La historia de cómo la expansión minera ha tomado espacios de la Sierra Madre Occidental donde, desde los grupos del crimen organizado han librado una batalla por el control territorial, desplazando a miles de personas.
Sinaloa
En Sinaloa, la expansión minera ha tomado espacios de la Sierra Madre Occidental donde, desde hace una década, grupos del crimen organizado libran un conflicto armado por el control territorial, desplazando a miles de personas.
En el sur, la pelea es por el dominio de los recursos minerales. En los municipios de Rosario y Concordia,desde 2017, han huido más de 500 familias tras una serie de crímenes y amenazas contra gambusinos, trabajadores mineros y concesionarios.
Al norte, en San José de Gracia, pobladores denuncian haber sido desplazados por una mina de oro de la compañía estadounidense Dyna Resource, supuestamente aliada de narcotraficantes.
A lo largo del estado, la actividad minera no sólo no ha dejado de producir y explorar, sino que ha hecho crecer sus ganancias aun en los años más cruentos de la guerra del narco.
De 2006 a 2016, el valor de la producción pasó de 1,721 millones de pesos a 3,646 millones 995 pesos, por extracción de oro, plata, plomo, cobre y zinc.
Por el aumento del precio de los metales y la apertura a la inversión extranjera, en 2009 se disparó la emisión de títulos mineros en los municipios serranos. Según datos oficiales, hoy existen 1,487 concesiones y 112 proyectos, 17 activos y el resto en exploración, más de la mitad con capital canadiense.
Ya no es el narco: son las minas
Donde antes se hablaba de siembra de mariguana, hoy se habla de pleitos de minas.
En el sur del estado, en los límites con Durango, se mezclan los intereses de la minería y el crimen. En especial del Cártel de Sinaloa, del que antiguos líderes tenían concesiones y empresas de la industria extractiva. Uno de ellos era Manuel Beltrán Arredondo, asesinado en 2007 en Culiacán, concesionario de las minas La Galeana (20 hectáreas) y San Dimas II (80 hectáreas), en Concordia.
De una época más reciente, ya cuando las disputas tras la extradición a EUA del capo Joaquín Guzmán Loera, en enero de 2017, José Ángel Ibargüen era uno de los lugartenientes del Cártel con títulos mineros. “El Angelillo” fue asesinado en febrero. Su muerte precedió una ola de atentados que provocaron éxodos masivos de al menos 17 pueblos alteños. Ese mismo año, cuatro mineras cerraron debido a las extorsiones.
“Comenzaron a correr gente…”
San José de Gracia es un mineral con historia centenaria, enclavado en la sierra. Para llegar al núcleo urbano más poblado, Sinaloa de Leyva, se hacen tres horas por terracería. Desde 2010, inició operaciones de extracción Dyna Resource de México, a la que se acusa de amedrentar a quienes no están a favor de la mina y contaminar el ambiente.
Un hombre que afirma haber sido desplazado con su familia, cuenta que entre 2012 y 2013 la gente de la comunidad salió forzada por la alianza narco-minera.
“La gente se puso de punta uno con el otro. Comenzaron a correr gente… a correr así, a desplazarlos. Fue cuando nosotros nos vinimos”, cuenta el informante, quien pidió el anonimato.
El director de Dyna Resource, José Vargas Lugo, niega los señalamientos y responde que la mina sólo ha llevado empleo legal a la zona.
“Es complicado interactuar en un narco-ambiente, cuando tú traes una visión empresarial y tienes que empezar a cambiar las narco costumbres por una cultura de trabajo”. Hoy se siente orgulloso de la transformación del pueblo, pues muchos de los que antes andaban armados hoy trabajan para ellos.
Resumen del reportaje “Desplazamiento forzado y el yugo narco-minero en Sinaloa”, realizado por Connectas en alianza con el ICFJ y Noroeste.
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Texto y Fotografía: Sibely Cañedo, Sheila Arias y Marcos Vizcarra
Noreste y Connectas / Alianza de Medios
12 de junio del 2019
Este reportaje fue elaborado por el equipo de Noroeste y Connectas y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie
