El Hospital Básico Comunitario del municipio de Acatepec, en la región de la Montaña, no atendió a la totalidad de 130 niños y adultos que se intoxicaron después de comer pozole y beber agua fresca supuestamente contaminados en una iglesia cristiana.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que un buen grupo que se enfermaron tuvieron que ser trasladados al Hospital General y a clínicas particulares de Tlapa para ser atendidos.
Según Tlachinollan, los padres de los niños cuentan que sus hijos se habrían intoxicado al ingerir alimentos en dicha iglesia.
Acatepec es cabecera del municipio que lleva este mismo nombre y es una demarcación de alta marginación y pobreza.
Según esta organización de derechos humanos, con sede en Tlapa, en el hospital básico comunitario de Acatepec desde hace años no hay medicamentos.
Los menores de edad y adultos estuvieron en las instalaciones de la iglesia cristiana en donde se les dio de comer pozole y de beber agua fresca.
Poco después de haber ingerido los alimentos, los feligreses empezaron con los malestares como dolor de estómago y diarrea.
Los enfermos acudieron al Hospital de esa localidad pero debido a que el espacio es insuficiente y falta de medicamentos muchos tuvieron que ser trasladados a Tlapa o a la localidad vecina de Zapotitlán Tablas.
Hasta la mañana de hoy jueves es estable el estado de salud de la mayoría de las personas aunque una señora de avanzada edad está grave, informó Tlachinollan.
Según este organismo, una familia que llevó a una clínica particular de Tlapa a cinco niños no pudo pagar los ocho mil pesos por la atención por lo que se quedaron endeudados.
Por su parte, la Secretaría de Salud estatal informó que fueron 107 las personas intoxicadas por haber ingerido pozole y agua de jamaica en la colonia El Guayabo, en Acatepec.
Indica que el agua fresca de jamaica que tomaron los feligreses fue elaborada con agua de pozo.
Según la Secretaría de Salud, hasta la medianoche de ayer miércoles solamente seis personas intoxicadas permanecían hospitalizadas.
En los dos últimos días en sus conferencias mañaneras que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expuesto la crisis que existe en el sector salud de Guerrero en donde según él, en los hospitales y centros de salud hay insuficiencia de medicamentos y la falta de médicos especialistas sobre todo en las comunidades rurales.
“De que sirve que en Guerrero (en Acapulco) se haya trasladado la sede de la Secretaría de Salud si hay enormes carencias en este sector de salud”, dijo López Obrador.
En julio del 2021, el gobierno federal presumió la reapertura del Hospital Básico Comunitario en Tlacoapa, en la región de la Montaña, pero es la hora que no llegan los médicos especialistas.
El Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) mantiene abierta la convocatoria para el registro de aspirantes de médicos especialistas pero no se han escrito.
Se registra para un quinto periodo al frente del Sindicato de Salud; la acusan de «cacique» y «corrupta»
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
La dirigente de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), Beatriz Vélez Núñez, se registró para reelegirse en el cargo por un quinto período en medio de acusaciones de actos de corrupción y de ejercer un cacicazgo.
Al principal opositor de Vélez, el médico dentista Hilario Zúñiga Escamilla le negaron el registro para contender en la elección que se va a desarrollar el 3 de septiembre próximo.
Después que la comisión electoral del SNTS le negó su registro para encabeza la planilla Roja, Zúñiga acusó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a el padre de ella, el senador Félix Salgado, de haberse inmiscuido en este proceso electoral apoyando a la priísta Vélez Núñez.
Vélez, quien ha sido diputada federal y actualmente es subsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FTSE) ya cumplió 12 años al frente de la dirigencia de la Sección 36 del SNTS.
Ahora Vélez pretende cumplir un quinto periodo, ahora de cuatro años.
Este jueves Vélez Núñez movilizó a un millar de trabajadores de los hospitales y centros de salud para que acudieran a su registro.
«Son las prácticas del PRI y ella (Vélez Núñez) representa la corrupción en el sindicato», acusó Zúñiga Escamilla momento antes de que la Comisión Electoral le negara su registro por no cumplir con los requisitos.
Zúñiga dijo que en los 12 años que lleva Vélez Núñez al frente del SNTS no ha informado a los más de 16 mil trabajadores sindicalizados en que se han utilizado las cuotas sindicales.
«A cada trabajador nos descuentan 150 pesos cada quincena por cuota sindical, luego entonces a dónde va a dar ese dinero?» preguntó Zúñiga Escamilla.
Antes de que iniciara el registro de las planillas, los contingentes de cada uno de los aspirantes, de Zúñiga y el otro de Vélez Núñez, partieron en marcha desde puntos diferentes.
El más numeroso fue el de la priísta Vélez Núñez quien trasladó a su gente en autobuses a Chilpancingo.
A su vez el del morenista Zúñiga Escamilla fue menor en número y partieron en marcha de la gasolinera del DIF estatal, al norte de esta ciudad.
Durante el mitin que encabezó Vélez Núñez hubo gritos de sus simpatizantes contra los de la gente de Zúñiga.
«Fuera Bety», «fuera cacique», le gritaban a Vélez.
Zúñiga Escamilla aseguró que los simpatizantes de su contrincante bloquearon el acceso de las oficinas sindicales para intentar evitar que registraran su planilla.
«Era gente de las colonias, golpeadoras, nos bloquearon el paso», afirmó Zúñiga.
Mencionó que acudirá ante los tribunales para impugnar la decisión que tomaron los integrantes de la Comisión Electoral que le negó su registro a la planilla que él encabeza.
Durante del Parlamento Juvenil realizado en el Congreso local, jóvenes de las siete regiones del estado pidieron a los diputados legislar sobre temas de salud, justicia, el reconocimiento de sus derechos y el medio ambiente.
El Parlamento Juvenil es una plataforma impulsada por el Congreso local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) y la Secretaría de la Juventud para darle la oportunidad a los jóvenes de proponer en la tribuna del Congreso reformas y leyes que sean importantes para ellos.
Algunas de las propuestas de los jóvenes fueron el reconocimiento de sus derechos como juventud, y como parte de algún pueblo originario y afrodescendiente y como población LGBT.
La joven Olimpia Pastrana Sarabia pidió reformar la Ley Número 607 sobre Juventud del Estado de Guerrero para que los jóvenes de pueblos originarios y afrodescendientes sean mencionados como sujetos de derechos.
«En la ley 607 no hay artículos que nos garanticen derechos políticos a los pueblos afro y por lo mismo hay muchos sueños truncados», mencionó Pastrana Sarabia.
Sobre el tema de pueblos originarios, Carmen Ignacio García, quien pertenece a la comunidad na savi y es originaria de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero, habló sobre el tema de los matrimonios infantiles y pidió que sea catalogado como delito e incluirlo en el Código Penal del Estado.
«En la Montaña las niñas no podemos soñar con ser abogadas o doctoras porque los señores grandes nos venden, y eso no es justo, tiene que ser delito privarnos de esos sueños».
En la Montaña de Guerrero en los últimos años diversos casos de venta de niñas fueron públicos.
Alondra Iturbide Ortíz, joven Amuzga, planteó derogar el artículo referente a la justicia indígena dentro de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por considerar que las denominadas policías comunitarias afectan a las mujeres de la región al permitir la venta de niñas y penalizarlas en caso de que se nieguen a ser vendidas.
Sobre el tema de las infancias Erick Pavell Galeana Mayo propuso reformas al Código Penal del Estado para que se elimine la prescripción de los delitos cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes.
Hubo una propuesta de crear en los municipios un Consejo Ciudadano de juventud y que sea un organismo autónomo e independiente integrado por personas jóvenes.
Otro tema abordado por los jóvenes fue el medio ambiente y cambio climático.
Justino Jacinto Román propuso la creación de una ley de arbolado urbano, que establezca normativas y sanciones para quienes talen árboles en zonas urbanas de la entidad.
Otro de los jóvenes preocupados por el medio ambiente fue Pablo Cortés García, quien planteo se debe agregar a la Ley 878 de Equilibrio Ecológico la educación ambiental y sancionar a los pueblos y ciudades que contaminen ríos cercanos.
Los derechos sexuales y reproductivos fue otro de los grandes temas, donde una gran parte de los jóvenes se pronunciaron.
«La menstruación es la única sangre que no proviene de la violencia y es la que más repudia la sociedad «, mencionó al inicio de su participación Galilea García Bello.
Ella propuso que las mujeres tengan una menstruación digna; mencionó la Secretaría de Salud debe garantizar productos gratuitos para la menstruación y asignar espacios dignos para las mujeres, así como una educación plena sobre el tema.
Julio César Lázaro Alejo subió a tribuna y colocó una bandera LGBT, durante su participación propuso que dentro del Premio Estatal de la Juventud se integre un espacio para la diversidad.
Otro de los jóvenes que participaron en el tema de la diversidad sexual fue Luis Fernando Mendoza García, quien propuso reformar el Código Civil del Estado para garantizar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, así como la tipificación de los crímenes de odio en el Código Penal.
En el tema de ciencia y tecnología, Arlette Pamela Silva Hernández propuso dotar de recursos económicos a las instituciones dedicadas al arte, la ciencia, la tecnología y la innovación, y prestarle atención a las comunidades marginadas.
Silva Hernández es parte de 60 jóvenes seleccionados de todo el mundo para participar en el Programa Internacional del Aire y el Espacio de la NASA en Alabama, Estados Unidos.
Un tema del que muchos de los participantes hablaron fue el de garantizar el derecho a la salud y, en particular, a la salud mental, pues, consideraron que es un tema abandonado por las autoridades y que impacta en los jóvenes.
Al término del Parlamento, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Alfredo Sánchez Esquivel, mencionó que harán un resumen de las participaciones y las tomarán en cuenta.
No mencionó sobre una próxima reunión o plan de trabajo para darle seguimiento a las propuestas de los jóvenes.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que tres playas de Acapulco no son aptas para el uso recreativo debido a que presentan los límites establecidos de 200 enterococos en 100 millitros de agua.
Se trata de las playas Hornos, Suave y Manzanillo, las más visitadas en temporada vacacional.
En diciembre del 2021, también en plena temporada vacacional de fin de año, la Cofepris, declaró las playas Suave, Tlacopanocha y Hornos no aptas para el uso recreativo.
Desde hace años varias playas de Acapulco son señaladas por la Cofepris como las más contaminadas.
Los mismos usuarios de las redes sociales han documentado con videos los escurrimientos de aguas residuales que llegan a las playas, entre ellas Hornos, Tlacopanocha, Manzanillo, Suave e Icacos.
Dirigentes de organizaciones empresariales denunciaron la falta de voluntad de los gobiernos federal, estatal y municipal para sanear la bahía.
Uno de los problemas que enfrenta este puerto es de que no todas las plantas tratadoras de aguas residuales funcionan al cien por ciento además de que en algunas partes hay drenajes colapsados.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) informó que para atender el problema de la contaminación de la bahía pidió al gobierno federal atender este problema enviando una inversión de 415 millones de pesos para la red de drenaje sanitario en las partes altas de este puerto.
En agosto del 2020, en una visita que realizó en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno invertiría 750 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana de este puerto y sanear la bahía.
En ese entonces, el gobernador de Guerrero era el priísta Héctor Astudillo Flores y Adela Román Ocampo, de Morena, alcaldesa de Acapulco.
El Gobierno federal reconoce que no cuenta con un programa o calendario para la transición en el modelo de atención a personas sin seguridad social.
Texto: Andrea Vega / Animal Político
Fotografía: Facebook INSABI
10 de junio de 2022
Los cambios para que el Insabi traspase al IMSS-Bienestar la atención a la población sin seguridad social se aplican sin una estrategia o evaluación prediseñada con indicadores, plazos o tiempos. Incluso se eligieron estados cuyos gobernadores se ofrecieron como voluntarios con el requisito de atender una lista de pasos que, además, no es forzoso seguir en orden ni aplicarlos todos.
Así lo reconoció el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al responder cuatro solicitudes de transparencia enviadas por Animal Político. En las solicitudes se pidió conocer los cronogramas, planes de trabajo y lineamientos que sustentan el tránsito hacia la nueva política de federalización de servicios de salud y la decisión de comenzar con Nayarit y después con otros 14 estados.
La respuesta oficial es que esa información no existe como se solicita. No hay documentos previos ni fechas calendarizadas para avanzar en el modelo. La selección de las entidades no tuvo otro criterio más que el de los gobernadores que han levantado la mano para ser parte de ese modelo. Nayarit fue el primero de ellos.
“La Unidad del Programa IMSS-Bienestar informa que la participación de cada entidad de la República Mexicana en el proceso de federalización (transformación) de los servicios de salud para la aplicación del modelo IMSS-Bienestar, es una decisión adoptada de manera voluntaria por la persona titular del ejecutivo estatal; y se lleva a cabo de acuerdo con nueve pasos”.
Los pasos son:
Presentación del modelo al ejecutivo estatal.
Levantamiento de diagnóstico en campo.
Integración de equipos federación-estado.
Análisis de resultados y brechas.
Firma de convenio marco.
Intercambio de información.
Instalación de mesas de transición.
Firma de convenios específicos.
Acuerdos de entrega-recepción e implementación del modelo IMSS-Bienestar.
Estos pasos, como el mismo IMSS aclara, no necesariamente son sucesivos, y ni siquiera es forzoso aplicarlos todos.
“Cabe señalar que la ejecución de estos pasos no es necesariamente cronológica, y puede variar en función de los acuerdos que se establezcan con cada entidad federativa”, indica el Instituto en sus respuestas.
Por la misma razón, advierte el Instituto, tampoco hay un cronograma o calendario de cómo se irá avanzando en los estrados.
“Únicamente se cuenta con la fecha de implementación del modelo IMSS-Bienestar en Nayarit, ocurrida a partir del 1 de abril de 2022”, indica en otra de las respuestas.
Además se solicitaron datos respecto al origen de los recursos que se tendrán que destinar para atender una población objetivo en el país de más de 60 millones de personas sin seguridad social, pero de ello no se abundó en las respuestas proporcionadas.
Animal Político pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social precisar si había mayor información sobre estos procedimientos, pero indicaron que la información proporcionada por transparencia es correcta y es la que se cuenta sobre este tema.
En una nota publicada por este medio el 20 de abril, especialistas solicitaron a las autoridades federales hacer público el plan para fortalecer el sistema de salud y dar atención a la población sin seguridad social.
Lo que más les preocupa es que el Insabi tampoco presentó un plan para dar cobertura a esta población, ni los resultados de lo que logró antes de traspasar al IMSS-Bienestar la que era su responsabilidad principal.
Así como no se ha esclarecido cuánto presupuesto se va a destinar ni de dónde saldrá, tampoco se ha dicho qué va a pasar con la atención de tercer nivel, la de alta especialidad, como la de los Institutos Nacionales de Salud.
En una presentación en la Cámara de Diputados durante la Semana de la Seguridad Social, el director del IMSS, Zoé Robledo, precisó que la apuesta del nuevo modelo es fortalecer el primer y segundo nivel de atención (que incluye solo las especialidades básicas: pediatría, cirugía general, urgencias, ginecología y medicina interna). Pero reconoció que respecto al tercer nivel todavía se está analizando cómo se dará la atención a la población que no es derechohabiente.
Nayarit, el primero en levantar la mano
Animal Político también solicitó el documento en el que se establecen los resultados de los estudios previos, levantamiento de información o análisis de factores por los que se decidió que el modelo arrancaría en Nayarit. El IMSS Bienestar respondió que no hay tales estudios.
“La participación en el proceso de transformación de los servicios de salud para la aplicación del modelo IMSS-Bienestar en el estado de Nayarit fue una decisión adoptada de manera voluntaria por la persona titular del ejecutivo estatal, para que la entidad fuese la primera del país en integrarse a dicha transición”, se lee en la respuesta.
Para el caso de los otros 14 estados que están en alguna fase de implementación del modelo IMSS Bienestar para atender a la población sin seguridad social, tampoco hubo un análisis previo a su selección. La respuesta es muy similar.
“La participación en el proceso de transformación de los servicios de salud para la aplicación del modelo IMSS-Bienestar en Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, es una decisión adoptada de manera voluntaria por la persona titular del ejecutivo estatal y la jefa de gobierno”.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador; y el titular del IMSS, Zoé Robledo, han asegurado que a finales del 2022 el nuevo modelo ya estará en operaciones, todavía no hay fechas programadas para que arranque en las entidades seleccionadas.
A la pregunta de este portal sobre cómo y en qué fechas irá arrancando este modelo de forma sucesiva en cada uno de los 14 estados y basado en qué análisis, censos o estudios se decidió el avance de implementación, la respuesta es que no hubo análisis ni hay cronograma.
Por ahora lo que se está haciendo es hacer el diagnóstico, realizar las mesas de diálogo y firmar acuerdos con los estados.
En el caso de Tlaxcala y Colima, Animal Político tuvo acceso a estos acuerdos. Los documentos están fechados el 4 y el 25 de febrero, respectivamente y establecen que las entidades y el IMSS se coordinarán para intercambiar información e impulsar gestiones a fin de que, en un futuro (sin precisar cuándo) una red de unidades de salud estatales se empleen para la operación del programa IMSS-Bienestar.
Los ejes sobre los que se desarrollarán estos acuerdos son el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, infraestructura de unidades de salud y personal adscrito a estas unidades.
El IMSS y las entidades firmarán para esto los instrumentos jurídicos necesarios, pero no se precisa cuáles serán.
En el Día Mundial sin Tabaco, la organización Salud Justa advierte que las tabacaleras tienen en redes sociales y buscadores anuncios que promocionan sus nuevos productos incluso entre menores de edad.
Texto: Sergio Rincón / Animal Político
Fotografía: Internet
31 de mayo de 2022
A pesar que México cuenta con una ley reformada para la regulación del tabaco, así como con decretos presidenciales para la prohibición a la importación y exportación de vaporizadores y dispositivos de tabaco calentado, la industria tabacalera ya no solo tiene en mente vender tabaco tradicional, sino que ahora entre sus objetivos está posicionar sus nuevos productos libres de humo. En el país, lo está haciendo con campañas de publicidad encubierta, según lo advierte la organización civil Salud Justa.
Las dos grandes tabacaleras que comercializan estos productos en México son British American Tobacco (BAT) y Philip Morris International (PMI), que tienen planes para dejar de producir o limitar su comercio con cigarrillos tradicionales. Por ejemplo, BAT tiene el objetivo de tener 50 millones de consumidores de productos no combustibles a nivel mundial para 2030 y, actualmente, ya tiene 18.3 millones.
Salud Justa ha informado que ambas compañías publicitan sus productos de forma indirecta y operan en zonas grises de la regulación, aunque finalmente sus estrategias de marketing violan el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y los artículos 16 y 23 de la Ley General para el Control del Tabaco.
Para esta nota, Animal Político pidió postura tanto a BAT como a PMI. La primera no dio respuesta y la segunda dijo que “se reserva su derecho de dar una postura referente al tema”.
Este medio detectó que en 2021 PMI lanzó una campaña de mil 100 anuncios en Facebook en la página Futuro sin humo México, de acuerdo con la biblioteca de anuncios de Meta. En sus mensajes, sin mencionar nada concreto, se habla de “alternativas libres de humo”, un mensaje que no es contrario a los cigarrillos tradicionales, sino que va a tono con la publicidad de iQOS, sus nuevos dispositivos de tabaco calentado que tienen como eslogan “Una alternativa al cigarro”.
Para Erick Ochoa, director de la organización Salud Justa, esta publicidad es ilegal, pues llega por correo electrónico, redes sociales, publicidad de Google o vía telefónica, donde se invita a probar estos productos.
“Desafortunadamente no hay una reacción fuerte por parte de la autoridad para frenar esta publicidad engañosa. Han iniciado estas campañas sin discriminar si eres mayor o menor de edad. Ellos te contactan de forma directa, y a veces sí tienen el cuidado de preguntar si eres mayor de edad, pero lo que está en redes sociales lo puede consumir cualquiera. Los hacen con colores llamativos, utilizan jóvenes para su promoción, usan diseños elegantes, novedosos”, dijo Ochoa en entrevista.
‘Influencers’ de la nicotina
En junio de 2020, la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas publicó un reportaje que detalló cómo las tabacaleras contratan agencias de marketing digital para que ‘influencers’ utilicen estos nuevos dispositivos de nicotina y publiquen esas imágenes en redes sociales. El reportaje comprobó que, aunque parecía contenido orgánico, en realidad se trató de actos coordinados con los mismos hashtags, retos y hasta horarios.
La publicación agregó que participaron personalidades como Belinda, El Capi Pérez, AlexXxStrecci, Jiots y Ryan Hoffman, entre otros, cuyas cuentas son seguidas por adolescentes. A ellos se les pagaron hasta 450 mil pesos por campaña, de acuerdo con una fuente que participó en la operación.
Los jóvenes quedan expuestos
Tanto BAT como PMI informaron en sus reportes anuales de 2021 que han invertido en campañas de marketing para dar a conocer sus nuevas alternativas al tabaco, pero también informaron que alrededor del mundo existen restricciones —incluídas prohibiciones— para realizar este tipo de acciones. Ambas empresas agregan que buscan estar dentro de la ley y desplegar publicidad ética; sin embargo, esto no ocurre en los hechos, según Salud Justa.
Por ejemplo, Vuse, marca de BAT, lanzó en Facebook su campaña “Vapea a tu manera” a mediados de mayo; en ella, menciona tres niveles de nicotina de sus productos. “Nuestros tres niveles de nicotina se ajustan a ti para llevar tu experiencia de vapeo al siguiente nivel”.
Erick Ochoa, de Salud Justa, explicó que este tipo de publicidad está prohibida en el artículo 16 fracción VI de la ley en la materia, pues si bien no anuncia un producto de tabaco, sí promociona un elemento o la marca de una tabacalera.
“(Se prohíbe) comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco”, dice dicho artículo.
Vuse también ha compartido publicaciones respecto del Gran Prix de Mónaco, a jóvenes tomándose selfies con sus artículos o publicaciones con frases como “Define tu estilo”.
Muchos de estos contenidos llegan a redes sociales, a las cuales menores de edad tienen acceso, como es el caso de Facebook. En el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), ya se ha comenzado a estudiar cómo estas narrativas juegan en contra de los jóvenes.
En este estudio se advirtió que aquellos jóvenes que habían probado estos nuevos productos de las tabacaleras tenían 43% más de posibilidades de probar posteriormente los cigarros combustibles.
En México, existen 10 millones de fumadores hombres y 4.1 millones de mujeres; el 6% de los adolescentes son fumadores activos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017).
Entre 2018 y 2019, BAT y PMI comenzaron a comercializar sus nuevos productos a México, y a la par comenzó a crecer su publicidad, a pesar de las restricciones o prohibiciones. Sus publicaciones hablan de las alternativas y de que sus artículos son menos riesgosos, pero el doctor Inti Barrientos, del INSP, ha dado a conocer en varias ocasiones que la metodología para esos estudios que citan las tabacaleras no fue la adecuada, pues incluía nueve criterios “sociales” (de 14), y no médicos, tales como crimen, pérdida de relaciones y adversidades familiares, entre otros, para llegar a la conclusión de que los nuevos productos sin humo eran menos dañinos. Además, tres de los 12 científicos que participaron habían trabajado para la industria del tabaco, lo cual apunta a un conflicto de interés.
Erick Ochoa, de Salud Justa, agregó que las tabacaleras han estado detrás de regulaciones laxas y amparos y siguen buscando comercializar e importar sus productos. En México cada vez se avanza más para atender las regulaciones, pero Ochoa consideró que aún faltan esfuerzos por parte de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para vigilar y castigar la publicidad de los nuevos productos de las tabacaleras.
El edificio es insuficiente para los más de 200,000 derechohabientes. Los sindicalizados mantiene un movimiento para que las autoridades federales y estatales les construyan dos hospitales más
El profesor jubilado Mariano González Hernández es paciente renal crónico del ISSSTE, tuvo que organizarse con otros derechohabientes en su misma condición, 170 en total, porque en las clínicas que fueron enviados como subrogados les cacelarán el tratamiento de hemodiálisis para ser cambiados a otros hospitales.
A los pacientes del ISSSTE en esta condición constantemente los cambian de sede y eso impide un seguimiento puntual de su tratamiento.
En la clínica del ISSSTE de Chilpancingo está registrados 170 pacientes renales crónicos, pero como carecen de una infraestructura médica y personal suficiente ahí sólo atienden a 30 pacientes. Los otros 140 están subrogados a la Clínica Médico Humana y Clínica Chilpancingo, ambas del sector privado.
En diversas ocasiones, el mismo personal de Salud del ISSSTE en Chilpancingo ha denunciado la situación que padecen: la infraestructura es pequeña para atender a más de 200,000 derechohabientes; faltan médicos y especialistas, insumos para limpieza e higiene, medicamentos y aparatos médicos.
Pacientes también en diversas ocasiones han protestado por el mal servicio que reciben. Algunas de sus denuncias es que tardan horas formados para que les surtan su receta o para ser atendidos por un médico; hay carencia de medicamentos, como la insulina.
A esta situación se sumaron los daños que sufrió el hospital del ISSSTE, ubicado en la colonia Burócratas, por el sismo del 7 de septiembre del año pasado. Por el riesgo en el inmueble suspendieron los servicios de cirugías y de tratamientos de hemodiálisis para 30 derechohabiente que estaban subrogados ahí; fueron remitidos a otras clínicas.
A este hospital le envuelve diversas problemáticas. Los pacientes que más han demostrado su descontento son justo los que padecen enfermedades renales crónicas, porque casi siempre les cambian de sedes y creen que eso vulnera su salud.
Pacientes se organizan por atención médica de calidad
Mariano González es representante de la Asociación Civil de Pacientes Renales en el Estado de Guerrero A.C (sección Chilpancingo), que se conformó recientemente por el descontento de los pacientes de que les cambien de clínica para recibir su tratamiento. Todos los integrantes, incluido él, son pacientes renales crónicos, lo que significa que sus riñones están dañados; requieren un tratamiento de hemodiálisis.
La hemodiálisis es una terapia que se da a los pacientes para filtrar las toxinas y el agua de la sangre en los pacientes, lo cual permite controlar su presión arterial y equilibrar los minerales en su cuerpo.
El maestro jubilado es del grupo de 140 derechohabientes del ISSSTE en Chilpancingo que subrogaron, una parte, a la Clínica Médico Humana y la otra, a la Clínica Chilpancingo.
Los pacientes libran una batalla para que ya no los cambien de clínica, de acuerdo con la información que recibieron, los enviarían a la Clínica de Oncología y Cuidados Paliativos, ubicada en el barrio de Santa Cruz de la ciudad, frente al zoológico Zoochilpan, cerca del encauzamiento del río Huacapa.
El profesor jubilado es paciente renal desde el 2018, pero sus compañeros viven la situación de cambios de hospitales desde el 2016.
En 2019, las autoridades del ISSSTE les notifocaron que los cambiarían de clínica, pero se han resistido. Viajaron a la Ciudad de México para pedir la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y les frenaron los cambios por un tiempo, pero les dijeron que ya tendrán que cambiar de clínica, porque ya no renovarán contrato en las dos que estaban. A los 140 los pretenden enviar a la Clínica de Oncología y Cuidados Paliativos.
Su preocupación de ahora es que ese hopital está cerca del zoológico y el río Huacapa, donde se vierten las agua negras, y representa un foco de infección con más riesgo en pacientes crónicos, como su caso.
El profesor está a gusto con su atención en la Clínica Médico Humana, conoce cómo le dan el tratamiento y al personal médico.
El profesor junto con sus compañeros consideran que los cambios son un tema de intereses.
El pasado 22 de abril, los pacientes bloquearon la Autopista del Sol, con la amenaza de que los desalojaran los policías antimotines. Lo único que consiguieron fue que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro –que no le compete resolver esta situación– interviniera.
La secretaria sólo acudió a la Clínica de Oncología y Cuidados Paliativos a verificar las condiciones. Su conclusión fue que la clínica sí cumple con las normas y que ya no podía intervenir más.
Los pacientes, el jueves 26 de mayo, llevaron un oficio al delegado del gobierno federal, Iván Hernández Díaz, para solicitar una audiencia y pedir su intervención.
“Si el ISSSTE hace su clínica de hemodiálisis, vamos a tener que ir. Nosotros hemos dicho ahí donde está el hospital, arriba, cabe bien una clínica de hemodiálisis con todos los estándares de calidad. Pero si van a seguir pagando, van a pagar donde nosotros estemos bien, donde nuestros últimos días la pasemos tranquilos. Ya no aguantamos este acoso, denunciamos al ISSSTE de acoso”, dijo Mariano González.
Reanudarán servicios en clínica del ISSSTE-Chilpancingo
En Chilpancingo, luego del sismo de septiembre pasado, se logró la rehabilitación del nosocomio y se espera que esta semana nuevamente funcione en su totalidad, lo que significa que reanudarían los servicios de cirugías, traumatología, medicina interna y el tratamiento de hemodiálisis, explicó la delegada sindical de la clínica del ISSSTE, Rocío Larumbe Gutiérrez.
Con el peritaje de Protección Civil y de Obras y Mantenimiento del ISSSTE, supieron que la infraestructura de la clínica no tuvo daños severos. Se cayó el de plafón de los techos y se colapsó el drenaje y las tuberías de agua, pero los cimientos no tuvieron daños, según lo que informó el personal de la clínica.
Para la reactivación, el personal de salud espera es que las autoridades de la clínica pidan el material, equipo, ropa para pacientes y todo lo que necesitan para echar a andar todas las áreas.
Es probable que los servicios se restablezcan esta misma semana, de acuerdo con el personal, pero lo cierto es que la reconstrucción sigue incompleta. La delegada calculó un avance de 85 por ciento.
Los trabajadores del ISSSTE han hecho recorridos para verificar la construcción y se diero cuenta que faltan “detallitos mínimos”, como es el caso de una aula, el área de estadística y mantenimiento, que son áreas separadas a la clínica, comentó la delegada sindical.
En la clínica en reiteradas ocasiones los trabajadores denunciaron la falta de equipo, medicamentos, enseres de limpieza, y la delegada espera que las autoridades lo subsanen.
De las cosas que más se requieren en el hospital, dijo, es ropa y camillas para los pacientes. La delegada espera que la aseguradora cubra esos faltantes.
Los servicios de urgencias pediátricas, obstétricas, y la consulta general nunca dejaron de prestarse en la clínica aún con los problemas físicos del inmueble.
Fotografía: Oficial
La búsqueda de nuevos hospitales del ISSSTE para Acapulco y Chilpancingo
Diecinueve organizaciones sindicales se organizaron y conformaron la Comisión Intersindical de Organizaciones Civiles y Derechohabientes del ISSSTE, a partir de la actual administración estatal, con el objetivo de buscar la construcción de dos nuevos hospitales.
En la administración pasada, a cargo del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, les prometieron a los sindicalizados la donación de un terreno para la construcción del hospital de tercer nivel del ISSSTE en Acapulco, pero incumplieron.
Un hospital de tercer nivel son “las unidades médicas con mayor capacidad resolutiva del sistema de salud, el personal es especializado y los procedimientos realizados son de alta complejidad”, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.
Los derechohabientes que integran la Comisión Intersindical solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la donación y construcción de dos hospitales, uno en Acapulco y uno en Chilpancingo.
Esta administración estatal donó en Acapulco un terreno de 8 hectáreas para la construcción del hospital de tercer nivel, que incluya un complejo de servicios del ISSSTE, como guardería y albergue para familiares.
Pero todavía no hay fecha para la construcción, porque requiere que las autoridades estatales hagan las gestiones a la federación.
Para lo que sería el Hospital General del ISSSTE en Chilpancingo aún no hay terreno. Se supo que las autoridades dialogaron con la presidenta municipal de Zumpango, Sara Salinas Bravo. Es probable que se construya en un predio de 5 hectáreas que del municipio vecino; sería una extensión del hospital del ISSSTE de la colonia Burócratas de Chilpancingo.
Los sindicalistas solicitaron a las autoridades del ISSSTE técnicos de Obras y Mantenimiento para que acudan al terreno de Eduardo Neri y hagan levantamiento topográfico para saber si el predio es apto.
Este hospital del ISSSTE en la capital, mencionó la delegada, debería de funcionar solamente con cuatro especialidades: medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría, pero la necesidad les llevó a dar otros servicios y, como consecuencia, la sobresaturación.
Para dar seguimiento a la construcción de estos dos hospitales, los sindicalistas buscan tener reuniones periódicas con las autoridades estatales para no soltar la demanda, que han tomado como lucha los propios derechohabientes.
Fotografía: Facebook – Centro de atención de enfermos mentales Cristo de la Misericordia en Acapulco
Chilpancingo
Todos la conocen como doña Mica. Deambula por las calles de Chilpancingo cargando una enorme bolsa con ropa vieja.
Ella casi siempre viste de negro y a veces anda descalza.
En ocasiones la gente que la ve se compadece de ella y le da de comer.
Nadie sabe si tiene algún familiar.
De Mica, se cuentan varias historias, una de ellas de que quedó enferma mentalmente cuando era joven porque la dejó su novio o se murió.
Desde hace varios meses durante los peores momentos de la pandemia del Covid-19, ya no se la ha visto a Mica caminar por las calles del centro de esta capital.
La última vez que se le vio fue en la calle Justo Sierra. «Me ayudas con la bolsa joven», le dijo Mica a un muchacho quien si le brindó ayuda.
Pero no es solamente en Chilpancingo donde se ve a personas con enfermedades mentales deambular por las calles e incluso quedarse dormidos en ellas.
Iguala, Tlapa, Acapulco, Zihuatanejo, Taxco e incluso en las carreteras se ha visto a mujeres y hombres caminar poniendo en riesgo su vida.
De ellos no hay ninguna autoridad que los rescate.
En algunos casos estos enfermos mentales se portan agresivos con la gente.
Por ejemplo este jueves 26 de mayo, un ciudadano que vive en la colonia Los Ángeles de Chilpancingo denunció que un enfermo mental se quitó parte de su ropa frente a su nieta por lo que lo corrió del lugar.
Este hombre que se le ha visto deambular por las calles de esta colonia a veces lo apoya la gente dándole comida y agua.
En Guerrero no se tiene un hospital psiquiátrico que dependa de la Secretaría de Salud.
Aquí en la entidad hay diez hospitales generales en donde solo diez médicos psiquiátricos atienden a personas que tienen alguna enfermedad mental.
En la comunidad de Tres Palos del municipio de Acapulco, existe el centro para enfermos mentales Cristo de la Misericordia que hasta el 2019, tenía 140 pacientes.
Es un centro de atención mental que lo tiene a su cargo una sociedad civil y religiosa.
Se mantiene de las aportaciones de los familiares de los pacientes y de donaciones de diversos sectores de la sociedad civil.
En un video que se publica en You Tube, se muestra las instalaciones del hogar para enfermos mentales Cristo de la Misericordia.
«Un lugar de esperanza, de artistas, de pintores y artesanos», señala el anuncio al tiempo que van pasando las imágenes de los pacientes.
«Es un lugar diferente, y nosotros estamos aquí para ayudar, para motivar y apoyar pues aquí no hay diferencias; tras la apariencia engañosa todos son personas como nosotros», dice en otra parte del video que dura 4 minutos con 10 segundos.
El médico Carlos de la Peña Pintos quien durante seis años del gobierno de Héctor Astudillo fungió como Secretario de Salud, dijo que a ese centro de enfermos mentales de Tres Palos, en Acapulco, se le apoyó con un médico psiquiátrico para que le diera atención a los enfermos.
«Seguramente este médico sigue ahí dando atención», señaló el ex funcionario.
De la Peña Pintos que este problema de salud no es privativo de Guerrero o de México sino que es un asunto a nivel mundial.
Mencionó que en el 2020 y 2021 cuando todavía era titular de la Secretaría de Salud hubo un aumento de enfermos mentales en Guerrero derivado de la pandemia por el Covid-19 pero que el número real de casos no lo hay porque hay un subregistro.
«Aumentaron los enfermos por ansiedad, esquizofrenia, violencia, depresión y acoso y nosotros junto con la Fiscalía General pusimos en marcha un programa de reeducación», sostuvo.
Otro fenómeno social que se incrementó durante la pandemia por el coronavirus fue el suicidio sobre todo en los municipios de las regiones Centro y la Montaña.
En opinión del médico los hospitales psiquiátricos cumplieron una función en su momento y está de acuerdo en que desaparezcan pero que ahora sean sustituidos por «casas de día».
Indicó que estas áreas deben de funcionar en los hospitales en donde se les de un tratamiento psiquiátrico especializado a los enfermos mentales pero durante el día.
«Ahora deberán ser los familiares de ir por él (su enfermo) y de darle acompañamiento siguiendo todas las indicaciones que les de el médico psiquiátrico», expresó.
Planteó que a esos familiares que tienen que cuidar a su enfermo mental deberían de recibir del gobierno federal un apoyo económico de manera directa.
«Un familiar que tiene un enfermo mental debe de ir a trabajar para tener un sustento económico pero si lo hace va a descuidar a su paciente y es por eso que el gobierno debe de apoyarlo económicamente», planteó el médico.
Señaló que además ese familiar debe de recibir una capacitación del tratamiento médico para su paciente.
Para el de la Peña Pintos ve bien la desaparición de los hospitales psiquiátricos.
«Es que vemos que un familiar lleva a su enfermo a un hospital y ahí lo deja y casi nunca se presenta a verlo y ahí lo deja abandonado», expresó.
Afirmó que en Guerrero existe un Consejo Estatal para Salud Mental y contra las Adicciones y que los casos de enfermos mentales por ansiedad o depresión se atienden en las once Unidades de Especialidades Médicas.
De la Peña Pintos, planteó que ahora con el nuevo modelo de Salud en materia de salud mental que aprobó el Congreso de la Unión, el gobierno federal debe de enviar a Guerrero más médicos en esta especialidad.
«Aquí en el sector salud de Guerrero no hay más de diez médicos psiquiatras para los diez hospitales generales que seguramente no alcanzan para dar atención a todos los enfermos mentales», indicó de la Peña.
En el 2020, se suicidaron 20 en la Montaña
El médico Marcelino Milán Rosete, informó que durante el 2021 en la región de la Montaña 20 personas de los municipios de Zapotitlán Tablas, Huamuxtitlán y Tlapa se suicidaron porque no fueron atendidos oportunamente por su problema de salud mental.
La mayoría de los suicidas eran adolescentes que sufrían violencia intrafamiliar lo que derivó en que cayeran en problemas de depresión y ansiedad.
«Estas personas que decidieron quitarse la vida no recibieron un tratamiento y bien si lo recibieron ya se les dio un seguimiento porque aquí en Tlapa no hay médicos especialistas en siquiatría», dijo Milán Rosete quien hasta octubre del 2021 fungió como jefe de la jurisdicción sanitaria la zona 04 de la Región de la Montaña de la Secretaría de Salud.
Aseguró que por la pandemia por el Covid-19, en el 2021 fueron atendidos 200 casos de enfermos mentales de los 17 municipios de la región de la Montaña.
De ese número de pacientes había un número importante que tenían problemas graves y a esos se les canalizaba al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México.
Milán Rosete señaló que debido a que en el sector salud de Guerrero no hay médicos psiquiatras suficientes firmó un convenio con los directivos del Fray Bernardino para que cada 15 días un grupo de enfermos mentales de la región de la Montaña recibieran allá su atención médica.
Dice que cada ocho días acude un médico psiquiatra al Hospital General de Tlapa para dar el servicio de consulta a los pacientes.
Cuenta que cuando uno de los enfermos presenta síntomas graves es canalizado de inmediato al Hospital de Chilpancingo o a uno de los dos de Acapulco.
Indica que ahora con la pandemia por el Covid-19, los enfermos mentales recibieron su consulta a través de una videollamada por parte de sus médicos especialistas del Hospital Psiquiátrico de Fray Bernardino Álvarez.
La presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDDHG) Cecilia Narciso Gaytán, pidió a las autoridades del sector salud que atiendan el caso de las personas que sufran una enfermedad mental y que deambulen en las calles y carreteras exponiendo que un vehículo los atropelle.
«Es lamentable que a estas personas vulnerables no sean recogidos y trasladados a un refugio por las autoridades», expresó.
Recordó que en el 2004, este organismo emitió una recomendación a la Secretaría de Salud estatal para que atendiera a estas personas y que fueran atendidas por médicos especialistas en un centro psiquiátrico.
En esa recomendación -Coddehum-VG-176-202- se le pedía a las autoridades la construcción de un pabellón psiquiátrico de atención a enfermos mentales en la cárcel de Acapulco.
Una de las valoraciones que derivó para que emitiera es de que en varias cárceles de Guerrero había decenas de reos con enfermedades mentales.
«La verdad no sé en que concluyó esa recomendación pero vamos a revisarla porque cuando menos hemos visto que en las cárceles no son atendidos los reos que tienen problemas de salud mental», dijo Narciso Gaytán.
En esa recomendación se investigó que más de 400 presos tenían un problema mental y que deberían de ser atendidos por un psiquiatra.
Al bajar hacia el municipio me’phaa de Tlacoapa, en la Montaña de Guerrero, sobresalta una construcción blanca de dimensiones considerables que contrasta con el resto del poblado.
Se trata del Hospital Básico Comunitario anunciado con el eslogan de «llevar atención médica y medicamentos gratuitos a una de las regiones más pobres del país
Tlacoapa cuenta con una población de 10,092 habitantes en su mayoría hablantes de su lengua originaria (95 por ciento) y 30 por ciento no habla español. 4,405 viven en pobreza moderada y 5,201 en pobreza extrema, según datos de la Secretaría del Bienestar.
Para 2020, la población no contaba con alcantarillado y 19.1 por ciento no contaban con baño.
El tema de salud es una constante para la población, en 2013 el Hospital Básico Comunitario que operaba en el municipio quedó fue afectado de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Desde 2015 se prometió un nuevo inmueble ubicado en un lugar más apto para su logística: la construcción duró ocho años. Mientras esto ocurría la necesidad de los pobladores por recibir atención médica adaptaron la comisaría de los Bienes Comunales pero las condiciones no eran las adecuadas para una hospitalización o algún parto.
El Instituto para la Salud del Bienestar (Insabi) invirtió 70 millones de pesos en la rehabilitación de este hospital que está diseñado para atender 10,900 habitantes de Tlacoapa y 60 comunidades circunvecinas.
La realidad dista mucho de las estadísticas del Insabi pues la falta de médicos especialistas y medicamentos mengua la atención a la población.
Resguardado por dos ambulancias, en el acceso principal del edificio, en la banqueta, un grupo de personas cruzan algunas palabras y luego se hace el silencio: esperan la recuperación de su familiar, una mujer que un día antes entró en trabajo de parto.
Quien atiende los partos en el hospital son médicos generales, no hay especialistas. Uno de los médicos comenta que en 2006 llegaron dos especialistas, un pediatra y un anestesiólogo, el segundo no podía hacer nada pues no había cirujanos ni equipamiento para intervenciones, después de un tiempo se fueron.
Como es fin de semana sólo se encuentra el personal de guardia que consta de una enfermera, un médico en urgencias y un médico de consulta interna, para los 10,092 habitantes.
Una pobladora comentó que aún cuando reciben atención médica ellos tienen que hacerse cargo de la compra de la medicina, pues la farmacia del hospital no cuenta con los medicamentos básicos como naproxeno, paracetamol, diclofenaco.
Un traslado de urgencia a Tlapa en carro particular cuesta desde 2,000 pesos, expresó, ante la ausencia de especialistas pues en caso de un accidente grave nada se puede hacer en el lugar.
Esto sin contar que el personal administrativo, parte del médico y el director trabajan de lunes a viernes, lo que ya es una tradición de todo el personal de salud que trabaja en la región y, esto, complica traslados a hospitales de tercer nivel, asevera uno de los médicos.
Existen cinco enfermeras de las cuales tres son de Tlacoapa y hablantes del me’phaa y fungen como traductoras cuando las personas no hablan en español.
Un trabajador declara que reciben indicaciones de mostrar un nosocomio como uno de segundo nivel pero en la práctica para ello se requiere de ginecólogos, pediatras, internistas, cirujanos.
“Desde hace un año se entregó una solicitud para pedir especialistas pero no ha llegado.”
Estos problemas administrativos aunados a las alimentación de la mayoría de los habitantes genera un problema mayor.
Desde junio del año pasado en que el Insabi publicó una convocatoria para contratar a cinco especialistas (pediatría, ginecología, cirugía general, anestesiólogo y médico interno) ningún vacante ha sido ocupado.
El ex jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud en la Montaña, Marcelino Milán Rosete, asegura que los médicos especialistas se niegan a cubrir una plaza en los ocho hospitales básicos comunitarios de esa zona marginada por el bajo salario que se les ofrece.
En Unión de las Peras, una pequeña comunidad de 300 habitantes pertenecientes al municipio de Malinaltepec, cuenta con un problema similar: existe una unidad de salud con tres consultorios, una sala de recuperación y farmacia, camas médicas, escritorios, básculas, estetoscopio y baumanómetro pero no hay médico, ni enfermera.
Marisol, una me’phaa de unos 30 años, es quien cuida el lugar y funge como regidora de salud, fue nombrada en la asamblea general de la comunidad. Dice que le agrada atender a la gente y que le hubiera gustado estudiar enfermería pero la situación económica se lo impidió, además de la cirrosis hepática que sufrió su padre lo complicó más.
Quién le ha explicado sobre los medicamentos con los que cuenta la farmacia son médicos de brigadas que van esporádicamente al pueblo a dar consultas.
“Estaba viniendo una enfermera que pagaba el presidente municipal, pero como se le redujo el salario ya no le convenía y consiguió trabajo fuera”.
La unidad médica de dos plantas, con una vista envidiable, luce vacía en la planta baja solo una silla aguarda en su interior.
Jaime Bruno quien es el segundo comisario dice que la situación es muy lamentable pues en caso de alguna urgencia se tiene que trasladar hasta Tlapa, porque ir a Malinaltepec es encontrarse, tal vez, con una situación similar en el hospital.
Las enfermedades más emergentes en la comunidad son la diabetes mellitus, y la hipertensión y no hay especialistas cercanos, lo que provoca que la población viaje a Tlapa o hasta Puebla.
Esperan que con la nueva estrategia planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de traer médicos cubanos para ir a los lugares más apartados, puedan acceder para que se instalen en la unidad médica.
En lo individual y agrupados en colectivos, médicos señalan que, contrario a lo que dice el presidente López Obrador, sí están dispuestos a trabajar en comunidades lejanas, pero piden garantías de seguridad para su día a día.
Texto: Samedi Aguirre, Manu Ureste y Andrea Vega / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
20 de mayo de 2022
“¿Qué se necesita para que los médicos queramos trabajar en las zonas rurales? Para empezar, que no nos maten”.
La respuesta tajante la da Nora, una doctora que estudió la especialidad en el Hospital Universitario de su ciudad, del que prefiere no dar detalles, así como tampoco de su identidad, para evitar posibles represalias laborales.
Poco antes de terminar su especialidad, se enteró de que había tres plazas en un hospital de una pequeña localidad ubicada en el norte del país. Se trataba de unas de las más de 2 mil 600 plazas que, según datos del IMSS Bienestar, quedaban vacantes para médicos especialistas. Antes de acceder a una plaza de ese tipo, Nora explica que tuvo que acudir a un sorteo anual, donde los médicos egresados de programas educativos del IMSS tienen preferencia. Pero, aun así, la mujer dice que no le importó, pues la plaza que quería estaba en un estado muy poco demandado por los médicos: Tamaulipas.
“Al ser tierra del narco, nadie quería venir para acá. Por eso, el hospital llevaba años sin que un médico llegara a trabajar”, expone.
Sin embargo, pese a cumplir con todos los requisitos, y pese a la escasa demanda en ese centro médico, el resultado no fue el que Nora esperaba: “Aunque yo tenía el certificado del Consejo de Medicina Interna, no me quisieron dar la plaza porque decían que no era egresada del IMSS”.
Finalmente, ante la falta de médicos y la necesidad latente de personal, la directora del hospital tamaulipeco tuvo que saltar por encima de la burocracia e intercedió por Nora ante el sindicato. Y fue así como empezó a trabajar, aunque con un contrato tipo 08, es decir, un contrato que se debe renovar cada 15 días, que por ello no genera antigüedad y que no ofrece ningún tipo de prestación, además de que la paga no está garantizada.
“Yo sí me salí de mi ciudad para trabajar en las comunidades, pero, aun así, no me querían dar la base”, dice Nora, quien asegura que, al contrario de lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el pasado 16 de mayo justificó la reciente contratación de 500 médicos cubanos diciendo que los especialistas mexicanos no quieren ir a las zonas serranas a trabajar, sí hay doctores que, como ella, están dispuestos a ir a zonas alejadas de las grandes urbes, a pesar del enorme reto que supone para ellos en todos los niveles, tanto económicos como de seguridad.
Nora recalca que sabe muy bien de lo que habla, pues realizó sus prácticas como pasante en la sierra, también en el norte del país. “Sí queremos trabajar en zonas rurales, pero necesitamos seguridad, que no nos maten”, insiste. “A mí, por ejemplo, me amenazaron con machetearme, y nadie está ahí para cuidarte. Además, yo tenía que cubrir mi traslado a la sierra, mi alimentación, y no había medicamentos. Tenías tú que pedírselos a los pacientes”.
No es la única que decidió alzar la voz. Otro ejemplo es la iniciativa #AquíEstamos, a la que se sumaron organizaciones como Nosotrxs. Dicha iniciativa, que surgió en protesta por las declaraciones del presidente y la contratación de 500 médicos cubanos, suma más de 2 mil testimonios recabados en una base de datos a la que Animal Político tuvo acceso.
Otro ejemplo es el testimonio de Samuel, médico especialista en neurología pediátrica, quien, al igual que Nora, expone que “un gran problema” que enfrentan los médicos a diario es la inseguridad que se vive en múltiples puntos del país, especialmente en las zonas más remotas y alejadas, donde el crimen organizado domina el terreno.
“Nos enfrentamos a zonas de extrema carencia y donde la gente es muy agresiva”, dice Samuel. A él, por ejemplo, lo mandaron durante su especialidad a una comunidad de Veracruz. Ahí, sin apenas medicinas ni recursos para atender a la población, un día se le presentó una urgencia: había que trasladar a un recién nacido a un hospital con personal especializado y que tuviera los insumos necesarios.
El padre del niño se negó y lo amenazó para que lo atendiera ahí mismo. Por su seguridad, Samuel tuvo que ser retirado de inmediato de ese centro y fue trasladado a otro lugar en Michoacán, otro estado con altos niveles de violencia.
“Mi primer día fue una balacera”
Al margen de los testimonios de la base de #AquíEstamos, Animal Político entrevistó a otros doctores, que coinciden en señalar que las condiciones de inseguridad y de falta de recursos son una constante que enfrentan a diario.
‘Alicia’, quien pidió ser identificada con un pseudónimo, narra que, en su primer día como médica pasante en San José del Rincón, en la delicada zona limítrofe entre el Estado de México y Michoacán —donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana se disputan el control—, el recibimiento que tuvo le metió miedo.
“Mi primer día fue una balacera”, recuerda aún con una risa nerviosa.
Después, una vez cumplida su pasantía, comenzó a trabajar como médica general en otra clínica de una comunidad, también en la zona limítrofe con Michoacán. Y su situación, asegura, no ha mejorado mucho.
“Una vez estaba atendiendo a un hombre que llegó herido, cuando se metieron a la fuerza a la clínica otros hombres. Y claro, ahí no tenemos seguridad ni nada. Y pues no sabes si son familiares o si son de los contrarios que vienen a rematar a esa persona. El caso es que me dijeron: ‘Si no lo salvas, ahora vienen todos los demás a por ti’”.
En cuanto a las condiciones en las que trabaja, la doctora asegura que el lugar donde despacha “es una unidad que se está cayendo a pedazos”.
“Tratas de hablar y de negociar con la misma comunidad, pero la gente no tiene dinero, ni tampoco la intención de remodelarla. De hecho, el mismo municipio te dice: ‘Tú tienes que traer tu computadora, tu impresora y hasta las hojas’”. Y todo, hace hincapié ‘Alicia’, por un salario de apenas 3 mil pesos y un contrato que tampoco genera antigüedad.
“Nosotros nos estamos jugando la vida, literal, por ayudar en las comunidades, y con un sueldo muy bajo. Por eso hay una gran indignación cuando escuchamos que quieren traer a médicos cubanos, a los que, además, les darán sus prestaciones”, asegura ‘Alicia’. “¿Quién va a garantizar la seguridad de esos médicos cubanos, cuando a nosotros nadie nos cuida?”.
No faltan médicos, sino mejores salarios
“No sé cómo van a meter a esa zona a los cubanos”, dice ‘Ángela’, doctora especialista en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, y a la que también se le modificó el nombre. “Porque los van a llevar a zonas sin condiciones y sin seguridad. Y, además, quién sabe lo que les vayan a pagar, porque a los pasantes mexicanos les dan 2 mil pesos míseros por arriesgar su vida”.
Para ‘Ángela’, contrario a lo dicho por el presidente, el problema no es la falta de médicos ni de doctores que quieran ir a trabajar a las comunidades más alejadas y vulnerables. “El problema son los salarios tan bajos. El problema es que, deja tú las clínicas rurales, los hospitales, incluyendo el mío, que se supone que es de primer nivel, se están cayendo a pedazos, y que no hay medicamentos ni insumos básicos con los que atender a la gente”.
“No es posible, por ejemplo, que un neuropediatra esté cobrando 8 mil pesos quincenales. Y que de contrato no te ofrezcan base, ni nada. Por eso, luego de estudiar tanto, y de arriesgar tanto tu vida, muchos doctores ya no se avientan a jugársela. Y si te ofrecen irte a un pueblito, pues menos, porque la inseguridad es terrible, y por supuesto que nadie se la rifa por una beca de 2 mil pesos”, agrega.
Sobre los salarios, de acuerdo con el último informe de la OCDE, mientras en otros países la remuneración para médicos especialistas se incrementó hasta en 10% (en el caso de Chile) de 2010 a 2019, en México los sueldos para especialistas se han visto disminuidos en 0.1% y en 0.4% para médicos generales.
“No tenemos ni el mínimo básico para trabajar”
Julia es médico general y labora en la Sierra de Oaxaca. Dice que cuenta con una base en un hospital de primer nivel, es decir, donde se otorga la atención médica básica. Pero incluso eso se complica.
“No tenemos un mínimo básico que deberíamos tener. No tenemos jeringa de insulina, ni siquiera vendas o agua oxigenada. La mayoría de las ocasiones tengo que ser yo quien solicita al paciente que si puede apoyar comprando lo que requiere y, al estar a ocho horas del centro de la ciudad, las cosas se tornan un poco más costosas”, señala.
Julia narra que la zona donde se encuentra se considera un foco rojo para la muerte materna. Además, hay violencia y falta de acceso.
“A veces se dice que el médico no quiere venir, pero no se trata de que no quiera. Bueno, llega y aquí está, pero si no tiene esto, no tiene lo otro, y todo es que el paciente lo compre, entonces, ¿a qué viene?”.
Julia dice que ella ha buscado cursar la especialidad, pero no alcanzó vacante.
En 2021, 49 mil 479 médicos presentaron el examen para ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas (SNRM), pero solo se ofertaron 17 mil 940 plazas, según informó la Secretaría de Salud en un comunicado.
Mauricio Sarmiento, médico y abogado especializado en defensa de los derechos de los médicos en formación, generales y especialistas, explica en entrevista que uno de los grandes problemas con los médicos generales es que, en efecto, los mandan a trabajar a lugares donde no tienen insumos para atender a la población, ni las condiciones de seguridad. Además, dice, la atención a la salud se debe hacer en equipo con varios especialistas, y estar solos les dificulta la tarea de tratar ciertas enfermedades.
Lo otro es que les dan contratos por seis meses o por un año. No tienen estabilidad laboral y esto lo hacen para que no hagan antigüedad y no tengan derecho a su pensión. Así que los médicos generales que trabajan en zonas alejadas lo hacen sin los insumos y medicamentos necesarios, sin el respaldo de un equipo formado por otros médicos, y con sueldos bajos y variados, porque como el sistema de salud todavía está fragmentado, hay una diversidad de instituciones de salud contratando y cada una fija sus sueldos.
Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo de Médicos en Formación, señala que para que los médicos quieran ir a trabajar a una comunidad alejada se tienen que crear primero las condiciones adecuadas. Y no solo es una cuestión de salarios, puntualiza, sino que hacen falta infraestructura, insumos y seguridad. Sin eso, concluye, los médicos no pueden hacer bien su trabajo: garantizar a las personas el acceso a la salud.
Ante protestas que realizaron los grupos religiosos afuera del Congreso local, los diputados aplazaron hasta el próximo martes 17 la sesión donde supuestamente se va analizar y en su caso aprobar o rechazar la reforma al Código Penal que contempla la despenalización del aborto.
Desde este lunes en la noche la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Flor Añorve Ocampo dio a conocer la suspensión de la sesión después de que integrantes del grupo religioso de Provida dio a conocer que desde las nueve de la mañana de este martes cerrarían el Congreso.
Desde muy temprano unos cien integrantes de este grupo dirigidos por el sacerdote Baltazar Vega Ramos cerraron el acceso principal del recinto legislativo para impedir que los legisladores entraran.
«Nosotros no vinimos a destruir nada porque somos un movimiento pacífico pero si tenemos que ser muy precisos que nos digan los diputados que ese tema (la reforma al Código Penal) que se socialice entre la ciudadanía para que opine», dijo Gerardo García Sánchez, coordinador del Frente Nacional por la Familia.
Reconoció que hay una mayoría de diputados y diputadas que están a favor de votar por la despenalización del aborto pero que Julieta Fernández y Jesús Parra, legisladores del PRI, están con su movimiento.
Acusó que el gobierno financia a los grupos feministas como a la organización Brujas del Mar.
«Esos grupos de mujeres todo destruyen porque son financiadas por el gobierno», dijo Gerardo García durante la protesta afuera del Congreso.
Mientras los integrantes de este grupo religioso encabezados por el sacerdote Baltazar Vega realizaban sus protestas, integrantes de organizaciones de feministas ofrecieron una rueda de prensa en una cafetería ubicado frente al Congreso en donde pidieron a los diputados que no posterguen la reforma de la despenalización del aborto en Guerrero.
El aborto es un asunto de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, señala un comunicado que leyó la abogada y activista feminista Angie de la Rosa Palafox.
La situación de pobreza y marginación, los embarazos forzados producto de violaciones sexuales y las uniones forzadas con menores de edad ponen en riesgo la vida e integridad de mujeres, niñas y adolescentes, expuso.
Cifras que proporcionaron las feministas es de que en Guerrero de enero del 2021 a marzo del 2022 se denunciaron 1081 delitos sexuales, de los cuales 481 son violaciones sexuales.
De la Rosa Palafox señaló que Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos en niñas y adolescentes entre 12 y 14 años a nivel nacional.
La mayoría (de los embarazos) son resultado de violación sexual a menores de edad lo que implica mayor riesgo de muerte durante la gestación, debido a que aún no han alcanzado su desarrollo, dijo la activista.
El grupo de feministas que habían anunciado dar un posicionamiento político afuera del Congreso sobre el aplazamiento de la sesión legislativa se replegaron hacia la cafetería para no caer en una confrontación con los grupos religiosos que cerraron el edificio legislativo gritando consignas contra los diputados de Morena.
«Diputados asesinos, sicarios», gritaban los creyentes religiosos.
Unas señoras rezaban y otras se persignaban.
Viridiana Gutiérrez, otra de las activistas feministas, reconoció que las y los diputados que están a favor de la reforma por la despenalización del aborto están recibiendo presiones externas.
Una de estas presiones son de los «grupos extrema derecha», dijo Gutiérrez al referirse a los grupos religiosos.
«Hay muchas presiones de estos grupos que tienen el interés de que las mujeres sigan arriesgando su vida», expresó.
Contó que en los últimos días ella recibió la solicitud de acompañamiento de seis mujeres de las cuales dos menores de edad que quieren la interrupción de su embarazo y no tienen recursos para practicárselo.
Mencionó que en Guerrero el aborto se practica en cualquier clínica en donde cobran 5, diez y hasta 20 mil pesos, pero las que no pueden hacérselo son las mujeres que no pueden pagar esta atención.
Las feministas aclararon que esta reforma al Código Penal no obliga a las mujeres a practicarse el aborto sino que cada una de ellas deberá de tomar la decisión porque en su cuerpo.
Confiaron en que el próximo martes los diputados de Morena y el PRD cumplan su palabra y voten a favor de esta reforma.
Las feministas creen que hay suficientes votos para sacar adelante el dictamen y que incluso hay varios legisladores del PRI que se van a sumar.
El diputado morenista Jacinto González dijo que el análisis del dictamen de esta reforma se aplazó para el próximo martes fue para lograr que otros diputados se sumen a la votación en favor.
Según el legisladora con los 28 votos que se tienen «amarrados» son suficientes para sacar la despenalización del aborto pero es probable que se sumen más legisladores.
Reconoció que en los últimos días el Congreso ha sido sometido a una serie de presiones externas por el dictamen de la reforma al Código Penal.
Este jueves 12 los diputados están convocados a una sesión pero de manera virtual lo que impide legamente que en este tipo de plenarias se puedan votar iniciativas de ley o reformas.
Jacinto González, señaló que la convocatoria para la sesión virtual y que no sea presencial fue para que el martes ahora si se vote el dictamen de la reforma al Código Penal.
Si incumplen con los acuerdos, los habitantes mantienen su postura de trasladar su protesta a la Autopista del sol
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
21 de abril de 2022
Chilpancingo
Habitantes de Huiziltepec, en el municipio de Eduardo Neri, informaron que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero (Capaseg) y el ayuntamiento están trabajando en la rehabilitación de la red de drenaje y alcantarillado que lleva 11 años colapsado, pero acordaron que si los trabajos se detienen siguen dispuestos a bloquear la Autopista del Sol.
Consultado vía telefónica el presidente del comisariado de bienes comunales, Francisco García Carlos, dijo que ayer miércoles comenzaron los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje.
“Ya están trabajando, llegó personal de Capaseg y del ayuntamiento con las maquinas y ya están abriendo las ollas de drenaje”, mencionó.
La población de Huiziltepec mantiene la postura de bloquear la Autopista del Sol, que se ubica a pocos metros de la localidad, en caso de que las autoridades incumplan los acuerdos de rehabilitación.
Agregó que vigilaran de cerca los trabajos que se realizan y si ven que se detienen bloquearan la Autopista del Sol.
“Los vamos a estar viendo, si vemos que se detienen o ya no regresan a trabajar, nosotros como población estamos dispuestos a bloquear la autopista”, dijo García Carlos.
Sin precisar una cifra, García Carlos, dijo que el Instituto Nacional de Pueblos Indigenas (INPI) se comprometió a aportar el 70 por ciento del presupuesto y el ayuntamiento de Eduardo Neri el 30 por ciento restante necesario para la rehabilitación.
Hace 11 años que en la comunidad de Huiziltepec la red de drenaje y la planta tratadora de aguas residuales no funciona, la población convive todos los días con los malos olores que las aguas residuales generan, provocando daños a la salud y al medio ambiente, denunciaron los pobladores,
Fue a través de una asamblea que la población decidió bloquear la Autopista del Sol para que las autoridades pongan atención a sus demandas, específicamente el problema con las aguas residuales y la planta tratadora, y que ninguna autoridad solucionó en 11 años.
El bloqueo estaba previsto para el pasado 13 de abril, día que inicio el periodo vacacional de Semana Santa. Ante la amenaza de impedir el paso a los turistas la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, se traslado a Huiziltepec junto con personal de Capaseg para hablar con la población e impedir el bloqueo.
En un asamblea en la que estuvo presente la alcaldesa, y los funcionarios de Capaseg, los pobladores acordaron una reunión en Chilpancingo, en la cual se acordó comenzar con los trabajos de rehabilitación.
En esa reunión estuvo presente personal de la Secretaría General de Gobierno, y de Asuntos Indigenas y Afromexicanos, del INPI y el ayuntamiento de Eduarno Neri.
Evitaron el primer bloqueo y para que los funcionarios cumplieran, García Carlos informó que si las autoridades no se presentaban a trabajar, como acordaron, cumplirían con la amenaza de bloquear.
