Tras su visita de dos semanas en México, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas concluyó en su informe preliminar que las desapariciones no son un fenómeno del pasado
Texto: Marcos Vizcarra y Efraín Tzuc / Pie de página
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
27 de noviembre 2021
El balance preliminar del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), al finalizar su visita oficial a México, no fue positivo para el país al señalar que: “Las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, aún persisten”.
Carmen Villa Quintana, presidenta del Comité, reconoció los avances y la voluntad del gobierno actual para enfrentar las desapariciones, pero aclaró que ningún proceso o mecanismo tendrá éxito “sin voluntad política, la participación efectiva de las víctimas, recursos suficientes y personal capacitado, competente y comprometido”.
En el mensaje final quedó en el aire la petición que familiares de víctimas hicieron durante la visita. Exigían que el caso de México fuera llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que las desapariciones son generalizadas o sistemáticas.
En algunos eventos los familiares portaron camisetas solicitando la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Sobre este tema, Villa Quintana dijo:
“Sería muy prematuro que, al momento en que estamos cerrando nuestra visita al país (…) tengamos una respuesta sobre el ejercicio de cualquier otra atribución prevista en la Convención”.
Estado rebasado
Villa Quintana externó la preocupación del Comité por el aumento de las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Reconoció además que las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo (ocurrida a inicios de este año) son una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes en su paso por México.
“Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas”, mencionó Villa Quintana.
También advirtió que, los avances forenses (como la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación), son opacados por la enorme cifra de cuerpos sin identificar (más de 52 mil).
“El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega solo agravan esta situación”.
Además, el Comité lamentó que las desapariciones fueran generalizadas en gran parte del territorio, y agregó que “impera la impunidad y la revictimización”.
El ciclo la revictimización
El Comité también mostró inquietud por la doble victimización que sufren las familias y los riesgos a los que se enfrentan en las búsquedas de sus familiares.
“Es necesario romper el ciclo de la revictimización. Desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes. Con todo ello desaparece la esperanza de justicia. El grito de desesperación de las víctimas es desgarrador y requiere de una intervención inmediata”, expresó Villa Quintana.
Una de las causas que perpetúan la impunidad detrás de la desaparición es la “comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías”, aseguró.
Víctimas de la indiferencia
Otra de las causas de impunidad es la responsabilización que las fiscalías delegan en las víctimas, quienes muchas veces tienen que investigar y aportar pruebas por su propia cuenta, destacó el CED. También resaltó la falta de asistencia jurídica a las familias y la inaplicación de mecanismos que ya existen en la ley, como el amparo buscador.
Los obstáculos geográficos y de carácter discriminatorio han agravado esta situación. Particularmente para los grupos vulnerables de la población, como personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes y personas LGBT+, aseguró el Comité.
Los expertos y expertas también externaron su preocupación sobre los riesgos que enfrentan las víctimas, sus defensores e, incluso algunos servidores públicos, ante los limitados mecanismos de protección.
“Desafortunadamente, esta situación ha sido evidenciada con el asesinato de varias personas buscadoras y la desaparición de una”.
Otra preocupación que externó Villa Quintana durante la revisión de casos, son los estereotipos y la estigmatización que recae sobre las víctimas de desaparición. Esto es frecuentemente utilizado como una excusa para justificar la deficiente acción estatal.
El resultado, resumió Villa Quintana, es que las familias de buscadores (principalmente mujeres), son víctimas de indiferencia. No hay avances en la búsqueda de sus seres queridos. Esto, señaló, genera desconfianza en las autoridades.
Esto es refrendado, dijo, por “la ínfima cifra de acusaciones formuladas, órdenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas en casos de desaparición forzadas y por el efecto alentador que para los perpetradores tiene la impunidad».
Política insuficiente e inadecuada
Los integrantes del Comité expusieron que, durante su visita, recibieron información sobre territorios en los que simultáneamente conviven y operan agentes estatales con células del crimen organizado. Ahí, detallaron, han identificado «patrones en la comisión de desapariciones forzadas».
La información, aseguraron, fue proporcionada por autoridades y víctimas
También supieron de la intervención de las fuerzas del Estado para perpetrar las desapariciones, la omisión de investigar y dar justicia a las víctimas, así como la amenaza constante contra quienes buscan. Además, notaron que la falta de coordinación entre comisiones de búsqueda locales y federales dificulta la búsqueda en vida de las personas desaparecidas o el levantamiento de cuerpos en lugares o hallazgos, entre otras diligencias.
Villa Quintana advirtió que la política de seguridad no solo ha sido insuficiente sino que es inadecuada para enfrentar la crisis de desaparición.
“Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas. Como una víctima nos expresó: ‘De fe y esperanza vive el ser humano, pero habiendo injusticia, su alma nunca descansa’.
Superar la impunidad exige una estrategia integral del Estado para abordar sus múltiples causas”, expuso la presidenta del CED. También recordó que distintas agencias internacionales y regionales de derechos humanos (incluido el propio Comité en 2015) han dicho que en el país la impunidad es «casi absoluta».
Informe en puerta
La crisis de desapariciones se contabiliza en México en más de 95 mil; más de un centenar desaparecieron durante la visita del Comité, del15 al 26 de noviembre.
La visita tuvo el fin de evaluar las acciones realizadas por las autoridades mexicanas para enfrentar esa crisis. Cuatro de los diez integrantes del CED (Juan Pablo Albán Alencastro, Juan José López Ortega, Horacio Ravenna y Carmen Rosa Villa) sostuvieron 48 reuniones con más de 80 autoridades y 33 reuniones con víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil de casi todas las entidades del país. Además, presenciaron exhumaciones en Coahuila, Estado de México y Coahuila, y visitar el Centro Regional de Identificación Humana en este último estado.
En 2015, el Comité de Desapariciones emitió una serie de recomendaciones para México. Sin embargo, durante esta visita los expertos constataron que varias de éstas no habían sido implementadas. Urgieron a las autoridades mexicanas a echarlas a andar a la brevedad.
Estas recomendaciones se revisaron tres años después de su emisión.
La aprobación del informe final de esta visita se discutirá en el Pleno del Comité durante el 22º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Este pleno se realizará entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2022.
En dicho documento se emitirán nuevas recomendaciones al gobierno mexicano para dar solución a la crisis de las desapariciones en México, explicó la presidente del Comité.
