2007: el año que germinó la lucha por los desaparecidos en Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Angie García (portada) e Imágenes del archivo de Tadeco  

1 de septiembre del 2021

Chilpancingo

 

La desaparición forzada del arquitecto Jorge Gabriel Cerón Silva, ocurrida en marzo del 2007, dio origen para que en Chilpancingo se constituyera el primer colectivo de familiares de desaparecidos para exigir al gobierno la búsqueda de sus víctimas.

 

El 14 de marzo del 2007, en la calle Abasolo, cerca del edificio de la escuela secundaria Antonio I. Delgado, a seis cuadras del centro de esta capital, hombres armados se llevaron por la fuerza al arquitecto Jorge Gabriel Cerón Silva y al ex comandante de la entonces policía judicial, Francisco Cortés Pastenes.

 

Ese día Cerón Silva había acudió a la inmobiliaria de Pastenes Cortés por razones de trabajo. Estaban reunidos cuando llegaron unos hombres para llevarse al ex jefe policiaco, pero también se llevaron al arquitecto.

 

De acuerdo con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE, ahora Fiscalía General del Estado), el ex comandante policiaco era “un testigo protegido” que rendía declaraciones ante diversos jueces en contra de comandantes y agentes judiciales acusados de asesinatos, tortura y secuestros en contra de civiles.

 

Jorge Gabriel era un activista social y formaba parte de la organización del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que dirigía el ex tinto Javier Monroy Hernández.

 

Monroy Hernández, fallecido en 2019, fundó en septiembre del 2007 el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Asesinados del Estado de Guerrero.

 

En la primera década del 2000, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, la ciudadanía de Guerrero pensaba que las desapariciones de personas como ocurrían en la década de los setentas se habían terminado. Pero ese pasado chocó con la realidad.

 

Con la supuesta guerra que empezó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contra “los cárteles de la droga” inició un nuevo capítulo de terror en estado de Guerrero, y se notó de manera contundente en Chilpancingo con la operación de grupos criminales que operaron entre la inacción o complicidad de los tres niveles de gobierno, de acuerdo a la denuncia reiterad de familiares de personas desaparecidas.

 

En Chilpancingo, a finales del 2005, es decir, durante el gobierno federal del panista Vicente Fox y en Guerrero del priista René Juárez Cisneros, se sabía en forma soterrada de personas armadas que recorrían las calles para llevarse por la fuerza a las personas, pero fue hasta el 2007 cuando algunos de los familiares de las víctimas empezaron a denunciarlo públicamente.

 

En 2007, el periódico El Sur, la reportera Teresa de Jesús publicó un amplio trabajo informativo que daba cuenta de cómo individuos vestidos de negro y con armas largas a bordo de camionetas recorrían las calles y privaban des libertad a personas.

 

Durante el mes de octubre del 2007, de acuerdo con lo que tienen documentado miembros del Tadeco, la presidenta del Comité Nacional de Desaparecidos, Rosario Ibarra de Piedra, le tomó la protesta a la organización de familiares de desaparecidos de Guerrero y ese mismo día se instaló un plantón permanente en el zócalo de esta ciudad, frente a la catedral de La Asunción.

 

Isabel Rosales, una de sus fundadoras, comparte que cuando se supo públicamente de este comité de lucha, de inmediato muchos familiares de personas desaparecidas de distintos municipios de Guerrero llegaron al plantón, que tenían en el zócalo de la ciudad, para hacer la denuncia. Este comité también instaló módulos de información en Acapulco e Iguala, donde de igual manera recibían denuncias.

 

Recuerda que fue en febrero del 2011 cuando agentes de Gobernación, del gobierno municipal de Héctor Astudillo Flores, entonces alcalde de Chilpancingo, los desalojaron de manera violenta del plantón que mantenían frente a la catedral de La Asunción, en el "árbol de la dignidad”.

 

Los miembros de la organización interpusieron una queja ante la Comisión Nacional Estatal de Derechos Humanos y luego ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)por el desalojo, pero nunca hubo una recomendación, menos castigo.

 

En diciembre del 2013, dos años después del desalojo en el zócalo de Chilpancingo, Monroy Hernández, informó que durante el tiempo que estuvieron en el plantón en lucha lograron recabar información de 600 personas desaparecidas desde el 2005 y 2,000 asesinadas.

 

Isabel Rosales aclara que los casos de desaparición y asesinato documentados en Tadeco los presentaron ante la PGJE para sus denuncias formales, pero que nunca hubo avance en la investigación de ninguno de ellos, por el contrario, se desató el hostigamiento para los miembros del Tadeco.

 

La activista tiene documentado hostigamiento y amenazas contra ellos de 2009 a 2014 y otra vez en 2018 que denunciaron en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la PGJE, pero tampoco fueron investigadas y, de hecho, ya prescribieron.

 

Con el fallecimiento de Monroy Hernández, expone la activista, el Tadeco hizo una pausa, pro, sobre todo, los integrantes de este colectivo se replegaron por cuestiones de seguridad o, mejor dicho, por falta de condiciones para desarrollar su trabajo.

 

“Nuestro primer paso en la lucha”

Lilia Vázquez López cuenta que su esposo Jesús Bello Moreno, quien era trabajador administrativo de las oficinas del Instituto de Educación Básica y Normal (Ineban), desapareció el 17 de diciembre del 2008 y la primera vez que hizo pública su denuncia fue en el plantón del zócalo.

 

“La verdad tenía mucho miedo de hacerlo público, pero lo hice para denunciar a las autoridades que no hacían nada para encontrarlo con vida o muerto”, dice en entrevista.

 

Recuerda que su esposo salió a trabajar, era el 17 de diciembre del 2008, y le dijo que posiblemente se quedaría en la posada de fin de año que organizaron en la oficina. Su esposo no llegó a casa al día siguiente y le marcó a su celular, pero enviaba a buzón.

 

Lilia pensó que Jesús pudo irse con su hermano, a su comunidad natal, Coaxtlahuacán, municipio de Mochitlán, para visitar a sus padres, quienes tendrían una fiesta. Ella contactó a su cuñado y le dijo que su hermano no estaba con él.

 

La tarde del 18 de diciembre, Lilia acudió a las oficinas donde laboraba su esposo y antes de ingresar se percató de que el automóvil Nissan Tsuru de Jesús estaba en el estacionamiento.

 

Después, dos de los compañeros de trabajo de su esposo le dijeron que no lo habían visto, aun cuando debió presentarse a trabajar a las oficinas. Pero una de sus compañeras le comentó que vio a Jesús la noche del 17 de diciembre y le dijo que dejaba su carro y que se iba a la fiesta.

 

El policía que estaba a cargo de vigilar el estacionamiento le compartió que el automóvil de su esposo estuvo en ese lugar todo el día del día 18.

 

Lilia menciona que en la denuncia que interpuso ante la entonces Procuraduría de Justicia citó el testimonio de esa trabajadora, compa de Jesús, pero ella al comparecer ante las autoridad ministeriales negó todo lo que le dijo.

 

Comparte que una persona que trabaja en la Secretaría de Educación le comentó que a su esposo lo habrían privado de su libertad en la avenida Ruffo Figueroa, donde están las oficinas en que laboraba, un grupo de hombres armados que viajaba en una camioneta blanca.

 

Cree que esa noche del 17 de diciembre del 2008, Bello Moreno salía de las oficinas y fue privado de su libertad.

 

Lilia buscó a su esposo toda la noche del 18 y madrugada del 19 de diciembre. “Fuimos a barandilla, a la Procuraduría y a los hospitales y nunca lo hallamos”, comenta.

 

En 2017, después de nueve años de la denuncia pública, ella logró que la PGR atrajera el caso de desaparición de su esposo, pero de nada ha servido, porque siguen sin avanzar las investigaciones. El caso de su esposo no está en la plataforma oficial de las personas desaparecidas de la Secretaría de Gobernación federal.

 

Recuerda que muchos familiares estuvieron en plantón en el zócalo de Chilpancingo para exigir la presentación con vida de sus desaparecidos.

 

Entre los familiares sumados a ese primer colectivo están la ex diputada, la primera de Morena en Guerrero (2015-2018), María de Jesús Cisneros, quien tiene a su hijo Ludwing Hernández Cisneros desaparecido.

Lilia comparte que al interior del comité de lucha se presentaron algunas diferencias. “Vimos que en algún momento se politizó, pero lo esencial de la lucha nunca se perdió, porque finalmente todos los que estábamos ahí era por el mismo dolor”, expone.

 

Pero también reconoce que gracias a esa iniciativa muchas familias con un desaparecido o asesinado denunciaron sus casos.

 

El 2 de enero del 2022, el trabajador administrativo de la SEG, Jesús Bello Moreno, cumple 62 años. “Uno quiere encontrarlo con vida, pero al final, uno quiere encontrarlo como sea”, agrega Lilia.