A finales del 2022, el Centro Morelos documentó 25,000 casos, pero sólo en unos meses el número se disparó
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
Chilpancingo
El número de personas desplazadas aumentó en Guerrero de 25,000 a 26,700 en el último año, y ninguna autoridad pone atención al tema, denunció el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
A finales del 2022, el Centro Morelos documentó 25,000 casos de desplazados principalmente por violencia, en lo que va del año la cifra incluye 1,700 personas más, principalmente de la Sierra de Leonardo Bravo y la Tierra Caliente.
A con el aumento de las cifras, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, mencionó que en Guerrero no hay garantías por parte del Estado para las personas desplazadas.
Algunos retornan a su lugar de origen sin garantías de seguridad y otros más deciden migrar fuera del estado o del país para buscar mejores condiciones.
El Estado es incapaz de garantizar los derechos humanos a los desplazados; desde septiembre del 2020 la Camara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado, misma que se turnó al Senado de la República donde permanece en la congeladora.
Para Rosales Sierra la aprobación de esta ley sería un gran paso para que las familias desplazadas accedan a la justicia.
“Desde 2020 nos articulamos con defensoras de derechos humanos de varios estados de la República para exigir la ley general que está congelada y, pues, vamos articularnos y hacer un oficio para ver en qué parte esta atorada la minuta, porque no podemos estar sin una ley ante un problema tan grande”, dijo Rosales Sierra.
En la imagen una niña desplazada del poblado de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, de entre las personas que estaban refugiadas en el Auditorio Municipal de Tlacotepec el 14 de mayo del 2023.Para el Centro Morelos los principales responsables del desplazamiento forzado son los grupos delictivos que mantienen presiones sobre zonas mineras, bosques y, por último, donde hay trasiego de drogas.
Ante la falta de una normativa, colectivos de desplazados de todo el país solicitarán una reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que las personas adultas mayores y las niñas y los niños accedan a un apoyo económico que les garanticen sus derechos.
“Hay adultos mayores que están sin trabajar, no saben a dónde ir, no tienen dinero, y niños que no van a la escuela, y todo eso es una violación a sus derechos humanos, y esa violación es generada por las instituciones que no pueden atender el problema”, mencionó Rosales Sierra.
Otra de las exigencias que planteó es que el desplazamiento forzado sea tipificado como delito para, en entonces, exigir una reparación del daño a través de instrumentos jurídicos.
A nivel nacional, los últimos datos del Observatorio de Desplazamiento Interno menciona que México, país que ocupa el primer lugar de naciones que, sin estar de manera oficial en guerra, suman más víctimas de desplazamiento en el mundo, con 379,000 personas en esta condición.
