Texto: Beatriz García
Fotografía: Oscar Guerrero
22 de junio del 2021
Chilpancingo
Cendy Vázquez Ramírez tenía 42 años cuando fue asesinada a manos de su ex esposo, Javier Valadez Millán y el cómplice de éste, Roberto Rayo Pérez, el pasado 4 de diciembre del 2019. Ese mismo día Javier se llevó a la fuerza a su hija menor de siete años, María Fernanda, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.
Cendy forma parte de las 902 mujeres asesinadas en Guerrero desde el 2017, y a cuatro años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) no sirvió para encontrar justicia.
Este martes, en Guerrero se cumplieron cuatro años de la AVG, motivo por el cual feministas e integrantes de organizaciones de mujeres en el estado, agrupadas en el Movimiento Amplio de Mujeres-Guerrero, se reunieron fuera de Ciudad Judicial para denunciar que no hay justicia para las mujeres y que la violencia contra ellas va a la alza.
Además, víctimas directas e indirectas de violencia feminicida contaron su historia. Una de ellas es el caso de Cendy, ella ya no está, pero su hermana Griselda Vázquez Ramírez y su hija mayor Maricarmen Valadez Vázquez no paran de clamar justicia y relataron los hechos.
“Estoy aquí para exigir justicia por el feminicidio que sufrió mi hermana, que fue brutalmente asesinada en el interior de su domicilio el pasado 4 de diciembre del 2019. Ese mismo día desapareció mi sobrina de siete años de edad de nombre María Fernanda Valadez Vázquez (ahora con nueve años)”, recordó Griselda.
El día 22 de diciembre del 2019 se giró una orden de aprehensión en contra de Javier Valadez Millán y de Roberto Rayo Pérez, pero las autoridades no le han dado cumplimiento y mucho menos han localizado a María Fernanda.
A Griselda lo que más le preocupa es el bienestar de su sobrina.
Exigió a las autoridades den cumplimiento a la orden de aprehensión que lleva dos años sin ejecutarse.
La familia de Cendy ha aportado información, por ejemplo, las que le han hecho saber por llamadas telefónicas anónimas, donde le indican que los presuntos feminicidas están con un familiar de Roberto Rayo en Tapachula, Chiapas. De la Fiscalía de Guerrero les reportaron que ya fueron al lugar y que estuvieron una semana en Chiapas pero que no hallaron nada.
La hija mayor de Cendy, Maricarmen, cree que las llamadas anónimas no son un engaño, porque nunca les piden dinero por información, sólo les proporcionan datos de los agresores, y en los últimos enlaces les aseguraron que no se han movido de Tapachula.
Cuatro años de la AVG
La feminista Marina Reyan Aguilar recordó que el 23 de junio del 2016 ante el incremento de feminicidios en Guerrero y la indiferencia del gobierno estatal, organizaciones feministas, de derechos humanos y feministas en lo individual, solicitaron al Instituto Nacional de las Mujeres la declaratoria de AVG. En ese entonces se ubicó a Guerrero en los primeros tres lugares a nivel nacional en violencia feminicida durante el periodo 1984-2010.
Fue hasta el 22 de junio del 2017 que la Secretaría de Gobernación declaró la AVG en Guerrero. Los municipios alertados son: Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Chilapa, Ayutla, Coyuca de Catalán, Tlapa e Iguala.
En un posicionamiento, a nombre del Movimiento Amplio de Mujeres Guerrerenses, la feminista María Luisa Garfias Marín expuso que a cuatro años de la AVG en el estado el número de muertes violentas contra mujeres aumentó un 65 por ciento, con 902 nuevos casos, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS). La referencia de comparación que ofreció la feminista es que en el periodo 2003-2016, es decir, en los 13 años previos, tienen un registro de 1,538 casos.
De estos nuevos 902 casos, sólo 77 están clasificados como feminicidios y de éstos sólo seis tienen sentencia por ese delito, según los mismos datos del SESNS. Aunque las feministas tienen otras cifras: más de 1,000 asesinatos de mujeres y todos los consideran como feminicidios. Pero quisieron presentar los datos del secretariado por ser los datos oficiales, y aún así las cifras y los datos son drásticos.
“Lo anterior muestra un Estado federativo en el que no hay justicia para las mujeres, debido a la existencia de instituciones de gobierno insensibles para la investigación de los hechos criminales y de impartición de justicia, como son la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia”, señala el documento de posicionamiento de las feministas.
Las feministas denunciaron que la Fiscalía no aplica el protocolo de investigación ministerial policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, y en lo que le toca a la administración estatal, si bien es cierto, ha realizado acciones para cumplir con las medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación, no ha generado las condiciones par la disminución de las violencias contra las mujeres, al contrario.
Por lo anterior, en Guerrero no existe un diagnóstico previo de los tipos y modalidades de las violencias que viven las mujeres, que garanticen una atención e intervención eficaz, pertinente y segura para la prevención, atención y erradicación. Tampoco existe un programa de capacitación, formación y especialización para las y los servidores públicos, derivado del nivel de información y conocimientos de los mismos, y no hay formas para medir el impacto que están generando en los servicios otorgados para el acceso a la salud, educación y justicia.
Marina Reyna precisó que la violencia feminicida no sólo está sucediendo en los nueve municipios alertados, si no en un 75 por ciento de los 81 municipios del estado.
Las feministas demandaron al gobierno del estado y a la administración que está por entrar, acciones contundentes que resuelvan la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, asignando presupuesto con perspectiva de género, transparencia de sus ejercicios, revisión y reformas del marco legislativo discriminatorio, además de políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
