Faltan reformas para garantizar el aborto en Guerrero: activistas

En la imagen, una joven festeja a fuera del congreso del estado, la despenalización del aborto en Guerrero.

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Foto Amilcar Juárez / Archivo
3 de febrero del 2023
Chilpancingo

Aun cuando en Guerrero el aborto es legal desde el 17 de mayo del 2022 faltan reformas a leyes de Salud y al Código Penal del Estado para garantizarles a las mujeres el acceso pleno a una interrupción segura del embarazo.

Durante la conferencia Aborto Legal, Derecho Constitucional, realizada en el marco de la Semana Jurídica organizada por la Secretaría General de Gobierno, las activistas feministas Jesica Estévez Ojendiz y Lourdes Juárez Díaz coincidieron en que falta camino legislativo y constitucional para que las mujeres en Guerrero puedan acceder a un aborto seguro.

Juárez Díaz mencionó que la reforma al Código Penal presentada por las diputadas Beatriz Mojica Morga, Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez aprobada en mayo del 2022, aunque es un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, hay ciertos aspectos que pueden mejorar.

«La reforma de 2022 contempla y favorece mucho el tema del aborto electivo, es decir las mujeres que por decisión propia deciden practicarlo, y deja un poco relegado el tema de los abortos producto de agresiones sexuales», mencionó Juárez Díaz.


En la imagen, una joven festeja afuera del Congreso del estado por la aprobación de la despenalización del aborto en Guerrero.

Además mencionó que a ocho meses de la despenalización del aborto no hay información adecuada, tanto que el personal de salud sigue sin conocer protocolos para atender los casos de mujeres que van a abortar.

Otro tema que denunciaron en la conferencia es que se necesita otra reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para garantizarle al personal de salud que no irán a la cárcel por practicar un aborto.

El Código Penal estatal en su artículo 159 aún establece penas para la persona o médico «que haga abortar a la mujer voluntariamente», a quien le impondrían una pena de uno a tres años de prisión.

«Ese artículo aún causa dudas en los médicos y es la causa de que muchos de ellos no practiquen una interrupción de embarazo», mencionó Estévez Ojendiz.

Otro tema es el llamado objetor de conciencia, una figura legal para que el personal médico evite practicar un aborto por considerarlo contra sus ideas religiosas o éticas.

Aun cuando en Guerrero no existen objetores de conciencia, la realidad es que «el personal médico hace muchas veces desistir a las mujeres que acuden por situaciones de violencia sexual o que quieren acceder voluntariamente a una interrupción del embarazo», explicó Estévez Ojendiz.

Las activistas mencionaron que aún faltan acciones de parte del Estado para garantizar a las mujeres el acceso total a una interrupción del embarazo y a erradicar la violencia contra las mujeres.

También mencionaron que son preocupantes las 13 carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio en razón de parentesco contra mujeres que abortaron y que deben salir libres porque no cometieron delito.


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