A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “Verdad Histórica”
Texto: Beatriz García
Fotografía: Tlachinollan
29 de marzo del 2022
Chilpancingo
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron que durante los tres años que lleva al frente del gobierno el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tanto el Ejército como la Marina incumplieron con dar información sobre la desaparición de sus hijos.
Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara la participación de elementos de la Secretaría de Marina en la construcción de la “Verdad histórica” que anunció el ex procurador, Jesús Murillo Karam, durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto, los padres exigieron una nueva investigación a la cadena de mando que ordenó el montaje jurídico que impide conocer la verdad.
El abogado de los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que después de que la llamada “verdad histórica” quedara sepultada, con la presentación del tercer informe del GIEI, lo que prosigue es dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos y que pasó ese 26 y 27 de septiembre del 2014.También exigió investigación puntual a los marinos que participaron en esta construcción.
Ayer lunes el grupo de expertos dejaron clara la simulación de las autoridades durante la conferencia informativa que encabezó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, el 27 de octubre del 2014, cuando informaron sobre la verdad histórica que indicaba que la mayoría de los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, un municipio contiguo a Iguala, donde ocurrieron los hechos.
Después de las investigaciones siguieron con manipulación de pruebas, falsificación de documentos y fue evidente participación de efectivos de la Marina, sobre esta última intervención, los expertos mostraron un video.
Este martes, los familiares de los estudiantes desaparecidos dieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, para a dar a conocer su postura respecto al informe, que un día anterior adelantaron que lo hacían suyo.
El abogado de los 43 sostuvo que hay indignación por todo este proceso de investigación “turbio”, que no contribuye al esclarecimiento de la verdad, y que queda claro que hubo manipulación de la escena del basurero de Cocula, donde se supone incineraron a los normalistas –versión que se echó abajo con las nuevas investigaciones del GIEI-.
Para el abogado, esta manipulación que encontró el GIEI, tuvo como objetivo ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad. A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “verdad histórica”.
El abogado se preguntó cuál es el motivo y las razones para que las fuerzas castrenses negaran información, primero durante el gobierno pasado encabezado por Enrique Peña Nieto, y en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador siguieron la misma ruta.
El 3 de diciembre del 2018 López Obrador junto con otro funcionarios federales, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán firmaron el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad del caso Ayotzinapa, donde se comprometían todas las autoridades a colaborar en el marco de su competencia en las investigaciones.
Pero no pasó nada, siguieron negado información agregó Rosales Sierra.
“El ministerio público hoy en día está teniendo dificultades para dar cauce jurídico a la información que tuvimos ayer del GIEI, porque una cosa es que se le entregue al GIEI otra es que se haga la diligencia concreta para fincar responsabilidad, ahí en las diligencias está habiendo reticencias del Ejército mexicano, las fuerzas armadas, para coadyuvar con la investigación”, lamentó el defensor.
Al principio, los padres y madres, y el abogado, confiaron en las fuerzas armadas, incluso acudieron al Batallón 27 de Infantería en Iguala y les permitieron la entrada, pero no encontraron nada, y otras veces más se reunieron con militares. Ahora dan cuenta de “una actuación sucia de las fuerzas armadas que nada contribuye al esclarecimiento de los hechos”, dijo el abogado.
Mario González, padre de César Emmanuel González Hernández, dijo que junto con sus compañeros están “encabronados”, porque pasaron tres años y el decreto presidencial
del que habló el presidente no se cumplió, porque no se entregó información en su momento y eso retrasa la investigación para dar con sus hijos.
“Como no estar enojados si no sabemos de nuestros hijos y no estoy hablando de las instituciones pasadas, hablo de estos mandos que prometieron llegar a la verdad, que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía, que es lo que está pasando ¿por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video, señor presidente?”, reclamó el padre de César Emmanuel.
Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre de quien fue hallado un resto óseo, reprochó que en este país los pobres no tienen justicia, que esta se vende al
mejor postor y ahora confirman que tenían motivos para señalar a las fuerzas armadas en México y que estaban involucrados en la desaparición de sus hijos.
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, exigió que las investigaciones sigan su curso, que lleguen a actores políticos como al ex presidente Peña, porque le da coraje que en las instituciones del gobierno federal se sigue guardando información, qué seguramente tienen más.
“No vamos a rendirnos hasta saber la verdad, ellos son los que se robaron la juventud de los 43”, sentenció.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, demandó al presidente de la República una reunión con sus compañeros de lucha y él, porque desde el año pasado fue la última vez que los recibió, porque tienen muchas cosas de que hablar después del informe del GIEI, porque además se debe abrir una carpeta de investigación hacia el Ejército porque hay obstáculos que impiden alcanzar la verdad.
Los padres, madres y defensores de derechos humanos al unísono hicieron pase de lista de los 43 y gritaron “¡Justicia” y “¡Fue el estado!”.
