Formalizan en Congreso local remoción de fiscal y aprueban convocatoria para nuevo titular de la FGE

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Texto: Margena de la O

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Martes 19 de marzo del 2024

Chilpancingo

El Congreso local aprobó en pleno la convocatoria para la selección y designación de la o el nuevo titular de la Fiscalía General el Estado (FGE), luego de la que teniente coronel Sandra Luz Salmerón Valdovinos fuera removida del cargo por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al argumentar su “inacción” en el ataque reciente a normalistas de Ayotzinapa y su “deficiencia” en la procuración de justicia al frente de la dependencia.

Esto ocurrió en la sesión ordinaria de hoy, luego de que los diputados en pleno aprobaron el acuerdo parlamentario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esta convocatoria. Fue una votación unánime de los 39 legisladores asistentes.

La convocatoria especifica que la Jucopo recibirá las solicitudes de los aspirantes del 20 al 22 de marzo, en un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde.

Antes, en la misma sesión, la Mesa Directiva del Congreso local presentó el oficio enviado por la gobernadora, con fecha 14 de marzo pasado, en el que pide al Poder Legislativo remover a la fiscal. Con eso se daba formalidad a la remoción de la fiscal que, en un principio, se aferraba al cargo al exponer que haría valer su derecho de audiencia.

Momentos en que los diputados aprueban la convocatoria para seleccionar y designar a la o el titular de la Fiscalía General del Estado. Foto: Oficial

Como pocas veces ocurre, el oficio de solicitud de la gobernadora fue leído completo, lo que permitió conocer a detalle cuáles fueron sus argumentos para la remoción de Salmerón Valdovinos. De principio, expuso que la ex fiscal no cumplió con el mandato de someterse y aprobar los procesos de evaluación y control de confianza y del desempeño, lo que ya constituía una clara omisión y violación “a los preceptos legales y a las responsabilidades inherentes de la procuración de justicia”.

La última evaluación de control de confianza que le aplicó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) venció el 22 de octubre del 2022, porque tienen tres años de vigencia.

Después expuso que su actuación fue “inconsistente” y con una falta de “apego a lo dispuesto en los artículos pertinentes del Código Nacional de Procedimientos Penales”. En seguida fue planteado el caso del ataque de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, donde asesinaron a Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años.

En lo que concierne a este caso ocurrido la noche del 7 de marzo, al oriente de la ciudad de Chilpancingo, cometido presuntamente por policías estales, para la gobernadora, la ex fiscal general cayó en una inacción que generó una situación de “impunidad” y “desconfianza” en la labor de la FGE.

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Uno de los tres policías que participaron en esos hechos huyó porque no hubo ninguna medida legal. De acuerdo con lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador es quien disparó y asesinó al normalista. Después de esto se generó una polémica entre ciertos servidores públicos, ahora separados de sus funciones, porque de manera pública se repartieron culpas.

Entre los argumentos de la FGE, en ese momento a cargo de Salmerón Valdovinos, fue que “ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía a los policías estatales involucrados”. La Secretaría de Seguridad Pública estatal respondió entonces que la FGE se negó a “recepcionar la puesta a disposición” de los elementos.

Los argumentos de la gobernadora fueron que la fiscal no tomó las medidas debidas. “Estos individuos (los policías estatales) fueron presentados ante usted para declarar e iniciar una carpeta de investigación, sin embargo, no tomó las medidas necesarias ni dictó procedimientos conforme a derecho, a pesar de tratarse de un acto que ponía en riesgo la paz social y la integridad de las instituciones estatales”, leyeron desde la Mesa Directiva.

Insistió que no cumplió de manera adecuada con las obligaciones y responsabilidades “inherentes a su cargo” y, además, planteó que hubo “deficiencia” en la procuración de justicia, porque fue incapaz de reducir los índices delictivos y de ofrecer avances en la resolución de casos de alto impacto.

Después fue aprobada por unanimidad la convocatoria para elegir al nuevo titular de la FGE.