Guerrero es uno de los seis estados con más víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia asociada a la minería, el trasiego de droga, los proyectos inmobiliarios, la deforestación, entre otros
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amapola Periodismo / Archivo
11 de noviembre de 2021
Chilpancingo
Colectivos y activistas de personas desplazadas de distintas partes del país crearon la Coordinación Nacional de Grupos Desplazados con el propósito de exigir al gobierno federal, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Congreso de la Unión la aprobación de la Ley general de personas desplazadas, el reconocimiento oficial como víctimas de desplazamiento forzado y un retorno seguro a sus lugares de origen o una reubicación digna.
En una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México (CDMX), representantes de personas desplazadas de los estados de Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Michoacán y Guerrero anunciaron la creación de la Coordinación con el propósito de emprender juntos una lucha por su derechos, porque ellos no decidieron el desplazamiento; la mayoría son víctimas de la violencia.
Las exigencias principales es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les otorgue la calidad de víctimas para recibir el apoyo humanitario al que tienen derecho, que el Senado de la República y al Congreso de la Unión la aprueben la Ley.
“Por mucho tiempo hemos caminado solos, pero ya no más, ya no sólo somos uno o 10, ahora seremos muchos lo que juntos podemos exigir, y alzar la voz al mismo tiempo”, dijo Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, un colectivo que tiene base en Guerrero y que acompaña a víctimas de desplazamiento forzado.
En la conferencia estuvieron presentes desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, quienes este mes cumplen tres años de que salieron de sus comunidades por la violencia física generada por los grupos delictivos presentes en sus zonas.
Los días 4 y 5 de noviembre de 2018, pobladores de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, abandonaron sus casas por las amenazas del grupo delictivo denominado Los Ardillos.
“Nos tuvimos que ir porque a nuestros niños y jóvenes los obligaban a trabajar para ellos (Los Ardillos), en lugar de ir a la escuela”, comentó Joaquina, una de las habitantes de Tlaltempanapa.
“Nadie sale de sus comunidades por gusto, lo hacemos por salvaguardar nuestra integridad y la de nuestras familias”, agregó.
Datos del Centro Morelos indican que hay 25,000 personas desplazadas en el estado de Guerrero. Con la creación de esta Coordinación también esperan crear un registro nacional.
De acuerdo con los representantes de las familias desplazadas, abandonaron sus comunidades por muchas razones, presiones de quienes están detrás de la minería, el trasiego de droga, los proyectos inmobiliarios, la deforestación; en el caso de Quintana Roo la razón es el Tren Maya y al corredor interoceánico que construye el gobierno federal.
También lamentaron la falta de interés de las autoridades a este tema, porque, de acuerdo con los organizadores, invitaron a senadores, diputados, y funcionarios de la CNDH, de la Secretaría de Gobernación, de la CEAV,y ningún funcionario o representante acudió a escucharlos.
