la noche de Iguala
La CNDH establece que las evidencias indican que al menos cuatro elementos y dos patrullas de la Policía Federal interceptaron en la carretera Iguala-Chilpancingo, a 150 metros antes de llegar al punto conocido como el Puente del Chipote, al autobús 3278 de Estrella Roja, en el que iban 14 estudiantes.
Dice que las pruebas recabadas establecen que la intercepción del camión 3278 antecede a dos eventos en los que también se ha planteado la presencia de elementos de la Policía Federal.
Uno de ellos: en la instalación y operación de un punto de desvío del tránsito vehicular que circulaba sobre la carretera Iguala-Chilpancingo a 1,900 metros del Puente del Chipote, en donde de 15 a 20 estudiantes normalistas del autobús 1531 de la Estrella de Oro fueron desaparecidos.
Afirma la CNDH que el tránsito vehicular fue desviado en ese punto para facilitar la operación policial en contra de los normalistas que viajaban en el autobús 1531.
El segundo evento es, precisamente, el que se desarrollaba en el Puente del Chipote, en donde al menos dos elementos de la Policía Federal, que llegaron cada quien en una patrulla, participaron en los actos de desaparición.
La CNDH dice que este evento abajo del puente tomó un tiempo prolongado, el cual abarcó desde la intercepción del autobús 1531, los momentos en que los agentes policiales municipales de Iguala rodearon la unidad, golpearon las ventanas hasta romperlas, lanzaron gas lacrimógeno al interior, bajaron a los ocupantes, los sometieron, esperaron el arribo de la Policía Municipal de Huitzuco y los subieron a las cuatro patrullas que los llevarían a ese municipio. Establece la CNDH que durante ese largo tiempo usado para la acción llegaron al lugar al menos dos elementos de la Policía Federal a bordo de dos patrullas.
Asegura que en ese punto, uno de esos dos elementos de la PF fue “plenamente identificado y georreferenciado” y que hay bases para establecer la presencia de un tercer elemento.
Participación de la PFM
Por su parte, el GIEI documentó detalladamente los momentos en los que elementos de la Policía Federal Ministerial, la parte investigadora de este cuerpo policíaco, participó en Iguala.
Las declaraciones de tres elementos sobre su arribo al Palacio de Justicia, a la altura del Puente del Chipote, son contradictorias. Uno dijo que llegaron al lugar, vieron un autobús de la Estrella de Oro con los neumáticos ponchados y los vidrios rotos, que quisieron indagar que había ocurrido “sin que hubiera alguna autoridad que nos proporcionara información en referencia a los hechos acontecidos”.
Otro refirió que esa noche acudieron al punto para investigar, que cuando llegaron vieron al autobús destrozado y que en el lugar había dos elementos de Seguridad Pública Municipal a quienes les preguntaron qué pasaba pero que éstos no quisieron identificarse y tampoco les proporcionaron información alguna, en cambio, se retiraron del lugar.
El tercer elemento señaló que llegaron al punto en el que estaba el autobús con vidrios rotos y llantas ponchadas, que en el lugar había una patrulla pero que no distinguieron de qué policía era, a quienes cuestionaron pero no les quisieron decir nada.
Luego, los tres elementos, de acuerdo a su mismo relato, se trasladaron a la calle Juan N. Alvarez, esquina con Periférico, en donde había tres autobuses de diferentes líneas de transportes (la escena de donde desaparecieron un grupo de estudiantes) en los que había jóvenes que al parecer eran estudiantes y que se retiraron para no tener algún altercado con ellos.
Otro dijo que se trasladaron a ese lugar para investigar y que llegaron aproximadamente a las diez y media y once de la noche que vieron los autobuses estacionados (de acuerdo a la hora, antes de que los normalistas fueran atacados) que se observaba mucha gente pero que no tenían mucha visibilidad y que no se acercaron por seguridad porque sólo eran dos elementos.
Los policías federales ministeriales también arribaron a la Barandilla de la Policía Municipal, cerca del centro, en donde dijeron que observaron que estaba cerrada, tocaron, salió un hombre a quien le preguntaron si había algún reporte o incidencia, quien “respondió tajante y renuente que no podían dar informes y cerró la puerta, dejándonos allí sin obtener información”.
La declaración del otro elemento acerca de este punto es parecida. “…nos refirió que esperáramos y dicho policía se metió a sus instalaciones cerrando la puerta, al cabo de unos minutos sin poder precisar pero no tardó mucho, el mismo elemento nos informó que no nos podían proporcionar ninguna información y que ningún mando de ellos nos podían atender por el momento, motivo por el cual nos retiramos…”
Por su parte, el informe de la CIDH emitido en noviembre del 2018, destaca otro punto importante sobre la participación de la PF y que forma parte de los hechos, situación que pidió sea investigada, el que tiene que ver con la presencia de varias patrullas federales en el cruce de Mezcala, sobre la carretera Iguala-Chilpancingo, porque ahí había un bloqueo que en criterio del GIEI tenía como objeto el control de la carretera Iguala-Chilpancingo.
Traslada la PF a sus elementos
La CIDH llamó la atención acerca de que los policías federales de Iguala, a excepción del personal administrativo, fueron renovados y adscritos a otras ciudades, días después de los hechos de Iguala.
El organismo señaló que era relevante una investigación a fondo sobre quién tomó esa decisión y cuáles fueron las razones de estos movimientos y también que aclare cuáles fueron las autoridades que desempeñaron funciones en las fechas cercanas a los hechos del 26 y 27 de septiembre, así como la información que recibieron y las órdenes que emitieron. Destacó que ha sido difícil establecer con precisión quien estaba al frente de la coordinación de la Policía Federal en Guerrero porque en documentos oficiales están las firmas de al menos tres personas diferentes.
Proyecto de consignación por el delito de desaparición forzada
La CIDH observó la recomendación hecha por la CNDH al gobierno mexicano sobre la responsabilidad por omisión a tres elementos de la policía federal, porque éstos no habrían actuado conforme a las normas que los regulan.
Pero el Estado mexicano informó que tales consignaciones fueron negadas, que interpuso un recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Unitario en Tamaulipas por esa decisión y que el juez de la causa ratificó la negativa, el 26 de marzo del 2018.
La CIDH señaló entonces que esos pliegos de consignaciones se basaron únicamente en una posible omisión de funciones y no sobre la participación directa en los ataques y desaparición.
El Estado mexicano respondió al organismo que “se ha elaborado un nuevo proyecto de consignación que incluye el delito de desaparición forzada”.
La CIDH anotó en el informe denominado Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) que, hasta noviembre del 2018, no había tenido a la vista el documento que comprueba una investigación contra los policías federales por su participación en la desaparición de los 43.
