Texto: Beatriz García
Fotografía: Salvador Cisneros / Archivo
3 de noviembre del 2021
Chilpancingo
El impacto mediático del caso de Angélica, quien fue obligada a casarse a los 11 años en la Montaña, originó el pronunciamiento de legisladores y legisladoras, pero a quienes deben urgir es a los ayuntamientos, quienes son las primeras autoridades que deberían intervenir, pero casi siempre terminan dándole lugar al hombre cuando ocurren una disolución del matrimonio, coincidieron la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, y la feminista Marina Reyna Aguilar.
Angélica, quien ahora tiene 15 años, al evitar que su suegro la violara huyó de Dos Ríos, Cochoapa el Grande, pero él–quien ahora está siendo procesado- la acusó de robo, originando que la Policía Comunitaria detuviera a la menor junto a su abuela, sin que las autoridades municipales y estatales intervinieran, hasta que se hizo público el caso.
Después de eso los diputados federales y estatales pusieron en la mesa de la discusión en el Congreso local y la Cámara de Diputados.
El martes de la semana anterior, los diputados y diputadas locales, integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos emitieron un pronunciamiento para condenar los hechos ocurridos en Dos Ríos y exhortar a la Secretaría de Gobernación federal, la Secretaría General del estado, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a los ayuntamientos para qud hagan acciones para prevenir erradicar y sancionar la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes para matrimonios forzados o usos domésticos.
Se buscó al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, la de mayoría en el Congreso local, para hablar consultarlo sobre el tema, pero no respondió las llamadas telefónicas.
“Los diputados deben hacer exhorto a los municipios para evitar mayor proliferación de cervecerías y centros nocturnos, porque ahí sí hay trata de personas porque utilizan a las menores de edad para prostituirse”, dijo la abogada Neil Arias, en entrevista con Amapola.
Insistió que los exhortos deberían ser principalmente a los municipios, a los presidentes y a las presidentas municipales.
Es un tema añejo, dijo, porque son las autoridades municipales las que tienen mucho que ver en esta problemática, sobre todo en municipios de regiones Montaña y Costa Chica, como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.
“Debería de ser obligatorio el prohibir ese tipo de matrimonios. Además los casos llegan a la cabecera municipal cuando ya hay una disolución de este matrimonio, pero la devolución de ese dinero de estas uniones tempranas, también lo siguen permitiendo”, manifestó Arias Vitinio.
Mencionó que la autoridad constitucional que regularmente atiende estas problemáticas son los síndicos o síndicas, entonces, consideró, debería haber una Ley Orgánica del municipio libre propiamente donde prohíba rotundamente que dentro de los ayuntamientos erradiquen la práctica de matrimonios infantiles forzados. De hecho, mencionó, este asunto debería de recaer en la dirección de la Secretaría del municipio.
–¿Cree que fue el asunto mediático que los legisladores retomaron el caso de matrimonios forzados en niños y niñas?, –se le preguntó.
–Se están aprovechando de una situación, de un tema álgido, pero el caso de Angélica visibilizó toda la situación de violencia en que viven las comunidades. Hasta los mismos que han sido diputados ya sabían, ya conocen la problemática, –respondió.
La diputada local del PT, Leticia Mosso Flores, integrante de la Conferencia del Congreso local, ya conoce la problemática en región Montaña, porque incluso fue presidenta del DIF en Tlapa, cuando su esposo, Victoriano Wences Real, fue presidente municipal, sin embargo las prácticas siguieron, dijo la abogada.
Consideró que ahora se aprovechan de un tema coyuntural, pero después van a olvidar, y el problema seguirá.
La feminista Reyna Aguilar recordó que la trata de personas es un delito tipificado, pero que ciertamente se puso en la mesa a raíz de lo mediático que fue el caso de Angélica, pero es una problemática que no ha atendido.
Con las alertas de violencia de género –dos AVG en Guerrero –, recordó la feminista, una de las acciones que el gobierno estatal estableció en unos convenios que las autoridades firmaron en 2019 y en 2020 con algunos municipios de población indígena, fue que atenderían el asunto de la venta de mujeres menores, pero nunca le dieron seguimiento.
“No hay un impacto, una transformación de las posiciones, ese es uno de los problemas. Ahora es un cambio de gobierno, es una oportunidad para que retomen el tema, porque es un problema añejo, no es nuevo. Hoy se retoma en esa transición y hay un compromiso, lo dijo la gobernadora”, declaró Reyna Aguilar.
Dijo también que debería de haber una campaña para advertir a otras poblaciones donde puede que ocurra la trata de menores.
Para ella los legisladores deberían revisar el marco normativo local, desde los municipios.
