Texto: Jose Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
En un encuentro que tuvieron durante dos días aquí en Chilpancingo desplazados por la violencia de cinco estados y de la Ciudad de México denunciaron la inacción del gobierno federal y de sus entidades para frenar la inseguridad y falta de atención a las víctimas.
Durante los dos días de esta reunión que se desarrolló en el parque de la iglesia El Sagrado Corazón ubicada al sur de Chilpancingo, estuvieron desplazados de los estados de Quintana Roo, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Guerrero y de la Ciudad de México.
Los desplazados dieron su testimonio de sus diversas etapas de sufrimiento que han vivido.
«Los gobiernos del PRI y PAN y ahora la Cuarta Transformación con Morena no han resuelto nuestra situación y nosotros seguimos viviendo igual, lejos de nuestros pueblos porque si regresamos nos matan», dijo uno de los desplazados de Chihuahua.
Este domingo en la tarde concluyó el encuentro con una plenaria en donde aprobaron el acuerdo de exigir al Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado que se encuentra en comisiones legislativas.
Otro de los acuerdos es de que todos los colectivos de desplazados se mantengan unidos y agrupar a otros más para que se unan a la lucha.
Una de las demandas es exigir al Estado una estabilidad material y psicológica para las mujeres, niñas y niños víctimas del desplazamiento forzado.
La Coordinación pretende a través de los diversos colectivos que lo conforman obtener datos de la problemática a nivel nacional para estadísticamente conocer la magnitud del problema y visualizar el desplazamiento forzado a través de marchas para que el Estado deje de criminalizarlos, señala el acuerdo de la plenaria.
Los asistentes acordaron realizar, en seis meses, una convención nacional para trabajar la Ley General de Desplazamiento Forzado desde la perspectiva de las víctimas.
“La ley que se estamos impulsando y que está atorada en el Senado contemplado todo, justicia social y jurídica para las víctimas de desplazamiento forzado que muchas veces son ignoradas por las autoridades”, comentó Teodomira Rosales Sierra, directora general del Centro Morelos en una entrevista que le hizo AMAPOLA periodismo transgresor
Detalló que los puntos más importantes de la ley son garantizar un apoyo económico a las víctimas, acceso a los programas sociales estén donde estén, garantizar un retorno seguro a sus hogares, o en caso una reubicación digna y tipificar en el Código Penal Federal el delito de desplazamiento interno forzado.
En Guerrero existe una ley que contempla a las víctimas de desplazamiento forzado, pero sin un marco jurídico nacional que lo sustente legalmente en base a una legislación federal.
El centro Morelos da acompañamiento a 469 personas que huyeron de sus hogares por la violencia generada por grupos del crimen organizado.
De esas 469 personas que esta organización da acompañamiento, 304 son del municipio de Leonardo Bravo, 115 de Heliodoro Castillo y Zitlala, otros 16 del municipio de Petatlán.
Además de 25 de Quetzalcoatlán, del municipio de Zitlala, señala el Centro Morelos.
Actualmente solo 80 son reconocidos por el gobierno como desplazados porque han interpuesto la denuncia ante las instancias correspondientes.
Rosales Sierra dijo que la ley que está en el Senado no es aprobada porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene intenciones de destinar el recurso económico para la ley.
La Coordinación Nacional de Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado que aglutina a colectivos de estados del país y de la Ciudad de México fue fundada en diciembre del 2021.
