La polémica surgió después de que fue filtrado un video donde está reunida con un presunto líder criminal. Dirigentes de partidos dijeron que lo promoverían, lo cierto es que para eso debe existir una petición ciudadana y no la hay
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
25 de agosto del 2023
Chilpancingo
La alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, le apunta al olvido de su caso, que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por reunirse con un presunto líder criminal y ser mencionada en una cartulina hallada junto a la escena donde fueron abandonados ocho cadáveres desmembrados en el barrio de San Mateo.
En el Congreso de Guerrero hasta el momento no hay un planteamiento de la fracción parlamentaria del PRD para abrirle un juicio político, tal como lo prometió el dirigente estatal del partido, Alberto Catalán Bastida.
“La fracción parlamentaria del PRD no ha abordado el tema de la alcaldesa de Chilpancingo y como diputados respaldamos la postura de nuestro dirigente nacional”, dijo el coordinador de los diputados del PRD, Raymundo García Gutiérrez.
Catalán Bastida, durante una manifestación afuera del Ayuntamiento de Chilpancingo, dijo que en el Congreso verían las formas legales para que la alcaldesa fuera desaforada o, en su caso, abrirle un juicio político.
“En el PRD tenemos muy claro lo que queremos, que la presidenta (de Chilpancingo) rinda cuentas y explique qué sucedió en ese video, aún estamos buscando las formas para que desde el Congreso se le pueda abrir un juicio político y desaforarla para que enfrente la ley», dijo Catalán Bastida, pero, al parecer, su coordinador en el Congreso local no le hizo mucho caso.
La fracción del PRI en el Congreso local se declaró incompetente para abrir un juicio político contra Hernández Martínez.
El coordinador de los diputados priistas, Héctor Apreza Patrón, aseguró que ellos como diputados no pueden iniciar un proceso de juicio político sino hay una solicitud de la ciudadanía.
Para un desafuero se requiere un sustento legal, en este caso una investigación formal, para iniciar el proceso, y “no hay y ninguna autoridad nos lo ha solicitado”, dijo Apreza Patrón.
Sobre las investigaciones de la FGR y FGE ninguna de las dependencias ofreció más información sobre la supuesta investigación.
El 21 de julio, la alcaldesa confirmó que la FGR la requirió para “una entrevista” debido a la filtración del video donde sostiene una platica con quien presuntamente es Celso Ortega Jiménez, líder criminal de Los Ardillos.
De su asistencia a la FGR, la alcaldesa dijo a reporteros que fue una “entrevista” y no una declaración ministerial. Aclaró que no buscaría un amparo porque era innecesario.
En las conferencias matutinas que la alcaldesa realiza cada lunes, dijo que no se separaría de su cargo hasta que alguna autoridad judicial se lo indicara.
Desde entonces se ha abstenido de hacer declaraciones a reporteros sobre el tema porque, dijo, la investigación está en curso.
“Tratamos de estar salvaguardando algún tipo de opinión derivado que ya estamos en un proceso de investigación. A veces una palabra puede cambiar la situación”, dijo esta semana la alcaldesa en su conferencia de prensa.
Es confuso lo que expone porque siempre dijo que su visita a la FGR sólo fue para una “entrevista”.
La alcaldesa no solo evita hablar del tema, desde el 24 de junio sus apariciones públicas la redujo de manera considerable.
Son tres partes de video filtradas de lo que parece el mismo encuentro entre alcaldesa y quien sería Celso Ortega.
En el último video difundido hablan de política.
La alcaldesa, se escucha, hablar sobre su llegada a Morena y su relación con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Las primeras imágenes de dicha reunión circularon después que el 24 de junio fueran hallados los cadáveres de cinco hombres y dos mujeres en el centro de Chilpancingo.
Junto a los restos había algunos mensajes dirigidos a la alcaldesa, un síndico y un agente de la Policía Ministerial de la FGE.
“Saludos presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que veniste (sic) a buscarme. Con cariño, tu amigo”, podía leerse en una de las cartulinas.
El 10 y 11 de junio, Chilpancingo estuvo paralizado por la irrupción violenta de 2,000 pobladores de cinco municipios de la Montaña y zona Centro, que el gobierno federal atribuyó a Los Ardillos.
Después de la cartulina y el video, Chilpancingo vivió un mes de hechos violentos que iniciaron con la detención de dos líderes transportistas acusados de pertenecer a Los Ardillos, de ahí siguieron bloqueos y quema de unidades de transporte público.
Estos ataques dejaron ya 20 transportistas asesinados en Chilpancingo, Tixtla y Tierra Colorada.
No es el único caso
El caso de la alcaldesa de Chilpancingo no es el único, la FGE abrió otras siete carpetas de investigación contra el mismo número de alcaldes de Tierra Caliente de Guerrero.
En un documento al que tuvo acceso Amapola, periodismo transgresor se constató que la FGE solicitó al Congreso de Guerrero y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepcgro) los documentos que acrediten como servidores públicos a los siguientes alcaldes, alcaldesas y a una diputada:
César Ortiz Torres, de Acapetlahuaya; Eusebio Echeverría Alvarez, de Coyuca de Catalán; José Luis Antúnez Guicochea, de Tlapehuala; Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán; Mayté Torres Berum, de Cutzamala; Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa y la diputada local Elzy Camacho Pineda, del distrito 17 con cabecera en Coyuca de Catalán.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, durante una de sus conferencias de prensa matutinas. Foto: Óscar Guerrero.
