Texto y fotografía: Beatriz García
19 de mayo del 2021
Chilpancingo
A Gildardo Díaz Pérez, desplazado por la violencia en 2011 en La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, lo detuvieron hace cinco años, acusado de secuestro. Sus familiares insisten que le sembraron el delito.
En noviembre, el gobernador Héctor Astudillo Flores acordó con los que integran el Frente Nacional de Liberación de los Pueblos (FNLP) liberarlo junto con otros cinco al siguiente mes por “acuerdo político”. Gildardo Díaz sigue preso. Este miércoles familiares e integrantes de la organización protestaron en Ciudad Judicial y en la sede del Poder Ejecutivo.
Bernardo Díaz es hermano de Gildardo Díaz, a quien detuvieron en Acapulco hace cinco años, y quien dejó desamparados a su esposa y siete hijos.
Bernardo, junto al FNLP, exigió la liberación de “presos políticos”, como ellos los llaman, a quienes consideran que no cometieron delito, si no que se los sembraron.
Gildardo y su familia fue desplazado por violencia en el 2011, en La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, una zona en la que los habitantes luchan por la defensa de sus bosques.
A las familias de esa comunidad las autoridades del estado los reubicaron en distintos lugares, en el caso del detenido fue reubicado con su familia en La Unión, municipio de Ayutla.
El grupo armado que los orilló de desplazarse de La Laguna llegó hasta Ayutla, “porque pretenden quedarse con todo”, dijo Bernardo.
En 2013, cuatro meses después de que llegaron, hombres armados atacaron las viviendas, y la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) repelió la agresión. Hubo dos muertos del lado de los agresores.
A Gildardo y a Ubaldo Santana Alonso, quien está preso desde hace tres años, los culparon de estos dos asesinatos. Supuestamente, antes de matarlos, los tuvieron secuestrados.
Bernardo Díaz denunció que el gobierno del estado y las instituciones encargadas de impartir justicia están compradas por las mafias y, por eso, son los agraviados a quienes se le acusa de delitos y no a los grupos que los agreden.
-¿Cómo le ha ido a la familia desde que Gildardo está preso?- se le preguntó a su hermano.
-Es golpe tras golpe. Ser desplazado de tu tierra no es nada fácil, empezar la vida con hijos, de cero, porque nos quitaron todo. Está el caso de nosotros; llevamos ocho años en Ayutla.
Estas familias viven en casas elaboradas de tabicón y techo de lámina, con solo dos cuartos.
Contó que en La Unión, municipio de Ayutla, el lugar donde fueron desplazados y reubicados no hay empleo, siembran maíz en tierras que rentan, además se alquilan de peones.
-¿Cómo ha sido la búsqueda de justicia para liberar a su hermano?- se le preguntó.
-Es bien complicado, no tenemos los medios para hacerlo, como ahorita, movilizar a toda esta gente para que nos apoye es un gasto grande, rentamos carros para llegar hasta acá. Es un golpe más que nos da el gobierno a nosotros.
La protesta
Este miércoles Bernardo con un centenar de mujeres, hombres, niñas y niños llegaron desde las 10:30 de la mañana a Ciudad Judicial, con un solo objetivo que se cumpla el compromiso del gobernador de liberar a cinco hombres y una mujer, entre ellos los dos desplazados e integrantes del FNLP.
Los manifestantes montaron un aparato de sonido en un vehículo, en la entrada de Ciudad Judicial, ahí replantearon su demanda.
En declaraciones, el representante del FNLP, Hoguer Morales Miranda, dijo que el 18 de noviembre tuvo una audiencia con Astudillo Flores, quien instruyó al secretario de Acuerdos, Juan Sánchez Lucas, buscar la liberación inmediata de cinco compañeros, lo que hasta la fecha no cumplió.
Por eso, los integrantes del FNLP reiniciaron una jornada de exigencia de liberación.
Cerca de las dos de la tarde el contingente se trasladó a la sede del Poder Ejecutivo, donde bloquearon la vialidad, al no ser atendidos en Ciudad Judicial.
Más tarde una comisión fue recibida por autoridades del gobierno del estado. Hasta las seis de la tarde la reunión continuaba en el recinto.
