Exige CIPOG buscar a la familia desaparecida de Chilapa en Quechultenango

Autoridades hacen presencia luego de la desaparición forzada de cuatro personas en el municipio de José Joaquín Herrera, el 21 de enero del 2024. Foto: FGE

Texto: Marlén Castro
22 de enero del 2024
Chilpancingo

 

La familia de cuatro integrantes de la comunidad nagua de Ayahualtempa, municipio de Chilapa, fue desaparecida por el grupo del crimen organizado Los Ardillos, denunció la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), razón por la cual exigió a la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal buscarla en Quechultenango, en donde todos saben vive Celso Ortega Jiménez, quien encabeza ese grupo paramilitar.

Jesús Plácido Galindo, líder del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante de la CRAC-PF, sostuvo que, como otras veces que ocurren hechos violentos, los cuerpos policíacos simulan que investigan, si fuera cierto, irían al domicilio de Ortega Jiménez, en Quechultenango, a que les dé razón de las personas recientemente desaparecidas.

La CRAC-PC denunció este domingo que a la familia integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años, su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, respectivamente, la desaparecieron Los Ardillos la tarde del viernes 19 de enero, en las cercanías del poblado de Zacatepec, cuando salieron a pastorear su ganado.
Plácido Galindo, en entrevista telefónica, reconoció que sí hay efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal en la zona, supuestamente, para buscar a la familia desaparecida.

Aseguró que esa búsqueda es una simulación pues saben que el grupo que opera en la región son Los Ardillos. “Si les interesara el destino de estas nuevas víctimas, irían a detener al líder de Los Ardillos, que se lo lleven y que confiese”.

Integrantes de la Guardia Nacional escuchan a habitantes de la comunidad de Ayahualtempa que denunciaron la desaparición de una familia. Foto:

Hace casi 10 años, en septiembre del 2014, unas 20 comunidades nahuas entre los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, crearon la CRAC-PF para defender el territorio de las incursiones del grupo criminal Los Ardillos, encabezado por el clan familiar de los Ortega Jiménez. La Fiscalía General del Estado (FGE) emite comunicados en los que menciona este hecho.

El perredista Bernardo Ortega Jiménez, dos veces alcalde de Quechultenango y tres veces diputado local, una de ellas, incluso, fue el coordinador del Congreso, es integrante de esta familia.

En ese entonces, Los Ardillos peleaban el territorio con Los Rojos, otro grupo del crimen organizado, al que pertenecían algunas figuras políticas ligadas al PRI. Cuando las comunidades nahuas crearon su policía comunitaria y repelieron las incursiones de Los Ardillos, fueron señaladas de formar parte de Los Rojos.

Plácido Galindo aseguró que Los Ardillos quieren controlar sus comunidades para llevarse a los adolescentes y jóvenes para que se dediquen a matar.
El mismo Estado, dijo, pareciera que quiere lo mismo, “más carne de cañón”, porque mientras ellos defienden el territorio, tienen encima a las autoridades y no les hacen nada a Los Ardillos.

Por esta opacidad en la actuación del Estado con respecto a los grupos del crimen organizado, especialistas llaman a estas expresiones violentas los nuevos grupos paramilitares, porque son los que aterrorizan a la población para que no se organice.

La familia que está desaparecida no tiene bienes económicos que pudieran ser la razón de la privación de la libertad. Plácido Galindo dijo que este tipo de actos es para mantener aterrada a la población.
A partir de este martes, en Alcozacán se espera que haya movilizaciones y bloqueos para exigir la aparición con vida de la familia Domingo Gaspar.

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