Texto: Beatriz García
Fotografía: Lenin Mosso
13 de agosto del 2020
Chilpancingo
A 10 meses de la desaparición y asesinato del líder del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano, no hay justicia, por lo que familiares entregaron más de 117,000 firmas al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para exigirle que llegue a la verdad del caso.
El defensor de derechos humanos desapareció el 11 de octubre del año pasado, y 40 días después, el 20 de noviembre, fue localizado su cadáver.
Desde entonces hasta ahora, sólo hay personas procesadas como presuntos responsables de su asesinato, pero sin ser sentenciados.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan considera que la desaparición y asesinato de Cerón Soriano evidenció la violencia que generan los grupos criminales con la complicidad de las fuerzas de seguridad estatales.
“La descalificación sistemática y la hostilidad con que las autoridades trataron a Arnulfo generó un marco permisivo para su agresión, seguida de la lentitud en las investigaciones y búsqueda de su paradero”, se lee en uno de los párrafos.
El 18 de diciembre fue detenido el asesor general del alcalde de Tlapa, Dionisio Merced Pichardo, Marco Antonio García Morales, por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del defensor, a quien anteriormente lo responsabilizó si algo le pasaba.
Tlachinollan creó una petición en Change. Org para reunir firmas y sustentar la demanda de justicia y verdad al gobierno estatal y federal, incluso antes de que se localizara su cadáver.
En el comunicado, la organización recuerda que el 30 de octubre, antes de encontrar el cadáver de Cerón Soriano, entregó las firmas recolectadas al gobernador Héctor Astudillo Flores.
Esta petición ya reunió más de 117,000 firmas, aunque sigue abierta para quienes se quieran sumar. El 6 de agosto, la esposa del defensor, Gabriela Pablo, entregó esas firmas a Encinas.
“A la fecha varias personas están procesadas, pero no han sido sentenciadas. Varias de ellas se han amparado para evadir la acción de la justicia. Por ello, es relevante que los jueces que conocen del caso se conduzcan con imparcialidad e independencia. La valoración de las pruebas deberá atender el contexto de agresión al defensor Arnulfo Cerón Soriano y la labor que desempeñaba”, es otro párrafo del comunicado de Tlachinollan.
También ahí indica que los responsables deben ser sancionados, que solo así se mandará el mensaje de que estos hechos no se pueden repetir en Guerrero, y que la agresión a los defensores de derechos humanos no quedará en la impunidad.
