Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Asociaciones protectoras de animales exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que aplique la Ley 491 de Bienestar Animal ante los últimos casos de maltrato contra perros callejeros y que están sin sancionar.
En conferencia de prensa, este mediodía en Chilpancingo, donde invitaron a una marcha nacional contra maltrato animal para el próximo 25 de junio, las asociaciones, sociedad civil y rescatistas independientes llamaron a las autoridades a conocer y aplicar la Ley 491.
“Ya existe una ley contra el maltrato, ahí está todo, lo que queremos es que la apliquen, ¿O a caso es que no la conocen y por eso no se aplica?”, mencionó Claudia Espino, rescatista independiente.
El llamado fue también para Salgado Pineda y piden instruya a sus funcionarios a aplicar la ley; también plantearon la necesidad de audiencia con la gobernadora para preguntarle sus acciones para erradicar el maltrato animal en la entidad.
Algunos de los casos que mencionaron fueron el de Katrin y Agatha, ambos ocurrieron en el fraccionamiento La Nuez, el primero fue asesinado, embolsado y tirado en una barranca cercana. Agatha sufrió zoofilia, después torturada y luego asesinato.
Por el caso de Katrin existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en agosto del 2022, y a la fecha (junio del 2023) las autoridades ministeriales desistieron de la investigación, denunció su cuidadora, Yosdi Reyes Cortés.
Por el caso de Agatha también hay una denuncia por maltrato animal en la secretaría del Medio Ambiente de Chilpancingo, donde tampoco han intervenido.
“Lo único que pedimos nosotros es la aplicación de la Ley 491 contra el maltrato animal. Hacemos un llamado a la gobernadora para que nos voltee a ver”, dijo Reyes Cortés.
El caso más reciente fue el de Stich, un perro callejero que después de comerse un pan de una panadería fue golpeado y torturado por ocho horas, presuntamente por el dueño del negocio; dos días después, a causa de las heridas, falleció.
Su caso también lo lleva la FGE y a más de un mes de su muerte no hay avances en las investigaciones, aun cuando existe la denuncia formal y hay pruebas.
De acuerdo con Reyes Cortés no hay sanciones porque la FGE todavía continúa con las investigaciones.
“La última ocasión que fui a la Fiscalía nos comentaron que este proceso tarda, que estos procesos tardan de dos meses a dos años. Nos dijeron que ellos se encargan de investigar, pero ya el proceso de judialización es en los juzgados”, comentó la activista Selene Ocampo.
Las activistas agregaron que aun cuando el proceso sea tardado estarán pendientes del caso para que apliquen las sanciones correspondientes.
