Este perfil fue elaborado por Reporteras en Guardia, un colectivo independiente y sin filiación política conformado por más de 100 periodistas, editoras y realizadoras de 24 estados de México y de su capital, entre ellos Guerrero, con la finalidad de realizar las historias de las y los periodistas asesinados y desaparecidos del año 2000 mil al 2019
Texto: Patricia Monreal/Reporteras en Guardia
5 de marzo del 2020
Acapulco, 1952-La Ruana, 2006
Desaparecido.
Ningún detenido.
A José Antonio “El Chino” García Apac se lo llevaron de noche, el 20 de noviembre de 2006. Viajaba en su camioneta desde Tepalcatepec a la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, donde debía entrevistar a una persona, cuando en el crucero de La Ruana fue detenido por sus atacantes cerca de las 19:30 horas. Fue el primer reportero desaparecido en Michoacán.
Dos de sus seis hijos, Antonio y Aldo, oyeron impotentes cómo detenían a su padre. Les había marcado desde el celular. Hubo ruidos, órdenes, forcejeos. Y la voz de José Antonio que preguntaba: “¿Por qué me golpean?”. Luego, solo silencio.
Lo cuentan en el documental dedicado a su memoria que en 2013 realizó su hijo Aldo junto con la organización Artículo 19 como parte de la campaña #impunidadmata. De las voces de familiares y amigos surge el retrato de un hombre alegre, pícaro, buen orador, que denunciaba la inseguridad y las injusticias en la zona de Tierra Caliente, al que muchos buscaban pidiendo apoyo aunque solo lo conocieran como “el periodista”.
En el semanario que dirigía, Eco de la cuenca de Tepalcatepec, había expuesto cómo operaban los grupos delictivos en la región y el surgimiento de La Empresa, organización que después se convertiría en La Familia Michoacana.
“Se supo que lo mantuvieron vivo dos meses mientras negociaban su liberación, pero esta nunca ocurrió”, señala Francisco Castellanos, colaborador de la revista Proceso y amigo de José Antonio, quien refiere que lo secuestraron por órdenes de La Empresa, según la versión de Dionisio Loya Plancarte, el Tío, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios.
José Antonio también denunció la inseguridad en la zona, tanto al gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), como a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a la que habría entregado listas de funcionarios estatales y municipales corruptos y vinculados con organizaciones criminales.
“Como un mes antes de su desaparición presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por amenazas en su contra por parte de funcionarios, no sabemos contra quién, tampoco la familia porque jamás pudo tener acceso a esa información”, señala Janahuy Paredes Lachino, miembro del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “Alzando Voces”, que ha dado acompañamiento al caso.
Recuerda que, meses antes de su secuestro, José Antonio realizó una marcha exigiendo la destitución del entonces presidente municipal de Tepalcatepec, el perredista Marco Antonio González Mendoza, “porque habían señalamientos de que se estaba valiendo del crimen organizado para cometer violaciones a derechos humanos en la zona”. Diversos reportes periodísticos lo han vinculado con el grupo de Los Zetas.
Dos meses antes de su secuestro, había rentado una habitación en el hotel Posada Martínez de Tepalcatepec, debido a que lo habían seguido vehículos en varias ocasiones. José Antonio residía con su familia en Morelia, a casi 250 kilómetros de distancia del municipio.
Tras la desaparición del periodista, su esposa Rosa Isela y su hijo Aldo han continuado editando Eco de la cuenca de Tepalcatepec; por falta de recursos, su periodicidad ya no es semanal, sino quincenal. Lo imprimen en Morelia y lo distribuyen en Tepalcatepec.
En el caso de José Antonio, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán inició la averiguación previa 317/2006-AE por el delito de privación ilegal de la libertad, que fue remitida en abril de 2007 a la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el informe Las víctimas tienen derecho a saber, de Freedom House y Reporteros Sin Fronteras, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) retomó en 2012 la investigación después de permanecer varios años estancada.
“En febrero pasado me hablaron de la PGR para informarme qué han hecho, dicen que están investigando, pero no han avanzado”, señala Aldo, hijo de José Antonio. “Solo me llamaron para decir que están trabajando y que les interesa el caso, pero no saben nada sobre los responsables materiales o intelectuales de la desaparición de mi padre”.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Reporteras en Guardia y lo reproducimos con su autorización
