María, la niña me’ phaa a quien la Secretaría de Salud intentó convencer de no abortar

Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero y promotora de la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, documentó en 2021 por lo menos ocho casos en cuatro hospitales donde se negaron a interrumpir el embarazo a niñas, adolescentes y mujeres que fueron violadas


Texto: Arturo de Dios Palma

Fotografía: Oscar Guerrero

21 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

La nombraremos María. Es una niña de nueve años que el 14 de febrero llegó junto con una familiar al hospital general de Chilpancingo, Raymundo Abarca Alarcón, a solicitar la interrupción del embarazo.

María fue violada.

La solicitud la hicieron conforme al artículo 159 del Código Penal del estado: con una denuncia penal por el delito de violación sexual y con la autorización expresa del Ministerio Público para la interrupción.

En el hospital se negaron, incluso, intentaron convencerla para que lo continuará. El caso trascendió a los medios de comunicación y obligó a que las autoridades de Guerrero reconsiderar la negativa.

Tres días después, en otro hospital, el de la Madre y el Niño Guerrerense, le interrumpieron el embarazo a María.

Este caso no es el único, en los hospitales de Guerrero es constante la resistencia por interrumpir embarazos productos de violación sexual.

Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero y promotora de la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, documentó en 2021 por lo menos ocho casos en cuatro hospitales donde se negaron a interrumpir el embarazo a niñas, adolescentes y mujeres que fueron violadas.

Gutiérrez Sotelo hace el recuento. En julio, al hospital de Chilpancingo llegó una joven me’phaa que fue violada sexualmente para solicitar la interrupción del embarazo y se lo negaron. Le dieron largas hasta que una médica, por su cuenta, le dio una pastilla.

Dos meses después, al hospital de Iguala llegó una niña de 14 años embarazada. Fue violada y presentó su denuncia ante el MP, sin embargo, personal del DIF municipal la convenció para que continuará con el embarazo.

En octubre, en Ayutla, una adolescente de 17 años solicitó la interrupción del embarazo, tras haber sido violada por su novio. En el hospital de ese municipio le negaron el servicio y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres la acompañaron a la Ciudad de México a practicarse el aborto.

Ese mismo mes, llegó una niña de 13 años al hospital de Chilpancingo, después de que le negaran la interrupción del embarazo en un centro de salud en el municipio de Juan R. Escudero. Hubo resistencia y después de días, por la presión de organizaciones, accedieron a practicar el aborto.

En noviembre, una niña de 13 años que fue violada por su hermanastro, llegó al hospital de Taxco con la denuncia y la autorización del MP para la interrupción del embarazo. Se lo negaron. Al final accedieron, pero la enviaron a un centro de salud.

“Accedieron porque intervenimos, pero con mucha violencia. El director la envió al centro de salud a tomar el medicamento pues no quería que mancharan su hospital”, recuerda Gutiérrez Sotelo.

En diciembre, una mujer de 30 años con discapacidad cognitiva, solicitó la interrupción del embarazo en el hospital de Iguala. Fue violada por un vecino, un hombre de 70 años. Se lo negaron pero por la intervención de organizaciones practicaron el aborto.

La resistencia no sólo es del sector salud, en los MP también. Gutiérrez Sotelo recuerda el caso de una chica que a los 16 años fue violada por el amigo de su hermano en el municipio de Ometepec.

La chica decidió abortar y junto con sus padres y Viridiana, asistieron al MP a denunciar y a obtener la autorización para la interrupción del embarazo.

La agente trató de convencerla y después puso muchos obstáculos, incluso, ofreció adoptar al niño si decidía tenerlo, luego la hostigó. La amenazó con encarcelarla si descubría que no fue violada. Al final autorizó la interrupción pero envió patrullas al domicilio de la joven hasta que le practicaron el aborto.

En Guerrero se han declarado dos Alertas de Violencia de Género, la segunda por agravio comparado, que ordena homologar el Código Penal con la Norma 046 para garantizar que niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual accedan a la interrupción del embarazo sin interponer una denuncia penal y, menos, tener la autorización de un MP.

Hace un mes, en el Congreso local diputadas de Morena presentaron una iniciativa para despenalizar el aborto. Es la tercera en la última década.

Como en las otras dos iniciativas, hay resistencia de diputados y grupos religiosos para que se despanalice el aborto, pero de igual forma existe la exigencia para que se legisle.

A días de la nueva iniciativa, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llamó al Congreso de Guerrero a que modifique el Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

“En el tema de la interrupción legal del embarazo, el Estado mexicano tiene diversas observaciones de organismos internacionales que lo han instado a armonizar su marco jurídico a nivel nacional y subnacional conforme a los más altos estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y con los que México se ha comprometido” dijo Inmujeres.

El caso de María hizo que volviera el tema de la despenalización del aborto al Congreso y mostró el nivel del debate. La diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez dijo:

“Entonces no sabemos exactamente qué fue lo que le sucedió a esta niña, pero creo que esta historia es desgraciadamente el caso de muchas otras niñas que empiezan su vida sexual y reproductiva a los 10 años y que definitivamente por causa de violación o por causa de que así acostumbran en usos y costumbres, a casarse a muy temprana edad o a juntarse a muy temprana edad, y que tienen más de siete hijos por mujer”.

La primera vez que María y su familia solicitaron la interrupción del embarazo fue en el hospital básico comunitario de su pueblo ubicado en un recodo de la Montaña de Guerrero, de donde la remitieron directamente a Chilpancingo.

El hospital de su pueblo apenas cuenta con lo esencial; no tiene la infraestructura ni el personal especializado para atender un caso como el de María: una niña de nueve años, con pérdida de peso y de alto riesgo.

Eso no sólo ocurre en el pueblo de María sino en toda la Montaña, ninguno de los siete hospitales básicos ni el general de Tlapa tienen la infraestructura, ni cuentan con personal especializado.

En esta región, no sólo se trata de la resistencia permanente del personal médico por interrumpir el embarazo, el problema es estructural: son tantas carencias que no permiten hacerlo de forma segura.

Neil Arias Vitinio es abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Atiende cotidianamente a niñas, adolescentes y mujeres que sufren las diversas violencias a las que son sometidas en la Montaña: los matrimonios forzados, las violaciones sexuales y la más extrema, el feminicidio.

Arias Vitinio ha acompañado varios casos de niñas y adolescentes que fueron violadas y que intentaron interrumpir el embarazo pero se toparon con las carencias de los hospitales, la negligencia en los MP y la asfixiante impunidad.

“Las autoridades de salud y los ministerios públicos no están a la altura para atender este tipo de casos y lo único que pasa es que ponen en riesgo la vida de estas niñas”, dice Arias Vitinio.

Estos son cuatro de los casos que ha documentado Arias Vitinio.

Hace dos años, una niña de 13 años de un pueblo de Cochoapa El Grande fue violada sexualmente por su cuñado, el esposo de su hermana. Cuando la niña tenía cinco meses de embarazo solicitó la interrupción.

Por el tiempo, superaba las 12 semanas que marca el Código Penal del estado para interrumpir el embarazo pero sobre todo por el riesgo, Tlachinollan pidió la intervención de la organización Católicas por el derecho a decidir para que la interrupción se practicará en la Ciudad de México.

“Esa vez nos pareció que por el riesgo que corría la niña era mejor que se lo hiciera en la Ciudad de México donde hay una atención más especializada, acá en la Montaña no hay forma”, explica la abogada.

Arias Vitinio fue testigo directo de la resistencia que existe también en los MP. Hace unos tres años acompañó a dos jóvenes a presentar la denuncia por violación y la autorización para la interrupción del embarazo.

El primer caso fue el de una joven que fue violada por el chofer de una camioneta cuando viajaba hacia el municipio de Alcozauca. Le dieron la autorización un mes después, es decir el embarazo avanzó cuatro semanas.

Cuando llegó al hospital hubo resistencia del personal médico.

“La atendieron porque hicimos un escrito explicando que está la Norma 046 para atender a las mujeres en estos casos de violación”, dice.

Al final aceptaron pero se toparon con la precaria condición de los hospitales de la Montaña: la joven tuvo que pagar, en clínicas particulares, los ultrasonidos porque le exigían dar con exactitud el tiempo de gestación. Luego le informaron que la interrupción la haría un médico general, porque no contaban con un ginecólogo. Tampoco recibió atención psicológica, ni de prevención para evitar una enfermedad de trasmisión sexual. Nada.

Arias Vitinio también acompañó a otra mujer que fue violada mientras iba a trabajar al campo en el municipio de Atlixtac. Interpuso la denuncia penal pero el MP tardó dos meses para autorizar la interrupción del embarazo.

“En este caso la mujer decidió seguir con el embarazo, cuando le entregaron la autorización ya había pasado el plazo y ya había gastado mucho en tanta vuelta”, dice la abogada.

Arias Vitinio documentó otro caso: en 2020 en un pueblo de Acatepec una niña de 12 años fue violada sexualmente por un hombre de 42. Era su vecino. La familia se enteró hasta que el embarazo fue evidente: tenía cinco meses.

El vecino amenazó a la niña, le advirtió que si decía algo asesinaría a su mamá y a su papá. La menor guardó silencio hasta que su vientre se lo permitió.

A este hombre, quien era un funcionario público municipal en ese momento, la familia lo denunció penalmente por la violación. En ese caso no ha pasado nada: el agresor está libre y la niña, ahora de 14 años, es madre.

“A la familia se le informó sobre la interrupción del embarazo, pero no quisieron, nos dijeron que no podían hacerlo por sus creencias: ‘somos pobres pero podremos sacarla adelante’”, explica.

 

Ejército y Guardia Nacional aseguran vehículos y tres tigres en Quechultenango

Fue un operativo que se realizó días antes de que los militares fueran retenidos y expulsados


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

17 de febrero del 2022

Chilpancingo 

 

Días antes que pobladores de Quechultenango expulsaran a 50 militares y 20 agentes ministeriales estatales, la Fiscalía General dió a conocer que en un operativo realizado en este municipio aseguró tres tigres, once vehículos y la detención de un individuo.

En este operativo en el que participaron efectivos del Ejército y Guardia Nacional y que la Fiscalía no precisa el día que lo realizó, se aseguraron cinco inmuebles donde había autopartes en la comunidad de

Tlanicuilulco que está ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal de Quechultenango.

En un cateo que se realizó en la calle Libertad, en Quechultenango se aseguró un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea además de 28 kilos de hierba seca parecida a la marihuana.

También fue detenida una persona que ya fue puesta a disposición de las autoridades.

La Fiscalía señala que seguirá con las investigaciones para lograr la detención de los responsables.

El operativo en el que el Ejército y la Guardia Nacional realizaron cateos y aseguraron un arma, marihuana y vehículos, fue realizado el pasado domingo 13 de febrero.

 

Pobladores liberan a militares en Quechultenango

Entre los acuerdos con el Ejército, los habitantes lograron que se libere al doctor del pueblo detenido por presuntamente portar un arma de grueso calibre


Texto y fotografía: Amapola Periodismo

17 de febrero del 2022

Chilpancingo 

 

Con la condición de que las autoridades y pobladores serán avisados de los operativos que realice el Ejército Mexicano y la liberación de un médico que fue detenido, fueron liberados elementos del Ejército Mexicano y un grupo de agentes ministeriales en la localidad de Quechultenango.

Los 50 militares y 20 agentes fueron retenidos por pobladores de esta comunidad desde la tarde de ayer miércoles hasta las 12 de la noche.

En el acuerdo que se estableció entre los habitantes con el comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Enrique Martínez López, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Gómez Méndez, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez y el subsecretario de asuntos políticos del estado, Óscar Chávez es de que hoy jueves sea liberado el médico del pueblo, Jesús Flores.

Florea fue detenido por presuntamente portar un arma de grueso calibre.

«Déjenos trabajar, no queremos que pasen hechos como los registrados en la comunidad de Buenavista de la Salud (municipio de Chilpancingo), les dijo el jefe de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López.

Esto en referencia a lo que ocurrió el pasado 26 de enero en la noche cuando policías comunitarios de Buenavista se enfrentaron a tiros contra un grupo de civiles armados dejando un saldo de seis muertos.

Los habitantes de esta comunidad y familiares de los cuatro policías comunitarios muertos acusan a integrantes del grupo delictivo de «Los Ardillos» los que atacaron a los guardias civiles cuando estaban en la comandancia.

Esta organización delictiva, señalan informes de la Fiscalía General de la República (FGR) está afincada en esta zona de Quechultenango.

Después de los acuerdos, los militares fueron liberados, además se les entregó sus teléfonos celulares.

«A nadie se le golpeo», dijo uno de los pobladores durante el diálogo con el comandante de la 35 Zona Militar y el secretario de Seguridad Pública estatal.

Uno de los pobladores les dijo a las autoridades que en Quechultenango es la propia ciudadanía la realiza las tareas de seguridad además de que hay policía comunitaria.

«Mejor vigilen a Chilpancingo e Iguala en donde un día hay un muerto y otro día también», señaló.

Denunció que es tan grave la inseguridad en Chilpancingo que campesinos de comunidad de Quechultenango que acuden a esta capital del estado a vender sus productos del campo tienen que pagar una cuota diaria a la delincuencia.

«Hagan su tarea allá en Chilpancingo, aquí hay paz», dijo uno de los habitantes.

En la reunión también estuvo el alcalde del municipio de Quechultenango, Crisóforo García.

Después de los acuerdos, los pobladores desbloquearon la principal calle de esta comunidad y dejaron en libertad a los militares y agentes ministeriales.

Al final, uno de los ministeriales reclamó el regreso de su teléfono celular y su computadora laptop y que al parecer ninguno de estos aparatos se le regresaron.

Los pobladores y autoridades de las comunidades de Quechultenango y de Mochitlán retuvieron a las fuerzas de seguridad para frenar sus operativos que desde hace cuatro días están realizando en esa zona que comunica a Chilapa y Atlixtac.

 

Habitantes de Quechultenango retienen a Ejército y a ministeriales

Texto y fotografía: Amapola Periodismo

16 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Pobladores de Quechultenango mantenían retenidos hasta esta noche del miércoles a elementos del Ejército Mexicano y un grupo de agentes ministeriales que ingresaron a esta zona para iniciar un operativo de seguridad.

Durante la tarde de este miércoles, unas 200 personas que se congregaron en la entrada de esta comunidad que es la cabecera del municipio de Quechultenango mostraban pancartas en donde se leían consignas contra el Ejército Mexicano.

Mujeres, jóvenes y personas de avanzada edad cerraron la vía principal de esta localidad.

«Queremos la paz», «no al Ejército», gritaba un hombre que dirigía al contingente de alrededor de unas 200 personas.

El cierre de la vía empezó durante la tarde y hasta en la noche de este miércoles seguían en ese sitio los pobladores.

«Aquí no hay asesinatos, no hay mujeres violadas, que manden al Ejército a Acapulco a Chilpancingo, aquí vivimos en paz», dijo el individuo corpulento que vestía playera gris y una gorra negra.

Posteriormente los habitantes se dirigieron hacia los militares que estaban concentrados en el centro de la localidad a quienes los obligaron a retirarse de ese sitio.

Después los pobladores rodearon a los militares en espera de que acuda a esta localidad el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Durante el ríspido desencuentro entre los pobladores y los militares, una señora acusó a un agente ministerial de cometer una serie de abusos contra la ciudadanía.

«Váyanse de aquí, aquí nadie los quiere», le gritó la señora a los soldados.

El domingo 13 de febrero, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional desplegó un operativo en esta zona donde opera un grupo delictivo.

El operativo incluye los municipios de Quechultenango, Chilapa y Atlixtac.
Pero a tres días de que inició este despliegue militar y de policías ministeriales, los pobladores se organizaron y este miércoles exigieron la salida del Ejército.

Hasta las 9 de la noche, los habitantes mantenían retenidos a los soldados.
Llegó a esta demarcación el subsecretario de Asuntos Políticos, Óscar Chávez y el Director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez.

Los inconformes exigen que acuda el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Más de una decena de reporteros que acudieron a realizar la cobertura se encuentran en el lugar y no pueden salir porque la situación está tensa.

Riña en penal de Iguala deja siete heridos

Ocurrió alrededor de las 14:30 horas en el dormitorio conocido como El Panal, donde están hacinados 70 reos. El penal ubicado en la comunidad Tuxpan, a unos 30 minutos de la cabecera municipal


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial 

15 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Una riña a golpes, y con varillas y palos dejó un saldo de siete reos heridos de gravedad en el Centro de Reinserción de Social (Cereso) de Iguala, la tarde de este martes, informaron autoridades estatales.

Los siete reos heridos fueron trasladados al Hospital General de Iguala. Según los reportes, los siete lesionados presentan golpes con varillas y palos.

La riña ocurrió alrededor de las 14:30 horas en el dormitorio conocido como El Panal, donde están hacinados 70 reos. Este penal está ubicado en la comunidad de Tuxpan, a unos 30 minutos de la cabecera municipal.

Extraoficialmente se sabe que durante el tiempo que ocurrían los disturbios, los trabajadores del Cereso se quedaron atrapados en las áreas administrativas.

Posteriormente llegaron el reclusorio elementos de la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, quienes tomaron el control de la situación.

Las fuerzas de seguridad federal y estatal resguardan el área perimetral externa.

Niña Ayelín: la búsqueda de una madre por los huesitos de su hija

Los restos óseos encontrados en esta jornada de búsqueda serán analizados y posteriormente en una conferencia de prensa, autoridades de la fiscalía informarán los resultados, no se sabe en cuánto tiempo


Texto: Beatriz García

Fotografía: Óscar Guerrero

10 de febrero del 2022

Tixtla

 

“¡Ayelín escucha, esta es tu lucha!”, resonó en el cetro de Tixtla, municipio donde hace un año cuatro meses, Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, una niña de 13 años oriunda del lugar fue encontrada mutilada en una barranca a 400 metros de su casa.

En esta cuarto día de exigencia de justicia por el feminicidio de Ayelín, hubo un mitín y una ofrenda a la niña y a las víctimas de desaparición forzada y feminicidio. Con esta actividad se cierra la jornada de búsqueda de los los 89 huesitos que faltan a Flora Rojas Marcelo de su hija Ayelín.

Los gritos de: “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, “¡Porque nos faltan 43 y nuestros hijos también!”, “¡Ayelín escucha, tu madre está en la lucha”, se escucharon al unísono de las víctimas, defensoras feministas y de derechos humanos, mientras cargaron una cruz delgada, grande y de metal rosa, otras en manos tomaron racimos de flores blancas, moradas y naranjas, además de frutos y semillas, y Flora Rojas no soltó el cuadro con la fotografía de su hija. Exigieron justicia.

Tres días después del feminicidio de su hija, Flora Rojas huyó de Tixtla, ante las amenazas de muerte que recibió por exigir justicia.

Desde ese entonces vive intranquila, su vida cambió radicalmente, acompañada de otras víctimas de desaparecidos, con quien cobra fuerza para seguir y buscar respuesta con las autoridades que mostraron su negligencia desde un inicio cuando hallaron el cuerpo de Ayelín, pero no le notificaron que no estaba completo, dijo este jueves durante el mitin que realizó junto a integrantes de colectivas feministas, de derechos humanos y familiares de desaparecidos y asesinados en la explanada de Tixtla.

Después de sepultar a su hija, Flora protestó con fuerza hasta conseguir que un año y cuatro meses después, comenzara una búsqueda en la zona donde yacía Ayelín, porque exige le entreguen los 89 huesitos que no le dieron de ella.

“No me notificaron, yo me enteré cuando tenía todos los resultados en mis manos. Entonces donde empiezo a exigir que como no se me había dicho que se hablaba de un cuerpo incompleto que fiscalía me entregara hasta el último huesito del cuerpo de mi hija”, dijo.

El pasado lunes Flora Rojas regresó a Tixtla, pero custodiada por peritos y efectivos de la Guardia Nacional, y con el acompañamiento de feministas y otras familias que viven lo mismo que ella. Aunque después de esta jornada se irá nuevamente de Tixtla por su seguridad.

Tres días de búsqueda intensiva fueron las que encabezaron familiares de desaparecidos, peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) con perros adiestrados y efectivos de la Guardia Nacional, que terminó ayer miércoles. Durante estos tres días se encontraron restos óseos que serán analizados para determinar si pertenecen a la menor.

Los restos óseos encontrados serán analizados y posteriormente en una conferencia de prensa autoridades de la fiscalía informarán los resultados, pero no se sabe en cuánto tiempo.

Flora Rojas informó que ya hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CDHG) en contra de las autoridades implicadas desde la desaparición hasta el hallazgo de la menor por omisión.

Dijo que los cuatro detenidos por estos hechos todavía no son sentenciados, porque faltan audiencias y hay retraso ante la pandemia de la Covid-19, de quien exige prisión vitalicia para cada uno de ellos, porque se le identificó ADN de ellos en Ayelín.

En la carpeta de investigación estos cuatro hombres están acusados por violación, feminicidio y privación de la libertad.

Hay más responsables de los hechos. “Sí, hay más. Obviamente que van a seguir con la investigación”.

Memoria. Ayelín hermanó otras exigencias de justicia

Este jueves, cuarto día de jornada para exigir justicia por la niña, en su mayoría mujeres, soldaron la cruz de metal en la explanada del zócalo de Tixtla con una placa en memoria de Ayelín, al pie una ofrenda floral, frutal y de semillas, donde colocaron su foto que la alumbraron una veintena de veladoras de colores.

Guerrero cuenta con dos Alertas de Violencia de Género (AVG) ante el incremento de feminicidios, motivo por el que en el 2016 colectivos feministas solicitaron la medida. Los municipios alertados son: Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Chilapa, Ayutla, Coyuca de Catalán, Tlapa e Iguala, excepto Tixtla.

En la explanada de Tixtla resaltaron carteles con frases como: “Justicia para Ayelin. Somos tu voz porque tú ya no estás ¡¡Que las niñas vivan libres y sin miedo #NiUnaMenos” y “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”.

Tercer día de búsqueda de restos de Ayelín

Los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

9 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Por tercer día consecutivo, peritos de las fiscalías General de la República (FGR) y del Estado (FGE) realizaron la búsqueda de los huesitos de la niña Ayelín que fue hallada mutilada en octubre del 2020 pero que en esa ocasión todos sus restos no fueron recuperados.

Esta vez, los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad por sus victimarios.

Esto fue en la colonia La Candelaria, en una de las zonas más empobrecidas de Tixtla.

Desde este lunes, peritos forenses acompañados por perros que son adiestrados para localizar a personas fallecidas y la mamá de Ayelín, recorrieron la zona para hallar los 89 huesitos de la niña de 13 años que quedaron en ese lugar.

A los peritos de la Fiscalía de Guerrero que en octubre del 2020, después de la desaparición de Ayelín, no pudieron recuperar los 89 huesitos de la niña.

La niña desapareció el 15 de octubre del 2020 y después de cuatro días de búsqueda por parte de peritos de la Fiscalía del Estado fue hallada mutilada pero no fueron recogidos todos sus restos.

Doña Flora Marcelo Rojas quien después de que su hija fue sepultada se desplazó de su comunidad por haber recibido amenazas realizó protestas en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables y la localización de los demás restos de su niña.

Se informó en esa ocasión que el 15 de octubre la niña recibió una llamada telefónica de su madre quien le dijo que la esperaría en su negocio de material de reciclaje ubicado en la colonia Santa Cruz que estaba ubicado a un costado de la carretera federal Tixtla-Chilapa.

La niña se dirigió caminando por una vereda de la barranca de la Candelaria para reunirse en el sitio donde la esperaba su mamá pero nunca llegó.

Ese mismo día 15 de octubre, doña Flora Marcelo acompañada por sus familiares y vecinos realizaron la búsqueda de Ayelín.

Fue hasta el 19 de octubre cuando peritos de la Fiscalía del estado localizaron mutilada a la niña.

En estos dos días de búsqueda de los demás restos de la niña, fueron hallados varios huesitos pero que se podrá determinar si pertenecen a Ayelín después de que se realicen los estudios de ADN.

Por el homicidio de la menor de 13 años, desde el 25 de octubre del 2020 hay cuatro hombres bajo proceso judicial.

Doña Flora Marcelo, señala que debido a la pandemia por el Covid-19, el proceso judicial en contra de los presuntos responsables del asesinato de su hija, va muy lento.

Mañana jueves a las diez de la mañana, se realizará una protesta en las calles de Tixtla para exigir castigo a los responsables del asesinato de la niña.

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Emite ONU acción urgente por dos desaparecidos en Guerrero

Los familiares de los desaparecidos de la comunidad de Zacapexco responsabilizan al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero y especial

8 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una petición de acción urgente al gobierno mexicano para que sean localizados los policías comunitarios Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, quienes presuntamente fueron privados de su libertad por policías del municipio de Atlixtac, en la región de la Montaña.

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOEG-EZ), que aglutina a la Policía Comunitaria de comunidades del municipio de Chilapa, dio a conocer este comunicado en el que se establece una investigación exhaustiva, así como la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada.

Durante una reunión que tuvieron los dirigentes de esta organización y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa, pidieron a las autoridades federales y estatales que acaten esta recomendación que emitió este lunes 7 de febrero la ONU.

El pasado 26 de febrero, el comandante Pablo Hilario Morales y el policía comunitario Samuel Hernández Sánchez viajaban en una motocicleta en la carretera Chilapa-Tlapa cuando fueron interceptados por agentes municipales de Atlixtac.

Los familiares de los desaparecidos de la comunidad de Zacapexco responsabilizan al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía.

El primero de febrero circuló en redes sociales un video donde aparecen sometidos los dos policías comunitarios, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández, quienes acusan a los dirigentes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, David Sánchez Luna y a su hermano Bernardino Sánchez Luna, de pertenecer al grupo delictivo de Los Rojos que dirige Zenén Nava.

Los dirigentes de la CRAC-PF y del CIPOE-EZ rechazaron tener vínculos con esa organización delictiva y pidieron a las autoridades que realicen una investigación para dar con el paradero de los integrantes de esa organización para que liberen a sus dos compañeros, quienes, aseguran, son obligados a realizar ese tipo de declaraciones.

«Desde nuestro surgimiento quedó claro que no formamos parte de ningún grupo delincuencial y hoy refrendamos nuestro compromiso de mantener la lucha por la vida y el territorio y nos deslindamos de cualquier pretensión de vincularnos con algún grupo criminal», dice la CIPOG-EZ.

Durante diciembre del 2021, la CRAC-PF denunció la desaparición de otros tres policías comunitarios. Se trata de Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la localidad de Ayahuatempa, municipio de José Joaquín Herrera, y el tercero de Alcozacán, Chilapa.

Los tres siguen desaparecidos aun cuando fuerzas federales y estatales han realizado dos búsquedas en esa zona donde supuestamente fueron privados de la libertad por un grupo armado.

El pasado 17 de enero, Rocelia Morales Guerrero, de la comunidad de Ayahualtempa, denunció que su hija de 26 años, Delfina Ramírez Morales, fue hallada muerta a balazos en un paraje del pueblo vecino de Temixco.

Denunció que su hija fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales de José Joaquín Herrera cuando caminaba por el zócalo de Hueycantenango.

En esta zona de la Montaña Baja, la violencia arreció desde el 2020 después del asesinato de 10 músicos que fue perpetrado por integrantes de la organización delictiva de Los Ardillos, como consta en la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Piden a fiscal que investigue a Los Ardillos

Por segunda vez en una semana, la fiscal general Sandra Luz Valdovinos acudió a la comunidad de Alcozacán para pedirle a los habitantes de la zona que le otorguen un voto de confianza para seguir investigando las desapariciones y asesinatos que han ocurrido ahí.

Durante la Asamblea, en donde estuvieron viudas y huérfanos de personas asesinadas, Jesús Plácido Galindo, líder del CIPOG-EZ, le dijo a la fiscal que hay una complicidad entre las autoridades municipales de esa región con la organización delictiva de Los Ardillos. Expuso que desde 2019 han asesinado en 24 comunidades del municipio de Chilapa a 44 personas y a otras 15 las han desaparecido .

Un familiar de un desaparecido le reclamó a la fiscal que no han hecho nada para hacerles justicia aun cuando el gobierno tiene los instrumentos necesarios para detener a los integrantes de ese grupo delictivo (Los Ardillos).

En esta segunda visita que la fiscal hace a esta comunidad recibió varios reclamos de los familiares de los desaparecidos y asesinados.

 

Buscan por segundo día huesos de niña Ayelín en Tixtla

Un año cuatro meses después de su asesinato, a petición de su madre, 89 huesos de Ayelín son buscados


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

8 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Peritos de las Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en el segundo día de búsqueda de huesos que no fueron recuperados de Ayelín, una niña de 13 años, que en octubre del 2020 fue hallado sus cadáver mutilada en una barranca ubicada entre las colonias la Candelaria y la 6 de noviembre, en la cabecera municipal de Tixtla.

Flora Marcelo Rojas, madre de la niña y que participó en esta jornada de la búsqueda junto con integrantes de colectivos de desaparecidos, informó que están rastreando 89 huesitos de su hija que no han sido recuperados.

La niña desapareció el 15 de octubre del 2020 y después de cuatro días de búsqueda por parte de peritos de la FGE fue hallada mutilada, pero no con todas las partes que le habían quitado por fragmentos. Faltaban huesos.

Flora Marcelo Rojas, quien después de que su hija fue sepultada se desplazó de su comunidad porque recibió amenazas de muerte ha realizado protestas en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables y la localización de los demás restos de su niña.

Derivado de los plantones y marchas que realizó la señora, las autoridades federales y estatales ordenaron que se realizara la diligencia de búsqueda de los 89 huesitos de la menor en una barranca cerca de donde ella vivía junto con su familia en Tixtla.

En esa ocasión, las autoridades informaron que el 15 de octubre a Ayelín la llamó su mamá y le dijo que la esperaría en su negocio de material de reciclaje, ubicado en la colonia Santa Cruz, a un costado de la carretera federal Tixtla-Chilapa. Ayelín fue caminando por una vereda de la barranca de la Candelaria para reunirse con su mamá, pero nunca llegó.

Ese mismo día 15 de octubre, Marcelo Rojas con familiares y vecinos realizaron la búsqueda de Ayelín.

Fue hasta el 19 de octubre cuando peritos de la FGE la localizaron.

En estos dos días de búsqueda de los demás restos de la niña fueron hallados varios huesitos que se podrá determinar si pertenecen a Ayelín después de que se realicen los estudios de ADN.

Por el homicidio de la menor de 13 años, desde el 25 de octubre del 2020 hay cuatro hombres bajo proceso judicial.

La madre de la niña expuso que debido a la pandemia por la Covid-19, el proceso judicial en contra de los presuntos responsables del asesinato de su hija va muy lento.

«La protesta que hicimos en la Ciudad de México es precisamente para que haya justicia, pero vemos que hasta el momento no la habido», dijo la mujer que junto con su familia vive fuera de Guerrero por las amenazas que sufrió después de la muerte de su niña.

Este miércoles (mañana) seguirán los trabajos de búsqueda y el jueves habrá una marcha en las calles de Tixtla para exigir justicia.

Buenavista de la Salud, el pueblo que se curó de espanto después de la masacre a sus comunitarios

Durante enero hubo 87 muertos en Guerrero, entre estos al menos ocho feminicidios. El enfrentamiento de esta comunidad dejó oficialmente seis bajas y después en otro hecho ese mismo día de armados contra la policía, hubo heridos. Acapulco, Iguala y Chilpancingo, las ciudades con más sucesos violentos durante el primer mes del año


Texto: Vania Pigeonutt

Fotografía: Carlos Navarrete y Oscar Guerrero 

8 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Una de las creencias de Buenavista de la Salud, una comunidad perteneciente al Valle del Ocotito, es el espanto–la pérdida de alma por una gran impresión –, por eso desde el 26 de enero, cuando decenas de hombres de una agrupación criminal irrumpieron a la base de su Policía Comunitaria y se enfrentaron con sus guardianes por casi dos horas enlutando a cuatro familias, el curandero del pueblo recibe en promedio a 10 personas cada día.

El señor contó a una vecina de Buenavista que después de la balacera atiende entre niños, adultos, jóvenes, incluso matrimonios con sus hijos, para curarse el espanto. No se da abasto. Para la gente del pueblo, muchos incluso decidieron irse, fue una gran impresión. Otra más. Desde 2017 su base de seguridad ciudadana ha intentado ser tomada por armados que pretenden usar a la comunidad como paso libre para sus actividades ilícitas.

Buenavista, junto con otros pueblos de ese corredor comunitario, en donde está el parque industrial de la zona ubicado en la carretera federal México-Acapulco, han soportado varias irrupciones armadas, de acuerdo a lo que reconoce la misma Fiscalía General del Estado (FGE), por parte de la agrupación criminal local Los Ardillos.

A inicios de marzo de 2018, los hombres armados atacaron con granadas y armas largas la misma base de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación a la que la gente se adhirió en 2014, debido al aumento de secuestros, cobro de cuotas, extorsiones, homicidios, feminicidios y desapariciones.

Ha habido otros asesinatos y heridos resultado de estas irrupciones. El cambio social inmediato son los cierres de negocios y la suspensión de clases. Esta vez las clases son en línea en la mayoría de las escuelas, pero aún así la comunidad famosa por su manantial, parece desértica. Gente se fue dejando a sus animales. Otros se quedaron pero con miedo.

La gente habla de más de 10 muertos del saldo del 26, porque aunque aquí cuatro de sus policías perdieron la vida, entre ellos, el maestro Mario Zamora, comandante y miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del lado de los armados también reportan bajas, pero aseguran que esos cadáveres fueron trasladados de regreso por esos mismos civiles con armas largas.

Frente a la comunidad de Acahuizotla, la FGE reportó otra confrontación entre los integrantes de un supuesto grupo criminal y policías del estado en el que murieron otros dos hombres. Tres policías estatales resultaron heridos tras esos acontecimientos más tres del sistema de seguridad de la UPOEG en Buenvista.

Una historia por tomar el control ataña

Hace cuatro años, Buenavista recibió otros ataques juntos, el 29 de enero y 21 de febrero del 2018, lo que orilló a las personas y autoridades educativas a suspender las clases, también en las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Cajelitos y Rincón de la Vía. Fueron 32 escuelas las que todavía hasta septiembre de ese año, no podían reanudar clases a falta de seguridad pública prometida por el ese entonces gobierno priista de Héctor Astudillo Flores.

Aunque estos ataques empezaron desde 2017, la gente no podría acostumbrarse nunca al sonido de las balas.

Esta historia de más de cinco años, tuvo otro episodio este 26 de enero, miércoles. Eran poco después de las 6 de la tarde cuando una familia que vivía casi frente a la base de la Upoeg, al pie de carretera de Buenavista, terminaba de comer. Primero oyeron como si hubieran encendido cohetes, aunque sus fiestas patronales quedan lejos, el Señor de la Salud, su santo patronal, no se festeja sino hasta marzo. Se les hizo raro.

“Se oía horrible, desde el balazo más leve hacía que vibraran las ventanas, imagínate las granadas que echaron. Fue muy feo. Como vivimos muy cerca, hasta pudimos escuchar las voces de los hombres, las cosas que se gritaban y cómo se coordinaban. –¡Dispárale! ¡Agáchate! – se gritaban. Supongo que a uno de ellos lo hirieron enseguida, porque clarito escuché que le dijo: –¡Súbetelo a la camioneta y llévatelo, que se nos va a ir!”.

La esposa de la familia narra que esta irrupción les agarró a todos desprevenidos, ni por qué habían presenciado las otras balaceras y esas habían sido incluso a las tres de la tarde, les pareció algo familiar. A esa hora los niños salen a jugar a la calle, hay albañiles, todo está muy transitado, por eso es que mucha gente vio cómo el grupo de al menos 50 hombres armados llegó y empezó a disparar desde diferentes ángulos. Incluso a gente en la calle.

“Escuchamos todo, clarito se oía como cortaban cartucho. Nos metimos al cuarto más protegido, pero las balas rebotaban en las paredes de la casa, y se escuchó como caían casquillos. Destendimos las camas y nos acomodamos para poner a nuestros niños ahí, los cuatro nos acomodamos mientras pasaba todo. Esta vez se escuchaba más, se oían las bombas o no sé que se lanzaban”, relata.

Narra que se escuchaban las camionetas quemando llanta a toda velocidad, se gritaban, se bajaban, subían. Todo eso les tocó oír. Debajo de las camas, no sólo esta familia, muchas más permanecieron porque les daba miedo que una bala hiciera que saltara un vidrio de la ventana y los hiriera. Ahí se metió la gente con sus pequeños. También los gatos y perros se escondieron.

“El más pequeño ni supo que pasó, pero el mayor ya está más consciente y nos preguntaba: —¿Qué está pasando, mamá?, ¿Qué es lo que está sonando? —como los teníamos abrazados y con los oídos tapados—. Mi bebé se acurrucó y se quedó dormido rápido, pero el mayor se puso nervioso y desesperado ya se quería salir; tenemos un gatito y no lo encontrábamos, esto lo puso más nervioso porque el gato no entró al cuarto con nosotros. Encontramos al gato cuando terminó todo, hasta las ocho de la noche. Se metió debajo del sillón, escondido”, cuenta.

Aunque toso duró como dos horas, asegura que se escuchaban disparos después de que terminaron con la acción en el cuartel, irrupción que cobró la vida de Mario. “Dicen que estuvieron hasta por la Autopista. Se oían muchas camionetas. Mínimo estuvimos hora y media encerrados debajo de las camas”.

La diferencia de que esta vez sí lograran matar a los principales líderes de su policía comunitaria, coinciden pobladores consultados vía telefónica por Amapola. Periodismo transgresor, fue que estaban comiendo. Los agarraron desprevenidos.

“Los agarraron a todos juntos. Se ponían afuerita, una mesa con sus sillas y ahí comían, según para vigilar también. Dicen que vieron a la camioneta que comenzó a disparar, que Mario entró a la base para sacar armas y salió disparando igual, pero estaban todos desprevenidos y ellos traían un montón de refuerzos”, explica.

Otro testigo considera una pieza clave al profesor Mario Zamora. Cuenta que “en la base estaban a lo mucho unos quince, y de los otros mínimo eran cuatro camionetas repletas de personas armadas, y todavía murieron más de los armados que de los comunitarios. Se escuchaba todo esto, se escuchaban sus gritos, no claramente, pero sí de como se estaban coordinando. De los armados murieron como seis”.

“Mario fue una pieza clave para nosotros como lugareños. Él siempre estuvo al pendiente de todo, buscaba la manera de llevar algo hacía el pueblo y la justicia. Él adentro del pueblo tenía ese objetivo, buscar justicia, que estaba siendo violentado por los grupos armados que se disputan las plazas de aquí”.

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Violencia en enero: feminicidios, asesinatos políticos, comunitarios y comerciantes

La violencia en Guerrero se concentró en tres regiones; la Centro, donde está Buenavista de la Salud, Acapulco-casi la mitad- y la zona Norte, que colinda con la región de la Tierra Caliente, principalmente en los municipios de Iguala y Taxco, donde además, comerciantes reportan un repunte de cobro de cuotas a partir de enero del 2022.

En Buenavista de la Salud casi ya no se ven comunitarios, según comentan vecinos, a partir del miércoles 26. Algunas comunidades de la Sierra de Chilpancingo, como El Fresno, Coacoyulillo y Azinyahualco, pretenden enviar refuerzos comunitarios para que el pueblo no se quede sin su propia seguridad. La Guardia Nacional, la policía estatal, incluso el Ejército dan rondines, pero no están de fijo.

De acuerdo al reporte mensual de muertos que realiza Amapola. Periodismo transgresor, en contraste con el análisis de El Sur, hubo 87 homicidios dolosos en Guerrero durante enero. Fueron asesinados políticos y mujeres. Varios hechos de violencia se concentran en municipios donde hay una policía civil confrontada con grupos delincuenciales.

Hubo en enero, un promedio de tres asesinatos cada día y aunque el 2021 cerró, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación con 1,165 homicidios el año, éste comenzó con un repunte de casi 20 muertos, a diferencia del último mes.

Fueron asesinadas al menos ocho mujeres. Una de ellas a mediados de enero, Delfina Ramírez Morales, de 26 años, madre de dos niños pequeños originaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, en cuya comunidad, también hay un grupo de policía comunitaria, este de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) confrontado con un grupo delincuencial.

En Taxco a inicios de mes fue hallada asesinada, Janelle Millán Laguna, quien fue líder juvenil del Partido Acción Nacional (PAN). Las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, pero también asfixiadas y en algunos casos dejaron mensajes, provenientes supuestamente de grupos delictivos que operan en la entidad.

Otra víctima en la zona Centro, la segunda más violenta después de Acapulco, es el ex candidato a la alcaldía de Tixtla por el PRI, Saúl Nava Astudillo, quien ya había sido atentado y logrado escapar con vida de este primer hecho.

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En Buenavista los velorios se mantuvieron en muy bajo perfil. “Sobre Mario, no supimos cómo fue, ni si lo enterraron o cremaron, fue muy bajita la mano. Del señor que fue su tío (otro asesinado el 26), si supimos que hasta lo fueron a despedir ahí mismo en la base, pero igual, los velorios fueron muy rápidos, los enterraron al día siguiente. La gente no acompañó a los muertos, luego por el covid-19. Además, estaban todos con el miedo y susto”.

La gente de Buenavista mantiene vatios recuerdos. Esta zona del Valle del Ocotito es muy bonita. Este es un pueblo muy conocido por el manantial que tiene y lo agarran de balneario. Hace unos 10 años aún era un pueblo muy tranquilo donde todos tenían  su rutina: los domingos iban a los tamales que vende la señora Mica, también por un chilate.

“Son tamales verdes, rojos, de puerco, pollo, de dulce y vende chilate. Es un negocio muy famoso por acá. Es de ley, ella es muy conocida en todo el Valle, incluso gente de Acapulco ha llegado a venir acá para comprar tamales y chilate. Desde que yo me acuerdo de que me llevaba mi abuela de pequeña, desde que yo tenía dos o tres años”, cuenta una vecina.

La gente extraña los días en los que podías caminar por los establos que están junto a la Autopista desde las seis de la mañana y no pasaba nada. Podían regresar de una fiesta a la medianoche o en la madrugada y no pasaba, todo estaba tranquilo, la gente se conoce. Todo cambió cuando comenzaron a llegar los grupos que se pelean por esta zona. Desde 2014 la gente no se siente absolutamente en paz.

 

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Acapulco: un paraíso que sigue acumulando muertos y heridos

Además de los cuatro cuerpos hallados en Acapulco fue herido un hombre cuyo estado de salud es reportado grave


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Franyeli García

1 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Acapulco continúa acumulando escenas de violencia. Apenas inició febrero y en dos diferentes hechos fueron encontrados cuatro cuerpos en partes y un hombre fue herido cerca del centro del puerto.

La madrugada de hoy martes en Acapulco fueron hallados cuatro cuerpos en el interior de varias bolsas negras en la carretera federal que conduce a este destino turístico.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las seis de la mañana luego de que a través del número de emergencia 911, una voz anónima informó que cerca de la comunidad de El Porvenir, a unos metros del fraccionamiento Unidad Real y de la autopista del Sol, había cadáveres tirados.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, así como personal de la Fiscalía llegaron al lugar y constataron que los cuatro cuerpos estaban en fragmentos al interior de varias bolsas negras.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las cuatro víctimas.

Un herido a balazos Un hombre fue herido a balazos en la calle Diego Hurtado de Mendoza y avenida Constituyentes, cerca del centro de este puerto.

El herido fue trasladado a un hospital para su atención médica y su estado de salud es reportado como grave.

Una historia de antaño

El despliegue de efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía estatal no han frenado las balaceras, homicidios y diversos hechos de violencia en el puerto que desde el 2018 es gobernado por Morena, partido donde milita el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez quien con sus polémicas declaraciones ha dicho que la violencia se debe a la falta de alimentación y al calor, informó que la Secretaría de Seguridad Pública municipal cuenta con 14 patrullas y 900 agentes para brindar seguridad a la ciudadanía.

Dice que el municipio requiere por lo menos 135 patrullas. Culpa a las anteriores administraciones municipales del desastre financiero que le heredaron, incluyendo a su antecesora la también morenista, Adela Román Ocampo.

La violencia en Acapulco, cobró fama nacional e internacional el 27 de enero del 2006 en la colonia La Garita cuando un grupo de la policía municipal se enfrentó a balazos con pistoleros que pertenecían a un grupo criminal dejando como saldo cinco muertos.

En ese entonces el alcalde de ese municipio era Félix Salgado Macedonio, senador morenista con licencia y papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Protestan en Ministerio Público de Tlapa por desaparición de tres jóvenes

Los tres jóvenes fueron contratados por el alcalde Amado Basurto Gálvez para que realizaran una obra de rastreo de un camino


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

30 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Familiares de tres jóvenes desaparecidos desde el 24 pasado en el municipio de Tlacoapa protestaron en la Agencia del Ministerio Público de Tlapa, para exigir su búsqueda y presentación con vida.

Los hermanos y madres de Galileo y Leonel Bruno Morán, así como de Erwin Sánchez Sánchez, dijeron que la última vez que supieron de ellos tuvieron una plática con el alcalde panista de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez después de las siete y media de la noche del lunes 24 de enero.

“A las ocho de la noche sus teléfonos celulares dejaron de sonar”, dijo la esposa de uno de los desaparecidos.

Los tres jóvenes fueron contratados por el alcalde Amado Basurto Gálvez para que realizaran una obra de rastreo de un camino.

Para realizar los trabajos rentaron una retroexcavadora, un camión de volteo y otra camioneta.

“No sólo ellos desaparecieron sino también los vehículos y la retroexcavadora. Eso no nos interesa lo que queremos es de que ellos regresen con vida”, dijo Martha Morán Arellano, madre de Galileo y Leonel Bruno Morán.

En la protesta también estuvieron Citlali Cárdenas Martínez, esposa de Galileo y Anel Bruno, hermana de Leonel y Galileo.

Los familiares de los tres jóvenes desaparecidos exigieron al alcalde de Tlacoapa que dé la cara y que los presente con vida.

“Este sábado nos dijo el alcalde que nos daría información y es la hora que estamos esperando porque él debe saber dónde están ya que la desaparición de mis hijos ocurrió en su municipio”, lamentó Martha Morán.

Los tres jóvenes que se dedican a obras para la construcción son originarios de Malinaltepec, municipio vecino de Tlacoapa, en la región de la Montaña alta.

Los familiares anunciaron que se van a trasladar a Tlacoapa para realizar protestas y exigir la búsqueda y presentación con vida de los jóvenes.

“Vamos a bloquear la carretera de Tlacoapa para presionar al alcalde y nos digan a dónde están nuestros familiares”, dijo la esposa de uno de los desaparecidos.

A su vez, el ayuntamiento de Malinaltepec publicó en las redes sociales un cartel en donde le pide a la población informes sobre el paradero de los tres jóvenes quienes fueron vistos por última vez el lunes 24 en Tlacoapa.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas y puso en marcha un operativo de búsqueda.

La dependencia explicó que de acuerdo con la información que tienen, los tres muchachos iniciaron un contrato de trabajo para trabajar en Tlacoapa a partir del 19 de enero.

“Pero el día 24 de enero del presente año, se disponían a regresar y ya no llegaron y fue la última vez que se les vio en el municipio”, dice la Fiscalía.

Desaparece Comisario de Tlapa

Dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM) denunciaron ante la Fiscalía Regional de Tlapa la desaparición del comisario de la comunidad de Zacualpan, Germán Portillo Velasco.

De acuerdo a la denuncia que se interpuso ante al MPF, el comisario fue hace cuatro días al campo a cuidar a sus animales, pero ya no regresó a su casa.

Dijeron que gente del pueblo ya organizó brigadas de búsqueda, pero hasta el momento no lo han localizado.

 

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