Texto: Andrea Vega / Animal Político
Fotografía:
25 de abril de 2022
Mónica Peyro, quien desde abril de 2020 denunció al padre de sus hijas por abuso sexual y violación contra las niñas, no ha logrado alcanzar la justicia y ahora enfrenta una acusación en su contra y el riesgo de ser procesada.
La denuncia en contra de la mujer, de su hermano y de su padre es por violencia familiar y la interpuso el padre de las menores.
“El delito que se nos imputa es que salimos a medios e hicimos publicaciones en redes sociales denunciando el abuso sexual y la violación y pidiendo justicia para mis hijas y eso le causó a él (al padre) daño psicológico”, explicó Mónica Peyra, en entrevista con Animal Político.
Por esa denuncia de su exesposo, el martes 26 de abril tendrá que presentarse a una audiencia judicial, a las 9 de la mañana.
El lunes 11 de abril entregaron en la casa de sus padres un citatorio para que acudan ella, su padre y su hermano a la audiencia en el Cereso.
“No se nos notificó de esto antes, para conocer de la carpeta y hacer lo correspondiente, sino hasta que ya está judicializada, para darnos cita como imputados”, denunció Peyro.
La denuncia que interpuso el padre de sus hijas contra ella y sus familiares se turnó a un área llamada naturaleza específica, donde se atiende la violencia familiar pero cuando ya hay de por medio una agresión con alguna arma, lo que, asegura, no ha sucedido.
Mónica Peyro sostiene que esto es una represalia por haber hecho público el caso de agresión sexual contra las niñas y por señalar, incluso ante diputados en el congreso local de Durango, donde viven, que las autoridades han actuado para favorecer al presunto agresor por ser un destacado empresario del estado, y por los nexos políticos del padre de este.
“Incluso teniendo el dictamen de una médica legista que revisó a mi hija menor y determinó que la niña había sufrido penetración anal, el juez resolvió sobreseer el caso y el no ejercicio de la acción penal, porque según él la médica se había equivocado y los actos de molestia que referían las niñas respecto a su padre eran actos de amor”, dijo Peyro.
La víctima aseguró que denunció el caso en medios y redes sociales porque sentía que debía saberse la manera en que la justicia favorece al agresor.
“Mientras a mí me reservaron el acceso a la carpeta de investigación durante meses, a él le daban acceso, yo misma fui testigo de eso una vez que nos encontramos en el Centro de Justicia”, aseguro.
Lo que Mónica Peyro teme es ir a la cárcel pues no tiene confianza en las autoridades por todo lo que considera han sido actuaciones para favorecer a quien ella señala como el agresor de sus hijas.
“Falta que yo y mi padre; y mi hermano acabemos en la cárcel, cuando somos el apoyo principal de las niñas, y ¿qué va a pasar?, ¿se las van a dejar a su agresor? ¿Las van a institucionalizar?”
Animal Político solicitó una entrevista o una postura a la Fiscalía de Justicia del estado de Durango; sin embargo, a través de su oficina de comunicación, respondió que no puede dar detalles del caso porque es un tema en el que están como afectadas dos menores de edad, a quienes se les debe proteger.
Informaron que las carpetas siguen en proceso porque aunque hubo una determinación inicial de un juez, Mónica Peyro impugnó y, por lo tanto, el proceso continua. “Se sigue trabajando en las carpetas de investigación, es un proceso abierto, así que no se puede dar información”, señalaron.
En cuanto a la denuncia y la cita para la audiencia a Peyro, la oficina de comunicación subrayó que cualquier persona aunque esté denunciada, mientras un juez no emita un fallo condenatorio, también puede ser víctima de un delito, y en este caso el imputado también presentó una denuncia y será el juez quien tenga el fallo en esa situación.
Historia de un presunto abuso
En octubre de 2019, Mónica Peyro le pidió el divorcio a su entonces esposo. El 29 de noviembre de 2019, todavía viviendo todos en la misma casa, él pasó por las niñas a la escuela y no las regresó al domicilio familiar. Ese mismo día, el padre de las menores interpuso una demanda de divorcio y de custodia y patria potestad, “alegando que yo no estoy bien de mis facultades mentales, que siempre estoy dopada por eso, y que no he estado cuidando a mis hijas. En seis horas hábiles le otorgan a él la custodia, estando las niñas sustraídas y fuera del estado”, narró la madre.
Peyro interpuso la denuncia por sustracción de menores y acudió a la fiscalía a que le hicieran un examen psicológico y toxicológico, en el que resultó apta para el rol de madre, aunque con rasgos de depresión y ansiedad, pero por la desaparición de las menores. Mónica logró además comprobar con fotos y videos que ella siempre ha vivido con sus hijas y las ha cuidado.
Finalmente se vinculó a proceso al padre de las menores porque se declaró culpable y solicitó la suspensión, el juez se la concedió y Peyro solicitó al juez que le regresaran a sus hijas, a lo que le respondió que no lo podía hacer porque un juez familiar había otorgado ya la custodia al padre.
Mónica acudió con un juez penal para reclamar la custodia y se la otorgaron, por lo que junto con las autoridades, Peyro acudió a la casa de los abuelos paternos donde se supone que estaban las niñas, pero no encontraron a nadie.
Al día siguiente, sostiene Peyro, los abogadas del padre de las niñas buscaron a los de ella y les dijeron que Mónica podía volver a ver a sus hijas si firmaba un convenio.
“Negociaron con mis hijas porque en ese convenio yo tuve que renunciar a la casa familiar, entregar el automóvil, renunciar a la manutención, él solo se comprometió a solventar sus estudios, actividades extra escolares y gastos médicos; tuve que aceptar una custodia compartida, con cuatro días con él y cuatro días conmigo y los periodos vacacionales equitativamente repartidos”.
Fue en ese periodo en que Peyro empezó a notar cambios en el comportamiento de sus hijas, que la hicieron sospechar de un probable abuso sexual. El 17 de abril de 2020, ella presentó una denuncia por este delito contra quien resulte responsable.
Sin embargo, hasta que una médica legista certificó que la menor de las niñas tenía signos de una penetración anal interpuso la denuncia por violación, el 11 de agosto de 2020, contra el padre de sus hijas porque una de ellas lo señaló directamente.
Fue esa denuncia en la que un juez resolvió que la médica legista se equivocó y que lo que las niñas referían no eran más que “actos de amor de su padre” e hizo el sobreseimiento y el no ejercicio de la acción penal.
Una renuncia sorpresiva
A mediados de marzo de 2022, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, anunció que aceptaba la renuncia al cargo presentada por la hasta entonces fiscal general del estado, Ruth Medina, después de que se hicieran públicas denuncias por casos de impunidad en violencia sexual contra mujeres.
Por esas denuncias, el congreso estatal citó a comparecer a la fiscal, pero en lugar de acudir a la comparecencia, presentó ese día su renuncia. Quienes sí se presentaron ante los legisladores fueron víctimas y familiares de víctimas de violencia sexual, entre ellas Mónica Peyro, quien expuso el caso de sus hijas.
“Ese mismo día yo les dije a los legisladores que esperaba una represalia por todas las denuncias públicas que yo estaba haciendo y por hablar ante el congreso, pero no me esperé que llegará en forma de una denuncia penal por violencia familiar en mi contra, de mi papá y de mi hermano, y de verdad que ante la actuación que han tenido las autoridades, temo terminar en la cárcel”, señala Peyro.
