Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado
¿Quiénes están gobernando en Guerrero? ¿Quiénes? ¿La gobernadora, Evelyn Salgado Pineda? ¿Los alcaldes y las alcaldesas? ¿Las organizaciones criminales? O ¿Todos juntos y al mismo tiempo?
Los hechos de las últimas semanas nos han dado una respuesta elocuente. Suficiente para ver que entre las autoridades y las organizaciones criminales hay una línea muy porosa, que cada vez disimulan menos sus vínculos.
Hoy, Guerrero está hundido en una crisis política y de inseguridad. La pregunta del millón: ¿Quién la provocó? La política provocó la crisis de inseguridad o la inseguridad provocó la crisis política.
Los hechos indican que la política, los políticos y los partidos políticos están provocando la crisis. O cómo explicar que en los últimos hechos de violencia en distintos municipios los protagonistas sean los alcaldes y alcaldesas. O cómo entender que durante años, los gobiernos (de cualquier signo partidista) se hayan mantenido indiferentes ante la descomposición que vivimos. Que fiscales llegan y fiscales se van y la impunidad se mantiene intacta.
Comencemos en Iguala. A mediados de junio, el alcalde, el priista David Gama Pérez, ordenó el cierre del Ayuntamiento y dejó a la población sin servicios. La razón: comenzó a recibir amenazas por no “cumplir acuerdos”. Las amenazas llegaron acompañadas de violencia: asesinaron a un trabajador del Ayuntamiento, hubo ataques armados a oficinas y comercios. Fueron dos días de miedo y zozobra.
En esos mismos días, ahí muy cerca, en Taxco, la situación fue similar, hubo cierre de negocios, suspensión del servicio del transporte público después de que atacaron tortillerías, asesinaron a un empleado del gobierno municipal, desaparecieron ocho policías municipales, al director de Protección Civil y dejaron una granada de fragmentación en la puerta del ayuntamiento.
Otra vez: ¿Por qué la violencia focalizada contra un alcalde, contra un gobierno?
Ni el alcalde de Iguala ni el de Taxco (Mario Figueroa Mundo) han movido un dedo para combatir a los grupos criminales que operan en sus municipios. Literal: no han movido ningún dedo. En ambos municipios, las organizaciones criminales operan a un ritmo galopante.
Si no los combaten, ¿Por qué atacan a estos alcaldes? La única alternativa que queda es el incumplimiento de acuerdos. Pero, ¿qué acuerdan? ¿Por qué acuerdan?
Seguimos. Vamos a la región de la Tierra Caliente. A finales de abril, los alcaldes Fredy Vázquez Palacios, de San Miguel Totolapan (PRD); Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán (PRD); Bulmaro Torres Berrúm de Arcelia (PRI); Cuauhtémoc Mastachi Aguario de Pungarabato (PRI), Mayté Arce Jaimes de Cutzamala (PRI); José Luis Antúnez Goicoechea de Tlapehuala (PRI); Hugo Vega Hernández de Ajuchitlán del Progreso (PRI) y Tania Mora Eguiluz de Tlalchapa (Morena) encabezaron un bloqueo de todas la vías durante cuatro días.
A este bloqueo se unió Adolfo Torales Catalán, diputado por el distrito 18 (PRI) y Elzy Camacho Pineda, diputada por el distrito 17 (PRD).
Un día antes del bloqueo, la Fiscalía General del Estado (FGE) había asegurado 14 vehículos, algunos de lujo, presuntamente propiedad de los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la organización criminal la Familia Michoacana.
En el caso de la Tierra Caliente se ha documentado hasta la saciedad el dominio de la Familia Michoacana, se ha contado cómo controla hasta el precio de una Coca-cola, pero también cómo está inmiscuida en la política y en la definición de candidaturas en todos los partidos, sí en todos. De cómo usan la violencia para favorecer a un partido o para bajar a un candidato de la competencia. Esto ha provocado que en la región se mantengan las mismas familias, los mismos personajes en las alcaldías y diputaciones y que sean los mismos los que controlan la economía.
En la Tierra Caliente se han formado casi dinastías inamovibles. En Tlalchapa, en la elección pasada la ganó Morena, pero acá el partido no es tan importante como el personaje.
La elección la ganó Tania Mora Eguiluz.
Tania recibió la alcaldía de manos de su padre, Martín Mora Aguirre, que ganó la elección por el PRD.
Antes, Martín Mora recibió la alcaldía por parte de su hija, Amalia.
Pero más atrás, más atrás, Amalia recibió la alcaldía de manos de su madre, Guadalupe Eguiluz Bautista.
Otro caso es el de Adolfo Torales Catalán, ha sido dos veces alcalde de Arcelia y ahora diputado local y mientras gobernaba ese municipio fue catalogado por las autoridades como uno de los bastiones de la Familia Michoacana.
En resumen: son los mismos alcaldes y alcaldesas y diputados que desde años no han movido un dedo para combatir a los criminales.
En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿Los alcaldes y alcaldesas fueron obligados a bloquear la región o lo hicieron por su propia voluntad?
En cualquiera de los dos casos la respuesta es escalofriante: los alcaldes y alcaldesa no responden a los intereses de la población.
Echemos un vistazo a Copala, en la Costa Chica.
“Desde el 1 de mayo un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba (PRD), pueda poner a sus allegados”, dice Jesús González Ríos, en un video que publicó su familia un día después de que lo hallaron torturado y desollado sobre un camino rural que lleva a la laguna de Chautengo, en el municipio vecino de Florencio Villarreal.
El video bien puede ser parte de una novela policiaca, el muerto desde el más allá denunciando a su posible asesino.
Un día antes, un grupo armado privó de su libertad a García Villalba en pleno centro de Copala. Era el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en ese municipio y aspirante a la alcaldía.
Después del crimen, la alcaldesa echó la cantaleta de todos los políticos cuando son acusados: que era inocente, que ella era incapaz de mandar a asesinar y que estaba dispuesta a ser investigada.
El asesinato rompió la cotidianidad de ese municipio, provocó temor y zozobra pero de seguro tendría un efecto expansivo que se podrá materializar el próximo año.
Aunque ahora la alcaldesa que ya está a punto de pasarse a las filas de Morena y es posible que busque la candidatura a una diputación local de uno de los distritos de la Costa Chica.
¿ Pero en el siguiente proceso electoral los aspirantes a la alcaldía de Copala lo harán sin miedo, sin el temor de ser agredidos o asesinados?
La capital en estos días es el epicentro de la crisis. En menos de un mes, la alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez (Morena), fue exhibida en tres ocasiones por sostener reuniones con presuntos líderes de grupos criminales.
La primera vez fue la madrugada del 24 de junio en el tradicional barrio de San Mateo: dejaron siete cadáveres desmembrados tirados sobre la calle y en el cofre de una camioneta cinco cabezas junto a dos mensajes, uno dirigido a la alcaldesa y otro al síndico Andrei Marmolejo Valle.
“Saludos Presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo”, decía el mensaje.
La alcaldesa lo negó. Lo minimizó. Y lo descalificó.
Días después, salieron fotografías y un fragmento de un audio donde se ve y se escucha a la alcaldesa sostener un diálogo con un hombre que fue identificado como el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
La alcaldesa volvió a hablar: en esta ocasión reconoció el encuentro pero dijo que no hizo ningún “pacto criminal”.
Si no hizo ningún pacto, ¿entonces para qué se reunió con el líder criminal? ¿Un desayuno casual? ¿Fortuito?
La lógica dice que no. Una autoridad a estas alturas no puede ignorar con quién se va a reunir, no puede correr el riesgo de ser captada (como ocurrió) en una reunión con un líder criminal sin ningún objetivo, sin ningún propósito.
Luego, se publicó un segundo video, donde la alcaldesa habla con soltura sobre las estrategias de seguridad con el presunto líder criminal.
Entre un video y otro, la ciudad se hundió en la violencia, cinco choferes fueron asesinados, dos fueron calcinados junto a los taxis, y unos 3,000 pobladores de comunidades que integran el bastión de Los Ardillos tomaron por la fuerza la capital.
Ahora, la credibilidad de la alcaldesa se merma cada vez más, se va aislando, va perdiendo el apoyo de sus compañeros de partido y en cambio la exigencia de que se separe del cargo va en aumento, pero, pese a todo se mantiene en el cargo.
En este recorrido, doce alcaldes y alcaldesas son los protagonistas, pero la crisis es amplia y profunda y éstos no son los únicos, de seguro son muchos más. Que nadie se extrañe si en las próximas semanas, meses, el alcalde de Chilapa, Aldy Esteban (PRI), aparece en un video con un líder criminal, o al de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec (PRI), le dejan un mensaje por incumplir un acuerdo. O ver otra vez a la alcaldesa de Zirándaro, Tania Pacheco Duarte (Morena) encabezar un desfile donde participan criminales.
En estos doce casos hay un eje muy claro: cuando los alcaldes y alcaldesas no pueden cumplir con los acuerdos con los criminales, la violencia se desata en sus municipios.
Eso es despreciable: la estabilidad de los municipios no puede depender de los acuerdos entre las autoridades con los criminales.
¿Pero quién va a detener estos acuerdos? ¿La gobernadora? ¿La fiscalía? ¿El gobierno federal? ¿Quién?
Lo más triste es que parece que a la clase política, a la clase gobernante no les interesa, porque al final son los mismos, porque no pueden romper el pacto de impunidad que impera entre ellos. Porque si hoy uno va a la cárcel, mañana podrá ir otro.
¿Por qué la fiscalía no acelera las investigaciones? ¿Por qué solicita al Congreso información obvia (actas de mayoría de siete alcaldes de la Tierra Caliente, de la de Chilpancingo, la diputada Elzy Camacho y del síndico Andrei Marmolejo) y que además no le corresponde contestar? ¿Sólo fue una simulación para hacer ver que sí está trabajando? ¿Por qué no solicita al Congreso del estado un proceso de desafuero para que estos alcaldes y alcaldesas sean investigados sin protección?
Uno de los efectos que ha provocado todos estos hechos, es la incertidumbre: muchos de los pobladores no saben con exactitud quién gobierna sus municipios. Por eso es necesario que estas autoridades sean sometidas a una investigación profunda, seria, libre, independiente para devolver la certidumbre a la población.
Que las investigaciones indiquen qué alcaldes y alcaldesas son inocentes y cuáles no. Que no sean los pactos entre los políticos.
Entonces, ¿quién provocó esta nueva crisis?
CHIRRIONAZO.- El pasado domingo 16 de julio mientras la ciudadanía de Chilpancingo recobraba su normalidad después de varios días de caos y pánico por la violencia, la gobernadora Evelyn Salgado y su padre el senador Félix Salgado acarrearon a funcionarios y a cientos de trabajadores del gobierno estatal para inaugurar un albergue denominado «Perritos felices». Obvio la ocurrencia de esta obra fue idea del papá de la mandataria estatal. El caso es de que no se ha informado de donde salió el recurso millonario para construir este albergue. ¿Será acaso que la obra fue construida con presupuesto del gobierno de Evelyn?
Por cierto a este evento no fue invitada la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez quien ya cayó de la gracia del clan de los Salgado. Nosotros pensamos que a la tía Oti no se le convocó por ese videíto y unas fotografías en donde ella aparece desayunando con uno de los meros meros líderes de Los Ardillos. Ah, qué con los Salgado, no aguantan nada. Pues no que Evelyn y doña Otilia, eran muy amiguis?
