El delegado estatal, Roberto Olivares Pita, se niega a registrar la documentación con la que los campesinos protegerían su territorio de las empresas extractivistas, denuncian
La negativa del RAN deja a los campesinos en estado de indefensión, acusan
Piden la renuncia de Roberto Olivares y del procurador agrario, Luis Hernández Palacios
Texto y foto: Jesús Guerrero
Miércoles 19 de junio de 2024
Chilpancingo
Autoridades de comunidades de municipios de la región de la Montaña protestaron afuera de la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN), luego de que el delegado de esta dependencia federal, Roberto Olivares Pita, les negó el registro de sus estatutos comunales y ejidales para seguir con su lucha en contra del asentamiento de empresas mineras en su región.
Los representantes de los 22 núcleos agrarios de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco y Tlacoapa, denunciaron que desde el año 2021 entregaron al RAN actas, reglamentos y estatutos que conllevan a proteger a sus bosques y sus tierras de la devastación ambiental que pueden ocasionar las empresas mineras, en caso de que intenten asentarse como lo han hecho en otras ocasiones.
Los pueblos de esta zona de la Montaña que han rechazado a las empresas mineras están aglutinados e el Consejo Regional en Defensa del Territorio en contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera (Craadet).
Este miércoles 19, una comisión de los 22 núcleos agrarios se reunió durante casi dos horas con el delegado Roberto Olivares, quien no les dio ninguna respuesta a sus demandas.
Aspectos de la protesta de las autoridades comunales en las instalaciones de la Delegación del Registro Agrario Nacional (RAN). Foto: Jesús GuerreroDurante el mitin afuera de las oficinas del RAN en Chilpancingo, Gelasio Ambrosio Santana, comisariado de Bienes Comunales de Tilapa, municipio de Malinaltepec, denunció que tanto el Registro Agrario Nacional, como la Procuraduría Agraria (PA), obstaculizan su registro de los acuerdos comunitarios que se han realizando mediante asambleas.
“El RAN niega el registro de nuestras actas y de nuestros reglamentos internos o estatutos comunales; y de facto, solo facilita las condiciones para el potencial ingreso de empresas nacionales, extranjeras mineras y otras relacionadas al modelo extractivo”, denunció Gelasio Ambrosio.
Desde hace más de una década, los pueblos de la región de la Montaña han dado la lucha política y legal en contra del asentamiento de empresas mineras en esa zona, a las que la Secretaría de Economía del gobierno federal ha autorizado concesiones.
En el año 2019, la comunidad de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, obtuvo un amparo a favor para que la Secretaría de Economía diera marcha atrás a la declaratoria de libertad de un terreno donde una empresa minera iniciaría los trabajos de exploración y explotación de minerales.
Federico Salgado Toribio, comisariado de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, señaló de que la negativa del RAN a registrar sus estatutos y reglamentos deja a los campesinos en estado de indefensión.
“El RAN nos manda un mensaje absurdo y racista, cuando están dispuestos a imponerse por encima de los acuerdos de nuestras asambleas”, acusa el documento que se leyó durante la protesta afuera del RAN.
“Ratificamos que la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, los jueces y magistrados siguen obstruyendo la procuración de justicia, la promoción de la defensa del territorio, la cual es su principal función”, inculpa el escrito.
Durante el mitin, los comisariados advirtieron que van a solicitar la renuncia de los funcionarios que han obstaculizado la justicia.
Consideraron que los funcionarios que deben renunciar es el delegado del RAN, Roberto Olivares Pita, y el procurador agrario, Luis Hernández Palacios.
