Las organizaciones civiles aseguran que la reforma fiscal al ISR desincentivará la donación, afectado a las 5 mil 073 donatarias autorizadas que trabajan con población vulnerable.
Texto: Manu Ureste / Animal Político
Fotografía: Angie García / Archivo
20 de octubre del 2021
“Si nos quitan los donativos, o nos los restringen, estamos condenadas a la extinción, y los más afectados serán los más vulnerables”.
Quien lo asegura tajante es Rocío Blancas, coordinadora del Fondo Guadalupe Musalem, una organización sin fines de lucro que lleva más de 25 años apoyando a mujeres de comunidades rurales, indígenas y afromexicanas de Oaxaca para que puedan estudiar bachillerato y acceder a la universidad.
Desde su creación, el Fondo Guadalupe ha ayudado a 173 mujeres jóvenes con becas y con la posibilidad de que se trasladen de las comunidades más remotas de Oaxaca a una casa que la Fundación tiene en la capital del estado, donde se les brinda estancia gratuita y atención médica, así como talleres en temas de igualdad, derechos de las mujeres, ecología, y acceso a internet para apoyarlas con sus estudios.
El objetivo es que, con el acceso a la educación y la participación en procesos de capacitación y empoderamiento, las mujeres becadas puedan regresar a sus comunidades de origen y generen cambios en su entorno familiar y en las localidades donde viven.
Todo esto, explica Rocío Blancas, se paga gracias a los donativos que, cada año, reciben de personas físicas y morales para que puedan continuar con su labor altruista de apoyar la educación a mujeres en contextos de discriminación y pobreza.
Sin embargo, con la llegada de la pandemia y la crisis económica que arrastró consigo, conseguir donativos se ha convertido en una tarea cada vez más complicada.Por ejemplo, plantea la activista, si antes de la emergencia sanitaria contaban con 100 donantes fijos, para este 2021 la cifra se desplomó hasta los 25.
“Muchas personas dejaron de donar porque cerraron sus negocios por la pandemia, o porque se enfermaron, o porque tuvieron que ver cómo sobrevivir ellos mismos o sus familias”, señala la coordinadora del Fondo Guadalupe Musalem, que, no obstante, asegura que “tocando muchas puertas” lograron los recursos suficientes para becar a quince mujeres jóvenes que estudiarán bachillerato en el ciclo escolar 2022.
Pero, más allá de la pandemia, la activista dice que ahora tienen una nueva gran preocupación: la reforma fiscal al ISR que propone el Gobierno Federal. Una reforma que, si bien no prohíbe los donativos, en términos reales elimina el incentivo fiscal con el que se beneficia a quienes donan parte de sus ingresos a organizaciones de la sociedad civil.
Hasta ahora, las personas físicas en México pueden deducir gastos ante Hacienda, como gastos médicos, educativos, funerarios, intereses de hipotecas, transporte escolar, entre otros. Y aparte de esos gastos, como incentivo fiscal, también pueden deducir los donativos que hagan a organizaciones sin fines de lucro hasta el 7% de su ingreso anual, y el 10% de las aportaciones extraordinarias que hagan al fondo de ahorro para el retiro.
Con la reforma, en cambio, se propone que para el próximo 2022 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reduzca el tamaño de esa bolsa y que las personas físicas solo puedan deducir hasta el 15% del total de sus ingresos, y que los deducibles por donativos ya no estén en otra bolsa aparte, sino dentro de esta única bolsa.
Es decir, que las personas físicas tendrían menos margen para deducir impuestos, y por tanto, deberán decidir si deducen gastos fijos, como los médicos, seguros, etcétera, o deducen sus donativos a obras sociales.
Con esta reforma, el gobierno mexicano argumenta que busca ampliar la recaudación fiscal y que invertirá el dinero extra que obtenga en gastos de operación y en fortalecer sus programas sociales para atender a los más desfavorecidos con becas.
Sin embargo, organizaciones como Alternativas y Capacidades criticaron que la propuesta desincentivará la donación que personas físicas y morales hacen a la sociedad civil, afectando sobre todo a las 5 mil 073 donatarias autorizadas que trabajan con los sectores de la población más vulnerables, pudiendo dejar de percibir hasta 8 mil millones de pesos para la realización de actividades como la atención de personas con discapacidad, niños de escasos recursos con cáncer, mujeres que sufren violencia, personas migrantes que huyen de la violencia, etcétera.
La activista Rocío Blancas lo plantea así:
“Si a una persona que tiene un nivel de ingreso medio, lo ponen en la situación de tener que elegir entre deducir la colegiatura de los hijos, o deducir los gastos médicos, o deducir un donativo… ¿Qué creen que escogerá? Pues obvio no será el donativo”.
Por ello, la activista prevé que, de aprobarse la reforma en la Cámara de Diputados -aun falta que pase al Senado para su discusión-, se avecina “un duro golpe” para las organizaciones de la sociedad civil y su capacidad de operación, especialmente para las organizaciones más pequeñas que trabajan en las comunidades más alejadas y marginadas, donde hay poca o nula presencia del Estado.
“Mucha gente piensa que detrás de las donatarias hay corporativos enormes y donativos estratosféricos, y eso no es cierto. Hay muchas organizaciones que, si no recibimos donativos, no podemos trabajar. Es así de sencillo: no podemos existir”, recalca Blancas, que además asegura que otro punto que les preocupa mucho “es el tono, el ambiente, y lo que se está argumentando en torno a las donatarias”.
“Lejos de ayudar a construir una ciudadanía fuerte y participativa, con esta propuesta de reforma están generando desconfianza en la gente hacia el trabajo que hacemos la sociedad civil”, concluye.
La imagen de archivo corresponde a la marcha por el Día del Desaparecido en 2019.
“Los afectados son los vulnerables”
Alejandro Barbosa es director de Nariz Roja, una organización civil que brinda atención a niños y a personas adultas con cáncer. En los dos últimos años, por la escasez de medicinas en buena parte del país, han centrado los esfuerzos en proporcionar medicamentos oncológicos a familias y a hospitales en estados como Jalisco, donde atienden actualmente a mil 200 personas. Además, tienen un albergue en Guadalajara que da servicio a menores y a mujeres con cáncer, que pueden quedarse ahí de manera gratuita en lo que son atendidos en sus respectivos centros médicos.
Todo esto, desde los servicios más básicos de luz, agua, mantenimiento del albergue, etcétera, hasta la fuerte derrama por la compra de los medicamentos oncológicos, es sufragado gracias a los donativos que reciben de manera altruista.
“Nosotros no tenemos detrás una gran empresa que esté patrocinando nada. Todo son donativos de la gente, y si nos empieza a faltar eso, pues entonces nos vamos a ver en la penosa situación de tener que negar el servicio a gente que lo necesita mucho”, explica Barbosa en entrevista.
Y ese punto, precisamente, el de dejar de atender a cientos de personas con cáncer, que acuden a ellos porque el sistema de Salud público no los atiende, es el que el activista quiere destacar y poner sobre la mesa: “En este tema de la reforma fiscal, nosotros, las organizaciones civiles, no somos lo importante. Que una asociación civil cierre no es lo importante. El problema es que se está cerrando la ayuda para mucha gente”.
“Porque si yo mañana cierro, pues qué mal -agrega-. Pero mañana pongo un negocio, o busco una chamba, y sigo adelante. Lo que me preocupa mucho son todas aquellas personas que recibían una ayuda, un servicio, una atención, y que, por ejemplo, ya no van a tener un albergue en donde quedarse mientras dura su tratamiento, o ya no van a encontrar un medicamento oncológico porque no habrá nadie que lo ayude”.
La mañana de ayer martes, al presidente López Obrador le preguntaron en su habitual conferencia mañanera cuál es su opinión sobre la miscelánea fiscal, y respondió defendiendo esta reforma que contempla la limitación en las deducciones por donativos a organizaciones de la sociedad civil.
Además, subrayó que no está de acuerdo con la devolución de impuestos a las grandes empresas porque la función de éstas no es la filantropía ni donar a causas sociales.
Señaló que la labor de éstas es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones, mientras que la función del Gobierno es atender a la población necesitada con esas contribuciones.
“Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuestos a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento de la cultura? No, esa no es la función de la empresa, la función de la empresa básica -y lo hacen muy bien la mayoría- es invertir, producir, crear empleo y pagar sus contribuciones”, dijo.
López Obrador agregó que la deducción de impuestos a las empresas para que lo destinen a programas sociales es un invento y que, incluso, deberían contribuir más.
“Eso lo inventaron, ¿y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno (…). Porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias y de mis ganancias voy a aportar”, señaló.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
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