Texto: Margena de la O
Fotografía: Oscar Guerrero
Tixtla
Al presentar el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que detectó injerencia en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de otros poderes o agentes ajenos a sus facultades, lo que provocó la salida del ex fiscal especial a cargo, Omar Gómez Trejo.
Los detalles del informe los dieron en una conferencia de prensa en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, y la relatora para México y Pueblos Indígenas de esta Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, donde estuvo un grupo de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y miembros de las organizaciones de defensores que los han acompañado.
Ambas hicieron hincapié en la importancia de estar frente a las madres y padres exponiendo este informe que, dijo Arosemena de Troitiño, es una guía orientadora y una hoja de ruta para todas las áreas institucionales involucradas en el Caso Ayotzinapa, como lo es la UEILCA, órgano al que, dijeron, el Estado debe garantizar independencia.
Contiene, pues, de acuerdo con lo que compartió el equipo de la CIDH que organizó la conferencia de prensa para conocer el informe, “observaciones y recomendaciones para avanzar en las investigaciones y esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, así como en la reparación integral a las víctimas y familiares”.
La presidenta y relatora de la CIDH mencionaron algunas, como la recomendación de autonomía de la UEILCA, porque expusieron la injerencia de otros poderes en los trabajos que realiza la unidad encargada de la investigación fiscal del Caso Ayotzinapa.
Arosemena de Troitiño mencionó que la CIDH “levantó banderas de alerta” sobre el tema porque dejarlo pasar afectaría la búsqueda de justicia y comprometería la legitimidad ganada.
Ofreció ejemplos claros de la injerencia que señaló. “La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador de la República, autor de la llamada verdad histórica) por otras unidades finales, ajenas a la UEILCA, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión, de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe tener y que es parte del deber de investigar con debida diligencia. Estos hechos determinaron la salida del titular de la UEILCA”.
En agosto pasado, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), creada por decreto presidencial, que depende de la Secretaría de Gobernación y que preside Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, presentó un informe sobre el Caso Ayotzinapa. Un informe ajeno al órgano fiscal para investigar y resolver el caso.
Después de ese informe fue girada una orden de aprehensión de Murillo Karam y desestimadas 21 órdenes de aprehensión liberadas a raíz del trabajo de la UEILCA, pero no avaladas por el informe de la Covaj.
Al renunciar en septiembre pasado, poco antes de que se cumplieran los ocho años de los hechos de Iguala (la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014), Gómez Trejo le dijo a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos que su salida obedeció a que recibió amenazas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que debía proteger a su familia, de acuerdo con lo que ellas y ellos informaron a la prensa, incluido este medio.
En lugar de Gómez Trejo fue designado el tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, ubicada como persona cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la ronda de preguntas y respuestas en la conferencia de hoy, un reportero solicitó más información sobre cómo afecta la injerencia a la Unidad.
“La Unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de ninguno de los poderes, ni del Ejecutivo ni del Legislativo”, comentó Mantilla.
Desde el inicio de la conferencia de prensa, Arosemena de Troitiño y Mantilla, cuando expusieron por qué este tercer informe representa una guía, hicieron énfasis en que la desaparición forzada es un delito continuado, es decir, que inicia con cada día, y no sólo impacta en las víctimas directas de la desaparición, tiene efectos fuertes en sus familiares, como ocurre con las madres, padres, hijas e hijos de los 43 normalistas desaparecidos.
Entonces, dijo Mantilla, la desaparición forzada no es resuelta con un decreto, y eso deben saberlo, por ejemplo, el personal de la Fiscalía. “La desaparición forzada es una violación de derechos humanos que continúa, mientras no aparezcan las personas desaparecidas o no se conozca la suerte de las víctimas, las desapariciones forzadas no terminan por decreto ni por decisiones unilaterales”.
La relatora también abundó sobre ese aspecto u obstáculos que pueden afectar el ritmo de las investigaciones: “Si hay otra unidad que no sea la encargada, por supuesto habrá afectación en ese proceso, por eso hablamos de esa intervención de cuestionamiento que los padres no los han dicho”.
De acuerdo con la relatora, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos se dieron cuenta de esta injerencia.
Además de la presidenta y relatora de la CIDH, estuvo en la conferencia de prensa celebrada en la cancha techada de la Normal Rural, Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión.
La conferencia de prensa cerró con una intervención política de los estudiantes, que corearon consignas por sus compañeros: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
