Texto y Foto: Jesús Guerrero
Lunes 25 de noviembre de 2024
Chilpancingo
La directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, Teodomira Rosales Sierra, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum que investigue a los presidentes y presidentas municipales de Guerrero que podrían tener nexos con el crimen organizado.
La solicitud de la activista desplazada de Guerrero desde el año 2020, tras recibir amenazas de muerte por parte de una organización criminal, se da estee lunes 25 en el contexto del «Operativo Enjambre» que instrumentó el gobierno federal en el Estado de México, para detener a una alcaldesa morenista, cinco mandos de seguridad y el director del DIF municipal por sus presuntos vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana.
«Sabemos que la gente mala (la delincuencia) está metida en el Congreso, está metida en el Palacio y en los ayuntamientos», aseguró Teodomira Rosales.
La activista consideró que está bien que el gobierno esté realizando esas detenciones como lo hizo en el Estado de México, pero estas acciones deben de ser en todo el país.
Y es que según Rosales Sierra, es notorio que hay alcaldes que ganan elecciones apoyados por el crimen organizado, y Guerrero es un ejemplo de ello.
«Los alcaldes y alcaldesas de muchas partes del país y por supuesto en Guerrero, fueron colocados por el grupo criminal más fuerte de cada región, que se erigen como patrones en los municipios, y los ediles solamente son sus empleados», aseguró la activista en entrevista por teléfono.
Teodomira Rosales daba acompañamiento a familias desplazadas por la violencia del municipio de Leonardo Bravo, y en 2020 recibió amenazas de muerte por parte de un grupo criminal que opera en la Sierra.
Desde mayo de ese año, la activista no puede venir a Guerrero.
Leonardo Bravo, municipio de la región Centro del estado, sigue sumergido en la violencia debido a la pugna que existe entre dos organizaciones del crimen organizado.
«Ya no puedo regresar a Guerrero; sigo fuera de mi estado», la menta Rosales Sierra.
La directora del Centro Morelos propone que esta limpieza, que debe de realizar el gobierno de Claudia Sheinbaum, debe de tocar también a las fiscalías de los estados, donde, según ella, «está metida la delincuencia».
Sobre los últimos acontecimientos de violencia que se han registrado en Guerrero, Teodomira Rosales criticó la falta de acciones de la gobernadora Evelyn Salgado para frenar a los grupos del crimen organizado.
«Yo creo que la gobernadora (Evelyn Salgado) debe de analizar y pensar si es conveniente o no poner su renuncia ante tanta incapacidad que ha mostrado para gobernar Guerrero desde hace tres años», sostuvo.
La activista cuestionó que la mandataria estatal no haya apoyado una iniciativa de Ley de Desaparición Forzada que desde 2021 fue elaborada por 13 colectivos de familiares de personas desaparecidas y que el Congreso local tiene congelada.
Este viernes 22 de noviembre, los activistas que buscan a sus familiares desaparecidos tuvieron una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Urióstegui, quien les dijo que desconocía que la iniciativa de ley de Desaparición Forzada propuesta por los colectivos estuviera en alguna comisión legislativa.
«Lo que respondió el diputado Jesús Urióstegui es una burla para el pueblo de Guerrero; y eso que esos morenistas dicen que no son iguales que el PRI o el PAN», sostuvo Rosales Sierra.
De acuerdo con la versión de los colectivos de personas desaparecidas, Jesús Urióstegui y el resto de los integrantes de la Jucopo del Congreso se comprometieron a que en febrero de 2025 ya esté lista la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada para que pase a comisiones.
Teodomira Rosales no descarta que la gobernadora Evelyn Salgado decida ordenar que se redacte una iniciativa de ley en esta materia diferente a la que proponen los colectivos de familiares de desaparecidos.
