Reportero de Zihuatanejo recibe amenaza de muerte, después de regresar de su refugio dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Amílcar Juárez 

9 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

En 2019, el reportero Leonardo Martínez Peralta huyó de Zihuatanejo después de que rafaguearon las oficinas de los periódicos El Despertar de la Costa y el ABC, en este último, lugar donde trabajaba, tres años después regresó porque según el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) su riesgo disminuyó. El pasado cuatro de febrero lo amenazaron de muerte.

El reportero recordó que en febrero del 2019 cubrió una nota del hallazgo de unos cadáveres, pero en el ABC llegaron amenazas de dos grupos criminales contrarios, uno pidiendo que se publicara la nota y otro que no. Se publicó. Al siguiente día rafaguearon las instalaciones del periódico y de El Despertar de la Costa.

Leonardo Martínez salió de inmediato de Zihuatanejo hacia la Ciudad de México junto con otros de sus compañeros, con apoyo del mecanismo de protección.

En agosto pasado, cuando estaba a punto de terminar la medida cautelar impuesta por el mecanismo, el analista Alfonso de la Peña le llamó para informarle de la evaluación que le habían hecho, el resultado: tenía que regresar a Zihuatanejo porque “ya no corría riesgo” y “con cierta precaución”.

Lo único que le aportaron en el mecanismo a su regreso fue: un botón de pánico- que en diversas ocasiones han denunciado reporteros que no sirve porque no se atiende el llamado cuando lo piden-, a su casa le colocaron una reja con alambre de púas y doble chapa. En agosto pasado regresó a Zihuatanejo.

El regreso del reportero no fue fácil. Lo primero que hizo fue buscar trabajo. Encontró negativas, así como le pasó en Ciudad de México, que al enterarse que era desplazado le negaban trabajos. No le quedó de otra que ir a El Despertar de la Costa a pedir que le permitieran ser colaborador, sin pago, para no perder sus derechos en el Fondo de Apoyo a Periodistas.

En el periódico no mandaría nada que tuviera que ver con grupos criminales, y hace unos días mandó su primera nota sobre los Bancos del Bienestar que están sin funcionar en Petatlán, Zihuatanejo y en La Unión.

El pasado 4 de febrero reporteó sobre la contaminación del agua y acudió a dependencias como Ecología municipal, a la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseg) y al Centro de Salud, para saber sobre los riesgos en torno a la problemática. Le tomaron sus datos.

Luego fue al arroyo de la colonia El Calechoso, tenía una entrevista con pobladores.

“Llegué al lugar y me atendieron. Y en eso veo que pasa un tipo en una moto. Hasta ese día me di cuenta que ya llevaba días siguiéndome. Ya tenía tres días que me estaba siguiendo”, relató.

Al regresar, debajo de un árbol, estaba un hombre de unos 25 años, lo notó sospechoso porque se le quedaba viendo, cuando se lo topó paró al reportero y lo insultó.

“Mira hijo de tu puta madre, ya sabemos que ya regresaste, vimos tu nombre en el periódico”, le dijo el hombre al reportero, para finalizar con un manotazo en el pecho y el arrebato del botón de pánico que traía colgado en el cuello.

Al subir a su vehículo, el reportero, dijo, que marcó al 911 para reportar lo sucedido y llegaron seis patrullas para hacer un retén. Los policías le dijeron que denunciara por la amenaza de muerte que vivió. Aceptó.

La amenaza y el robo también lo notificó al mecanismo de protección, y envió correos al coordinador ejecutivo nacional, Enrique Irazoque Palazuelos, al jefe de la Unidad de Evaluación de Riesgos, Alfonso de la Rosa López, y a su primer contacto Columba Pérez Pacheco. Además le notificó a la empresa RCU, quien le dotó del botón de pánico y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Cuando a Leonardo Martínez le notificaron que debía regresar a Zihuatanejo porque el riesgo había disminuido tuvo la certeza que conforme empezara a escribir las amenazas regresarían, y así fue.

Antes de huir en 2019, las amenazas que recibió, dijo, eran de muerte y sabía que venían de grupos criminales, por ejemplo, una vez le dijeron que lo iban a matar, a cortar la cabeza y le iban a dejar cartulinas.

“Uno de los acuerdo con el mecanismo fue que iban hacer rondines en las cercanías de mi domicilio, en todo este tiempo sólo una vez han venido. Vinieron el 2 de noviembre del 2021, sólo me hicieron firmar un formato de que habían venido”, lamentó el reportero.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) también le hizo una promesa, que le ayudarían a buscar empleo, tampoco cumplió. Además tiene la duda de si pronto le quitarán el apoyo de 4,000 pesos al mes que le da comisión ejecutiva.

“A veces siento que no me van a dar trabajo, eso me pone triste, me deprime. Acá siento que los compañeros se alejan de mí por el riesgo. La verdad si estoy pensando que si no encuentro trabajo en algún medio pues irme a la iniciativa privada, porque es difícil trabajar de gratis para los periódicos”, expresó el reportero.

Aunque la amenaza de muerte está latente Leonardo Martínez decidió hacer pública su situación, porque además el mecanismo de protección no está haciendo su trabajo pese al riesgo que vive, y no quiere ser un muerto más en la lista.

De acuerdo al organismo internacional Artículo 19, del 2000 al 2022 registró el asesinato de 48 periodistas en el país. Durante enero asesinaron a cuatro periodistas y durante el sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han asesinado a 29 periodistas.

El pasado 3 de enero, el colaborador del medio digital Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos, en Zitácuaro, municipio de Michoacán, por hombres desconocidos.

Y las balas seguían…

Texto: Alejandro Ortiz / Ahora Guerrero

Fotografía: Carlos Navarrete

27 de enero de 2022

 

Eran apenas las 6 de la tarde, cuando una descarga de balas lanzó un aviso a la población para ponerse a salvo; por casi una hora, civiles armados y guardias comunitarios en Guerrero se enfrentaron en un pequeño poblado al sur de Chilpancingo, dejando como saldo muertos, heridos y una ola de terror entre habitantes que fueron totalmente abandonados por la autoridad.

En la comunidad de Buenavista de la Salud, que forma parte del corredor del Valle del Ocotito, un presunto grupo delictivo irrumpió por todas las entradas de la localidad y atacó la base de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Decir que fueron cientos de balas es poco, el sonido ensordecedor de los cañones no dejaba de parar por todas las direcciones posibles, el grito entre los grupos solo era confundible con el de las familias llamando a sus seres para resguardarse.

Baños, cuartos cerrados y camas, fueron los lugares en donde decenas de familias tuvieron que ponerse a salvo pecho tierra por más de una hora, hasta el cese del intercambio de disparos.

Y así, en medio de una fiera lluvia de balas, un pueblo resistió la agresión en la que quedó demostrado el poderío de los grupos de facto en la entidad, y la pobre y lenta respuesta de los encargados del orden.

La historia de fuego en Buenavista, ha sido un tema que durante los últimos cinco años ha ocupado espacios en portadas de noticieros y medios de comunicación, pero no así de la autoridad, que se ha limitado a poner “resguardo” por uno, dos o tres días, hasta el siguiente baño de sangre.

Balas en las calles, escuelas y negocios cerrados, y la rabia cruzada con miedo, por la pérdida de personas tras los ataques, son el aroma que se respira en la pequeña población, de la que decenas de familias han huido en los últimos años.

Violencia contra periodistas en México: más de 90% de crímenes impunes y mecanismos de protección insuficientes

Ya son 28 periodistas asesinados presuntamente por su labor periodística en lo que va del gobierno de López Obrador, según el registro de Artículo 19


Texto: Samedi Aguirre / Animal político

Fotografía: Oscar Guerrero

26 de septiembre de 2022

 

El asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana es el vigésimo octavo homicidio de una o un informador presuntamente por su labor periodística en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el tercero en el año, de acuerdo con el conteo de la organización Artículo 19.

El caso, que activó llamados a protestas este en varios estados este 25 de enero, tiene como antecedente un predominio de la impunidad en el país, que  abre paso a más violencia contra comunicadores. Desde 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México inició 3,419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores, y de ellas, en solo 28 se habían logrado sentencias contra los responsables. Menos del 1% respecto al total de casos.

En 11 años, la FEADLE registró 94 asesinatos de periodistas, y hasta diciembre de 2021 solo tenía el registro de 6 sentencias por el delito de homicidio en contra de informadores, descartando en el 70% de los casos investigados que existiera vínculo con el trabajo periodístico.

A finales de 2020, el propio Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, reconoció que “hay un porcentaje muy alto de impunidad”. En noviembre de ese año dijo que en los casos de 38 periodistas asesinados en lo que iba del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador -el gobierno y organizaciones tienen distintos métodos de conteo- sólo se habían obtenido, hasta ese momento, 2 sentencias condenatorias.  Lo que arroja, de nuevo, más de 90% de impunidad.

“Yo creo que estamos en un momento muy complicado, muy difícil para el gremio periodístico y para el país en general, que hemos visto el incremento de atentados contra periodistas y asesinatos”, comenta respecto a la crisis de violencia contra periodistas Lucía Lagunes, directora de la organización CIMAC.

“En la medida en la que la violencia contra la prensa va imponiendo el silencio en vastas regiones de nuestro país se está violentando nuestro derecho a la información. Cuando se pierden esas voces, esos ojos, esos oídos que nos están informando la sociedad pierde mucho y perdemos  también la posibilidad de construir una verdadera sociedad democrática”, destaca Polo Maldonado, director de Artículo 19 en México.

Otra organización, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ubicó en 2021 a México en el sexto puesto de su índice de Impunidad Global de asesinatos contra informadores, solo por debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán.

“A pesar de que las autoridades han obtenido condenas clave en los casos de los periodistas asesinados Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea en 2020 y 2021, los medios continúan siendo atacados con frecuencia alarmante.

Al 31 de agosto, el CPJ había documentado como mínimo tres casos de asesinato de periodistas en México con absoluta impunidad en 2021; cuatro periodistas sufrieron la misma suerte en 2020, cifra solamente superada por los casos de periodistas asesinados en Afganistán”, refirió el CPJ.

Una Fiscalía insuficiente

En México, la  Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) es la autoridad que se encarga a nivel federal de “dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión”, según como se lee su página institucional.​

El director de Artículo 19 relata que esta fiscalía se creó hace más 10 años, gracias a las exigencias de diferentes organizaciones, periodistas y activistas, precisamente porque las investigaciones en materia de delitos contra la prensa requieren de un enfoque que pueda construir investigaciones a partir del contexto de la víctima periodista, de sus publicaciones  y de quienes pudieron haberse sentido exhibidos por sus investigaciones.

Sin embargo, Lucía Lagunes señala que dicha fiscalía tendría que haber empezado a dar resultados desde que se creó, lo cual no ha sucedido. Tampoco con el gobierno de López Obrador:

“Un cambio de gobierno en el cual se nos ha machacado de que aquí no hay impunidad, pues nosotras las periodistas tenemos otros datos, y los datos están siendo contrastados con la vida,  la vida de periodistas que estaban siendo asesinados y que no hay investigación.

De periodistas que han tenido que dejar las entidades federativas, porque de quedarse en ellas es probable que los asesinen, y son desterrados del lugar donde hacen su labor periodística y son echados a exiliarse dentro de su propio país, a otras ciudades donde muchas veces pierden la oportunidad de seguir haciendo periodismo”.

Así le ocurrió a la periodista Laura Sánchez Ley, originaria de Tijuana, quien hace 6 años tuvo que abandonar su estado tras ser agredida, acosada y amenazada por su trabajo de investigación periodística en aquella entidad.

“Consideré que ya  era momento de partir porque estaba de por medio también mi familia”, dijo Sánchez Ley a Animal Político, quien continúa como periodista independiente pero desde otra ciudad.

“La verdad es una situación muy compleja porque te pasan por la cabeza muchas cosas, piensas que te ven, piensas que te están vigilando, estás en constante comunicación con tu familia porque la familia es lo que más preocupa en esos lugares como Tijuana”, describe Sánchez Ley.

Ante la necesidad de homologar los procesos en todas las fiscalías del país, en 2018 se creó el  “Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”, como una herramienta para que las y los agentes del Ministerio Público, policías, peritos y analistas de información de toda la República pudieran resolver con mayor eficacia este tipo de delitos.

Pero a decir de Maldonado, “este protocolo, lamentablemente, en muchas de las entidades es letra muerta, y no se aborda la violencia contra la prensa con un lenguaje especializado”.

En parte, dice, esto se debe a que tampoco existe el interés por parte de la autoridad de hacerlo,  puesto que “la violencia contra la prensa tiene una motivación política  y precisamente al trastocar sus intereses políticos es que las investigaciones  no avanzan en el fuero común”.

Lagunes coincide y señala que quienes son agredidos “son estos periodistas que investigan las corrupciones de las entidades federativas en los gobiernos estatales, pero también en el gobierno federal”.

Por ejemplo, Artículo 19 registró 362 agresiones contra la prensa cometidas en el primer semestre del 2021, de las cuales 193  fueron por coberturas de política y corrupción.

Para Lagunes, el nivel de impunidad que se alcanza en nuestro país es muy insultante, que tendría que llevar al Fiscal General de la República a replantearse el lugar que se ocupa. Pues estamos hablando de una impunidad de entre el 90, 98%, digamos, dependiendo de las estadísticas”.

Además, Maldonado destaca que hay que ver las cifras con cuidado porque cuando se logra sentencia pues “no necesariamente se logra  en contra de todos los implicados”.

Rara vez, continuó, se logra concretar una sentencia en contra de los autores intelectuales de las agresiones, y ese debería ser parte del objetivo.

Y la situación se complica más a nivel local, pues Maldonado recuerda que el 50% de las agresiones contra la prensa las cometen funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, quienes suelen tener complicidad con los agentes del ministerio público locales.

Otro punto que destaca Lagunes es que se debería considerar la vulnerabilidad que enfrentamos las mujeres periodistas en un país en donde la violencia contra las mujeres está normalizada socialmente.

Mecanismos de protección que también se quedan cortos

Por otro lado, en México también existe a nivel federal, y en algunas regiones a nivel local un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La FEADLE, en su reporte de diciembre de 2021, dio la cifra de  510 periodistas que habían solicitado medidas de protección entre julio de 2010 y diciembre de 2021, medidas entre las que se encuentran rondines domiciliarios, botón de pánico, y chalecos antibalas.

Al respecto, Lagunes señala que en su momento el Mecanismo también fue un recurso impulsado desde la sociedad civil y el gremio periodístico, pues “las organizaciones veíamos en su momento que era fundamental hacer evidente la responsabilidad del Estado mexicano ante la violencia que estaban viviendo personas defensoras y periodistas, los eslabones fundamentales para la democracia en México y en cualquier país”.

Lagunes destaca que “el mecanismo ha hecho de lo que ha podido y hasta hace muy poco tiempo decíamos, había salvado vidas. Creo que en muchos casos sigue salvando vidas, pero hoy tenemos periodistas asesinados, defensores defensoras asesinadas que estaban bajo el mecanismo de protección y debería haber una revisión interna de cuáles fueron las falencias que no advirtieron el riesgo para prevenir el homicidio”.

Leopoldo Maldonado señala que el problema es que “estos mecanismos son reactivos, no preventivos, y  es algo que se tiene que cambiar, pero además no siempre cuentan con los recursos humanos, financieros y logísticos para poder avanzar en fortalecer las medidas de protección, ser más eficaces”.

Sánchez Ley lo sabe de primera mano, pues relata que cuando sufrió la agresión la medida precautoria que le dieron con base en los mecanismos de defensa de periodistas fue algo llamado botón de pánico.

“Era el número directo del supervisor del C4 en Baja California, en ese momento hice la prueba, hice la llamada y nunca me contestaron ¿Que hubiera pasado si hubiera estado en una situación de riesgo? No me hubieran contestado, esa es la verdad que los mecanismos son un verdadero fracaso que de ninguna manera ha logrado ofrecer certezas a los periodistas y a las familias de quienes estamos en riesgo”, señala.

“Si la protección no va acompañada del abatimiento de la impunidad, no va a haber mecanismo, no va a haber programa de protección que pueda garantizar la seguridad de la prensa. Es una mirada integral, es una mirada sistémica que hoy por hoy no existe en México”, señala Maldonado.

Lo que se necesita, insiste, “es ir más allá de las medidas reactivas y de protección que va a recibir un periodista sino avanzar en que  las instituciones cumplan con sus  funciones y sus responsabilidad”.

Lagunes coincide, pues señala que “los atentados a la libertad de prensa son el reflejo de la debilidad de una democracia”.

Además, opina, el mecanismo “no ha logrado revertir las condiciones estructurales que permiten que los crímenes contra periodistas se puedan ejecutar. Y no lo ha logrado revertir, especialmente en estos tres años porque para el nuevo gobierno no es prioridad”.

“Entonces no se trata de que las y los periodistas son sujetos de derechos especiales, tiene una importancia y una preponderancia su labor en cualquier sociedad democrática porque precisamente nos informan, y a partir de la información es que podemos ejercer nuestros derechos y eso en México está en un grave riesgo”, señala Maldonado.

El subsecretario Encinas, en la conferencia de 2020, indicó que desde 2017 hasta agosto de ese año habían sido asesinados 6 periodistas incorporados al Mecanismo de Protección, 4 de ellos entre 2019 y 2020, Rafael Murúa, Francisco Romero, Jorge Armenta y Pablo Morrugares.

En el caso de Lourdes Maldonado, según refieren medios locales, estaba inscrita a un mecanismo de protección estatal, sin que eso impidiera su asesinato.

“La pandemia puso en riesgo la salud, seguridad e integridad de las mujeres periodistas en México”: CIMAC

La encuesta Impacto de la COVID-19 en las periodistas: precariedad y violencia elaborada por la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) da cuenta de la precariedad y la violencia en la que las mujeres periodistas deben ejercer su labor.

Para conocer las violencias que viven las profesionales del periodismo, CIMAC, aplicó una encuesta a 289 mujeres periodistas en las 32 entidades federales. Los resultados evidencian que, si bien, ciertos tipos de violencia ya eran recurrentes antes de la crisis sanitaria, tanto dentro como fuera de las redacciones (como el acoso y el hostigamiento sexual), la pandemia vino a agudizar muchas otras desigualdades, como la brecha salarial y el acceso a condiciones de trabajo justas.


Texto: Samantha Anaya / Zonadocs

Ilustración: Zonadocs

24 de enero de 2022

 

El 2021 fue un año violento para las periodistas en México. La encuesta Impacto de la COVID-19 en las periodistas: precariedad y violencia elaborada por la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), muestra que el 73% de las encuestadas vivieron violencia psicológica a través de insultos, comentarios sobre su persona o físico y desvalorización de su trabajo.

La encuesta fue realizada a 289 mujeres profesionales del periodismo en los 32 estados del país.

Previo a la pandemia, la violencia contra las periodistas ya era una constante en el día a día de su labor. El informe de CIMAC, Herencia de un sexenio: simulación y desplazamiento. Violencia contra las mujeres periodistas 2021-2018, menciona que el descrédito social de su trabajo y su palabra, son algunas de las principales consecuencias que enfrentan al ser violentadas.

El documento señala que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto las denuncias que realizaron no fueron escuchas y, por el contrario, fueron acusadas de “mentirosas, exageradas o locas”, incluso, aquellas mujeres que recibieron amenazas de violación o asesinato de sus hijas e hijos.

Entre los tipos de violencia que vivieron con mayor frecuencia las profesionales de la información en este periodo de tiempo fueron: actos de intimidación 19.56%; amenazas 13.39%; hostigamiento 11.51%; agresiones físicas 10.15%; bloqueo informativo 8.69%; campañas de desprestigio 7.22% ; y el uso desproporcionado de la fuerza pública 6.28%.

 

Al igual que en otros ámbitos sociales, la pandemia de la COVID-19 vino a agudizar las agresiones contra las mujeres periodistas. Tan sólo, en 2021, 5 de cada 10 identificaron que vivieron violencia sexual a través de tocamientos no deseados, insinuaciones, llamadas o mensajes con contenido sexual, invitaciones sexuales de sus fuentes de información y compañeros de trabajo.

Cirenia Celestino Ortega, periodista e integrante de CIMAC, comparte que la violencia contra las periodistas se vive tanto dentro como fuera de las redacciones:

“Al exterior, sabemos que México es de los países más peligrosos para ejercer la labor periodística. Todo lo que ellas realizan siempre tiende a verse con cierta connotación sexual. Y, al final, todas esas violencias son obstáculos para el ejercicio de la labor periodística”.

En ese sentido, la periodista explica que tal afirmación tiene sentido en virtud de la “violencia externa” que reciben de parte de los funcionarios públicos, quienes son los primeros agresores. De acuerdo con la cartografía de casos de violencia contra periodistas mujeres de la Red, del 11 de marzo de 2020 (fecha en que se decretaron las medidas de confinamiento y sana distancia por la COVID-19) al 31 de diciembre de 2021, fueron registradas 437 agresiones en México, de las cuales 11 tuvieron lugar en Jalisco. De este total, 182 ataques corresponden a casos de violencia institucional.

De igual forma, la violencia y las desigualdades continúan al interior de las redacciones:

“Notamos que estas marcas de género se pueden ver en la brecha salarial. A esto se suma la ausencia de derechos laborales, jornadas laborales que no permiten conciliar la vida laboral con la vida profesional. Ellas reportan que cuando hay cursos de capacitación a ellas se les capacita menos y se les da prioridad a los compañeros hombres. Todo esto va significando obstáculos en su desarrollo profesional”.

Aunado a la violencia de género que ya vivían las profesionistas y especialistas, con la pandemia se agravó la precariedad laboral, pues en medio de este contexto las empresas mediáticas tuvieron que tomar decisiones para poder continuar, “desde reducir su plantilla, mandar a algunas personas a trabajar desde casa, y muchos otros tuvieron que cerrar”. En la encuesta se demuestra que sólo el 30% de las encuestadas señaló que el medio donde labora tomó alguna medida para sobrevivir económicamente a la pandemia.

Asimismo, de cada 10 periodistas:

  • 7 debieron trabajar con sus propias herramientas durante la pandemia.
  • 5 recibieron de su medio medidas y materiales para prevenir contagios del virus.
  • 3 recibieron de su medio medidas para proteger su seguridad en la cobertura durante la pandemia.
  • 1 reconoció que su medio hizo alguna acción o buena práctica específica para mujeres periodistas como comprensión a sus responsabilidades familiares.

Aunado a ello, el 72% reportó que ahora deben laborar sin horario fijo, lo que dificulta la conciliación de la vida personal y profesional.

Para el 77% la contingencia sanitaria significó un incremento en sus gastos. Al trabajar en casa ajustaron sus gastos para pagar el servicio de internet, comprar algún dispositivo electrónico, el gas, la luz y el agua. También, deben comprar frecuentemente sanitizante, cubrebocas, gel antibacterial, pruebas covid, medicamentos. Y tan sólo el 31% de las periodistas encuestadas ganan más de $10,000 MXN mensuales.

Violencia digital

“Cuando tuvimos que trabajar desde casa, el riesgo de ser víctimas de violencia digital aumentó”.

 

El trabajo a distancia significó para las periodistas estar mayormente expuestas a las redes sociales y demás medios digitales, pues, además de su trabajo como reporteras, durante la pandemia el 49% tuvo que conseguir un trabajo adicional.

Cirenia Celestino añade que del 11 de marzo de 2020 a septiembre de 2021, registraron 397 agresiones virtuales contra mujeres periodistas, y los principales ataques que denuncian tienen que ver con bloqueos informativos, seguidos de amenazas y ataques directos, es decir, que la violencia digital aumentó en un 70% contra mujeres periodistas durante la pandemia. Los ataques digitales van desde mensajes que incitan al odio, hasta difusión de información falsa, así como casos de acoso, hostigamiento, amenazas, intervención a sus dispositivos electrónicos, filtración o robo de información, suplantación y/o extorsiones.

“La violencia digital contra nosotras aumentó, aún cuando este es nuestro principal medio de trabajo ahora”.

Ni salud, ni seguridad

Si bien, muchos medios tomaron la decisión de enviar a sus equipos de redacción a trabajar a la distancia, el riesgo de contraer COVID-19al que se enfrentaron las reporteras al ejercer su labor periodística fue constante:

“El hacer coberturas en espacios cerrados, sin ventilación, o el hecho de que a veces las fuentes de información no se quieren poner cubrebocas, o los espacios en los que cubren no tienen medidas de salud fueron factores que hicieron que muchas contrajeran COVID”, sentencia Cirenia.

De las 289 periodistas encuestadas, el 66% adquirió COVID durante el ejercicio periodístico. Mientras que, el 34% abandonó su actividad profesional debido al virus de COVID-19. Y hasta el momento de la aplicación del sondeo (agosto de 2021), 27% tenía COVID-19.

En virtud de lo anterior, Cirenia, desde CIMAC, concluye diciendo que además del aumento en la carga laboral, el trabajo doméstico, la crianza de su hijas e hijos, el contraer COVID-19 se sumó a los factores que impactaron negativamente el desarrollo profesional de las periodistas.

“Recordemos que hombres y mujeres no participan de forma igualitaria y equitativa en las labores de hogar y en la crianza de los hijos e hijas, ahora suma todas las demás desigualdades de género que se vinieron a agudizar a causa de la pandemia”.

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