Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Facebook Libertad a los presos políticos de la OCSS
Chilpancingo
Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, en 1995, y activistas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron detenidos el 16 de mayo del 2002, en Baja California, de manera extrajudicial por personal del entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, en la actualidad preso en Estados Unidos por relación con el crimen organizado.
Este miércoles 5 de abril, después 21 años de encierro por los supuestos delitos de secuestro y homicidio, a los que le inculpó García Luna, Aguirre Bahena salió de prisión en Acapulco.
Acompañado a su salida del penal de Las Cruces de Acapulco, el integrante de la OCSS se pronunció porque sean liberados otros de sus compañeros que están encarcelados, dijo, de forma injusta.
Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco trabajaban en San Quintín como jornaleros agrícolas, cuando un policía de nombre Rey David, junto con un civil de nombre Eduardo Gallo y Tello, llegaron a su centro de trabajo y se los llevaron detenidos.
El caso Paola Gallo, el argumento de implicación
Paola Gallo, hija del empresario Eduardo Gallo y Tello, fue secuestrada el 8 de julio del 2000, en Tepoztlán, Morelos. Una semana después su cadáver fue hallado en Emiliano Zapata, municipio también de Morelos.
Ese mismo día localizaron el cadáver de tres hombres en el poblado de Ocotepec, presuntamente implicados en el secuestro.
Este caso fue uno de los tantos en donde estuvo involucrado García Luna, entonces director de la extinta AFI.
De acuerdo con lo documentado por activistas y por la defensa de Gilberto Aguirre, la desaparecida Agencia le otorgó a Gallo y Tello todo el equipo y el acceso a fiscalías y prisiones para que hiciera justicia por su cuenta por el caso de su hija.
La explicación que dieron entonces las autoridades fue que Paola Gallo murió por impacto de bala en medio de un fuego cruzado entre insurgentes, que pertenecieron a grupos de insurrección.
Gilberto y Antonio fueron acusados por este caso y sometidos a tortura por parte de Gallo y Tello.
Cuando los agentes de la AFI hallaron a Gilberto y Antonio en San Quintín, desplazados por la persecución política del caso Agua Blancas, fueron golpeados y amenazados para que se inculparan como los asesinos de los secuestradores de Paola Gallo, de lo contrario, el padre de ella mataría a sus familiares y violaría a sus hijas.
Esa noche Gallo y Tello mantuvo a Antonio y a Gilberto de rodillas, con las manos en la nuca, y a golpes, tortura y toques eléctricos les arrancó una confesión sobre la muerte de su hija.
Al día siguiente, los trasladaron a Tijuana, al aeropuerto, para subirlo a un vuelo nocturno hacia la Ciudad de México.
La detención, tortura y encarcelamiento de Gilberto Aguirre fue impulsada por García Luna, quien después fue responsable del montaje de la detención de Florence Cassez y de Israel Vallarta –transmitida en vivo por televisión– y de la fabricación del secuestro de Hugo Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.
García Luna, más tarde, sería el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012); hoy permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, acusado de facilitar las operaciones del cártel de Sinaloa.
Persecución política contra miembros de la OCCS
La OCCS, fundada en 1994, sostiene que el encarcelamiento de sus integrantes se debe a una persecución política en contra de la organización en realidad por la masacre en el vado de Aguas Blancas.
En 1995, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, en el municipio de Coyuca de Benítez, ocurrió la matanza; 17 personas asesinadas y más de 20 heridos es el saldo de esos hechos.
Todo sucedió cuando los campesinos se dirigían a Atoyac de Álvarez a manifestarse; fueron detenidos por un retén de la Policía Judicial de Guerrero que disparó a quemarropa contra de ellos.
Derivado de esa masacre familias completas padecieron el desplazamiento forzado interno, asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.
Jerónimo Hernández, Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino fueron detenidos y acusados de delitos que no cometieron, «como parte de la estrategia para terminar con la organización», dijo Norma Mesino Mesino, líder de la OCSS, después de la liberación de Gilberto Aguirre.
Mesino Mesino acusó al ex director de la AFI de haberle fabricado los delitos a Gilberto Aguirre y a otros dos integrantes de la OCSS que aún permanecen en prisión.
Aguirre Bahena fue sentenciado por un juez a 40 años de cárcel por secuestro y homicidio.
En 1995, después de la masacre de sus 17 compañeros de la OCSS, se fue a Mexicali, Baja California, a trabajar como jornalero. El 16 de mayo del 2002 policías ministeriales de Guerrero y Morelos lo detuvieron bajo el cargo de secuestro y asesinato.
«Me torturaron en forma cruel e inhumana para que me declarara culpable», expuso Aguirre Bahena.
En la misma causa penal acusó a otros dos integrantes de la OCSS de asesinar a los tres individuos que participaron en el secuestro y homicidio de Paola.
Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco, también integrantes de la OCSS, permanecen en prisión, el primero en una cárcel de Guerrero y el segundo de Morelos. Aguirre Bahena fue liberado hace unos días.
«Todo fue un montaje que realizó el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, para involucrar a nuestros compañeros», dijo Mesino Mesino.
El pasado 12 de febrero fue puesto en libertad de la cárcel de Chilpancingo, Jerónimo Hernández Refugio, integrante de la OCSS que también estaba acusado de secuestro; permaneció en prisión 20 años.
Él también es sobreviviente de la masacre del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, debió salir de la cárcel en diciembre del 2022, pero en forma inexplicable un juez lo sentenció a cuatro años de prisión más, pero gracias a un amparo ya está en libertad.
«Yo ya salí libre pero faltan más compañeros que están presos en forma injusta», dijo Aguirre Bahena al abandonar la cárcel de Acapulco este miércoles 5 de abril.
En 1995, después de la masacre de Aguas Blancas, dirigentes de la izquierda, entre ellos el entonces legislador perredista y luchdor social, Ranferi Hernández Acevedo, acusaron al gobernador Rubén Figueroa Alcocer como el responsable de la matanza. En marzo de 1996, Figueroa Alcocer pidió licencia al Congreso local.
