Asilo político, una alternativa para huir de la violencia en México

Texto y foto: Amapola Periodismo/Archivo

18 de enero del 2024

Chilpancingo

 

Para Laura, originaria de una comunidad en el municipio de Coyuca de Catalán, región de la Tierra Caliente, una zona marcada por la violencia e inseguridad, quedarse en su pueblo no era una opción, así que abandonó el lugar en el que nació.

Laura dejó atrás todo lo que tenía en su pueblo, en el que vive su mamá, su papá, sus hermanas, hermanos y el resto de su familia. Salió de ahí por un tema de inseguridad, sin detallarlo para que no afecte a su familia.

El proceso que enfrentó Laura y que la hizo salir de su tierra, dejar su casa y su familia, se llama desplazamiento forzado (DF), fenómeno que describe la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) como la movilización de personas para buscar alimentos que aseguren su sobrevivencia al huir de guerras o desastres ocasionados por fenómenos naturales.

El desplazamiento forzado genera miles de refugiados en países diferentes a los del origen de las personas que abandonan sus territorios originales, indica la ACNUR.

Como Laura, desde hace al menos 10 años, varias personas de la Tierra Caliente, de diferentes poblados, optaron por salir de sus comunidades e iniciar una vida en Estados Unidos por medio de una solicitud de asilo político, el cual sirve para que las personas que viven en riesgo por algún tipo de violencia salgan de sus comunidades y vivan en algún país de forma legal.

Los grupos del crimen organizado que controlan la región, mediante la amenaza, imponen un sobreprecio a prácticamente todos los productos alimenticios, como carne de cerdo, de pollo; también a las bebidas, como la Coca Cola y otros productos de la canasta básica, por lo que vivir en la zona con un salario mínimo es prácticamente imposible.

Algunas personas ven en el asilo político una forma de salir de sus comunidades y tener mejores oportunidades laborales.

Las fuentes de empleo en la Tierra Caliente son limitadas y los salarios son bajos.

En el caso de Laura, de no ser por la violencia, dice, jamás se habría ido de su pueblo.

En febrero del 2023, Laura decidió (junto con otra amiga y sus tres hijos) solicitar asilo en Estados Unidos.

Lo primero que hicieron fue investigar dónde tenían que realizar los trámites y cuáles eran los requisitos. De primer momento se acercaron al Ayuntamiento de su municipio, en el área de Sindicatura para informarse de cómo conseguir un asilo político.

En el Ayuntamiento le dijeron que podía hacer su solicitud ante la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Fue todo lo que les dijeron.

Hecha la solicitud se trasladaron por sus propios medios a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.

Ahí llegaron a un albergue para migrantes donde esperaron su cita.

De acuerdo con datos de la ACNUR citados en el informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, entre el 2001 y 2023 hubo 108,4 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, a causa de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos y acontecimientos que alteraron gravemente el orden público.

El 53 por ciento de estas personas pertenecen a la República Árabe de Siria, de Ucrania y de Afganistán.

En América Latina, de acuerdo con la ACNUR, México no figura entre los 10 principales países con solicitantes de asilo en los Estados Unidos, lo que significa que la mayoría de los habitantes que huyen de sus pueblos por la violencia son personas desplazadas internas (PDI). La ACNUR define a una PDI como aquellas personas que se ven obligadas a huir y nunca cruzan una frontera internacional.

Los habitantes con el mayor número de solicitudes de asilo en Estados Unidos de la región de América son de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Honduras y Haití, indica la ACNUR en su informe.

Familias de un poblado de la Sierra, en Guerrero, se desplazan de forma colectiva para huir de la violencia. Foto: Especial/Archivo.

El camino para tener una nueva vida

Por las fotografías que veía en redes sociales de personas que consiguieron el asilo en Estados Unidos, Laura creyó que obtenerlo sería sencillo.

La ACNUR en su informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2022 indica que Estados Unidos es el principal país al que solicitan asilo cada año, en 2022, ese país recibió 730,400 nuevas solicitudes.

En febrero del 2023, Laura llegó junto con su amiga a Tijuana, lugar donde vivieron en un albergue cristiano en espera de que les dieran una cita y ver si eran candidatas para obtener el asilo político y cruzar a Estados Unidos.

Para ese entonces, Laura tenía cinco meses de embarazo. Creyó que el proceso sería fácil y que cruzaría a Estados Unidos junto con su amiga.

Para obtener la cita y saber si otorgarán el asilo, de acuerdo con Laura, se necesitan de dos cosas: paciencia y suerte.

La suerte la tuvo su amiga, a quien a los 40 días de estar en el refugio recibió el aviso de que su cita para cruzar a Estados Unidos estaba lista. Laura se quedó sola.

Laura y su amiga eran muy unidas, se hacían compañía en ese lugar en el que no conocía a nadie, lejos de su familia y de su hogar.

Aunque en el albergue había unos 1,000 migrantes de diferentes países en espera de una respuesta favorable, Laura se sentía sola. No conocía a nadie. Hizo amigas y amigos tiempo después.

Al sentimiento de soledad se unieron a las condiciones difíciles del albergue.

“Cuando llegue ahí era época de lluvias y hacía un buen de frío (2 grados centígrados) y en el cuarto donde nos quedábamos se trasminaba el agua, poníamos cubetas en las goteras”.

Ese fue el comienzo de tres largos meses en los que todos los días llenaba una solicitud en una aplicación llamada CBP One, en espera de una cita.

Laura debía levantarse a las dos de la mañana para enviar su información a las seis mediante la aplicación. Era su rutina diaria.

Semanas después llegaron otras tres familias de su comunidad al albergue con el mismo objetivo que ella: cruzar a Estados Unidos. Laura se sintió acompañada nuevamente.

La desesperación por no obtener su cita para cruzar a Estados Unidos provocó que quisiera regresar a su pueblo, a pesar de que vivir ahí no era una opción.

Entre las personas que llegaron de su comunidad y ella decidieron armar un grupo para obtener la cita en conjunto.

“Tardamos 15 días intentando y nada. Nos pusimos de acuerdo en perder un día de cita y entrar en todos los celulares que teníamos, 14 en total, y nos arriesgamos en abrir la cuenta del grupo, y finalmente agarramos la cita para poder cruzar el 8 de mayo”, recordó Laura.

La cita fue a las siete de la mañana. Uno de los temores de Laura y su grupo era enfrentarse a la discriminación por racismo, notaron que algunos agentes de migración que entrevistan a los solicitantes ejercían discriminación contra algunos migrantes.

Tenían bien claro que de estas personas y sus prejuicios dependía mucho si conseguían el permiso para cruzar.

En la cita preguntaron por qué motivo solicitaba el asilo y algunas pruebas como fotografías, mensajes o videos.

La cita es para cruzar a Estados Unidos, ya “del otro lado”, el proceso continúa para ver si se aprueba o no el asilo político.

Después de la cita, Laura se contactó con sus familiares de San Diego, California, para que fueran por ella. Le otorgaron una cita en la Corte estadounidense para el 26 de julio del 2023.

El 26 de julio Laura comenzó con contracciones, el 27 de julio nació su hija, por lo que no acudió a su cita a la Corte.

Al faltar a la Corte, sus familiares explicaron la situación y consiguieron una nueva cita para el 30 de noviembre, Laura sí acudió a esa cita, en esa cita le pidieron que se presentara con un abogado, le dieron una lista de abogados de oficio, los cuales estaban ocupados.

Otro obstáculo al que Laura se enfrentó es que no trabaja debido a que su hija aun es pequeña, por lo que no podía solventar los gastos de un abogado particular, quienes cobran entre 8,000 y 12,000 dólares, aproximadamente entre 130 mil y 206 mil pesos mexicanos.

“En caso de que no consiga un abogado yo tengo que presentar las pruebas de por qué me vine. Sino gano el asilo porque no es seguro, ya no voy a estar aquí, me van a deportar”, explicó.

La cita para determinar si le darán el asilo a Laura es el próximo 13 de febrero.

En caso de no obtener el asilo, Laura regresará a su pueblo con su hija, quien por nacer allá ya tiene la ciudadanía estadounidense.

Autoridades estatales afirman que muchas personas se equivocan del tipo de trámite

El director general de Vinculación con Organismos Internacionales de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero (Semai), Daniel Agis Eslava, explicó que como dependencia estatal brindan asesoramiento a quien desee migrar bajo este sistema, pero al ser un trámite personal ante organismos internacionales es poca la injerencia de la dependencia en este tipo de solicitudes.

El funcionario estatal aclaró que muchas personas solicitan el asilo político desde el desconocimiento, porque esta modalidad tiene características particulares que de no comprobarse, puede ser negada, y en casos como el de Laura, que ya está dentro del país, corre el riesgo de ser deportada.

“El asilo político tiene que ver más conflictos sociales, como pasó hace unos años en Centroamérica, donde el mismo gobierno tenía una crisis y no era capaz de sostener a sus habitantes o una situación de violencia extrema como una guerra o conflictos que en verdad ponen en peligro la integridad de las personas”, mencionó Agis Eslava.

Los datos proporcionados por el funcionario indican que el año pasado al menos 10 personas acudieron a la Semai a solicitar información sobre asilo político en Estados Unidos.

De estas 10 personas solo dos lograron obtenerlo.

Habitantes desplazados del poblado El Nuevo Caracol se refugian en un centro de usos múltiples en la Tlacotepec, cabecera del municipio de Heliodoro Castillo, en Guerrero. Foto: Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

A pesar de la dificultan de conseguir el asilo político varios pueblos de la Tierra Caliente, Costa Grande y Sierra, están prácticamente vacíos, la gente por la violencia se fue a la frontera a buscar asilo político a Estados Unidos.

Del poblado de Laura, del cual se omite el nombre por cuestiones de seguridad, al menos 20 personas están en Estados Unidos bajo este sistema. La situación se repite en los poblados contiguos.

Los pueblos de la región de la Tierra Caliente, en donde el crimen organizado tomó el control, están en proceso de quedar deshabitados.

La gente se va a la frontera con Estados Unidos a esperar esa cita que les cambiará la vida.

Somos todos iguales, nomás que fuimos regados en distintos lugares

Esa es una crónica del proyecto periodístico colaborativo Bordes Fronterizos, historias de migración indígena, realizado por periodistas de los estados de Oaxaca y Chihuahua, integrantes del Raíchali, El Muro Mx y El Universal Oaxaca.


Texto: Raúl F. Pérez Lira

Fotografía: Richali Noticias

11 de octubre 2023

 

Judith González recibió una llamada de su prima en marzo de 2023. Una sobrina de Judith estaba resguardada en el albergue “Nohemí Álvarez Quillay”, en Ciudad Juárez y su familia le pedía que fuera por ella.

Había intentado cruzar la frontera, pero fue detenida por las autoridades de los Estados Unidos y deportada a México. Como era menor de edad, no podía salir del albergue por su propia cuenta.

De inmediato Judith llamó a la directora de la asociación civil donde trabaja en la ciudad de Chihuahua.

Le explicó que tendría que ausentarse al día siguiente por una emergencia familiar y dejó todo listo para partir por la mañana.

Llegó a Ciudad Juárez al medio día y se dirigió al albergue. Para su sorpresa, ahí ya se encontraban dos hombres de San Miguel Panixtlahuaca, la comunidad chatina de donde Judith es originaria, quienes también acudieron a ayudarla a ella y a otra menor de edad originaria de la misma comunidad.

<< ¿Ustedes vienen de allá de la comunidad nada más para hacer esto?>> les preguntó Judith.

<< No, tenemos aquí como dos años. Trabajamos aquí en los ranchos de Anapra. Vivimos en un hotel y de ahí nos vamos a trabajar directo para allá.>> le contestaron.

A Judith le enviaron fotografías de las actas de nacimiento necesarias para validar el vínculo familiar con su sobrina y sus paisanos fueron a imprimirlas (a color, como les solicitaron) pero no las hicieron válidas por un error en el acta de su madre.

Tampoco pudo ver a su sobrina ni hablar con ella, por protocolos de seguridad del albergue.

Le dijeron a Judith que así era imposible que se llevara a su sobrina, pero que podía iniciar un trámite en el DIF de Oaxaca para solicitar que la llevaran hasta allá, donde pudiera recogerla otro familiar, así que optaron por iniciar el trámite.

La menor de edad, quien habla chatino y un poco de español, estuvo un mes resguardada en el albergue antes de poder salir y regresar con su familia por esa vía.

<< En mi comunidad se da mucho la migración hacia Estados Unidos porque no hay tantas fuentes de empleo y entonces la gente se ve obligada a desplazarse a la ciudad o a EE.UU.>>, explicó Judith, quien tiene veintiocho años y vive desde hace quince en la ciudad de Chihuahua. <<La gente se va desde muy chica, desde los catorce años, sobre todo los hombres, pero más recientemente la migración ha aumentado en niñas y adolescentes>>.

Judith dejó el periódico donde trabajaba pero buscó seguir cerca de las comunidades indígenas de Chihuahua. A los seis meses —y después de trabajar brevemente en una financiera— consiguió un empleo en Alianza Sierra Madre, una asociación civil que acompaña y asesora a comunidades indígenas en su lucha por defender su territorio, como Choréachi y Coloradas de la Virgen.

<<Yo estaba buscando desesperadamente algo que me llevara a mi comunidad, a lo que se vive en la comunidad y Alianza Sierra Madre trabaja con comunidades indígenas aquí y trabajan en acompañamiento a las personas defensoras. Todo eso me interesaba también porque me surgió del periódico y también por de dónde vengo>>.

Judith regresó a su comunidad por primera vez siete años después de su partida. <<Todo lo que conocía ya no estaba>>, dice en la oficina donde trabaja.

Sus amistades, su familia, la comunidad y ella misma habían cambiado. Algunas personas se habían ido a otras ciudades o a los Estados Unidos. Otras, habían fallecido. Sus compañeras y compañeros de la escuela le reclamaron por haberse ido sin despedirse.

—¿Todavía hablas chatino? —recuerda que le preguntaban sus familiares.

—Pues claro. Viví aquí trece años —respondía ella.

Desde entonces vuelve más seguido a San Miguel Panixtlahuaca. A veces le dan ganas de regresar, aunque sea temporalmente, para retribuir algo a su comunidad, y desde la distancia ayuda cada vez que puede, así como viajó a Ciudad Juárez para ayudar a su sobrina.

Habla con su madre en chatino, quien a veces le pasa recados de la comunidad. De pronto alguien tiene duda de cómo hacer un trámite o resolver un problema, y acuden a Judith u a otras personas con estudios y otras experiencias que puedan ayudarles.

<< Algunas personas nos sentimos obligadas a salir de donde somos, pero al final también es conocer otras cosas que nos llenan de saberes, conocer a otras personas, otros lugares, y también cuando regresamos esas cosas que conocemos se vuelven parte de la comunidad. Ese conocimiento que llevamos, ya sea de Chihuahua, de Guadalajara, o de donde decidimos migrar, incluso de allá del otro lado, de EE.UU., la gente regresa con otros conocimientos y la comunidad cambia con ese conocimiento. Esa nueva forma de ver la vida, pero también con nuestra forma de ver la vida, se hace un complemento de todo eso.>>

 

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

El proyecto colaborativo completo lo puedes encontrar en Richali Noticias

Morgues colapsadas y subregistro de personas desaparecidas en México complican búsqueda de migrantes

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México tiene un subregistro de los casos de migrantes desaparecidos, lo que dificulta que sus familias hagan búsquedas y tengan certeza de lo que les ocurrió.


Texto: Rosario Marina, Verónica Liso, Gabriela Villegas y Andrea Godínez /Animal Político

Fotografía: Andrea Godínez

“La situación de violencia que se vive en el país satura a las fiscalías y en muchos estados no hay recursos suficientes para el día a día”.

Jairo Hernando Vivas, experto en identificación humana del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF)

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publica solo el 9.6% del total de reportes de migrantes desaparecidos que tienen las fiscalías en México. Este subregistro se halló al solicitar a las 32 fiscalías locales las cifras totales de migrantes desaparecidos entre 2017 y 2022, a través de pedidos de acceso a la información pública.

Tras recibir 26 respuestas, se concluyó que hay, al menos, un total de mil 270 migrantes reportados como desaparecidos ante las fiscalías locales, pero la cifra es muy dispar a la mostrada públicamente. La CNB solo ha contabilizado 124, en ese mismo periodo, es decir, una brecha abismal. Luego de insistir seis meses por una entrevista, la autoridad mexicana dijo que tenían alrededor de mil 300 inmigrantes contabilizados como desaparecidos en una base de datos, que se negaron a compartir porque está en una “fase de homologación”.

Una necropsia “bien hecha” toma de entre tres a seis horas completarla, pero algunas fiscalías locales en México solo tienen un médico forense para 12 horas y llegan a hacer hasta 10 necropsias. ¿Cuántos médicos forenses se requieren para los más de 50 mil cuerpos sin identificar en México? ¿Y cuántos se necesitan para devolver a las familias de Guatemala los restos de sus migrantes hallados muertos aquí?

Jairo Hernando Vivas, médico forense experto en identificación humana del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), cuenta la complejidad que hay en las fiscalías locales, más en las que tienen alto índice de muertes violentas, para tratar la crisis forense en México.

“Uno mira cómo están trabajando los colegas y no tienen el tiempo suficiente para hacer una autopsia, para dejar registro de toda la evidencia necesaria, no solo para la identificación, sino para la investigación del crimen. Entonces, también es entendible”, dice el médico. “Mirar los toros desde la barrera es fácil, pero ¿qué está ocurriendo en ese momento? ¿Por qué no lograron identificar estos cuerpos?”.

Estas mismas fiscalías locales, que tienen la custodia de los cuerpos, son las que deben enviar las carpetas de investigación sobre desaparición de personas a la Comisión Nacional de Búsqueda para completar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Cualquier ciudadano, periodista o integrante de una ONG que quiera consultar ese Registro Nacional para saber cuántos inmigrantes hay reportados como desaparecidos se topará con un abismal subregistro.

La CNB publica solo el 9.6% del total de reportes de migrantes desaparecidos que tienen las fiscalías en México. Este subregistro se halló al solicitar a las 32 fiscalías locales las cifras totales de migrantes desaparecidos en México, entre 2017 y 2022.

Tras recibir respuesta de 26 fiscalías, se concluyó que hay un total de mil 270 migrantes reportados como desaparecidos ante estas oficinas locales, pero la cifra es muy dispar a la mostrada públicamente. La CNB solo ha contabilizado 124, en ese mismo periodo, es decir, una brecha abismal entre el total de reportes de las fiscalías y lo publicado en el Registro Nacional. Sobre los migrantes desaparecidos y hallados muertos, las fiscalías respondieron a tener un total de 64, pero la Comisión Nacional de Búsqueda solo registró dos.

Para obtener estas cifras, este equipo de investigación envió 157 solicitudes de acceso a la información a gobiernos estatales y federales, e incluso a la misma Comisión Nacional de Búsqueda.

Además, sometió recursos de revisión con fiscalías como la de Nuevo León que, en un principio, alegó que le era “humanamente imposible” saber cuántas carpetas de investigación y reportes de inmigrantes desaparecidos tienen.

La CNB acepta que hay un subregistro en los reportes de inmigrantes desaparecidos 

Tras procesar los datos se llegó a la conclusión de que hay un subregistro en el Registro Nacional, mismo que aceptó la Comisión Nacional de Búsqueda.

Pero, ¿por qué existe un subregistro si la principal fuente de información de ese registro nacional son las fiscalías locales?

Se requirió a la CNB saber por qué las fiscalías estatales, en solicitudes de acceso a la información, respondieron que tenían reporte de mil 270 inmigrantes desaparecidos, cuando la cifra pública de su registro es de apenas 124.

Luego de insistir seis meses por una entrevista, la CNB accedió y dijo que tenían alrededor de mil 300 inmigrantes contabilizados como desaparecidos en una base de datos, que se negaron a compartir al decir que está en una “fase de homologación”.

“Nuestra cifra que nosotros manejamos en nuestra dirección de búsqueda de personas migrantes son alrededor de mil 300 personas, justamente caracterizando los casos de los que tenemos conocimiento y damos seguimiento y que luego se está haciendo su búsqueda”, mencionó Sonja Perkič, directora general de Acciones de Búsqueda de la CNB.

En entrevista para esta investigación, aceptó que existe un subregistro público en la RNPDNO y lo atribuyó a que los reportes hechos carecen de certeza y que esos datos “no tienen suficiente información para poder rastrear”.

Entonces, ¿lo que marca la base pública nacional es un subregistro?, se le cuestionó.

“Sí, de hecho nosotros estamos conscientes de este subregistro porque justamente es difícil rastrear la información. Te repito, son casos que estamos preparando y rastreando para tener una información certera”, dijo Perkič.

Retrospectiva forense: el reto de México de identificar los cuerpos de años anteriores a 2019 

Entre los más de 50 mil cuerpos no identificados en México, el MEIF no descarta que haya migrantes, pero saber a quiénes pertenecen lo hace muy complejo, considerando el rezago que tiene el país en atender la crisis forense.

“Nosotros partimos de cuerpos que no tienen nombre y, por lo tanto, no tenemos un indicio, poniéndolo en esos términos o sospecha alguna, de que se puede tratar de un migrante”, dice Jairo Hernando Vivas, médico forense experto en identificación humana del MEIF, y agrega: “Eso lo hace mucho más complejo y exigente”.

“¿Qué va a ser lo más difícil? Si bien es difícil trabajar o tener información de las personas dadas como desaparecidas en el país, mucho más difícil va a ser tener la de otros países”.

El MEIF trabaja para mejorar la información que recolectan y someten las fiscalías locales al hacer exhumaciones de restos hallados de 2019 hacia atrás. Ahora, trabajan con al menos tres fiscalías locales, las de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, en un proyecto de identificación retrospectiva para estudiar los cuerpos que están sin identificar en las morgues.

En la entrevista aclara que ellos solo dan la metodología a las fiscalías e intentan hacer los match del ADN con nombres de las bases de datos de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. “Los dueños de la información siguen siendo las fiscalías estatales”, reiteró, y agregó: “Todo el tiempo tanto la información como el cuerpo sigue en custodia de las fiscalías”.

Sin embargo, el trabajo con las fiscalías se da con convenios, a los cuales estas no están obligadas a firmar o seguir. Por lo tanto, para trabajar con el MEIF deben confiar en la “voluntad política”.

Buscar desde Centroamérica

Cecilia Delgado Grijalva es una buscadora mexicana. Ella fundó Buscadoras por la Paz, un grupo de madres buscadoras de Hermosillo, Sonora, cuando desapareció su hijo, que tiempo después encontró muerto. Ahora busca también a su sobrino.

Una madre que sale al campo con un pico y una pala para darle, al menos, un descanso en paz a su hijo, es testimonio vivo de la grave realidad que atraviesa México. Pero, también lo es de la lucha y persistencia de estas mujeres que no dejan de buscar.

A ella acuden, por teléfono o redes sociales, madres de Centroamérica, Guatemalaen particular, para pedirle su ayuda.

“Tengo muchos casos en la página de madres que pierden a sus hijos en camino al sueño americano. Me hablan llorando, me dicen que estaba en un lugar cuando fue la última vez que se comunicó con ellas. Y nosotras no tenemos el acceso rápido a una búsqueda inmediata. Eso nos mata, no poderlas ayudar al 100%. Puedo ayudarles a difundir su ficha de búsqueda pero muchas veces están en otros lugares, como Tamaulipas, y no tenemos acceso. Y pues la verdad que siento su sufrimiento y más porque ellas no pueden estar acá en México”, contó Cecilia en medio de una búsqueda en marzo.

“Las vuelven a revictimizar cuando ellas piden su visa humanitaria para venir acá a buscar a sus hijos. Se encuentran con muchas trabas”, explicó. “Sufrimos lo que ellas están sufriendo y sabemos lo que es ese dolor”.

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

 

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

«Prácticamente nos esclavizó»: mujeres migrantes agrícolas hacen frente a injusticias

17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria. Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), único que sobrevive y destinado únicamente a la migración internacional. 


Texto: Marcela Nochebuena

Fotografía: Tlachinollan

 

Sin que parezca siquiera percibirlas, las moscas atestan sus pies descalzos. Inmóviles, como el resto de sus piernas, permanecen apoyados en unas sandalias de plástico. Hace casi tres meses que ‘Carolina’, a sus 27 años, no tiene movilidad en sus extremidades inferiores. Un día, trabajando en el campo, la sorprendió un dolor en la cintura hasta que ya no pudo levantarse. Sin seguro social, su esposo y su papá siguen trabajando prácticamente para pagar las cuentas médicas.   

‘Carolina’ y su familia nuclear viven en un cuarto de dos por dos metros, en el último rincón de la sindicatura de Villa Unión, Sinaloa —a unos 40 minutos de Mazatlán—. Adentro solo hay un colchón, utensilios de cocina y un par de arpillas con algunos productos del campo, más unas cuantas sillas. En un metro cuadrado más, sin techo, está el baño. ‘Carolina’ bebe un poco de té y caldo en silencio, y espera con resignación. 

Por el cuarto, un arrendatario que vive en Mazatlán les cobra 2 mil 500 pesos al mes. La cuenta del doctor particular, que no dio un diagnóstico certero ni mejoró el estado de ‘Carolina’, llegó a más de 8 mil pesos. También hay que pagarle 100 pesos diarios a un policía de tránsito para llegar al sitio donde su esposo y su papá encuentran a un empleador diferente cada día. 

En la región sur de Sinaloa, a diferencia de otras sindicaturas cercanas a Culiacán, como Villa Juárez y El Dorado, así es la dinámica para trabajar en el campo: de entrada por salida, cada día “cachar” la mejor oferta entre los empleadores que se congregan muy temprano en el estacionamiento de un supermercado a la entrada del poblado, con la única expectativa de llenar seis o siete arpillas —a 25 pesos cada una—. Si les va bien, ganan 200 pesos por la jornada.

“Estamos trabajando y estamos comprando medicamentos; es mucho dinero, se ha gastado mucho. Aquí casi cada quien trabaja por su cuenta nada más… los tres o cuatro meses que estemos aquí, nada más un día con un empleador y otro día con otro”, dice ‘Arturo’, esposo de ‘Carolina’, cuyos nombres han sido cambiados porque prefirieron dar su testimonio bajo anonimato.

Después de un rato, ella se anima a participar brevemente en la conversación. Desde los 16 años conoció el trabajo en el campo migrando junto con su familia. Ahora que enfermó, lo que más le duele son los pies y todavía no puede levantarse sola; su esposo y su papá le ayudan. No tiene mucha fuerza e incluso siente calambres cuando quiere pararse. Cuenta que un día, después de llegar del campo, ya no pudo caminar bien. 

Su papá relata que incluso han tenido que pedir dinero prestado, y eso solo para pagar las cuentas. A sus 62 años, ha trabajado desde los 15 en el campo. Vive en una casa a pocos metros de distancia, donde habitan cuatro adultos y tres niños, por la que pagan 3 mil 500 pesos mensuales. Igual que ‘Carolina’ y ‘Arturo’, además hay que pagar los servicios y la “cuota” del policía de tránsito. Un lunes, mientras casi anochece, su esposa cocina solo con leña al aire libre. 

 

Esa es la “mejor” vida que la familia fue a buscar a Sinaloa cuando decidió migrar desde Lindavista, municipio de Tlapa, en la montaña guerrerense, porque “allá no hay nada que hacer”, dice ‘Arturo’. La migración desde las comunidades de Guerrero es familiar —cada temporada o algunas veces de manera definitiva, viajan padres, madres e hijos juntos—, pero el papel de las mujeres ha permanecido invisible por décadas. 

 

En México, 17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, del Inegi. En Estados Unidos, llegan a representar hasta el 32%, de acuerdo con el Centro de los Derechos del Migrante (CDM). Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) —el único que sobrevive y destinado solamente a migración internacional—, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para trabajar fuera del país, también son solo un 3% las que acceden a las visas de los programas temporales para trabajar en EU que tienen las mejores condiciones. Aun así, cuando las circunstancias lo permiten, son ellas quienes sostienen el trabajo de cuidados, construyen comunidad en los lugares de destino e incluso han sido pioneras en denunciar las violencias y la discriminación que enfrentan en el campo.

“Ese proceso de feminización de la agricultura es muy diferente, una porque las mujeres no trabajan sus propias tierras sino las de los agricultores que las contratan, y otra porque a pesar de que ellas lo hacen y les gusta ese acercamiento con el campo, hay un cúmulo de violencias laborales que incluso en algún momento se normalizan”, explica Leonor Tereso Ramírez, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que trabaja con mujeres trabajadoras agrícolas en la sindicatura de Villa Juárez.  

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, el 46.1% de las mujeres que trabajan en el campo lo hace de manera no remunerada, mientras que de cada 100 productores, solo 17 mujeres son responsables de manejo y toma de decisiones en unidades de producción. 

De acuerdo con la experiencia de Leonor, las mujeres que llegan a darse cuenta de la violencia, no pueden hacer mucho frente a ella en contextos de precariedad laboral, que son mucho más complejos para quienes migran. Sin embargo, algunas han logrado levantar la voz incluso a nivel internacional. 

Maritza denuncia discriminación en el marco del T-MEC

Maritza es la primera trabajadora agrícola que, junto con Adareli, presenta una queja en contra del gobierno de EU, en el marco del T-MEC, por la discriminación de género en contra de las mujeres migrantes en programas de migración laboral temporal. La inconformidad se origina en la negación de trabajos, la asignación de roles con salarios más bajos y la exposición a violencias en sus lugares de trabajo.

Maritza, originaria de Veracruz, ha trabajado desde que tenía nueve años en diferentes empleos: niñera, trabajadora del hogar, comerciante o cualquier otro que se presentara para obtener algo de dinero. El 27 de mayo de 2018 fue la primera vez que salió del país para trabajar en el campo de manera temporal en EU. Fue por sus amigas que habían ido antes que contempló la posibilidad.

“Era pesada la labor de trabajar en campo, pero como yo estaba acostumbrada porque también he trabajado en fábricas… Al principio, no fue tan malo porque realmente donde vivo luego hago ese tipo de actividades, pero allá iba consciente de que iba a ser como nos dijeron ahí: 10 veces más trabajo, pero también mejor remunerado, aunque después me di cuenta que no era cierto”, cuenta en entrevista.

Unos minutos después, confiesa que la experiencia fue horrible desde el momento que pisó los ranchos de Alabama y Florida. “Llegamos, bajamos las maletas y nos dijeron ‘súbanse al camión porque ya vamos a empezar a trabajar’, todas emocionadas porque íbamos a empezar a facturar, como dice Shakira, íbamos a empezar a ganar dinero, pero ahí algo como que se quebró en el momento en que, ya arriba del autobús para irnos al trabajo, se sube un señor”, recuerda.

En el transporte, el hombre se presentó y les dijo que desde ese momento él era su patrón y el dueño de su vida y de todo lo que tuvieran. En ese punto, Maritza pensó que había ido a trabajar pero no a que la hicieran sentir como esclava. “Prácticamente nos esclavizó; en mi caso, por más de cinco meses”, lamenta. Maritza cumplió casi seis allá, en los que el sueño americano muy pronto se volvió pesadilla. 

No había equipo de protección personal para andar en surcos encharcados pizcando calabaza, chile morrón, tomate y pepino. Había compañeras de ella que, con los pies lastimados, no podían trabajar, y entonces tampoco les querían dar de comer. Trabajaban no de sol a sol, aclara Maritza, sino muchas veces desde antes de que saliera, y regresaban apenas para dormir, a las 10:00 u 11:00 de la noche. A veces, cumplían jornadas de hasta 12 o 15 horas.

Las camas donde dormían tampoco estaban en buenas condiciones. Había un solo baño portátil, que lavaban prácticamente una vez al mes, además de que solo podían usarlo entre 12:00 y 1:00 de la tarde, la hora de la comida, nunca antes. Aunque a las 6:00 de la mañana ya estaban trabajando, les llevaban agua casi hasta las 10:00. La comida era mala pero no podían dejarla, porque el empleador la cobraba a 4.26 dólares la consumieran o no. 

Algunas veces, ni siquiera les pagaban completo el sueldo, incluso una quinta parte de lo que realmente habían ganado. Con frecuencia, no entendían los recibos por completo, por las abreviaturas y las palabras en inglés. Maritza ganaba entre 150 y 240 dólares a la semana; trabajaba de lunes a domingo y frente a cualquier inclemencia del tiempo, incluso cuando les tocó un huracán.    

Además de los problemas generalizados, Maritza recuerda que los salarios no eran iguales para hombres y mujeres. A ellas les pagaban la caja o la cubeta de calabaza a 60 centavos, pero a los hombres se les llegaba a dar hasta un dólar. La intención de la queja, explica, ha sido pelear para que se vigilen las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos que los contratistas prometen en México. 

Aunque con miedo, está convencida de hay que atreverse a denunciar cuando hay maltrato y discriminación. Estando allá, confiesa, también vivió acoso. “Lo único que me faltaba era que me violaran o me mataran, porque a ese grado llegó este señor, de llegar a amenazarme con nuestras familias aquí en México, con tal de que nosotras no dijéramos nada. Era trabajo forzado, no nos pagaban, no nos daban de comer; de todo lo malo, imagínese lo peor”, dice Maritza.

A lo largo de su vida, ha vivido situaciones que, luego de callar, han terminado repitiéndose. En EU, un día finalmente pensó: “Esto no es normal”. “Yo sabía que iba a una chinga y a una friega, pero que por lo menos me la iban a pagar en 800 dólares a la semana… Hubo veces en que no pagaban; yo, a pesar de no haber tenido experiencia de lleno en el campo, me convertí en una de las mejores empacadoras y sembradoras”, cuenta. 

Cuando tomó la decisión de ir al trabajo temporal en EU, fue porque las oportunidades laborales en su entidad eran muy mal remuneradas. La posibilidad de hacer un trabajo pesado pero transitar de pesos mexicanos a dólares fue una de sus principales motivaciones, pero la experiencia terminó definitivamente con cualquier ánimo de volver. De regreso en Veracruz, ahora se dedica a su hogar y al comercio.

“Llegamos a renunciar también, para que nos regresaran a México, y no nos aceptó la renuncia, nos dijo que no. Entonces, ya prácticamente a partir de ahí si ya estabas esclavizada, date por enterada que realmente estás en esas condiciones. Cuando una amiga me dijo que tenía un número (para denunciar), me acordé que estando en Matamoros, un señor me dio unos trípticos y me dijo que llevara un diario de todo lo que viviera, y eso hice. Cuando me decido a hablar, con miedo, es porque ya no aguantaba la situación”, relata Maritza. 

Aunque inicialmente esa llamada quedó en un número de folio, después se convirtió en la queja que aún está a la espera de alguna respuesta. El documento describe que a las mujeres no se les provee igualdad de oportunidades para solicitar visas de trabajo temporal H-2 y son generalmente excluidas de los programas H-2A y H-2B. Mientras que las mujeres representan el 32% del personal agrícola en EU, solo alcanzan un 3% de las visas H2A.

“La exclusión y discriminación son componentes estructurales de estos programas, arraigados en las preferencias de los empleadores, prácticas discriminatorias en el reclutamiento y contratación desproporcional. Las pocas mujeres que son admitidas en los programas H-2 son con frecuencia admitidas únicamente al programa H-2B, que no cuenta con prestaciones de vivienda gratuita o servicios legales financiados con fondos federales”, denuncia la queja.

Desde 2016, el Centro de los Derechos del Migrante, a partir de la documentación de años de discriminación hacia mujeres migrantes en programas de trabajo temporal —que se extiende a todas las industrias y tipos de visa— había presentado una queja en el marco del TLCAN. Por mucho tiempo no hubo respuesta, sino hasta un día antes de que entrara en vigor el T-MEC, y era solo un reporte que afirmaba que el gobierno estadounidense contaba con medidas para protegerlas de la discriminación.

Ese fue el impulso para presentar la queja que hoy sigue vigente. A diferencia del tratado anterior, ahora el tema laboral está incorporado dentro del T-MEC, y se menciona explícitamente la protección de personas trabajadoras migrantes y los derechos de las mujeres. Su importancia radica en que es un antecedente para establecer que el tema se está tratando con la seriedad con la que ambos gobiernos han prometido que se va a tratar, explica Evy Peña, directora de campañas del CDM.

Los hijos sepultados en el campo que no se cuentan

De vuelta en el campo mexicano, además de las mismas y peores condiciones y carencias que viven en EU, las trabajadoras agrícolas se enfrentan también a la posibilidad de que sus hijos mueran por enfermedad o accidente. Los recientes casos de 11 menores de edad hospitalizados y siete fallecidos en la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, son solo la cara más visible de un fenómeno que con frecuencia queda oculto. 

En Villa Unión, Mazatlán, los propios trabajadores han sabido de cuatro niños que fallecieron de enfermedades respiratorias o gastrointestinales, que solo se identifican por el vómito y la diarrea. Uno de ellos es el nieto de ‘Arturo’. Un día ya no pudo respirar bien. Según cuenta su abuelo, lo atendieron primero en Villa Unión y después lo llevaron a Mazatlán; más tarde, incluso a Culiacán. “No pudieron hacer nada”, lamenta.

‘Arturo’ lo llevó de regreso a Villa Unión —cuando no tenía dinero ni para trasladarlo—, solo para enfrentar el problema de encontrar un lugar para enterrarlo y poder asumir el costo. Llevarlo de regreso a Guerrero era un gasto aún más alto. Por menos de un metro, pagó cerca de 3 mil pesos para enterrarlo en Sinaloa, a unos kilómetros del cuarto que renta con ‘Carolina’ temporalmente. El bebé de siete meses falleció en febrero.

“Por la enfermedad y porque lo operaron, le pusieron la manguera aquí —señala su cuello— y le dieron una inyección de 24 horas para revivirlo; no pudieron y ahí se fue”, dice ‘Arturo’. Es el segundo bebé que se le muere a su hijo de 21 años: el año pasado, otro de apenas un mes falleció, por enfermedad, en un campo en Río Florido, Zacatecas, a donde también han ido a trabajar temporalmente.  

A finales de abril de este año, en la zona de El Dorado, a unos 30 minutos de Culiacán, en las viviendas que están en el interior de uno de los campos, una niña enfermó y falleció más tarde en el hospital. En ese mismo lugar, varios menores de edad han padecido diarrea y vómito —representantes de la empresa y trabajadores asumen que se trata de un rotavirus—, mientras que otra permanece hospitalizada. Ahí al menos hay seguro social.

En otros casos, aunque los niños supuestamente ya no trabajan, mueren en las conocidas como “cuarterías”, conjuntos de pequeños cuartos de dos por dos metros; en cada cuarto, una familia completa. La mayoría tiene apenas un colchón, algunos utensilios de cocina con una pequeña parrilla y, a veces, una televisión. De Guasave al Dorado y a Villa Unión, el problema es que están ubicadas fuera de los campos y pertenecen a particulares.  

 

Autoridades del trabajo en Culiacán han admitido que la falta de regulación y el vacío de responsabilidad son un problema para evitar el fallecimiento de niños. Hasta ahora, tampoco estas tienen atribuciones para tomar medidas en esos lugares de vivienda. Dicen tener la expectativa puesta en que un posible acuerdo previsto para los próximos meses entre los gobiernos de Guerrero y Sinaloa pueda cambiar los marcos regulatorios. 

Un lunes a finales de marzo, en Tlapa, corazón de la montaña guerrerense, Paulino Rodríguez Reyes habla sobre su labor de atención y acompañamiento a la población jornalera agrícola que migra de un estado a otro, y a otros países, en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Acaba de colgar una llamada con ‘Arturo’. Adelanta la historia del fallecimiento de su nieto y la imposibilidad de trasladarlo para sepultarlo en Tlapa, que él confirmaría después de viva voz en Sinaloa.  

Otro niño —dice— falleció también apenas un día antes de la conversación. En suma, de enero a marzo, Tlachinollan registró tres muertes infantiles. “Sobre todo ha estado sucediendo en esas zonas agrícolas, donde la familia llega a un lugar donde no hay guardería, albergue para las niñas y niños, tienen que rentar las casas particulares en malas condiciones, y tienen que llevar a sus hijas y a sus hijos a los surcos porque no hay dónde dejarlos; esa es una de las situaciones que hemos documentado que es constante”, señala. 

Hace un año, la organización también registró varios casos por homicidio en zonas agrícolas —principalmente donde se paga al día, con diferentes empleadores— de Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán, donde además opera el crimen organizado. El Estado debería garantizar los derechos laborales y la seguridad, subraya Paulino; cuando no lo hace, los dueños de las empresas abusan y explotan a las familias jornaleras, y ofertan condiciones que, ya estando en el terreno, resultan distintas.

Nada habla más de la impunidad de años en el fallecimiento de menores de edad que la historia de don Cruz y Agustina, originarios de Ayotzinapa, municipio de Tlapa. Ahora de 68 y 61 años, respectivamente, trabajaron por más de 20 en el campo. Hoy viven de manera definitiva en una casa de dos niveles en su comunidad de origen. Están sentados uno a cada lado de la ventana en el segundo piso; Agustina teje sombreros de paja, mientras don Cruz recuerda de manera pausada la historia que marcó a su familia 16 años atrás.   

Cuando empezaron a migrar a Sinaloa, su hijo Silvestre apenas gateaba; ahora tiene 23 años. Comenzaron en el corte de tomate, pepino y chile morrón, principalmente. El 6 de enero de 2007 llevaban también a su hijo David, de nueve años. Andaba con ellos recolectando jitomate en los surcos, porque en ese tiempo, “si aguantaban el balde, le entraban al trabajo”. Tropezó y el chofer de un tractor lo atropelló y falleció ahí mismo.

Al principio, la solución de la empresa fue que la pareja regresara a sepultar a su hijo en su comunidad de origen, incluso los llevaron. Les ofrecieron regresar una vez que levantaran la cruz. Estuvieron poco más de una semana en Ayotzinapa despidiéndose del niño, fueron de nuevo a Sinaloa y la empresa los volvió a regresar.   

Después, aun con miedo, decidieron demandar. Por un tiempo, don Cruz siguió migrando, pero en otra empresa, la de “los chinos”, como se le conoce a Buen Año. Aquella donde ocurrió el accidente nunca reconoció los errores del chofer. Con el tiempo, don Cruz y Agustina llegaron a tener siete hijos, y cada vez era más difícil llevarlos a todos a la temporada agrícola. Tampoco había con quién dejarlos, así que ella decidió quedarse en su comunidad. 

A sus gemelos más pequeños, de 14 años, prefirió meterlos a la escuela para darles otras posibilidades lejos del campo. “Ahorita no saben qué es el trabajo a donde van los jornaleros, no saben porque no han ido. Ellos no saben cómo se trabaja allá, cómo está allá en Sinaloa, cómo se sufre o qué es lo que hacen en el campo. Ellos no saben, nunca han ido, están estudiando”, dice Agustina.

El resto de sus hijos sigue yendo a Guanajuato y Sinaloa, por temporadas o de manera más definitiva. “Yo quisiera que no fueran, pero la cosa es que aquí no hay trabajo; uno tiene hijos y para salir adelante tiene que ir a trabajar porque aquí no hay. Ellos todavía tienen valor, y ganas, y están bien sanos”, dice Agustina. A ella y a su esposo, además, ya no los aceptarían por la edad.

En Ayotzinapa, siembran para su propia familia, pero no ganan nada. En tiempos más secos, Agustina teje los sombreros, pero advierte que no salen dos docenas por día, sino una o dos unidades. En su casa viven mejor. Uno de los aspectos que más recuerdan del campo es el hacinamiento de las familias en las viviendas. De la demanda, nunca supieron nada más. La empresa primero ofreció dinero, pero lo que ellos querían era el reconocimiento y la sanción de los hechos. 

Agustina le dice ahora a sus hijos gemelos: “Ustedes estudien, porque no creas que vas a ir allá (al campo) y no vas a trabajar, allá vas a sufrir porque desde temprano, a las 4:00 de la mañana, te tienes que levantar, y a estas horas no tienes tu salida, hasta las 7:00, 8:00 de la noche apenas, sol a sol. Ahora para que vayas y vengas, ya es noche; allá tienes que trabajar para que tengas, allá se sufre más, ustedes sabrán”. 

 

Para Margarita Nemesio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), esas historias de vida marcan, pero también reflejan la fuerza de las mujeres al tomar decisiones como la de Agustina: “Ahora ellos son los que toman la batuta, de alguna manera moderada, en su comunidad… Es muy importante cómo se construye el tejido a partir de esas decisiones, pero también de vivencias que les han hecho enfrentar cosas que a veces son impensables, y que marcan, sobre todo cuando la justicia nunca les llegó”.

Las mujeres que viven dificultades y violencias en el campo, cargando además con las tareas de cuidado y la búsqueda de justicia, lo hacen en un contexto general en el que los programas sociales destinados a este sector benefician a pocos trabajadores agrícolas —y a muchas menos cuando se trata de ellas—, las autoridades no verifican las condiciones laborales de las empresas y el abandono de sus comunidades de origen se perpetúa desde hace décadas.  

 

Migración de jóvenes en pueblos indígenas pone en riesgo pérdida de conocimiento ancestral, especialista

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

Chilpancingo

Con la migración de jóvenes de pueblos indígenas hay un riesgo de la pérdida de los conocimientos ancestrales que sus antepasados cuidaron por siglos, advirtió la especialista en biología y antropología Natividad Herrera Castro.

La especialista cree que después de estar fuera de sus comunidades por varios años de frente a otros contextos y formas de vida «se olvidan de sus raíces».

«Para empezar no están aquí y cuando llegan ya están desvinculados totalmente de la forma de pensar de su pueblo originario, que si la conocen, la oyen, pero no la practican», dijo.

Herrera Castro ofreció la ponencia Riqueza Biocultural y Oportunidades para la Conservación, en el ciclo de conferencias Acciones por nuestra naturaleza y cultura, realizado por Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) por el Día Internacional de la Biodiversidad

Ahí abordó que está en riesgo el conocimiento milenario de los pueblos indígenas desde desde aspectos agrícolas, medicinales, culturales hasta alimenticios.

Otro factor que, dijo, contribuye a la pérdida de identidad y el conocimiento es que en los pueblos indígenas las nuevas generaciones ya no se dedican al campo. En Guerrero hay cuatro pueblos indígenas: ñuu savi, me’phaa, ñomndaa y nahua.

«El ser campesino, sembrar tener su milpa vincula al territorio fuertemente, porque viven su comunidad, caminan por la tierra, llegan a su sembradío y trabajan, ahí desarrollan muchos vínculos, no sólo con la plantas, con la tierra, con la lluvia y el entorno físico, entonces cuando los jóvenes ya no hicieron eso se rompe ese vínculo».

«Después de que pierden su identidad, de ya no reconocer su territorio, estos jóvenes ya no lo defenderán como lo hicieron sus antepasados, porque ya no les representa nada», advirtió Herrera Castro.

Es esa cosmovisión la que advierte Herrera Castro está en riesgo de desaparecer por los nuevos procesos sociales que sacan a los jóvenes de sus comunidades ya sea ppr necesidad o por gusto.

«Cada vez hay menos gente que maneja esa información ancestral de para qué sirve una planta, si cura algunas enfermedades o muchos ya no se identifican porque se han desarraigado de su comunidad, de su cultura y aunque la piensan y la llevan un poco, a veces los elementos más profundos de ese conocimiento las abandonan», mencionó.

Herrera Castro es la directora del Herbario Universitario, un espacio de la Uagro para la conservación e investigación científica de las plantas que hay Guerrero.

La colección del Herbario consta de 12,000 plantas secas que son almacenadas para tener un registro histórico de la flora de Guerrero.

Muchas de las plantas fueron recolectadas con ayuda de pobladores de comunidades rurales, «quienes tienen toda una cosmovisión y conocimiento sobre biodiversidad».

El ciclo de conferencias Acciones por nuestra naturaleza y cultura, realizada por el Día Mundial del Medio Ambiente se realizó en vestíbulo del Palacio de la Cultura, en el centro de Chilpancingo y fue organizado por el departamento de Sustentabilidad de la Uagro.

Además de las ponencias que seguirán hasta el miércoles próximo, hay venta de productos artesanales y orgánicos.

 

Actualiza INM cifra de migrantes muertos en incendio y revela nombre de hospitalizados en Ciudad Juárez

Quiénes se encontraban en la estación migratoria cuando ocurrió el incendio?, las autoridades migratorias dieron a conocer el nombre de los 68 migrantes alojados en su estación en Ciudad Juárez al momento de la tragedia y ajustó en 38 el número de migrantes fallecidos en incendio, es la tercera cifra que maneja en menos de 24 horas


Texto: Redacción de la Verdad de Juárez

Fotografía: La verdad de Juárez 

29 de marzo del 2023

 

Los nombres de las 68 personas extranjeras que se encontraban en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de migración Ciudad Juárez cuando se originó un incendio la noche de este lunes 28 de marzo fueron revelados esta noche por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Esta información se dio a conocer a casi 24 horas de la tragedia que dejó 38 migrantes muertos, de acuerdo con la cifra proporcionada esta noche por el instituto, que primero informó que eran 39 y luego que sumaban 40 las víctimas mortales, aunque la primera cifra proporcionada por fuentes gubernamentales por La Verdad fue 41 personas migrantes fallecidas.

“Al final del recorrido que realizaron autoridades del Instituto Nacional de Migración por los distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata, se actualizó la cifra de personas fallecidas y se confirmaron 38 decesos” se cita a través de un comunicado, sin revelar quiénes son los fallecidos.

De la información proporcionada através de un comunicado de prensa se desprende que 10 aún se encuentran hospitalizados. Sin embargo el instituto no identifica en la lista a los migrantes fallecidos en el incendio.

El INM, de la Secretaría de Gobernación, informó que solo da a conocer los nombres de los que se encontraban en la estación migratoria “como un derecho humano”. Esto se hace por tratarse de una tragedia en la que, “garantizar el acceso a la información pública, ayudará a los familiares de las víctimas a conocer si uno de los suyos se encontraba en la estancia del INM”

A continuación se proporcionan los nombres y la nacionalidad de las personas reportadas por el INM:

 

Colombia

1. Julián David Villamil Arévalo

Ecuador

1. Jorge Luis Tumbaco Santiestevan

El Salvador

1. Andrés Fernando Calderón Carbajal

2. Brayan Eduardo Flamenco Quinteros

3. Carlos Alberto Pacheco Gutiérrez

4. Daniel de Jesús Varela Ramírez

5. Enrique Alfonso Melara Rivera

6. Inmer Onesi Molina Hernández (Hospital de la familia Femap)

7. José Amílcar Portillo Solórzano

8. José Pedro Rivera García

9. Marvin Armides García Pacheco (IMSS 6)

10. Milton Alexis Melara Melgar

11. Misael Antonio Aguilar López

12. Roberto Antonio Henríquez Evangelista

Guatemala

1. Bacilio Sutuj Saravia

2. Byron López Xol

3. Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot (IMSS 6)

4. Cruz Ernesto Chich Marroquín

5. Diego Sau Guarchaj

6. Diego Tzaj Ixtos

7. Edwin Gilberto Ixpertay Macario

8. Eliseo Gutiérrez Valdez (Hospital de la familia Femap)

9. Elvis Adelmar Pérez Esteban

10. Enrique Coy Pop

11. Eyner Anibal García Dieguez

12. Fernando Pu Castro

13. Francisco Gaspar Rojche Chiquival

14. Francisco Javier Sohom Tzoc

15. Gaspar Josue Cuc Tzinquin

16. Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum

17. Juan Fernando Quiñonez Montejo

18. Kevin Estuardo Cardona Lopez

19. Manuel Alexander Chox Tambriz

20. Marco Antonio Lucas Paiz

21. Marcos Abdon Tziquin Cuc

22. Miguel Rojche Zapalu

23. Miguel Sebastian Pedro Mateo

24. Raymundo Quib Tzalam

25. Roberto González Hernández

26. Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez

27. Santiago Caal Tzul

28. Wilson Alexander Juárez Hernández

Honduras

1. Brayan Orlando Rodríguez Funes

2. Cristhian Javier Carranza Toro

3. Dikson Aron Córdova Perdomo

4. Edin Josué Umaña Madrid

5. Higinio Alberto Ramírez Torres (Hospital de la Familia Femap)

6. Jesús Adony Alvarado Madrid

7. José Alfredo Hernández Muñoz

8. José Ángel Ceballos Molina

9. José Armando Rivera Muñoz

10. Juan Carlos De Jesús Gómez (Hospital de la Familia Femap)

11. Juan Carlos Trochez Aguilar

12. Oscar Danilo Serrano Ramírez

13. Oscar Pineda Torres

Venezuela

1. Carlos Eduardo Rodríguez Cordero

2. Masculino Desconocido Sin Identificar

3. Eduardo De Jesús Carballo López (Hospital De La Familia Femap)

4. Jeison Daniel Catari Rivas (Hospital De La Familia Femap)

5. Jesús Eduardo Velásquez Perdomo (Hospital De La Familia Femap)

6. Joel Alexander Leal Peña

7. Orangel José López Guerrero

8. Orlando José Maldonado Pérez

9. Oscar José Regalado Silva

10. Rafael Mendoza Mendoza

11. Rannier Edelber Requena Infante

12. Samuel José Marchena Guilarte

13. Stefan Arango Morillo (Hospital de la Familia Femap)

Atrapados en incendio, 41 migrantes mueren en estación del INM en Ciudad Juárez

Los migrantes fallecidos se encontraban encerrados bajo llave en área de alojamiento temporal para personas del sexo masculino de estancia migratoria, reportaron fuentes consultadas; culpan de la tragedia a personal del INM, “son unos inhumanos“.


Texto: Rocío Gallegos y Gabriela Mijárez / LA VERDAD

Fotografía: Rey R. Jauregui

 

Un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez dejó al menos 41 migrantes muertos y más de 20 lesionados, la noche de este lunes.

En el lugar, 37 hombres murieron presuntamente intoxicados por inhalación de humo y sus cuerpos fueron colocados en el estacionamiento del edificio del INM, cubiertos con colchas térmicas de aluminio, de donde fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense. Otros cuatro fallecieron en un hospital donde recibían atención médica, durante los primeros minutos de este martes, informaron fuentes gubernamentales consultadas por La Verdad.

El siniestro se generó en el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino mayores de edad, que se localiza en las instalaciones del Instituto, ubicadas junto al puente internacional Lerdo-Stanton, frente a la Presidencia Municipal y a escasos metros del río Bravo, límite fronterizo con Estados Unidos.

Peritos revisan los cuerpos de migrantes cubiertos con colchas térmicas de alumnio

En esa área, que se encontraba cerrada bajo llave, había 68 migrantes hombres de Centro y Sudamérica, algunos de ellos retornados por Estados Unidos a México bajo el Título 42 y otros que fueron asegurados este lunes por agentes del INM en un operativo especial realizado en la ciudad para retirarlos de los cruceros viales donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero.

Alrededor de las 21:00 horas los migrantes se empezaron a inconformar porque durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed, se informó.

Las quejas subieron de tono hasta que presuntamente a las 21:30 horas prendieron fuego en el lugar donde se encontraban recluidos, esperaban que les abrieran la puerta, pero se comenzaron a intoxicar y a quemar, de acuerdo con datos preliminares de las investigaciones.

“La culpa la tiene migración, esto que está pasando es culpa de ellos”, dijo Vianey Infante, una migrante venezolana, quien esperaba la liberación de su esposo en el exterior de la estación migratoria cuando se desató el incendio.

La mujer contó que acudió al INM porque le dijeron que iba a soltar a su marido al comprobar ser parte de un núcleo familiar de migrantes, pero pasadas las 9:30 de la noche vio salir mucho humo del centro migratorio y que se comenzó a desalojar a las mujeres recluidas, menos a los hombres.

“Me asomé y me puse a llorar”, contó. Dejaron a los hombres encerrados en las celdas, nunca los sacaron, narró la mujer, quien por eso peleó con agentes del Instituto. “Son unos inhumanos”.

Entre el ajetreo de bomberos y paramédicos que atendieron el siniestro, Vianey se enteró que a su esposo lo trasladaron a un hospital con síntomas de intoxicación.

Las fuentes consultadas indicaron que la investigación de los hechos quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), donde la madrugada de este martes fue presentado el encargado de la Estación Migratoria, Daniel Goray Yosiaka, para rendir su declaración.

En un comunicado emitido la madrugada de este martes, el INM –que dependen de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal– lamentó el fallecimiento de las personas migrantes extranjeras en estos hechos que consideró una tragedia y dio a conocer que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido. Reportó de manera oficial solo 39 fallecidos.

El gobierno de Chihuahua y el de Ciudad Juárez guardaron silencio ante esta tragedia.

Los daños generados por el incendio se concentran en el interior de la sede del INM, en ese cruce internacional por donde reciben a expulsados de Estados Unidos, el exterior del edificio prácticamente no presentó afectaciones.

En el lugar peritos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trabajaron hasta casi las 5 de la mañana de este martes en el levantamiento de los cuerpos. El lugar aún permanece resguardado por militares y elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.

TRASLADAS A LESIONADOS A CUATRO HOSPITALES

Mientras los bomberos se encargaban de sofocar el fuego en las instalaciones del Instituto y personal de Protección Civil, estatal y municipal, rescataban los cuerpos de los migrantes fallecidos, paramédicos de distintas corporaciones trasladaban a los lesionados a recibir atención médica.

De los rescatados con vida, 29 migrantes fueron traslados con lesiones o intoxicados a cuatro instituciones de salud en la ciudad, entre ellas al Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Cruz Roja, el Hospital General y al Hospital de la Familia, éste último localizado a unas cuadras de las oficinas del INM.

Cuatro de ellos murieron mientras recibían atención médica, se reportó.

En la estación migratoria se encontraban mujeres en condición de movilidad, una cantidad que no fue determinada esta noche; sin embargo, se dio a conocer que se encontraban en un área especial donde supuestamente no se registraron daños por el incendio, por lo que lograron ponerlas a salvo y fueron trasladadas a distintos albergues en la ciudad.

El Instituto Nacional de Migración informó también que se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena de las personas migrantes fallecidas.

El INM expresa su disposición para coadyuvar en las investigaciones de ley, a fin de que se esclarezcan estos hechos y aseguró que dará seguimiento a la evolución del estado de salud de quienes se encuentran hospitalizados y brindará todo el apoyo a los familiares de las víctimas.

De igual forma dio a conocer que se dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga en las diligencias de ley y de salvaguarda de las personas extranjeras.

Desde finales de 2018, Ciudad Juárez registra una concentración masiva de migrantes que se han quedado varados en espera de cruzar la frontera o que han sido expulsados a México por acciones de control fronterizo del gobierno de Estados Unidos.

 

Este texto es propiedad de LA VERDAD y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el originar en este enlace. 

Con Título 42, EU ha expulsado a 2.5 millones de migrantes en tres años; argumento de salud pública es “farsa”, denuncian ONG

La política del Título 42, establecida por la administración de Trump, ha incrementado las expulsiones de migrantes en la frontera de EU. El argumento de ese país de evitar problemas de salud pública ha generado una crisis humanitaria en territorio mexicano.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: Gobierno de Jiménez / Oficial

 

Mientras la Suprema Corte de Estados Unidos refrendó hace unos días el Título 42, que permite expulsar a migrantes de manera inmediata desde inicios de la pandemia argumentando motivos sanitarios, las devoluciones derivadas de esta política ya suman cerca de 2 millones y medio en casi tres años.

Durante los siete meses que aún correspondieron al año fiscal 2020 a partir del establecimiento del Título 42 en marzo, las expulsiones producto de esa política sumaron más de 200 mil. En el transcurso del año fiscal 2021 —de octubre de 2020 al mismo mes de 2021— alcanzaron 1 millón y una cifra similar se registró en el año fiscal 2022.

En tanto, en lo que va del año fiscal 2023 para EU —desde octubre pasado— ya se han dado más de 150 mil devoluciones amparadas por el Título 42, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).

Derivado de esto, según advierte la organización Human Rights First en su informe Mancha de derechos humanos, farsa de salud pública, presentado en diciembre, durante 2022 se registró la mayor cantidad de muertes —al menos 853— de personas que cruzan la frontera México-EU desde 1998.

Aunado a ello, la permanencia del Título 42 ha ocasionado que quienes migran escojan rutas cada vez más peligrosas, donde se encuentran a merced de grupos criminales que controlan esas zonas.

Hasta el 15 de diciembre de 2022, la organización contabilizaba 13 mil 480 reportes de asesinatos, tortura, secuestros, violaciones y otros ataques violentos hacia migrantes y solicitantes de asilo detenidos o expulsados a México bajo esa política desde que comenzó la administración del presidente estadounidense Joe Biden.

Entre algunos ejemplos que consigna, están el secuestro de una familia guatemalteca con niños por oficiales mexicanos, tras ser expulsados a Nuevo Laredo, para entregarlos al crimen organizado; el secuestro de un solicitante de asilo hondureño y su hija de cuatro años, quien fue golpeada y presenció la violación de su madre cuando les orillaron a esperar en Tijuana, y la violación de una mujer trans lesbiana por elementos de la policía mexicana en Piedras Negras, luego de que la CBP le negara la protección en el punto de entrada de Eagle Pass.

La salud pública como excusa

El 21 de marzo de 2020, la administración del expresidente Donald Trump determinó, a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México y Canadá, que existía un riesgo serio de introducción del virus a EU y que la restricción del ingreso de personas de ambos países se requería por salud pública.

Luego de que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EU (CDC) impulsaran la eliminación del Título 42 en mayo pasado, impedida por un juez federal de Louisiana, se preveía que la nueva fecha para su terminación fuera el 21 de diciembre, pero la Suprema Corte determinó su continuidad el 27 de ese mes.

Bajo esta política, durante casi tres años la CBP ha prohibido de manera inmediata la entrada de personas que, de acuerdo con su propia justificación, potencialmente implican un riesgo de salud, tanto por haber sido sujetas de restricciones de viaje anunciadas con anterioridad como por tratar de ingresar al país con la intención de eludir las medidas de control sanitario.

Según la CBP, el Título 42 no aplica a personas que deben ser exceptuadas por consideraciones de ley, de seguridad pública, humanitarias o de interés en torno a la salud pública. Las expulsiones bajo el Título 42, dice el organismo, no están basadas en el estatus migratorio y por ello se registran de manera independiente al resto de las acciones de la Patrulla Fronteriza, como las aprehensiones y la inadmisibilidad.

Sin embargo, Human Rights First advierte que el mal uso del Título 42 ha resultado en un fiasco en salud pública, administración de la frontera y derechos humanos. Esta política ha sido utilizada para bloquear a quienes buscan asilo en puntos de entrada oficiales, exponer a riesgos graves a solicitantes de asilo y migrantes que cruzan la frontera, y evadir el debido proceso y las disposiciones para la protección de refugiados contempladas en las leyes estadounidenses.

Además, sostienen que las consecuencias de esta política y su expansión a la población venezolana desde octubre pasado confirman que no tiene fundamento en la salud pública. Expertos en medicina, así como especialistas de los CDC en declaraciones ante el Congreso, han reiterado —recuerda HRF— que el Título 42 no tiene alguna base científica.

Desde noviembre, agregan, epidemiólogos y expertos en salud pública advirtieron a la administración Biden que la continuidad y expansión del uso del Título 42 era una farsa que manipulaba, mal usaba y mermaba la confianza en la gestión de la salud pública.

De la misma manera, ha contribuido a alimentar y propagar prejuicios racistas que pintan a los migrantes como factores de enfermedad, reforzando estigmas e incrementando la vulnerabilidad de grupos marginados, de una manera antiética y contraria a los principios de buenas prácticas en salud pública.

De acuerdo con la organización, la CBP y oficiales de la Patrulla Fronteriza siguen utilizando el Título 42 para expulsar migrantes y solicitantes de asilo en formas que los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia en México y merman su posibilidad de pedir asilo. Esto ha incluido regresarlos en medio de la noche, negarles atención médica y retenerles documentos.

Esta política, además, continúa perpetuando el desorden en la frontera, desencadenando múltiples y peligrosos cruces fronterizos, inflando las estadísticas de la CBP, orillando a rutas más riesgosas lejos de los puntos de entrada oficiales y facilitando la explotación.

“El mal uso generalizado y expansivo del Título 42 es confirmación adicional de que esa política no tiene nada que ver con salud pública, pero, en cambio, se ha utilizado para castigar a las personas por migrar y ejercer su derecho humano a buscar asilo frente a la persecución”, concluye HRF.

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

Han muerto 14 jornaleros agrícolas de Guerrero en lo que va de este 2022, dice Tlachinollan

Texto: Jesús Guerrero

Fotografia: Tlachinollan

Chilpancingo

 

En condiciones laborales deplorables y con el riesgo de sufrir algún accidente e incluso la muerte, unos 30,000 jornaleros agrícolas guerrerenses se van a trabajar cada año a los campos de distintos estados del norte del país ante la falta de empleo en sus comunidades.

En lo que va de este año han muerto 14 jornaleros agrícolas de la región de la Montaña, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes.

En estos momentos un jornalero que murió al caer de un tren sigue en el Servicio Médico Forense de Guadalajara, Jalisco porque sus familiares no tienen dinero para traer su cadáver y sepultarlo en su comunidad.

Es un habitante de la comunidad de Ojo de Agua, del municipio de Iliatenco, quien murió al caerse del tren de carga La Bestia, al cual subió cuando cruzaba el municipio de Ocotlán, Jalisco.

«Esta persona estaba trabajando de jornalero en los campos de Michoacán y quería cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos y encontró la muerte, pero sus familiares no pueden sepultarlo porque no tienen dinero para traerlo y el gobierno del estado ni los apoya», comentó el abogado.

Este jornalero agrícola dejó huérfanos a dos niños.

Rodríguez Reyes dijo que aun con esos peligros la gente de las comunidades de la Montaña y Costa Chica siguen trasladándose a diferentes estados del país para emplearse de jornaleros agrícolas.

Este fin de semana, 800 personas, entre adultos y niños de la comunidad de Ayotzinapa, del municipio de Tlapa, se trasladaron en 14 autobuses a los campos agrícolas de la comunidad de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.

Este grupo de personas fueron al corte de verduras que se exporta a Estados Unidos.

El éxodo de jornaleros agrícolas en los municipios de la región de la Montaña inicia en estas fechas, siempre después del Día de Muertos.

La empresa que contrató a los jornaleros agrícolas es la Golden Fields y los lleva directamente a la localidad de Costa Rica, donde están los campos agrícolas.
Dijo que la organización lleva un registro y cada año alrededor de 30,000 indígenas van a trabajar a los campos agrícolas de los estados del norte del país en condiciones de inequidad laboral.

«La situación para los jornaleros ha sido muy complicada desde siempre porque enfrentan problemas de todo tipo, como el abuso y la explotación laboral, discriminación, y carecen de seguridad social además de que los gobiernos federal y estatal no los respaldan», comentó Rodríguez Reyes.

Hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que le den seguimiento a los jornaleros durante su estancia en Sinaloa.

El abogado activista denunció que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda ni siquiera apoya con la dotación de insumos básicos en la Casa del Jornalero Agrícola, ubicada en Tlapa, principal cabecera de la región Montaña.

«Estas instalaciones del jornalero no cuentan con lo básico para preparar comidas calientes y tampoco despensas», contó.

Agregó que desde que Salgado Pineda llegó al gobierno ordenó el retiro de los recursos públicos para el mantenimiento de las Unidades de Jornaleros Agrícolas, ubicadas en los municipios de Ometepec, Tlapa y Chilapa. «Dejaron de dar entre un millón y tres millones de pesos que otorgaban anualmente a estas unidades».

 

Jornaleros agrícolas salen a trabajar sin apoyo gubernamental

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

Esta tarde, familias nahuas de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort, en la Montaña de Guerrero, salieron a trabajar a los campos agrícolas del estado de Sonora sin algún apoyo gubernamental, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El abogado de Tlachinollan que da acompañamiento a los jornaleros agrícolas, Paulino Rodríguez Reyes, denunció que de parte del gobierno estatal y federal no hay respaldo para los trabajadores en materia laboral.

«La situación para este sector ha sido muy complicada desde siempre porque enfrentan problemas de todo tipo como la explotación y abuso laboral, discriminación y carecen de seguridad social y no hay programas gubernamentales que los respalden», mencionó Rodríguez Reyes.

Los jornaleros que se dirigen hacia Costa Rica, municipio de Sinaloa, son alrededor de 800, donde los emplea la empresa Golden Fields para el corte de verduras que exporta a Estados Unidos y Canadá.

La Golden Fields mandó 14 autobuses para el traslado de los jornaleros, quienes salieron esta tarde del crucero de Ayotzinapa, en Tlapa, y se le sumarán más en Chilapa.

Los jornaleros trabajarán en los campos agrícolas durante seis meses.

Rodríguez Reyes mencionó que Tlachinollan lleva un registro de 14,000 jornales que migran a los estados del norte del país, pero la cifra a nivel estatal pueden ascender a 40,000.

«Por eso se deberían crear programas que mejoren las condiciones de los jornales, como se está haciendo en otros estados expulsores de migrantes», dijo Rodríguez Reyes.

A nivel estatal, denunció el abogado, la Secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, no apoya a la Casa del Jornalero, un espacio para la protección de los trabajadores, ni con insumos básicos para realizar su labor.

«Estas instancias no cuentan con lo básico para preparar alimentos calientes para los migrantes y tampoco les proporcionan despensas, el comedor sigue sin operar”, denunció.

Empresa abandona a jornalera Ñuu Savi tras accidente

Como muchos de sus paisanos Herlinda llegó a Rancho Los Pinos, en Baja California, para emplearse como jornalera agrícola. Y también, como a muchos de sus paisanos, la empresa la abandonó después de un accidente de trabajo. Esta es su historia, pero también la de muchas personas más


Texto y fotografía: Kau Sirenio / Pie de Página

Ciudad de México

 

Rancho Los Pinos dejó a su suerte a Herlinda Santiago Martínez después del accidente que sufrió en el surco de la empresa agrícola rancho Los Pinos, en Baja California. Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre, en la malla 6 del sector 5, cuando Herlinda deshojaba las plantas de tomate en la empresa agrícola.

La jornalera llegó a la pizca de tomate y pepino de la temporada primavera-verano. Se fue con el compromiso de regresar a su comunidad de origen después de la cosecha. El enganchador le prometió a Herlinda que mientras trabajaba en los campos tendría vivienda digna, atención médica inmediata y áreas de trabajo seguras.

Herlinda Santiago Martínez habla la lengua tu’un savi (mixteco). Eso le impidió tener información clara sobre el trabajo que le prometieron. Ella salió de Cochoapa el Grande, en la montaña alta de Guerrero, para trabajar en la empresa agrícola Rancho Los Pinos. Ahí trabajaría por una temporada de seis meses.

Entre las promesas que le hicieron a la jornalera Ñuu Savi están: Que después cumplir con contrato laboral, la empresa la regresaría a sus comunidad de origen en un transporte adecuado. Sin embargo, esto no se cumplió. Tampoco la seguridad en el trabajo, ni la atención médica.

No es la primera vez

La denuncia en contra de rancho Los Pinos Desde no es de ahora. Pues desde hace 28 años que los na savi llegan a este lugar para trabajar en condiciones deplorables. Por ejemplo, el 26 de septiembre de 2016 Gudelia Lazaron, otra trabajadora, murió atropellada en los surcos del sector 1, malla 20, de esa empresa. La arrolló un camión que la llevó a ese lugar para cortar jitomate.

De acuerdo con fuentes cercanas a Herlinda Santiago Martínez, la trabajadora agrícola trató de incorporarse pero no le dio tiempo de moverse. Ahí fue cuando se dio cuenta que tenía fracturada la pierna derecha y la rodilla. La jornalera pidió auxilio en tu’un, pero la única que llegó a socorrerla fue su hermana.

Después de eso, el mayordomo pidió una ambulancia que llegó una hora tarde para trasladarla a la clínica 13 de la colonia La Cali. Sin embargo, los médicos que la recibieron le negaron atención médica. Así que la trasladaron a Ensenada,  donde fue abandonada por rancho Los Pinos en la clínica 08 del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS). Herlinda se quedó sin interprete ni acompañante.

En el hospital, la víctima no recibió información de su estado de salud en tu’un savi. Tampoco la empresa agrícola le proporcionó un intérprete. Herlinda estuvo en calidad de desconocida durante 13 días en la clínica 08 del IMSS, donde le suministraron paracetamol para calmar su dolor.

Violencia laboral y abandono

Después de buscarla por más de una semana, uno de sus sobrinos, que también es jornalero en Rancho Los Pinos, la ubicó en Ensenada, Baja California. A partir de ese día, el joven ñuu savi, se hizo cargo del cuidado de la jornalera, a pesar de ser un adolescente con español elemental.

Ante la falta de atención medica y dinero, Herlinda y su sobrino decidieron abandonar el hospital para regresar al campamento El Vergel, del rancho Los pinos. Los médicos del seguro social la obligaron a ella y su sobrino a firmar una responsiva en la que se deslindaban de la salud de la víctima.

Cuando llegaron llegaron a El Vergel, el campero de la cartería, Luis Andrés Huerta Chaires, y la trabajadora social Erika Guerrero Valera impidieron el ingreso de los jornaleros al campamento. El argumento fue que habían dejado el hospital. Tras esto, los administrativos de Los Pinos despidieron a la jornalera y su sobrino.

Los ñuu savi de Cochoapa se refugiaron con una paisana en el fraccionamiento Las Casitas de Santa María Los Pinos. Eso lo hicieron mientras buscaban regresar al estado de Guerrero. Sin embargo, al día siguiente se apersonó Luis Andrés Huerta Chaires con un cheque de tres mil pesos para finiquitar a la jornalera.

El argumento era que rancho Los Pinos le entregaba un apoyo económico a la afectada. Huerta Chaires hizo que la señora Herlinda firmara bajo engaños su renuncia y el deslinde de responsabilidades de la empresa por accidente en el trabajo.

En 2015, Pie de Página documentó la explotación de jornaleros agrícolas en el rancho Los Pinos. A siete años del reportaje, los abusos en esta empresa continúan, mientras el gobierno federal ha hecho poco para sancionar a esta empresa.

Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

Filemón Ortega y la esperanza de un futuro mejor para su familia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Filemón Ortega Marabel es originario de Rancho las Lomas, municipio de Zitlala, en la denominada Montaña Baja de Guerrero, y desde los siete años trabaja en los campos agrícolas de Sonora en la cosecha de pepino, jitomate y chile, ahora tiene 28 años y espera trabajar en Estados Unidos con la esperanza de un ingreso extra.

Filemón es parte de las 80 personas que esperan ser entrevistadas por el Servicio Nacional de Empleo Guerrero (SNEG) para obtener una vacante de trabajador agrícola en Estados Unidos.

Esta es la cuarta vez que Filemón se presenta en las oficinas del SNEG para obtener una vacante, las tres veces anteriores por falta de documentos, no cubrió los requisitos, pero tiene fe en que esta vez si pueda obtener un espacio.

Desde niño Filemón trabaja en los campos agrícolas, antes lo hizo para ayudar a sus padres y ahora para mantener a su familia, integrada por su esposa y tres hijos.

Antes, recuerda Filemón, cada nueve meses se iba con su familia a los campos agrícolas de Sonora, donde el pago era de 40,000 pesos por los nueves meses que trabajaron.

En su natal Rancho las Lomas como campesino y artesano gana 200 pesos al día.

“Si me quedo en mi pueblo gano 200 pesos al día y ahora si nos vamos al norte esperamos ganar un poquito más”, responde Filemón.

Esta es la primera vez que Filemón se va a Estados Unidos y espera que el pago sea mayor al de los campos agrícolas en Sonora. Su sueño es construir una casa para él y su familia.

El SNEG oferta 120 plazas para el corte de jitomate en los estados de Virginia, Florida y Carolina del Sur por un periodo de tres a seis meses.

De las 80 personas que entregarán su documentación y entrevistarán es posible que no todos queden. Faltará la valoración de la empresa contratante y una entrevista por parte de ellos.

Los trabajadores contratados comenzarán a laborar a mediados de agosto.

Filemón es parte de la población sin empleo. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), Guerrero registra 22,000 personas sin alguna ocupación laboral fija.

Este programa busca abatir el desempleo en México.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salir de la versión móvil