La organización Sin Fronteras documentó 30 detenciones o devoluciones arbitrarias en aeropuertos en 2024 y el Instituto para las Mujeres en la Migración 15, tomando en cuenta solo aquellas de las que existe alguna queja formal, pero sostienen que persisten como una práctica cotidiana del Instituto Nacional de Migración.
Texto: Marcela Nochebuena
Foto: Especial
Miércoles 22 de enero del 2025
Chilpancingo
El 10 de abril de 2022, Muhammad Faheem, de origen pakistaní, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 9 de la mañana proveniente de Turquía. Desde ese momento y durante las siguientes 24 horas, los agentes de migración que lo retuvieron ahí “cometieron actos arbitrarios, discriminación, abuso de autoridad, omisión de información y maltrato psicológico”.
Así lo describe su esposa Arelly Nieto en el primer recuento que hizo para reclamar esos hechos y exigir una reparación al Instituto Nacional de Migración (INM). A más de dos años, el matrimonio no solo sigue en espera de que la dependencia admita sus errores y omisiones, sino que casos similares siguen contándose por decenas para ciudadanos de Pakistán, Venezuela, Colombia, Brasil, países de Centroamérica y otros.
Turistas, personas con residencia autorizada o con derecho a ingresar a territorio mexicano son retenidas en aeropuertos, principalmente el de Ciudad de México y el de Cancún, de manera arbitraria, incomunicados y en condiciones adversas. En el caso de Muhammad, relatan él y su esposa en entrevista, ellos habían contraído matrimonio meses antes y él contaba con una visa de residencia temporal en México.
Se habían conocido por un amigo en común y decidieron que era mejor casarse antes de que él llegara a vivir a México precisamente por los estigmas que pesan sobre su nacionalidad. Hicieron “todo en orden y como se debe”, subraya Arelly. Ella previó también un viaje para recibirlo en el AICM, pues vive en Guanajuato. A las 8 de la mañana ya lo esperaba en el área de llegadas internacionales.
“La verdad no sabía yo de esta mafia que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, y pues no tenía ni poquita intranquilidad. Estábamos muy contentos de vernos, de esperarlo, pero cuando pasaron dos horas y ya habían salido todos los pasajeros, casualmente no salieron los de Pakistán; había otra chica también casada con un pakistaní”, cuenta
Llegó el mediodía sin una respuesta. Ninguna autoridad migratoria decía más que “tienen que esperar”. A la 1 de la tarde salió el otro pakistaní. Arelly, desesperada, le preguntó por su esposo. Por lo menos pudo confirmarle que estaba adentro y quizá lo devolverían. Desde ese momento consiguió un abogado migratorio, pero las autoridades seguían sin confirmar la devolución ni los motivos. Confiada en que el abogado había apoyado muchos casos similares, según dijo, sobre todo de colombianos, a las 11 de la noche todavía tenía esperanza de que lo liberaran.
Pero pasaron más de 24 horas y nada ocurrió. Un empleado de la aerolínea pudo confirmarle que estaba contemplado en un vuelo de regreso. “Como si fuera un delincuente lo llevaron escoltado hasta Pakistán”, reclama ella. Sus pertenencias le fueron retiradas, y solo pudo tener acceso a una llamada hasta que estuvo en Cancún, como parte de una escala durante su regreso.
En todo ese tiempo a Muhammad, según consta en la queja promovida después, le determinaron rechazo sin una segunda revisión, en ningún momento le dijeron los motivos de su inadmisión al país, le inspeccionaron su celular por propia mano y sin autorización, lo incomunicaron durante 25 horas, no le permitieron contactar a su embajada y no le proporcionaron un traductor.
Él recuerda cómo hizo la fila de Migración para extranjeros, de inmediato lo llevaron a otro lugar y le quitaron sus cosas. Le pidieron llenar una forma que no entendía, porque no habla español y que, después supo, los agentes completaron como si se tratara de respuestas suyas. Ninguno intentó siquiera comunicarse en inglés, idioma que habla y entiende.
Nunca olvidará, dice, a los agentes que lo cuestionaron sobre su vida y su relación, revisaron sus papeles en regla y vieron su dirección en Guanajuato. Él insistía en que Arelly era su esposa y estaba esperándolo afuera. Preguntaba qué estaba pasando. Fue entonces que también empezaron a inspeccionar su teléfono celular y sus contactos.
“Los agentes de Migración no saben, no tienen educación ni sentido común –reclama–. Me llevaron a un cuarto sin ventanas, baños, con el aire acondicionado muy frío, con otras personas de diferentes países, algunos de Turquía, brasileños, colombianos. Estoy solo ahí, no sé cómo hablar con ellos, nunca hablé con nadie, solo me senté preguntándome qué estaba pasando. Nunca dormí. Nadie hizo nada”, relata.
Además, no entendía por qué lo trataban como un criminal, pero sin decirle si había cometido alguna falta. Tampoco le informaron que su ingreso sería rechazado. Al mismo tiempo, su familia en Pakistán reclamaba saber dónde estaba o qué le había pasado. Tras ser devuelto a su país y luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la recomendación 211/2022, el INM tardó más de un año en acatar las acciones para su ingreso y residencia en México. Sin embargo, hasta ahora no ha cumplido con la reparación de daños.
De hecho, de acuerdo con los documentos que Arelly conserva del caso y de los que Animal Político tiene copia, el Instituto ni siquiera ha admitido su responsabilidad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya tiene conocimiento del caso, aunque el trámite va lento, acusa ella, porque no hay quien hable inglés, pero también por la falta de respuesta del INM para hacerse responsables.
“De nuestro proceso de calidad de víctimas con la CEAV ya vamos en la última etapa, se supone, y estamos en la elaboración del proyecto de reparación, pero en eso tenemos cuatro meses, y hemos durado meses para que nos hagan caso, llamamos a diario. Llevamos más de dos años de trámite”, lamenta.
Decenas de casos en 2024, como ha ocurrido desde 2022
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) calcula que durante 2024 recibió al menos 15 solicitudes de personas que fueron detenidas o rechazadas arbitrariamente en aeropuertos. Sin embargo, la coordinadora de su clínica jurídica, Lorena Cano, advierte que se trata de un número bajo, que quizá no representa la realidad, por las múltiples barreras que existen en estas circunstancias para denunciar los hechos o pedir ayuda.
En su mayoría, se trata de visitantes extranjeros que no saben qué hacer o a dónde acudir en caso de vivir una experiencia de este tipo. Además, en el caso específico de turistas, de los que se han ventilado diversas historias en redes sociales desde el pasado diciembre, en realidad no vale la pena promover algún recurso legal en el momento, pues tardaría en resolverse más tiempo del que tienen contemplado que dure su visita a México.
Cuando una persona visita el país en estas circunstancias, lo último que quiere, refiere Cano, es estar privado de la libertad en condiciones indignas y torturantes, según han documentado diversas organizaciones y testimonios de personas extranjeras que son enviadas a procesos de segunda revisión. Un obstáculo central es que el sistema no funciona de manera inmediata ni eficaz.
Muchas veces el único recurso es promover una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo menos para dejar constancia de que las detenciones y devoluciones arbitrarias siguen ocurriendo.
“Hay algunas personas que acceden, otras que dicen ‘mejor no’ y no vuelvo más a este país. ¿Por qué digo que normalmente el sistema no funciona como debería? El juicio de amparo se supone que tiene como finalidad proteger a las personas de violaciones a los derechos humanos y existe este supuesto en el que puede ser promovido por otra persona porque la víctima o el quejoso no tiene posibilidades de promoverlo porque está privado de la libertad o incomunicado”, explica Cano.
Normalmente, se trata de acciones graves o urgentes, una de las cuales es la deportación, la privación de la libertad o la incomunicación. Es lo que regularmente sucede en los rechazos aéreos, por lo que el juez debería dictar una orden inmediata, dentro de máximo 24 horas, para que esos actos cesen. Sin embargo, muchas veces las resoluciones no llegan tan pronto como se necesitan: la actuación tendría que ser sumamente rápida.
Por otro lado, en general los jueces no toman una decisión definitiva, sino que definen que por lo pronto la persona no sea devuelta pero se mantenga en el lugar hasta que haya una determinación. Eso conduce a que queden privadas de la libertad durante todo el proceso del amparo, lo cual la especialista califica como “sumamente ridículo”.
“Por eso cuando personas turistas o visitantes que son de corta estancia nos llaman, les explico todo esto que te acabo de explicar y les digo que se va a quedar de pronto días o hasta meses, de acuerdo a la orden que dé el juez, entonces obviamente eso no es la expectativa cuando uno promueve un amparo”, añade.
Una tercera barrera es que los amparos normalmente pueden promoverse por actos de deportación, pero lo que sucede en los aeropuertos es que Migración técnicamente está rechazando a las personas, no deportándolas. Bajo ese tecnicismo, el INM alega con frecuencia que no ha incumplido las órdenes de jueces. La persona se encuentra, pues, en un limbo jurídico, pues no ha llegado formalmente a territorio mexicano.
En los últimos tres o cuatro meses, según ha documentado el Instituto, se ha dado por lo menos la posibilidad de hacer una llamada, pero en muchas ocasiones han permanecido incomunicados y en condiciones de maltrato, abuso, vejaciones, con aire acondicionado excesivo o comida fría. Generalmente, lo único que esperan las personas es que la situación termine, pero no necesariamente ejercer una defensa de sus derechos.
Llaman a visitantes a promover quejas formales
Debido a lo anterior, el Imumi no ha promovido más de seis quejas ante la CNDH, aunque cuando las personas han accedido generalmente recurren a este organismo y además promueven un amparo. Durante 2024, la CNDH emitió siete recomendaciones al INM por violaciones de derechos a personas que trataron de ingresar por aeropuertos. En casos como el de la familia de origen chino retenida 10 días en el AICM en noviembre pasado, incluso acudieron al sistema interamericano de derechos humanos.
“A veces tengo la impresión de que solamente hacemos las quejas de la CNDH por dejar el registro, pero sin ninguna expectativa de eficaz intervención”, apunta. Aun con todas las limitaciones, la especialista recomienda a las personas que no dejen pasar la situación y promuevan algún tipo de queja, porque el INM muchas veces, como en el caso de Muhammad, ni siquiera provee un documento que explique el motivo del rechazo.
El Imumi ya ha conocido varios casos como ese, de mujeres mexicanas casadas con personas extranjeras cuyo ingreso es rechazado, por lo que tienen que cruzar dos o tres países y terminan perdiendo muchísimo dinero. Cuando las personas demandan, pueden reclamar incluso una reparación del daño y recuperar por lo menos lo perdido por un rechazo arbitrario.
“Te puedo confirmar en este momento que todos los casos que he litigado de rechazo aéreo nunca se ha acreditado que, efectivamente, la persona tuviera una alerta migratoria de seguridad o realmente no tuviera dónde alojarse o que no tuviera recursos para el viaje… Todo lo que normalmente argumenta Migración para rechazar nunca lo pueden acreditar, jamás lo han acreditado. Todos han sido rechazos arbitrarios”, sostiene.
La organización Sin Fronteras, que principalmente atiende a personas que buscan protección internacional, durante 2024 documentó 30 casos –además de los que solo fueron orientaciones– de personas que podían ingresar a México de manera regular por el aeropuerto y fueron detenidas o rechazadas arbitrariamente. Sin embargo, es tan recurrente que por lo menos dos veces a la semana reciben alguna solicitud de asesoría vía redes sociales.
Desde la perspectiva de la organización, esta práctica se ha mantenido a lo largo de la administración pasada y actual, lo que también responde al reforzamiento de limitar las posibilidades o las vías para que las personas ingresen de manera regular. Apuntan que durante los periodos vacacionales, como el pasado diciembre, se vuelven más recurrentes los casos. Animal Político ha documentado diversos testimonios desde 2022 de personas académicas y turistas que vivieron estas arbitrariedades.
“Migración, y en ocasiones también Guardia Nacional, se rige mucho por esta discrecionalidad, por la arbitrariedad e incluso cuando las personas aun cumpliendo ya con todos los requisitos para entrar, ya con su documento, visa, residencia en mano, las mismas autoridades migratorias les pueden devolver. Al menos en este cambio de administración no hemos notado ninguna diferencia, sigue este margen de discrecionalidad”, señala Ariadna Cano, de Sin Fronteras.
Ambas organizaciones recuerdan que la Ley de Migración establece las etapas para el ingreso y los plazos máximos de una segunda revisión, que son cuatro horas; sin embargo, se han documentado casos de días y semanas, en los que, además, las situaciones de salud o vulnerabilidad no son atendidas, no se garantiza el acceso a traductores y no se explican las etapas del proceso o el motivo de la detención.
La recomendación de Sin Fronteras es que las personas se acerquen a alguna organización antes de su vuelo, pues la información es una herramienta esencial. En los casos donde existe asesoría previa, hay mayor probabilidad de que se concrete un ingreso exitoso.
Este texto fue elaborado por Animal Político y es publicado con su autorización.
