Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
6 de septiembre del 2022
Chilpancingo
Organizaciones sociales y de pueblos originarios exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sancionar a los diputados locales de la 62 legislatura por irregularidades en el proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Durante un acto político afuera del Congreso local, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que el pasado 26 de agosto la SCJN rechazó algunos procesos de la consulta a los pueblos indígenas que realizó el Congreso local.
El rechazo se debió a diversas irregularidades en el proceso; documentos falsos y otros que no cumplen con el aval de las asambleas comunitarias.
«La SCJN rechazó la consulta de los diputados porque los pueblos indígenas estuvieron ausentes y no fueron integrados para diseñar protocolos», mencionó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
Los asesores legales de la CRAC mencionaron que la SCJN rechazó la consulta por no considerar a los pueblos indígenas, por lo que no hubo diálogo objetivo,ni acuerdos ni consensos.
«Solo Hubo actas donde los pueblos firmaron de enterados».
El acuerdo de la SCJN por las inconsistencias fue darle al Congreso de Guerrero un plazo de 10 días hábiles para explicar porque no fueron considerados los pueblos indígenas.
Sobre la sentencia, las organizaciones sociales dijeron que la SCJN es condescendientes y pretende favorecer al Congreso local.
«Hacemos un extrañamiento respetuoso al presidente de la Suprema Corte para que no sea condescendiente con el Congreso, los 10 días están fuera del marco legal, debieron sancionar», mencionó Rubén Cayetano García, asesor legal de la CRAC.
Plácido Dolores, de la Casa de Justicia de Espino Blanco, en el municipio de Malinaltepec, mencionó que el Congreso hizo un falso trabajo de consulta que no plasma las necesidades de los pueblos.
En el acto acusaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, de ocupar un cargo que no le corresponde como indígena amuzgo.
Otra de las exigencias fue que que el dinero ocupado para la consulta sea devuelto y ocupado para una verdadera consulta donde los pueblos originarios sean organizadores y los diputados solo observadores.
«Los diputados que integran la legislatura solo se dedican a actividades de menor relevancia y hacen caso omiso a las necesidades reales, específicamente con los pueblos indígenas y Afromexicanos».
Además de los asesores legales de la CRAC y Tlachinollan estuvieron representantes integrantes de las cinco casas de justicia del sistema comunitario de la CRAC.
Fernando Xochihua, otro de los asesores de la CRAC, pidió sanciones al Congreso.
Pedimos a la Corte aplicar la ley y que ya no siga prolongando la agonía de la 62 legislatura, la Corte debe aplicar la ley, aplicar la sanción que corresponde a los diputados que avalaron la consulta y que la Corte ya dijo que está mal hecha, estableció Xochihua.
