San Agustín Oapan y San Miguel Tecuiciapan, dos pueblos nahuas del Alto Balsas, viven en conflicto desde 1987, pero su rencilla resurge en periodos electorales
Texto: Marlén Castro
Fotografía: José Luis de la Cruz y Especial
20 de noviembre del 2020
Tepecoacuilco
El jueves 4 de noviembre del 2020, Darío Marcelino Aguilar, comisario municipal de San Agustín Oapan, y un grupo de policías comunitarios, llegaron a la línea que los divide con San Miguel Tecuiciapan, a atender un llamado de auxilio de los habitantes, quienes recibieron amenazas de sus vecinos.
En Guerrero iniciaron este noviembre las precampañas de los diferentes partidos políticos para el gobierno estatal, las alcaldías y el Congreso.
“En cuanto me vieron comenzaron a echar balazos directos contra mí”, narró Darío Marcelino, quien recibió un balazo en la rodilla.
La frontera entre San Agustín Oapan y San Miguel Tecuiciapan, dos pueblos nahuas del Alto Balsas, del municipio de Tepecoacuilco, en la región Norte del estado, no está clara.
Hay una división hecha con valla metálica y una mínima parte con tabique y cemento, además de varias cadenas con sus respectivos candados. Es la división visible, pero no es la real.
Esta cerca la levantó San Miguel Tecuiciapan, en 1997, para dejar claro a sus vecinos que no estaban de acuerdo con la resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA), instancia que dictó sentencia favorable a San Agustín Oapan, tras siete años de litigio en tribunales.
La rencilla entre vecinos, muchos de ellos con lazos familiares, empezó en la década de los ochentas por una resolución presidencial.
El embrolló lo ocasionó el priísta Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de 1982 a 1988.
En 1985 adjudicó a San Agustín Oapan 12,081 hectáreas, dos años después emitió un título a favor de San Miguel Tecuiciapan por 19,197 hectáreas, de acuerdo con los diarios oficiales en los que se publicaron ambas resoluciones presidenciales.
Ahí empezó el conflicto.
Entre las 19, 197 hectáreas reconocidas a San Miguel se incluyeron 4,211 de las de San Agustín Oapan, situación que este segundo pueblo alegó en un amparo contra la resolución presidencial ante la Delegación Agraria.
Toma de protesta del nuevo comisario de municipio de San Agustín Oapan, municipio de Tepecuacuilco, Darío Marcelino, en enero de este año. Fotografía: José Luis de Cruz / Archivo
Advertencia inesperada
Los habitantes de San Agustín Oapan y San Miguel Tecuiciapan estuvieron tranquilos los últimos tres años.
La mañana del 4 de noviembre, de la nada, a habitantes de San Agustín que siembran en los límites de la valla que colocó San Miguel, les advirtieron que no fueran a recoger sus cosechas porque los esperaban para lastimarlos.
“La gente me avisó que tenían esas amenazas y que no podían dejar ahí tirada su cosecha”, contó el comisario.
Cuando los vecinos de San Agustín llegaron a sus terrenos de cultivo vieron que la advertencia tenía algo de cierto porque en los límites había gente de San Miguel, entonces la gente de San Agustín pidió al comisario que acudiera a resguardarlos.
Darío Marcelino cuenta que llamó a policías comunitarios a que fueran con él a vigilar un rato, mientras la gente realizaba sus labores.
Tan pronto como el comisario llegó, se soltó la balacera. El primer disparó fue justo contra él. Le dieron en una rodilla, por lo que todos corrieron a refugiarse.
En seguida, vieron a la gente de San Miguel prender fuego a la Preparatoria popular, institución a la que acuden estudiantes de ambas comunidades.
En el pueblo de San Miguel contaron esta otra versión.
La gente hacía sus labores normales, alrededor de las diez de la mañana escucharon que la Preparatoria popular estaba incendiándose, por eso llegaron hasta los límites de las tierras para ayudar a apagarla, cuando llegaron, los recibieron a balazos. Como ellos iban armados, respondieron.
La Preparatoria popular está dentro de los límites que levantó San Miguel y es una institución reconocida como de San Miguel.
Los de San Agustín dicen que esa Preparatoria fue gestionada por San Miguel pero construida dentro de la superficie que a ellos les pertenece. Es decir, que ellos mismos habrían quemado la escuela que gestionaron.
Habitantes de San Agustín se reunieron en la cancha de usos múltiples del pueblo para analizar el conflicto con San Miguel.
Los efectos de una resolución
En 1987, después de la resolución presidencial de Miguel de la Madrid, los de San Agustín y San Miguel dejaron de ser buenos vecinos, cuando se dieron cuenta que sus tierras quedaron encimadas.
En 1990, la entonces Delegación Agraria, ahora Procuraduría Agraria, consideró procedente el amparo promovido por San Agustín contra la resolución presidencial de Miguel de la Madrid que dotó de 19, 197 hectáreas a San Miguel.
En 1997, tras siete años de litigio, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) dictó sentencia a favor de San Agustín Oapan. Cuando los de San Miguel conocieron el fallo levantaron la cerca, a esos límites fue a los que llegó el comisario Darío Marcelino el pasado 4 de noviembre y recibió un disparo en la rodilla.
Los pueblos del Alto Balsas pertenecen a cuatro municipios diferentes, a Eduardo Neri, Mártir de Cuilapan, Huitzuco y Tepecoacuilco, aunque forman una cadena de comunidades con una misma cultura y lengua. Se trata de alrededor de 23 pueblos y rancherías asentadas en los márgenes del río Balsas. Especialistas consideran que esta división fue una estrategia del Estado para que los pueblos nahuas, históricamente combativos, perdieran fuerza.
La sentencia de 1997 del TUA se ejecutó en 1999 luego de dos años de negociaciones. En mayo de 1999, las autoridades agrarias de San Miguel aceptaron la sentencia y permitieron que personal del Tribunal Agrario y las autoridades de San Agustín entraran para iniciar los trabajos topográficos, y a cada núcleo se le asignará su territorio.
En 2014 terminaron los trabajos de medición. Se determinó que de las 19, 197 hectáreas que le asignaron a San Miguel, en realidad, 2,217 pertenecían a San Agustín. Ambos núcleos quedaron conformes.
En marzo del 2015, cuando todo estaba en perfecta calma entre ambos núcleos, un grupo de comuneros de San Miguel recorrieron las tierras para supervisar los trabajos para establecer los nuevos linderos, cuando ocurrió un ataque entre habitantes de San Miguel y de Analco, del que quedó un muerto y varios heridos.
Analco pertenece el núcleo agrario de San Agustín y está asentado dentro de las casi 3,000 hectáreas disputadas.
En marzo del 2015 había una campaña electoral, se peleaba la gubernatura, las alcaldías y el Congreso. Fue el año del retorno del PRI al poder, después de dos administraciones perredistas.
Ahora se viven nuevos tiempos electorales y el conflicto volvió a germinar.
Habitantes de San Agustín marcharon este 19 de noviembre para exigir a los tres niveles de gobierno que resuelvan el conflicto con San Miguel.
