Texto: Amapola periodismo
Forografía: José Luis de La Cruz / Archivo
Chilpancingo
A comunidades serranas de Costa Grande y Tierra Caliente donde hace algunos días ocurrieron balaceras entre pobladores y miembros del crimen organizado, otra vez ya no suben maestros y personal médico por el riesgo de vida.
Estas ausencias los mismos pobladores y autoridades locales las documentaron y las expusieron en una reunión con servidores públicos estatales, encabezados por el director de Gobernación del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y algunos mandos militares, en Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana.
Los maestros, médicos y enfermeras dejaron de subir a comunidades de municipios de Tecpan de Galeana y Petatlán, del lado de Costa Grande, y a las de Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán, del lado de Tierra Caliente. Ambas regiones colindan en lo alto de la Sierra.
Los comisarios municipales y los miembros de comisariados ejidales le pidieron de manera puntual al director de Gobernación que le dijera a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que cumpla con la promesa de instalar tres Bases de Operaciones Mixtas en la zona donde convergen ambas regiones, porque la consideran una zona de riesgo.
Fueron estas mismas autoridades las que contaron por teléfono los detalles de esa reunión.
Funcionarios estatales y un mando militar se reunieron con comisarios de pueblos de la Sierra, quienes les expusieron sus demandas de falta de seguridad, maestros, médicos y enfermeras. Fotografía: OficialEl planteamiento de las autoridades de los pueblos tiene que ver con el ofrecimiento de Salgado Pineda después de los hechos violentos recientes en esa parte de la Sierra.
El 28 de enero pobladores de la comunidad de El Parotal se enfrentaron a balazos con policías estatales que subieron a la Sierra acompañados por tres individuos que los habitantes identificaron como miembros del grupos criminal la Familia Michoacana.
La confrontación a balazos dejó un saldo de cinco muertos, un comandante que iba al mando de la operación, un policía y los tres sujetos, al parecer delincuentes, que viajaban en el convoy de agentes estatales vestidos también con uniformes.
Después de los hechos hubo una reunión entre los comisarios y las autoridades, y los primeros pidieron a los segundos que instalaran Bases de Operaciones Mixtas (BOM), es decir, que establecieran en la zona la presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, en particular en Las Mesas y el crucero de San Antonio Texas, un perímetro importante de los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Hasta el momento sólo ha instalado una BOM en la localidad de Santa Rosa, comunidad que está a orilla de la carretera que lleva de Acapulco hacia Zihuatanejo.
En la reunión de hoy, el comisario de la comunidad de El Porvenir (Tecpan de Galeana), Jesús Ayala, dijo que la gente no puede salir de sus casas porque tiene miedo que ocurran más hechos de violencia.
Él denunció que, debido a la inseguridad, los profesores siguen sin subir a dar clases; las escuelas están abandonadas.
La comisaria de la comunidad de El Durazno (Coyuca de Catalán), Azucena Rosas García, dijo que los niños del kínder, la primaria y telesecundaria del pueblos cumplieron un mes sin clases.
En El Durazno, el 10 de diciembre del 2022, individuos que se identificaron como miembros de la Familia Michoacana (FM) ingresaron al pueblo y mataron a siete habitantes a balazos.
“Desde entonces la gente tiene mucho miedo. Ya se cumplió un mes de que no hay clases porque los profesores no quieren ir por miedo”, contó la comisaria.
A partir del ingreso violento a El Durazno, un médico y una enfermera abandonaron la clínica de salud del pueblo por temor, expuso la comisaria en la reunión.
Por teléfono informó que la gente de su pueblo está un poco más tranquila porque en el pueblo hay elemento de seguridad federal y estatal, aún así saben que no son suficientes.
“No sabemos hasta cuándo estaremos así, con cierta calma, porque sabemos que cerca del pueblo andan rondando los delincuentes que nos han amenazado con asesinarnos”.
En la comunicación se quejó de que la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo recibiera las denuncias del ataque y asesinatos en El Durazno, porque hasta ahora no ha hecho nada.
“No tenemos confianza en la justicia porque allá en mi pueblo han asesinado a mucha gente y nunca detienen a los responsables”.
