La defensa de los militares acusados de ser al menos cómplices en el caso Ayotzinapa ya advirtió que le interrogarán «hasta el cansancio»
Texto: Lydiette Carrion
Foto: Redes
31 de julio de 2024
Alejandro Encinas, exsubsecretarío de Derechos Humanos de Gobernación, denunció que el pasado 25 de julio fue llamado a comparecer como testigo por la defensa de los militares acusados por la desaparición forzada de 43 normalistas en septiembre de 2014.
Así lo escribió el extitular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, que investigó el caso Ayotzinapa a través de la Comisión de la Verdad y la Justicia (Covaj), en una columna en el diario El Universal.
“Esta audiencia forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial, que a final de cuentas no se concretó dada la ausencia de los abogados que amenazaron con ‘interrogarme hasta el cansancio’”.
En el relato de Encinas, destaca que uno de los abogados de los militares indiciados –y ahora demandantes–, el Mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez, declaró haber iniciado una demanda en contra de Encinas en la Fiscalía General de la República. Esto cuando Encinas Rodríguez aún estaba en funciones como Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
La comparecencia, según el escrito de Encinas, fue ante la juez [Raquel] Duarte Cedillo. Esta sería la juez segunda de distrito en materia penal con sede en Toluca. La misma otorgó la libertad condicional al general brigadier José Rodríguez Pérez el pasado 6 de julio.
Rodríguez Pérez era comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante los hechos de la llamada noche de Iguala. Según la investigación de la Covaj, él estuvo al tanto de todo lo que ocurrió aquella noche, y además sería responsable de la ejecución extrajudicial de cuatro normalistas.
Cabe recordar que Encinas Rodríguez dejó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos en octubre de 2023. En aquel momento se adujo que era para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum (hoy, virtual presidenta electa). Pero su salida del cargo se dio en medio de crisis y acusaciones a raíz de que la Covaj publicó diversos informes en los que se concluía que diversos elementos del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, tuvieron conocimiento en tiempo real de las agresiones que sufrieron los estudiantes e incluso habrían colaborado.
Fue la Covaj bajo la dirección de Encinas, la que informó de fojas faltantes en los expedientes del Ejército.
También, esta salida de Encinas se dio tras la separación del cargo del fiscal encargado del caso, Omar Gomez Trejo. López Obrador le «acusó» en una mañanera de haber omitido diversos procedimientos requeridos, lo que propicióla libertad de varios probables responsables. Además le acusó de no tener listas las órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de alto nivel, como Tomás Zerón. Por su parte, Gómez Trejo acusó a su vez de presiones tanto por parte de AMLO, como de la propia Covaj, señalando en específico a Encinas y su equipo cercano.
A partir de esa fecha, el distanciamiento entre las tres instancias –Presidencia, la Covaj, la FGR– fue cada vez más pronunciado.
La defensa de los militares
La defensa de los militares procesados es litigada en lo «profundo» por abogados militares. Pero la encabeza un “civil”: Alejandro Robledo Carretero. Este anunció públicamente que demandaría a Alejando Encinas, debido a la investigación que su Comisión por la Verdad realizó.
Alejandro Robledo fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Alfonso Durazo, entre agosto de 2019 hasta junio de 2020. Luego dejó el servicio público y se sumó al litigio privado. Fue entonces que se sumó a la defensa legal de un grupo de cercanos a Julio Scherer Ibarra. Todos ellos, acusados de tráfico de influencias, según lo reportó Aristegui Noticias en su momento.
Públicamente, la defensa se ha centrado en que el informe presentado por Encinas tendría al menos 467 “pruebas falsas”.
