En un foro con participantes de Ecuador y Argentina, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, afirmó que reforma judicial busca un blindaje ante posteriores acciones judiciales en contra de su movimiento.
Texto: Animal político
Foto: Redes
06 de agosto del 2024
Chilpancingo
La reforma al Poder Judicial que Morena y su coalición partidista proyectan aprobar en septiembre busca blindar a ese movimiento y a sus integrantes de acciones jurídicas en su contra, como las ocurridas en países como Argentina y Ecuador. Así lo señaló la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, en un foro en el que participaron también representantes de gobiernos de izquierda latinoamericanos.
“Esta reforma al Poder Judicial me parece que, además de todo lo que podamos discutir en términos jurídicos, sociales, de justicia, de combatir privilegios, etcétera, sí tiene un contenido político, que es justamente blindarnos ante un posible uso de este poder”, señaló la legisladora.
En el foro “Judicialización de la política contra los proyectos del pueblo”, realizado en el Senado, la morenista acusó que el Poder Judicial ha sido utilizado para perseguir, amedrentar y detener los procesos de transformación en otros países de la región latinoamericana.
La secretaria general del Morena advirtió que el “lawfare”, como se le llama a la persecución política a través del Poder Judicial, ha ocurrido en distintos países latinoamericanos en contra de líderes políticos.
“El Poder Judicial es parte de los grandes resquicios del poder conservador y de los poderes fácticos que buscan quitar lo que la voluntad popular definió en las urnas”, sostuvo.
Citlalli Hernández señaló que el primer intento de “lawfare” en América Latina fue el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ocurrido en 2005 cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
“En ese momento no estaba conceptualizado o no se había discutido tanto como ahora, pero yo sostengo que quizás el primer intento de ‘lawfare’ en América Latina fue lo que vivió Andrés Manuel López Obrador en el 2005, cuando intentaron meterlo a la cárcel y empezar un proceso judicial para evitar su candidatura a la Presidencia de la República”.
La senadora reconoció en entrevista que, si bien desde hace varias semanas su partido promueve y discute la reforma judicial en espacios públicos pensando fundamentalmente en combatir la corrupción y acceder a una justicia mucho más expedita; también hay una reflexión de que el Poder Judicial se ha utilizado para detener proyectos de su movimiento.
Citlalli Hernández aseguró que la militancia de su partido y simpatizantes tienen claro que existe un constante ataque, pero aún no se ha interiorizado el fenómeno del “lawfare” ni los casos que han existido en torno a ello en la región en América Latina para perseguir expresidentes o funcionarios en turno mediante el Poder Judicial.
“No pudieron con Andrés Manuel López Obrador los adversarios de nuestro proyecto político. Son los intereses creados, los grandes oligarcas, los grandes dueños de medios de comunicación. El Poder Judicial se intentó, por lo menos en la última etapa del sexenio para detener reformas, para detener obras del presidente. En una lógica política para enaltecer a Norma Piña como una heroína de la democracia por no saludar al presidente”.
Casos Ecuador y Argentina
En el foro estuvieron presentes los senadores argentinos Anabel Fernández y Óscar Parrilli, así como el exministro de Cultura en Ecuador durante el sexenio de Rafael Correa, Galo Mora, quienes coincidieron que el Poder Judicial se ha convertido en persecutor político y público de los líderes populares.
El exfuncionario ecuatoriano Galo Mora, aseguró que lo que sobre el expresidente Rafael Correa hubo una persecución mediática y un “envenenamiento” de la población hasta orillarlo al exilio.
“Lo que buscan es la muerte pública y política de un líder popular”, dijo el exfuncionario.
Rafael Correa gobernó en tres periodos consecutivos su país de 2007 a 2017, antes de exiliarse en Bélgica. En abril de 2020, un tribunal de Ecuador lo sentenció a ocho años de cárcel por su culpabilidad en instigar en un grupo de funcionarios el delito de cohecho pasivo, mediante “un influjo psíquico”.
El documento judicial señala que se trata de un caso de corrupción que involucraba a empresas nacionales e internacionales que, a cambio de contratos millonarios, financiaron el movimiento político de Correa, Alianza País.
En tanto, Anabel Fernández, senadora por la coalición Unidad Ciudadana, retomó en el foro el caso de la expresidenta Cristina Fernández, que se encuentra actualmente de visita en México y ha enfrentado una sentencia por presunta corrupción.
La legisladora calificó al Poder Judicial como lo más parecido a una monarquía” y lo acusó de haberse deformado hasta convertirse en un poder de intervenir en las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Cristina Fernández fue condenada a finales de 2022 a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta por presuntamente haber desviado fondos públicos a favor de un empresario. Asimismo, la política fue absuelta del cargo de encabezar una asociación delictuosa. Sin embargo, fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. Desde un primer momento, Kirchner afirmó ser víctima de “lawfare”
