A ocho años del ataque, asesinato y desaparición forzada contra los normalistas de Ayotzinapa, lo esencial sigue sin respuesta: ¿dónde están los jóvenes?, ¿por qué los atacaron, asesinaron y desaparecieron?, ¿quiénes son los autores intelectuales y cuándo pagarán por este crimen?
El 17 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el último informe sobre el Caso de Ayotzinapa.
El informe presenta avances, contradicciones y pendientes.
El principal avance es el reconocimiento de que se trata de un crimen de Estado. Se hace explícita la participación activa de militares, policías, autoridades civiles, administrativas y judiciales en la desaparición de los estudiantes.
El informe desmonta la versión de que la participación del Ejército fue sólo de omisión esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala. Ahora se sabe que el coronel José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27º Batallón de Infantería, ordenó el asesinato y desaparición de por lo menos seis estudiantes después de que los mantuvieron cuatro días encerrados en una bodega en la colonia Pueblo Viejo, en Iguala.
También se confirmó que Julio César López Patolzin —uno de los 43 desaparecidos—, es un militar en activo que desde el 2012 infiltró el Ejército en la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes.
Este papel del Ejército en Guerrero no es nuevo. Ampliamente se ha documentado la represión de militares, sólo basta recordar la época de la Guerra Sucia, la masacre de El Charco, la violación sexual contra Inés Fernández y Valentina Rosendo. Casos que siguen en la impunidad.
En Guerrero el Ejército ha sido utilizado para combatir la insurgencia, los movimientos sociales y la lucha de los pueblos. Y en los últimos 16 años también las fuerzas armadas han sido utilizadas en esta supuesta estrategia de seguridad que comenzó el panista Felipe Calderón, continúo el priista Enrique Peña Nieto y persiste con el morenista, Andrés Manuel López Obrador.
Esta supuesta estrategia sólo ha dejado muertes, desapariciones y desplazamientos forzados.
Sin embargo, la definición de crimen de Estado no corresponde con lo que dice el informe. Si fue un crimen de Estado: ¿por qué el entonces jefe del Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, no está incluido en las investigaciones?, ¿Por qué el jefe del Ejército, el general Salvador Cienfuegos, no es llamado a explicar su actuación?
Como se puede entender que en el informe se establezca que la denominada “verdad histórica” se construyó en un salón de la Presidencia de la República, es decir, en la oficina de Peña Nieto, y el priista no esté incluido en la investigación.
Para que la definición de crimen de Estado no quede sólo en un uso retórico, las acciones del gobierno federal deben llegar hasta el nivel más alto. El más alto.
Focalizar la responsabilidad en el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quién en el informe se le ubica como el personaje que dio la orden de asesinar y desaparecer a los estudiantes, y, en mandos militares, es insuficiente.
¿José Luis Abarca aglutinaba tanto poder para tener a mandos militares, policiacos (municipales, estatales y federales), alcaldes e integrantes del crimen organizado a su disposición para que esa noche se desplegara una operación de esa magnitud?
José Luis Abarca debe ser sancionado por su responsabilidad, pero es obvio que los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado que operaron esa noche no recaían en un alcalde.
¿Dónde queda el papel del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero? Desde la tarde del 26 de septiembre su gobierno monitoreó y siguió a los estudiantes desde que intentaron tomar autobuses en Chilpancingo.
Aguirre Rivero debió estar enterado de la situación y, de no ser así, fue omiso, negligente y eso también es una responsabilidad.
Además, durante los días siguientes al ataque y antes de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación, Aguirre Rivero no buscó a los normalistas, no detuvo a los responsables y permitió que Abarca Velázquez se fugara después de pedir licencia ante el Cabildo de Iguala, el 30 de septiembre.
Esa vez, la Policía Ministerial, curiosamente, llegó al Palacio Municipal de Iguala después de que Abarca Velázquez había huido.
De acuerdo con el informe que leyó Encinas Rodríguez, la entonces magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, ordenó la destrucción de los videos grabados por seis cámaras del exterior del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, argumentando que las imágenes no eran claras porque hubo problemas técnicos.
Es cuestionable si fue decisión sólo de la magistrada o quién le ordenó borrar esas pruebas que daban cuenta de que policías municipales de Huitzuco bajaron a 13 estudiantes del autobús retenido fuera del Palacio Judicial, de acuerdo con el informe.
Lambertina Galena: ¿está siendo investigada?, ¿Será detenida?
Al igual, las conclusiones recientes del gobierno de López Obrador, no tocan al entonces procurador general del estado, Iñaki Blanco Cabrera —quien dijo— tenía ubicados a los presuntos autores intelectuales, pero no los detuvo inmediatamente entre ellos al propio edil perredista de Iguala José Luis Abarca Velázquez.
Ahora que el gobierno federal definió el Caso de Ayotzinapa como crimen de Estado: ¿no sería pertinente que un organismo internacional investigue, juzgue y sancione a los responsables del caso con la finalidad de garantizar la imparcialidad?
De no ser así, el Estado estaría investigando al propio Estado, independientemente de que los responsables hayan pertenecido a un gobierno distinto al de ahora.
Se corre el riesgo de no arribar a la verdad porque —pese a que el presidente insiste que el país vive un proceso de transformación—, el Estado y, sobre todo, en las instituciones de procuración de justicia en todos los niveles, la corrupción sigue enquistada.
A ocho años, lo que menos se espera es que el gobierno federal esté administrando el caso y, menos, que esté pensando en sacar raja política para el 2024. Las mamás y papás de los 43 normalistas desaparecidos merecen verdad y justicia.
Pero no sólo ellos la merecen, también la sociedad. El Caso Ayotzinapa es emblemático del terror, del abuso del poder, la barbarie del Estado, pero es hora que se convierta en un emblema de justicia, que marque el fin de la impunidad que está ahorcando al país.
La ciudadanía siempre ha tenido dudas de la aplicación de la justicia en México porque de manera constante se ha utilizado como una forma de ejercer el poder. Ojalá el crimen de Ayotzinapa no sea el caso.
