El asesinato de Luz Raquel Padilla, quemada viva en Jalisco, y el ataque con fuego a un niño indígena en Querétaro alertan sobre la intolerancia y los crímenes de odio en México. Son el reflejo de un Estado fundado sobre la opresión, el miedo, la segregación y el olvido a quienes son “diferentes”.
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de página
Fotografía: José Luis de la Cruz / archivo
Ciudad de México
A Luz Raquel Padilla la quemaron viva. Su hijo Bruno, de 11 años, tecía autismo severo y epilepsia, y sus crisis enfurecían a los vecinos. El 16 de julio, los colonos de Arcos de Zapopan, en Jalisco, vieron cómo la madre cuidadora ardía en un parque y tres días después, Luz falleció en un hospital, con 90 por ciento del cuerpo quemado.
Semanas antes, en Querétaro, Juan Zamorano, de 14 años, sufrió un ataque por parte de sus compañeros de la telesecundaria a donde asistía. Ellos le prendieron fuego mientras estaba sentado en su pupitre. El muchacho resultó con heridas de gravedad que, al menos, requirieron cuatro cirugías. El motivo del ataque fue que Juan no sabía hablar español debido a su origen hñöhñö.
Estas agresiones han conmocionado e indignado a la sociedad mexicana. Pues el nivel de violencia que padecieron Luz y Juan –así como los motivos de sus agresores– desnuda la intolerancia en nuestro país, empapada de racismo, machismo y una profunda discriminación a quienes no “encajan” –o caben– en la vida cotidiana.
Aunque estos crímenes horrorizan a la mayoría, son el reflejo de un malestar estructural. Reflejo de un Estado fundado sobre la opresión, el miedo, la segregación y el olvido a quienes por decisión, o contexto, son “diferentes”.
Así lo describe Alexandra Haas, defensora de derechos humanos y actual directora ejecutiva de Oxfam en México. Explica que nuestra sociedad está basada en prejuicios y estereotipos que nos vuelven intolerantes a la diversidad.
El problema con los prejuicios, estereotipos y estigmas es que están socializados desde la calle, la escuela, la casa y el trabajo. Ahí se replican estos discursos discriminatorios que, lamentablemente, se convierten en prácticas”, detalla.
Alejandra Hass, directora de Oxfam México
La abogada, sin embargo, enfatiza en que esta socialización es posible gracias a un Estado ausente que no atiende sus compromisos con las poblaciones vulnerables o que pueden sufrir discriminación.
“El papel del Estado es proteger a sus ciudadanos, y estamos viendo que desde hace mucho el Estado mexicano ha dejado de hacerlo”.
Crimenes de odio
Estos casos, sumados a los cientos de agresiones que han sufrido mujeres trans y personas de la comunidad LGBTTIQ+ son, en resumen, crímenes de odio, dice Alejandra Haas.
Son actos de violencia motivados por la diferencia. Ya sea por la raza, la religión, la diversidad sexual o alguna discapacidad, este tipo de crímenes se fundamentan en la intolerancia a la diversidad. Y mes con mes en nuestro país se reportan agresiones o asesinatos ligados a los prejuicios o estigmas. Pero hay una especie de negación institucional a reconocer que estos crímenes siguen pasando en México. Inclusive, dice, en el caso de las personas con alguna discapacidad muchas de las veces no se sigue esa línea de investigación.
“Lo que queda de manifiesto en el caso de Luz Raquel es que la discriminación a las personas con discapacidad también deriva en crímenes de odio. Si lo calificamos de crimen de odio podemos salir de la idea equivocada de que en México no hay discriminación a personas con discapacidad. Hay que reconocer que las personas con discapacidad son receptoras de discriminación”, explica.
Alejandra Hass, directora de Oxfam México.
Asumir esto, explica la abogada, es un primer paso para construir una política pública que reconozca el trabajo de cuidados que muchas personas, en su mayoría mujeres, realizan con sus seres queridos.
“Hay que reconocer la absoluta y enorme carga que tienen las mujeres cuidadoras, y mujeres que cuidan a personas con discapacidad. El Estado no está asumiendo generar condiciones para repartir cuidados, pues en su mayoría son las mujeres quienes se encargan de estas tareas, y una vez que tu hijo empieza a crecer, hay dificultad de acceder a servicios públicos y de calidad”.
¿De qué tamaño es el problema?
Otro problema es la ausencia de indicadores para contabilizar los crímenes de odio en el país es un reflejo de la poca importancia que las autoridades gubernamentales dan a estos hechos.
“A nivel federal se debe reaccionar con un sistema para comprender los crímenes de odio. No sabemos si hay 100, 10 o cinco mil. No tenemos idea del número de casos que hay en México. No sabemos si esto ocurre de manera reiterada”, reflexiona Haas.
De hecho, uno de los pocos indicadores que existen para medir los crímenes de odio es el que elabora la organización Letra S. Sin embargo, este solo se atañe a delitos en contra de la población LGBTTTIQ+.
No obstante, precisa Alejandro Brito, director de Letra S, su esfuerzo es sesgado, pues solo se pueden identificar estos crímenes a través de notas de prensa porque las fiscalías no tienen un tipo penal específico para determinar los casos.
Tienen que construirse protocolos de investigación. Un protocolo más general que hable acerca de todas las pertenencias de las personas que han sido víctimas de un crimen de odio. Un protocolo que establezca cómo categorizar e investigar estos crímenes”, añade Alexandra Haas.
Tener un conteo es indispensable para identificar la gravedad del problema. En esto, detalla la abogada, deberían incluirse también los casos de linchamiento.
“Estos casos se deben sumar a una reflexión de los niveles de violencia que viven las comunidades, también para analizar la situación de salud mental que ahí se tienen, sin quitar la responsabilidad que tienen las personas en el acto”, precisa.
Consecuencias del miedo
¿Cómo combatir el miedo? ¿Cómo hacer frente a las fallas del Estado para proteger a quienes están en riesgo? ¿Cómo cuidar a quien está vulnerable? ¿De quién es la responsabilidad? Son las reflexiones que se desprenden ante estos hechos violentos que han copado la discusión pública en los últimos meses.
Para Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la respuesta está –sin deslindar la responsabilidad gubernamental– en los cuidados comunitarios y el reconocimiento de que la pandemia modificó las formas en que se ejerce la violencia en la sociedad.
“No hay salidas o herramientas comunitarias para contener el enojo o la frustración; eso lo veníamos diciendo desde la comisión desde el año pasado como uno de los efectos más visibles de la pandemia”, explica.
Por su parte, Alejandra Haas explica que el impacto de estos crímenes en la sociedad es algo que también se está dejando atrás, pues además de proyectar un problema de salud mental a nivel social, las afectaciones que tienen estos hechos en las poblaciones vulnerables son gravísimas.
El crimen de odio causa un impacto en todo el grupo, no solo en quien lo recibe. Tiene el potencial de poner al grupo entero en alerta. La dimensión del impacto en la salud mental en el país es algo muy importante a analizar. Imagínate: ¿cómo vuelve a tener confianza el chico de Querétaro o el hijo de Luz Raquel? Es difícil volver a la vida cotidiana sin las consecuencias del miedo, agregado a esto los problemas cotidianos que padecen estas personas”.
Violencia y precarización
Los indicadores mundiales lo advierten desde hace tiempo: la pandemia ha acarreado un aumento en la violencia que viven las sociedades.
Fenómenos como el aislamiento, sumados a la precarización y el malestar social, son algunos elementos que resalta Nashieli Ramírez que se deben de identificar para poner un primer piso de prevención de la violencia en México.
“Hay un incremento de la conflictividad social que nosotros veníamos apuntalando como efecto del mundo que nos está dejando la pandemia. Los indicadores generales de violencia familiar, y otros, van creciendo. Lo que vamos a estar viendo es la combinación de dos cosas: una herencia de aspectos de psicología social, pero también con lo que estamos enfrentando y vamos a enfrentar en relación a la precarización”.
¿Cuáles son estos elementos relacionados a la psicología social? El racismo, machismo, clasismo y la discriminación estructural que sigue permeando en México.
“El nivel de percepción y permisividad de violencia hacia las mujeres sigue estando, y el caso de Luz Raquel es la prueba. También seguimos siendo una sociedad sumamente racista que además no asume ese racismo”, añade Ramírez.
La deuda con la prevención
No obstante, Ramírez es clara al afirmar que estas condiciones no eximen al Estado de su responsabilidad. Pero, enfatiza, más allá del castigo a los responsables –lo cual no debe perderse de vista– su papel como garante de la seguridad de la ciudadanía debería centrarse en la prevención antes que en el punitivismo.
“Estamos con la gran deuda de cómo hacer prevención. Estamos muy trepados en la visión punitivista y no nos damos cuenta que el Estado tiene un deber en la prevención de este tipo de actos. Ahí la apuesta es más bien cambiar el enfoque, cada vez más hacia la prevención que pensar que con los castigos, cuando los hay, se va a resolver el problema”.
Nashielli Ramírez, titular de la CDHCM
Tanto en el caso de Juan como en el de Luz Raquel las señales de agresión eran claras. Inclusive con Raquel existía ya una orden de otorgarle medidas de protección. Estas señales, sin embargo, no fueron escuchadas.
El caso de Raquel es algo que hemos venido señalando. Lo que pasó ahí en términos de cómo falla el Estado es una constante de su nivel protector. Están las denuncias, los llamados de auxilio; está la obligación del Estado de protegerla y no lo hace. Y si nos vamos en el caso de Querétaro es algo que se está repitiendo, pues supuestamente la autoridad emitió una medida de protección, pero los agresores siguen amenazándole, paseándose con la gasolina frente a su casa”.
Nashielli Ramírez, titular de la CDHCM
La revictimización de quienes sufrieron las agresiones es otro factor que demuestra la ausencia del Estado frente a estos casos. Como ejemplo, de nuevo, el caso de Luz Raquel. La Fiscalía de Jalisco está conduciendo la investigación hacia un camino que pone al centro a la madre cuidadora como responsable de su propia muerte.
En un informe presentado este martes, la autoridad jaliciense señaló que Luz Raquel compró dos botellas de alcohol y un encendedor antes de su muerte; induciendo con esto la idea de que ella podría haber provocado su muerte, cuando previamente la activista había denunciado amenazas y hostigamiento por sus vecinos. Inclusive, testigos de los hechos han señalado que al menos tres hombres y una mujer atacaron a la madre cuidadora en el parque.
Hay cosas que le tocan al Estado, como es esta. Hay momentos previos donde la gente no escucha. Se veía venir lo que iba a pasar, pues es difícil que estos hechos ocurran espontáneamente y se emita esa descarga de violencia. Aquí es la autoridad, en tanto medidas de protección, como primeros respondientes, tienen que abrir más los ojos para prevenirlos”, enfatiza Nashieli Ramírez.
Pero también, concluye, la sociedad debe asumir la responsabilidad del cuidado colectivo.
“No podemos seguir siendo permisibles a eso, y pensar que como no me toca a mi, o no me lo están dirigiendo específicamente a mi, no me va a tocar. Mientras no lo señalemos lo que va a pasar es que esto, lamentablemente, seguirá ocurriendo en el país”, concluye la defensora.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
