Texto y foto: Margena de la O
Martes 12 de marzo del 2024
Chilpancingo
El hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) se hiciera cargo de la investigación del ataque de policías estatales a los normalistas de Ayotzinapa ocurrido el jueves pasado, al oriente de la ciudad, donde asesinaron al estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, puso en jaque al gobierno estatal al quedar exhibido con su falseada versión de los hechos.
En este momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene una confrontación mediática al responsabilizarse mutuamente de lo que no hicieron con los policías estatales que participaron en la agresión a los normalistas, en particular porque este martes por la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el elemento que asesinó al estudiante, huyó.
“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa, se fugó, el policía. Se está haciendo la investigación, la búsqueda, se van a fincar responsabilidades”.
Eso generó reacciones de parte de los estudiantes, que esa misma mañana irrumpieron en la FGE, donde lanzaron explosivos y quemaron algunos vehículos que estaban estacionados adentro del edificio.
Así quedaron las instalaciones de la FGE tras el paso de los normalistas, esta mañana del 12 de marzo, en Chilpancingo.También acarreó que la FGE y la SSP se señalaran públicamente, mediante comunicados, sobre el caso de los policías.
El primer comunicado salió de la FGE para aclarar que “ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía a los policías estatales involucrados”, menos pudieron estar en calidad de detenidos por la dependencia, porque no realizan “arrestos administrativos”.
Enseguida a estos apuntes, en el comunicado está planteada la necesidad de que aclaren “qué autoridad mantiene bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”.
El comunicado de la FGE lo difunden cuando todavía en las instalaciones personal oficial hacían trabajos para componer parte de los desastres, producto de la irrupción de los estudiantes al inmueble.
Más tarde, la SSP difundió un comunicado donde expuso que los policías estatales involucrados dieron su declaración ministerial ante el Ministerio Público de la Agencia Especializada de Delitos Graves de la FGE a las 7:30 horas de la mañana del viernes 8 de marzo, es decir horas después de los hechos.
Hay dos elementos que expone la SSP: es competencia de la FGE “la retención de los elementos por al menos 48 horas” o solicitar una ampliación del término o una orden de aprehensión. Señaló “dilaciones” de parte de la Fiscalía al negarse a “recepcionar la puesta a disposición”.
“Asimismo, durante todo el evento, la enlace del Jurídico Región Centro intentó entablar comunicación con el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, para el apoyo correspondiente, sin obtener resultados”, es una parte del comunicado.
Dos de los tres elementos que participaron en el ataque a los normalistas el jueves pasado, de acuerdo con el comunicado de la SSP, están resguardados de manera voluntaria, sólo en carácter administrativo, pero el otro, al parecer el que reportó el presidente, sin ser localizado.
La condición actual de este agente, aclaró la secretaría, es “por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”, en clara alusión a la Fiscalía.
Con esto, la SSP refutó la versión de la Fiscalía y, al mismo tiempo, expuso cómo dos dependencias de una mismo administración estatal, la que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, no están coordinadas. Las posiciones públicas de la FGE y la SSP las distancia de tal manera que pareciera son de estructuras gubernamentales diferentes.
Tampoco es que los funcionarios de la administración estatal hayan actuado mejor antes. La gobernadora habló públicamente del hecho hasta el cuarto día de que ocurrió, y lo hizo mediante un mensaje por redes sociales, como acostumbra, porque desde el inicio de su gobierno evita los cuestionamientos de los reporteros, así sea en actos públicos.
