Texto y fotos: Pedro Matías
29 de mayo
El proyecto de la mina El Águila, filial de la empresa estadounidense Gold Resource Corporation, se encuentra a solo 118 kilómetros de la capital de Oaxaca. Se llega por la carretera 190 Oaxaca-Istmo de Tehuantepec hasta el kilómetro 115, donde hay que dar vuelta a la izquierda, precisamente en la comunidad de San José de Gracia y después de ahí hay que recorrer 2.6 kilómetros hasta llegar a la bocamina.
Acompañado de las autoridades que integran el Comité Pro Defensa del Territorio de San Pedro Quiatoni, Raymundo López García, Vicente Martínez Zárate y Néstor Cruz Martínez, nos adentramos al camino que conduce a la mina.
Con el permiso de la asamblea comunitaria de San Pedro Quiatoni realizamos un recorrido con la guía del Comité para constatar los impactos negativos de la mina.
En todo este trayecto constatamos que existe una manguera o tubería de seis pulgadas semienterrada desde la bocamina que desemboca en el Río Grande con agua contaminada. Es una extensión de casi 3 kilómetros.
A unos metros de la bocamina ya esperaban al menos 20 comuneros que fueron comisionados por la asamblea para acompañar el recorrido.
Primero se comenzó a subir en vehículo, luego fue caminar por una brecha hasta llegar a la cima del cerro El Águila, desde donde se observa una gran represa de agua color turquesa.
La presa de jales, donde brota muerte
Néstor Cruz Martínez narra que en enero de 2023 hubo una fuga en esa presa y empezó brotar un yacimiento de agua cerca de la zona poblada de San José de Gracia, comunidad que autorizó la empresa minera.
Fue hasta ese momento en que la población pidió una explicación a la empresa.
La inconformidad es porque los habitantes ya empiezan a padecer enfermedades.
La respuesta que les dio la empresa es que “ese yacimiento es de agua limpia, que está purificada y que la podían tomar”.
Sin embargo, los comuneros le dijeron que primero ellos tomaran el agua y no quisieron.
Se enojaron y finalmente aceptaron que iban a ver cómo cerraban esa fuga porque va aumentar la contaminación.
De hecho, dijo, “ya hay muchas afectaciones en la comunidad, hay enfermedades como el cáncer.
“Hay testimonios de gente que trabajó en la mina y que ahora padece de varias enfermedades.
“Ya están arrepentidos de haber concedido el permiso de explotación minera pero ya es tarde.
“Incluso, ya se empezaron a mudar a otros lados, no sé si la empresa minera les está comprando lotes o terreno en otros lugares para que se muden”,
Comentan los ejudatarios
A su vez, el presidente del comité de defensa del territorio de San Pedro Quiatoni, Raymundo López García, complementó que no solo en San José de Gracia hay afectaciones.
Ya se han visto impactos en su territorio zapoteco, en Santa Ana Tavela, Magdalena Yautepec y Nejapa de Madero, abundó.
“Lo que hemos notado es que los pozos (veneros, ojos de agua y manantiales) se han secado», lamenta. «Los comuneros vienen a reportar a la oficina del Comisariado de Bienes Comunales y es ahí donde ellos nos piden intervenir porque no tienen agua ni para los animales”.
Aquí la gente está acostumbrada a que casi sobre la corteza terrestre, hay yacimientos de agua y actualmente todos esos pozos se están secando.
“Nosotros le atribuimos que la empresa minera al hacer su túnel ellos corta las venas de agua y desvía el agua para otros lados. Al hacer ese tipo de trabajo mezclan todos los metales que hay dentro y se convierte en veneno, no tenemos el nombre técnico pero se convierte en veneno”, interrumpe Néstor.
Y agrega que “de la poca agua que queda ya nada sirve para el consumo humano. Entonces, lo que piden los comuneros es la cancelación inmediata de la explotación minera. Porque además nunca fuimos consultados para la explotación, como lo dice el convenio 169 de la OIT, no hubo una consulta previa, libre e informada”.
Néstor Cruz explica que hay una concesión que dio San José de Gracia, pero hacen explotación subterránea en territorio de San Pedro Quiatoni:
“Efectivamente no fue autorizado por la comunidad indígena zapoteca de San Pedro Quiatoni.
Sin embargo, el gobierno, al emitir la concesión minera, sabe que su lote minero sí abarca una extensión dentro de San Pedro.
“Es por eso que la empresa minera, con cierta libertad, dice que ‘ya compraron la concesión y es algo legal para ellos’, pero nosotros no fuimos consultados los que vivimos realmente en esta comunidad”.
Insistió que dentro de su territorio ya se presentan estos casos (pozos secos, tierras áridas, hambruna, enfermedades y hasta desplazados).
Según el censo de 2020, Quiatoni tiene 11 mil 930 habitantes y se rige por el sistema normativo interno (usos y costumbres) por lo que mediante asambleas comunitarias decidió defender su territorio a costa de lo que sea, aunque el día de mañana sean noticia mundial.
Su preocupación radica en que “escuchamos que otros estados han sufrido este tipo de casos y las empresas llegaron a engañar generando fuentes de empleo, pero también generando conflictos entre los pueblos.
“Entonces, no queremos ver ese tipo de situaciones, queremos conservar la organización comunitaria”.
El presidente del comité comentó:
Cuando empieza a llover se desborda la presa y todo eso baja al arroyo y luego al río y eso va a parar a la presa de Jalapa del Marqués. Tarde que temprano esta contaminación va a llegar allá, pero todos los pueblos vecinos del Istmo de Tehuantepec que están por allá abajo no saben, no conocen qué es lo que está pasando acá arriba y nosotros que vivimos aquí cerca ya lo estamos padeciendo”
En el municipio de San Pedro solo se pide la cancelación de esta empresa porque la contaminación ya es muy grande o de lo contrario, el pueblo va a tomar otras medidas y entonces si que se atenga a las consecuencias el gobierno”, advirtió.
Vicente Martínez Zárate manifestó que aunque “la empresa dice que no hay contaminación, que están trabajando bajo las normas, pero nosotros lo que le pedimos al gobierno federal es que nos apoye, que vea esto, que nos haga caso, esto es contaminación para nosotros.
“Ya hemos llevado agua de río para que lo chequen en laboratorios ¿y qué dicen?, dicen que es agua apta para tomar.
Y nosotros les volvemos a decir, ¿por qué no se vienen a echar un trago de esa agua?, a ver si es cierto que no está contaminada”.
Don Raymundo muestra en el recorrido la tubería que va desfogar al río Grande, en ambos lados está semienterrada para engañar a la gente.
“Esa agua contaminada ya va directamente al río y ese río va a todo a dar al Istmo. Ahorita la gente no se ha dado cuenta pero a la larga, de aquí 5 o 10 años, quien sabe qué pasará, de hecho nosotros ya lo estamos viviendo”.
El comunero Benito Ruiz Santiago, de Tierra Blanca, denunció que sus cultivos de agave han quedo sepultados por los constantes derrumbes que provocan las explosiones de la minera como el que le ocurrió en mayo de 2022.
Entre 5:30 de la mañana y ocho de la noche se hacen explosiones que provocan derrumbes.
De ahí nos trasladamos la comunidad de Soledad Salinas donde el encargado del comité del agua, Prudencio Martínez Jiménez, nos llevó al pozo de agua potable.
Lo construyó la población mediante el tequio (trabajo comunitario no remunerado).
Se empezó en 2002 y se terminó en 2019, pero “por cuestión de la minería decidimos no consumir el agua. Desde 2005 dejamos de consumir, por cuestiones de salud”.
Esto significa que más de seis mil habitantes se quedaron sin agua, no la utilizan ni para consumo de animales, lo único que hacen es darle mantenimiento a la bomba.
De hecho, explicó, el agua que se consume en la comunidad viene con mangueras desde el cerro donde excavaron un pozo.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
