Filiberto Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, acusó al gobierno del estado de organizar un ataque en su contra por la labor que realiza de acompañar y asesorar a víctimas de violencia en la entidad.
Velázquez Florencio denunció que ayer (miércoles) agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a la parroquia Casa del Peregrino, donde él oficia misas y donde están alojados víctimas de la violencia, varios de ellos enfermos, a realizar preguntas al personal con el propósito de conocer las actividades que realiza el sacerdote.
Al percatarse de su llegada, Velázquez Florencio pidió a los agentes que justificaran su presencia, pero ninguno tenía documentos oficiales para esa acción. Los agentes le dijeron que un agente del Ministerio Público (MP) ordenó investigarlo, después se retiraron.
En conferencia de prensa, Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.
Explicó que desde el pasado 27 de junio, el gobierno del estado, a través del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso y el secretario de la gobernadora, Jesús Urióstegui, lo acusa de daño a la propiedad privada y bloqueo a las vías de comunicación.
“Después del bloqueo en la autopista, Jesús Urióstegui llamó por teléfono al obispo y me acusó de ser el que organiza esos bloqueos”.
Esas acusaciones ocurrieron después de que Velázquez Florencio acompañó a una manifestación en la Autopista del Sol a pobladores de San Jerónimo Palantla, comunidad de Chilapa, ubicada en la región Montaña baja, para exigir la aparición con vida de José Abundio Bolaños Calvario, quien desapareció el 29 de mayo pasado.
En la manifestación del pasado 27 de junio también bloquearon la carretera de cuota integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), normalistas de Ayotzinapa y del Frente Nacional Francisco Villa (FNFV). En bloqueo ocurrió una carambola entre un tráiler y seis automóviles.
Por ese hecho, la Mesa de la Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero informó que “se presentaran denuncias para deslindar responsabilidades en contra de quienes afecten a terceros y daños a la propiedad privada”.
El sacerdote cree que derivado de ese comunicado los agentes de la FGR acudieron a interrogar al personal de la Casa del Peregrino; intuye que ya están armando la carpeta de investigación en su contra.
Velázquez Florencio denunció también que el pasado 11 de julio, cuando se dirigía a la comunidad de San Jerónimo Palantla a oficiar una misa por la Jornada Nacional de Oración, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal amenazaron con bajarlo por la fuerza de su camioneta, y uno de ellos le dijo: “ya estamos hasta la madre de gente ignorante como tú”.
“El llamado a todas las instituciones es que esos esfuerzos de intimidación hacia los activistas y defensores de derechos humanos se dirijan hacía los verdaderos generadores de violencia”, comentó.
Durante la conferencia de prensa pidió a las autoridades federales y estatales localizar con vida a José Abundio González Calvario y el cese inmediato a los actos de hostigamiento y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos.
“Por último hacemos un llamado respetuoso a nuestras autoridades para que reorienten sus esfuerzos, ya que ni entre los y las defensores de derechos humanos ni entre los sacerdotes encontraran a los responsables de la violencia”.
Llamó específicamente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que conozca personalmente el trabajo que realiza en el Centro Minerva Bello y en la Casa del Peregrino para que su gobierno deje de criminalizarlo.
A la conferencia de prensa lo acompañaron representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes señalaron a la gobernadora de tratar de desestabilizar los movimientos sociales de Guerrero con intimidaciones como contra la de sacerdote.
