Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Carlos Navarrete
Chilpancingo
En agosto del 2015, cuando el perredista Juan Mendoza Acosta era alcalde electo, circuló un video de una reunión que tuvo con hombres armados, en el que se escucha prometer que devolverá el favor de apoyarlo para que ganara la elección del 7 de junio de ese año.
Se ve que el entonces edil, quien este miércoles 5 de septiembre fue asesinado a balazos junto a su hijo, quien era el alcalde en funciones, Conrado Mendoza Almeida, convive, entre botellas de alcohol, con hombres armados identificados como miembros del grupo criminal de Los Tequileros.
Mendoza Acosta declaró a reporteros después que esos hombres armados lo habían obligado a reunirse con ellos.
Semanas antes de que él ganara la elección fue privado de su libertad junto a dos integrantes de su campaña por personas armadas; horas después lo dejaron en libertad.
Se supo que ese grupo delictivo habría sometido al edil.
Los Tequileros, dirigidos por una persona identificada como Raybel Jacobo Dealmonte, de acuerdo con fuentes oficiales, se dieron a conocer en el 2013; iniciaron sus acciones delictivas en la región, como secuestros, extorsiones y asesinatos.
Sus secuestros eran masivos. Llegaban a las comunidades y se llevaban 15, 20 personas. Las dejaban libres conforme las familias pagaban los rescates.
Cuando ocurría algún asesinato o secuestro, en la escena dejaban mensajes escritos en cartulinas que firmaban así: «El Comando suicida los tequileros”. Una estrategia muy usada desde que comenzó la supuesta actividad de combate al narcotráfico, lo que contribuyó a justificar esa estrategia armada desde las instituciones.
El auge delictivo de Jacobo Dealmomte y su grupo fue entre 2013 y 2016 en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y una parte del municipio de Arcelia.
En 2016, realizaron secuestros masivos de personas. En enero de ese año, secuestraron a 21 personas que iban a una fiesta a la comunidad de La Palma, Arcelia y en otro hecho, a cuatro maestros de la secundaria técnica 114 de Santana del Águila, en Ajuchitlán; a todos los dejaron en libertad, pero en el contexto de estos secuestros asesinaron a dos más. En septiembre del 2016, Los Tequileros también se adjudicaron –y lo confirmaron las autoridades– el secuestro de un grupo de mineros.
Ese mismo año, se supo que Los Tequileros secuestraron en San Miguel Totolapan al constructor de obras, Isauro de la Paz, lo que enfureció a un grupo de ciudadanos, algunos de ellos se armaron, lo que obligó a las autoridades para buscar la liberación de la víctima.
La ciudadanía y el grupo de la supuesta policía comunitaria –las personas armadas– retuvo en esa población a la mamá de Jacobo Dealmonte, a quien la obligaron a exigirle a su hijo que dejara en libertad al ingeniero del pueblo.
Cuando las autoridades anunciaron que las fuerzas federales y estatales iban a San Miguel Totolapan para capturarlo, el entonces fiscal general, Xavier Olea Peláez, acusó al diputado local con licencia del PRI, Saúl Beltrán Orozco, de tener relación con el grupo Los Tequileros.
El mismo Olea Peláez interpuso una demanda de juicio político contra el legislador, pero la petición fue rechazada por el Congreso local.
Este señalamiento del anterior fiscal pone de manifiesto varios elementos, de principio, que los grupos del crimen organizado no sólo son personas dedicadas al tráfico de las drogas, más bien son una red donde participan personajes políticos y económicos de las regiones que se mueven tanto en acciones lícitas como ilícitas.
Una autoridad en funciones señaló a quien fuera un legislador como el articulador de un grupo criminal. Del priísta –filiación partidista a la que pertenecía el gobernador de entonces, Héctor Astudillo Flores– no se sabe nada desde entonces. De sus últimas apariciones públicas, fue cuando se paseó por el zócalo de Chilpancingo, ya con las acusaciones en su contra.
Esas operaciones policiacas y del Ejército no lograron la captura de Jacobo Dealmonte, quien, al parecer, buscó refugio en la Sierra del municipio de Heliodoro Castillo, donde estaría un largo tiempo, porque en enero del 2019 la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de altercados de su grupo con otros presuntos delincuentes, hechos en los que habría muerto el líder de Los Tequileros.
La FGE tenía 15 órdenes de aprehensión en su contra por delitos de secuestro y homicidios. A él le atribuyen los asesinatos de la ex regidora del PAN de San Miguel Totolapan, María Félix Jaimes, y del sacerdote Gregorio López Gorostieta de Ciudad Altamirano.
Con la muerte de Jacobo Dealmonte y la falta de noticias de Beltrán Orozco, Los Tequileros habrían entrado en un receso, pero con los ataques en San Miguel Totolapan, donde asesinaron al menos a 20 personas, entre ellas el alcalde y su padre, y varios funcionarios, las autoridades federales los trajeron a la escena pública.
Este jueves por la mañana, el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, atribuyó el ataque a los grupos criminales de la región, pero nunca expuso cuál fue la indagatoria que hicieron para saberlo en menos de 24 horas.
“El evento se da en el contexto criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante algún tiempo un grupo conocido como Los Tequileros, dedicados el trasiego y comercialización de amapola, pero también se dedicaban al secuestro, extorsión y perpetuó diversas homicidios y desapariciones en la región”, comentó.
Mencionó el video que circuló hace unos días donde personas que se presentan como supuestos miembros de Los Tequileros dicen que son autores de un asesinato. Parece que el subsecretario dio mucho peso a ese material, porque nunca habló de indagaciones formales.
Aclaró que siguen distintas líneas de investigación, pero que una de las hipótesis es que fue un ataque armado originado por Los Tequileros o por La Familia Michoacana, porque son los grupos delictivos que tienen presencia en la región.
En la región de Tierra Caliente se sabe de la existencia de La Familia Michoacana, un grupo criminal dirigido por los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Oloscuaga, alías El Pez y La Fresa, y que hacen vida pública en la región y tienen cercanía con familias muy conocidas de Tierra Caliente. Una muestra de esto, es que en julio de 2019, Johnny Hurtado Olascoaga apadrinó la generación de entonces de la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente, ubicada en Arcelia, acto que está documentado en la prensa.
Este jueves, mientras las familias de San Miguel enterraban a las víctimas del ataque, empezó a circular un video en la red social Facebook de un perfil con el nombre de Julián Alvarado, ahí aparece a cuadro un hombre que no dice quién es pero que la gente identifica como José Alfredo Hurtado Oloscuaga, La Fresa.
Afirma varias cosas en el video: que todos los autores del ataque del miércoles ya están muertos, que en el ataque iban por él, por el alcalde y su padre, que cuando llegó a la reunión les «comieron las ansias» y «no me dejaron bajar», es decir, lo atacaron antes de entrar, razón por la que, dice, escapó.
Cuenta en el video que tiene su casa a una cuadra del Ayuntamiento y «creo que todo mundo lo sabe».
El Ejército y la Marina intentó detener a los hermanos Hurtado Olascoaga el pasado mes de julio, pero la operación al parecer fracasó por bloqueos de diferentes sectores de la población para impedir su ingreso a la región. Pero la casa de uno de ellos, a decir de la persona en el video, sigue a una cuadra del Ayuntamiento.
En el mismo video, el supuesto líder de la Familia Michoacana advierte a El Vago, La Mula y Saúl Beltrán que va por ellos.
