Activistas sostienen que la cantidad de elementos y cuarteles son un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amapola Periodismo/Archivo
15 de enero del 2024
Chilpancingo
En Acapulco, después del paso del huracán Otis, operan 24,712 elementos de seguridad, entre militares, marinos y guardias nacionales, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio González, en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Antes del fenómeno meteorológico operaban 14,000 integrantes de todas las corporaciones.
De acuerdo con activistas defensores de derechos humanos, Otis solo adelantó la militarización que ya estaba en marcha en Guerrero con el pretexto de brindar seguridad pública.
Sandoval González, durante la pasada conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que para la aplicación del Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en Acapulco permanecen 24,712 elementos; quienes se dividen en 14,712 miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea y los 10,000 restantes corresponden a guardias nacionales.
“Estos 10,000 elementos, también continúan su trabajo de patrullaje, control de tránsito y seguridad a las colonias de aquí de Acapulco, a instituciones bancarias, casetas de cobro, centros comerciales, estaciones de gasolina y también a las dependencias que están participando en lo que es la reconstrucción de Acapulco”, dijo Sandoval González.
Agregó que ya cuentan con 21 predios para iniciar la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional y que en las próximas semanas ingenieros de la Sedena iniciarán las construcciones.
La directora del Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, calificó los cuarteles como «elefantes blancos que no abonan a disminuir la violencia».
Actualmente, y de acuerdo con datos oficiales de la Guardia Nacional, dados a conocer por el presidente, en Guerrero hay nueve cuarteles de esta corporación, aparte de ocho instalaciones militares.
Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilapa, San Marcos, Tepecoacuilco y Chilapa, son municipios donde ya hay cuarteles y los elementos de la Guardia Nacional que operan con ayuda del Ejército.
Elementos de la Marina y el ejercito resguardan las costas de Acapulco por la llegada de Otis, el 25 de octubre del 2023. Foto: Cromática/ArchivoPretenden construir otros cinco cuarteles más para la Guardia Nacional, dos en el valle del Ocotito, zona rural de Chilpancingo; uno en Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, uno en Pilcaya y otro en Iguala, en la región Norte.
La presencia del Ejército en Guerrero es la piedra angular de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad.
La guerra sucia, periodo que abarca de 1960 a 1980, es una etapa en la historia de Guerrero marcada por la militarización y las violaciones a los derechos humanos.
Asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada y saqueos a poblados cometidos por el Ejército son algunas de las situaciones que ocurrieron durante 20 años en gran parte de la entidad.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas indica que entre 1964 y 1985 desaparecieron al menos 899 personas. Pero la realidad podría ocultar cifras mayores.
La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México, en su primer informe menciona que solo en Guerrero hay 788 testimonios de víctimas de tortura y de familiares de personas asesinadas y desaparecidas.
Esta estrategia militar, llamada también por algunos académicos como terrorismo de Estado, se focalizó en comunidades rurales de la Sierra de Guerrero para acabar con los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.
De acuerdo con el artículo Fuerzas armadas, contrainsurgencia y desaparición forzada en Guerrero en la década de los sesenta y setenta, escrito por el historiador Rodolfo Gamiño Muñoz, en Guerrero se realizaron dos operaciones militares que dejaron el saldo antes descrito.
“Con la Operación Amistad y Operación Telaraña varias regiones de Guerrero se militarizaron, principalmente la Costa Grande. De acuerdo con la FEMOSPP (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) en 1971 el Ejército tenía concentrado a 24,000 efectivos en el estado”, se lee en el artículo.
Hoy como ayer esos 24,000 elementos circulan solo en el puerto de Acapulco.
Dichas operaciones militares se crearon para eliminar todo rastro de la guerrilla. Aún después de los asesinatos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, la guerra continuó contra la población civil, el Ejército tuvo permiso para torturar, desaparecer y ejecutar a quienes catalogaba como enemigos del régimen.
40 años después del término de la guerra sucia, los elementos militares vuelven a territorio guerrerense bajo el pretexto de la seguridad.
En Acapulco, hasta antes del paso de Otis, se pretendían construir cuatro cuarteles de la Guardia Nacional, uno con salida a la Costa Chica, otro con dirección a la Costa Grande, otro al norte del puerto de Acapulco y uno más en el centro
De acuerdo con Raymundo Díaz Taboada, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), tantos elementos y cuarteles no abonan a la seguridad pública, por el contrario, los consideró un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses.
Díaz Taboada menciona que en Guerrero es común que las policías sean dirigidas por mandos militares o navales en permiso o en retiro y desde una visión de derechos humanos los que estén en esos cargos “deben ser personas con capacitación en el trato a las personas, que sepan que todos somos sujetos de derecho y no como un posible enemigo que es la visión que siempre tienen los militares”.
Elementos de la Marina y el ejercito resguardan las costas de Acapulco por la llegada de Otis, el 25 de octubre del 2023. Foto: Cromática/ArchivoActualmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, es capitán de la Marina y la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, es teniente del Ejército.
De acuerdo con lo reportado por diversos medios nacionales como Animal Político y El Financiero, de 128,000 elementos que conforman la Guardia Nacional, sólo 23,000 son civiles y elementos de la extinta Policía Federal, el resto son soldados y marinos.
La estimación de El Financiero establece que siete de cada 10 elementos de la Guardia Nacional pertenecen a la Sedena o la Marina.
Aun cuando estos cuarteles, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, se ubican en zonas de violencia, no se garantiza la seguridad para la población.
«Estando ahí militares y Guardia Nacional hay enfrentamientos, y no vemos que la militarización sea una forma de detener el desplazamiento forzado interno, las desapariciones y los asesinatos”, dijo Rosales Sierra.
«No creemos que la militarización sea garantía de seguridad, ya vimos que el gobierno no ha hecho nada, en la Sierra siguen los desplazamientos, los enfrentamientos y en las ciudades aún con militares hay asesinatos», insistió.
