Lo que vivió la población de Chilpancingo del sábado al martes, donde el objetivo claro fueron los transportistas, abarca un contexto más amplio, con actores que van desde los grupos criminales hasta los políticos
Texto y fotografía: Amapola Periodismo
Chilpancingo
Javier Mendoza era trabajador del transporte público, tenía 60 años. Conducía el taxi con el número 403 de Chilpancingo. El sábado salió de su casa a las tres de la tarde, después de comer para comenzar su jornada del día.
Javier sólo era un trabajador, el taxi que conducía era propiedad de otra persona.
El sábado por la tarde, en redes sociales comenzó a circular información sobre ataques a taxis y trabajadores del transporte público.
Samara Mendoza hija de Javier, entró a su cuenta de Facebook y vio que incendiaron un taxi de Chilpancingo en la cabecera municipal de Tixtla. Se alarmó y preocupó por su padre.
“Llamé a mi papá para decirle que tuviera cuidado y afortunadamente me contestó. Me preguntó si lo taxis eran de aquí de Chilpancingo porque él pensaba que eran de Tixtla. Me dijo que tendría cuidado”, contó.
“Tendré cuidado hija”, recuerda que le dijo. Esa fue la última comunicación que tuvieron.
Javier circulaba por la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, en los límites de Chilpancingo con el poblado de Petaquillas, alrededor de las seis de la tarde.
Después de una hora, Samara vio nuevamente en redes sociales que habían incendiado dos taxis al sur de la ciudad, rumbo a Petaquillas.
De acuerdo con los reportes policiales las unidades fueron atacadas a balazos y posteriormente incendiadas.
“Aún no sabía si era el taxi de mi papá, trataba de escuchar lo que decían en los en vivos pero no daban información”.
Una vez sofocado el incendio, las autoridades se dieron cuenta que dentro de las unidades había cadáveres incinerados, pero por las condiciones estaban sin identificar.
Una de las unidades era la de Javier.
El contexto de las agresiones a transportistas
La tarde del jueves 6 de julio un grupo de transportistas de la ruta Circuito Río Azul, que comunica a los municipios de Chilpancingo, Mochitlán y Quechultenang bloquearon varios puntos del sur de la ciudad, incluida la Autopista del Sol, en exigencia de la liberación de dos transportistas puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Resulta que poco antes detuvieron a su líder transportista y a su acompañante, con armas largas, cartuchos y presunta droga.
Horas más tarde, la madrugada del viernes 7, sujetos armados realizaron disparos al airea frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde estaban estacionadas las urvan del Circuito Azul como un medida de protestas, y trataron de incendiar una unidad de la ruta Colotlipa-Chilpancingo marcada con el número económico 58.
En ese mismo contexto y hora reportaron que fueron incendiados un taxi de la línea Taxi Plus, sobre la calle Melchor Ocampo, en el barrio de San Mateo y uno más en el barrio de San Antonio.
Con estos hechos, la situación para los trabajadores del transporte público se complicaba; significaban riesgos.
“Tenemos ahí grupos de whatsapp donde nos avisamos qué pasa y quién necesita ayuda, ahí es donde nos enteramos de cualquier cosa y, pues, ya uno está muy alerta, porque no están fáciles las cosas”, mencionó el chofer de un taxi que pidió omitir su nombre.
El taxista contó que desde el sábado temprano había amenazas contra ellos. Lo supo porque comenzaron a circular en sus grupos de de whatsapp un mensaje donde les advertían que “levantarían y quemarían a un chofer y unidad por de cada sitio de taxis”.
“Es por más nos tiene preocupados, pero tenemos que salir a trabajar, no tenemos otra fuente de ingresos y nuestros líderes y concesionarios no nos dan seguridad de nada”, agregó.
El aviso de una muerte pendiente de verificar
Samara no supo de su padre durante el resto del sábado, o no quiso saber.
Fue el dueño del taxi quien le avisó a ella y a su madre que uno de los taxis calcinados hacia Petaquillas con cadáver dentro era el de Javier.
“Yo pensaba que mi papá iba a regresar, yo pensaba que él iba a llegar hacia nosotros, pero desafortunadamente no ha sido así”.
Ese sábado hubo una serie de ataques violentos en distintos puntos de la ciudad y cuyos objetivos fueron los choferes del transporte público. El saldo fueron cuatro personas fueron asesinadas, hubo cinco heridos y cuatro unidades incendiadas y baleadas.
El taxista de 60 años era el sustento principal de su familia llevaba más de 25 años como taxista, de acuerdo con Samara, en ese tiempo nunca tuvo problemas con nadie, siempre fue responsable en su trabajo y “amaba lo que hacía”.
El domingo, Samara y el dueño del taxi acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para identificar a la persona calcinada en el taxi.
“Como el cuerpo quedó calcinado no quedó nada de como reconocerlo”.
En la FGE y en el Servicio Médico Forense (Semefo) le dijeron a Samara que los resultados de ADN que confirmen la identidad del cadáver podían tardar de 20 días a tres meses.
Samara exige a las autoridades agilicen las investigaciones y se identifique lo más pronto posible los restos para tener certidumbre sobre el destino de su padre.
Ninguna autoridad municipal, estatal ni del gremio de transporte le ha dado acompañamiento a la familia de Javier.
“Cómo es posible que en las redes sociales digan que están en acompañamiento con las víctimas cuando no es así”, reprochó.
Samara comentó que le parece insensible que el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez diga que “los hechos de violencia del sábado se magnificaron”.
Durante estos seis días, Samara y su madre no asimilan que Javier no esté con ellas.
Cada día lo esperan a cenar a las once de la noche, como era costumbre.
Sus familiares han apoyado a Samara económicamente para todos los trámites para que le regresen el cadáver de su padre.
“Queremos que esto se agilice. Nosotros como familia estamos en la incertidumbre, no podemos darle sepultura al cuerpo de mi padre. Mi padre era todo para mí”.
La vida de la familia de Samara cambió ese sábado y nunca volverá a ser la misma.
“Para nosotros no hay normalidad y ni la habrá. No nos queda de otra más que afrontar esta situación”, agregó.
Una sentencia que no les pertenece
Durante la jornada del sábado se registraron al menos siete hechos violentos distintos contra unidades del transporte público, choferes y pasajeros, en los municipios de Chilpancingo y Tixtla.
El primer ataque ocurrió en Tixtla, a la una de la tarde; un taxista asesinado y dos taxis del municipio de Chilpancingo incendiados en dos puntos distintos: la unidad 641 en el barrio de San Isidro, y la 33 en la colonia La Villa.
En Chilpancingo, a las cinco de la tarde atacaron las urvans de la ruta Circuito Río Azul, que dejó como saldo una persona lesionada, pero que falleció más tarde, mientras recibía atención médica.
A las seis de la tarde se reportaron dos taxis incendiados sobre el bulevar a Petaquillas, una de esas unidades fue la 403, la de Javier.
Poco antes de las siete de la tarde ocurrió otro ataque, esta vez en contra de una urvan de la ruta Chilpancingo-Chilapa, dónde dos personas resultaron heridas. Casi a la misma hora, un taxista que circulada en la colonia Margarita Viguri fue atacado a balazos; trataron de incendiar su unidad.
En este caso el conductor, de nombre Félix fue herido a balazos, logró salir de la unidad y refugiarse en una tienda cercana; después fue trasladado a un hospital donde falleció horas más tarde.
Los ataques contra los transportistas se dan en un contexto de violencia generada por el crimen organizado, entendido como la relación de grupos criminales, políticos y económicos. En el caso Chilpancingo han salido a la luz todos estos actores.
En medio está los trabajadores de unidades del servicio público. “Nosotros no tenemos nada que ver, si los de arriba, los patrones o líderes tienen broncas no es nuestro problema, nosotros con sacar nuestros 200 pesos diarios es más que suficientes, pero allá arriba se pelean por los millones y nosotros pagamos los platos rotos”, comentó el taxista que pidió anonimato.
Los ataques del sábado en contra de los taxistas de Chilpancingo se dieron un día después de las protestas de los transportistas del Circuito Río Azul, que exigieron la liberación de su líder Jesús “N” y su acompañante, a quienes el gobierno federal los vincula directamente con el grupo criminal Los Ardillos.
Los Ardillos son un grupo criminal que tiene presencia en parte de zona Centro y Montaña, regiones de donde son originarios los pobladores que continuaron con acciones en Chilpancingo durante el lunes y martes pasado.
Quechultenango es municipio de la zona Centro y lugar de donde son originarios los líderes de Los Ardillos, Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez, de acuerdo con las reportes de autoridades. Ambos son hermanos del diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Celso Ortega Jiménez es, al parecer, la persona que aparece con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en el video que fue filtrado y el que le siguen una investigación.
Otro ataque suscitado contra los trabajadores del volante en todos estos días de violencia en Chilpancingo, fue el del lunes pasado a la base del transporte de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec, ubicada en la colonia Morelos.
En dicho ataque armado hubo varios heridos, pero las autoridades de seguridad no dieron más detalles.
En la Sierra de Chilpancingo y de la zona Centro también está asentado el grupo criminal de Los Tlacos, según la FGR; también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo expuso en una de sus mañaneras. Tlacotepec, cabecera de Heliodoro Castillo, es uno de los lugares base de este grupo.
La FGR ha reportado que estos dos grupos criminales tienen diferencias porque sus actividades delictivas se cruzan en un mismo territorio, pero nunca ha expuesto a otros actores que también las hacen posibles.
