Este 8 de marzo, se reinstalará el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los sistemas municipales en los próximos días, con ello se activarán los mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres
Texto: Beatriz García
Fotografía: Amapola periodismo y José Luis de la Cruz
7 de marzo del 2022
Chilpancingo
En Guerrero hay una deuda histórica con las mujeres. Acceso a la justicia y a una vida libre de violencia son las principales, coinciden activistas, defensoras de derechos humanos y víctimas.
De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 en Guerrero se contabilizaron un millón 840,073 mujeres, adolescentes y niñas y un millón 700,612 hombres, es decir hay más mujeres que hombres.
Paradójicamente son las mujeres las que sufren más violaciones a sus derechos humanos: feminicidios, violaciones sexuales, laborales y la falta de acceso a la justicia.
Pero no sólo eso, las mujeres en Guerrero son las exigen justicia en las calles y en las instituciones por un hijo, un esposo o un hermano que fue desaparecido o asesinado.
Las desigualdades entre hombres y mujeres son visibles. Un ejemplo claro es el analfabetismo. Las mujeres son las que menor consideraciones tienen para asistir a la escuela. De acuerdo con Inegi, en 2020 había 188,987 mujeres mayores de 15 años analfabetas y 121,340 hombres en la misma condición.
El último censo de Inegi registró que la mayor participación económica persiste en los hombres, 74.5 por ciento generan ingresos económicos, mientras que 48 por ciento de las mujeres lo hacen. Aunque el mismo informe indica que la tasa de participación de las mujeres creció 3.0 puntos porcentuales de 2000 a 2010 y 19.9 puntos porcentuales en los últimos 10 años.
Para entender algunos aspectos del plano en el que las mujeres guerrerenses están paradas, Amapola. Periodismo transgresor consultó a tres mujeres que han participado activamente en la búsqueda de justicia desde distintos aspectos.
La feminista y representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), Marina Reyna Aguilar; la representante del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores y la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Teodomira Rosales Sierra, quien acompaña a mujeres desplazadas por la violencia.
El incumplimiento con las mujeres
Hace cicno meses, en Guerrero cambió de gobierno, por primera vez es gobernado por una mujer, la morenista Evelyn Salgado Pineda, pero no se observa el cambio para las mujeres, aunque haya comunicados y presupuesto para atender la problematica, sin embargo para la feminista “hasta que se materialice será real”.
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha declarado con dos Alertas de Violencia de Género (AVG) que no ha sido cumplidas lo que mantiene una situación “grave” porque la violencia no cesa y hay otras que se están visibilizando, como los matrimonios forzados en niñas y jóvenes, que desde décadas persiste en la región de la Montaña.
El incumplimiento de estas alertas, dice la activista, ha puesto a las familias y las organizaciones a trabajar aun con todas sus limitaciones en lo que el Estado no está atendiendo.
La activista observa que cada día hay más denuncias interpuestas por las mujeres, pero al mismo tiempo hay muchas carencias en la estructura gubernamental, la falta de capacitación al personal y los malos tratos que siguen ejerciendo los funcionarios hacia las víctimas.
Este 8 de marzo, se reinstalará el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los sistemas municipales en los próximos días, con ello se activarán los mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, explica Reyna Aguilar, hay una falta de cumplimiento de obligaciones que tiene el estado y los municipios, lo cual vulnera los derechos de las mujeres.
En el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, contemplan comisiones, una de ellas es la que preside el Congreso del estado que tiene la obligación de hacer un análisis del marco legal para homologar las leyes locales a las leyes federales, además de revisar las necesidades de reforma.
Sin embargo, los diputados ha mostrado resistencia para cumplir con uno de los grandes pendientes: reformar el artículo 159 de Código Penal, para que las mujeres que quieran interrumpir el embarazo producto de una violación sexual lo hagan sin la necesidad de presentar una denuncia penal y, menos, sin tener la autorización de un Ministerio Público.
Las violencias imparables
La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres da siguimiento puntual a la información que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra en relación a diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres como: violencia de género, aborto, trata de personas, tráfico de menores o violencia sexual.
En su portal, la asociación desmenuza las cifras del secretariado. En sus gráficas destaca la violencia familiar. De acuerdo al registro del año pasado, en Guerrero se denunciaron 2,504 hechos por violencia familiar, aunque en 2019 se presentaron 3,036 denuncias.
En el delito de violencia de género en Guerrero en 2020 de representaron 321 denunciados y en 2021 cerró con 142.
En relación al aborto en 2019 hubo el mayor número de denunciasque aún sigue siendo considerándose un delito, once, y el año pasado cerró con cinco.
En el delito de trata de personas, en 2019 también presentó el mayor número en los últimos cinco años con denuncias, 19, y el año pasado cerró con solo una denuncia.
Sobre tráfico de menores, en 2021 se presentaron tres denuncias por este delito y en los últimos cinco años suman cinco. En Tlapa, Cochoapa el Grande, Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec, se registró uno en cada uno.
En violación simple, en los últimos cinco años en 2019 se presentaron más el mayor número de denuncias, 242, mientras que en 2021 fueron 164.
En violación equiparada en los dos últimos años presentaron el mayor número de registro de denuncias, 143.
Las denuncias por acoso sexual, en 2020 presentaron 114 denuncias y el año pasado cerró con 82.
El delito por abuso sexual, en 2020 se presentaron 342 denuncias y el año pasado 270.
Las mujeres, las que alzan la voz
En Guerrero hay diferentes grupos de familiares de desaparecidos y asesinados que buscan justicia por sus seres queridos, al frente van las mujeres alzando la voz.
Antúnez Flores, lidera uno de los colectivos en Chilpancingo, busca a su hijo Juan Sebastián García Antúnez, a quién desaparecieron hace 12 años.
Gema Antúnez confirma lo dicho, en su colectivo la mayoría son las madres, esposas e hijas las que no cesan en buscar justicia. Lo explica.
—¿Por qué en este caso son más las mujeres que buscan a sus desaparecidos?
—En la mujer recae toda la responsabilidad, tanto del hogar porque quedamos al frente de la familia, tanto en resolver la situación económica, salud, educación. Aun así nos damos a la tarea de buscar y no perder la fe de encontrar a nuestro familiar. Somos las que más persistimos, no sé, tal vez por ese amor materno que traemos por naturaleza.
—¿Cómo es el plano de la violencia institucional hacia ustedes?
—Sí hay carencia en los colectivos, la falta de sensibilidad que han tenido las autoridades para cubrir en cierta forma esa pérdida que tenemos, porque además es quien solventaba la economía del hogar y necesitamos apoyos, y hay poca sensibilidad de las autoridades.
“En Guerrero impera el machismo y a la mujer nos ha costado un poquito más de trabajo sobresalir y nos encontramos con muchas piedras en el camino que nos evitan avanzar”, puntualizó.
Para Gema Antúnez la labor de la mujer en Guerrero es titánica para sobresalir, para trabajar y se enfrenta obstáculos, que paso a paso avanza, lucha y no pararán en buscar a sus desaparecidos.
Sin ellas, todo estaría de cabeza
Desde 2019, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, acompaña a 244 mujeres desplazadas por la violencia de municipios como Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Zitlala, quienes se han tenido que plantar en campamentos en la Ciudad de México para que las autoridades federales escuchen sus demandas.
En entrevista, la abogada explica cómo ha sido el camino de las mujeres víctimas que además llevan con ellas a sus hijos e hijas en cada manifestación que realizan, en los plantones donde deben dormir bajo carpas por donde se cuela el frio intenso de la Ciudad de México, y en colchonetas sobre el piso helado, e improvisar una cocina para preparar sus alimentos.
“La mujer en Guerrero significa valentía, dignidad, y la mujer con toda su valentía y fuerza ha emprendido una lucha por muchos años, porque ha enfrentado grandes violaciones a los derechos humanos, principalmente las que son madres”, dice Rosales Sierra.
Consideró que si en Guerrero las mujeres no alzarán la voz “estaría más de cabeza”, porque son ellas las que emprenden una lucha para el bienestar de sus hijos y toda su familia.
En el caso de las víctimas desplazadas siempre han vivido vulnerables, porque son rechazadas en la sociedad, por tener un familiar desaparecido o asesinado. Por ejemplo, explica, en las iglesias, escuelas y centro de salud son rechazadas.
Lamenta que aunque en las leyes está escrito que las víctimas tienen derecho a una vida digna, no se está cumpliendo porque las autoridades siempre tienen excusas.
En este sentido las mujeres han emprendido una lucha en favor de sus hijos, principalmente. Actualmente las mujeres víctimas de desplazamiento luchan porque en el Senado de la República, los senadores, aprueben la Ley de Desplazamiento Forzado Interno.
Durante estos tres años uno de los logros de las mujeres fue que el 23 de septiembre de 2021 se tipificarse como delito en el Código Penal de Guerrero, el desplazamiento.
Esto es una radiografía del plano guerrerense en el que viven las mujeres, víctimas de una cadena de violaciones a sus derechos humanos que persisten.