Murillo Karam enfrentará juicio en la cárcel. “Un paso más para nosotros como madres y padres de los 43″

Después de una audiencia de más de 12 horas, el exprocurador Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Permanecerá al menos 90 días encarcelado


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Fotos: Isabel Briseño

Ciudad de México

 

Cerca de las siete de la mañana una camioneta arribó al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde desde el sábado 20 de agosto duerme el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, y donde permanecerá 90 días hasta que se deslinde su responsabilidad en una serie de delitos cometidos en la investigación judicial de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

De la camioneta que se estacionó frente a los juzgados del Reclusorio bajaron los abogados de Karam. Cargaban  siete cajas llenas de papeles que servirían como evidencia para defender a su cliente, detenido desde el día viernes, acusado de cometer los delitos de tortura, desaparición forzada y atentar contra la administración de justicia.

La acusación derivó de una investigación especial para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Hecho que, apenas hace unos días, el gobierno federal reconoció como un crimen de Estado.

De acuerdo con el informe presentado por el gobierno federal, Murillo Karam, en ese entonces procurador general de justicia, fraguó una «verdad histórica» que, sin investigar a fondo la participación de las autoridades gubernamentales y mandos militares en el crímen, entorpeció las investigaciones para esclarecer este hecho.

Este miércoles, el político priista fue vinculado a proceso, por lo que se abrirá un juicio penal para investigar su presunta participación en estos crímenes.

Las cajas llenas de papeles que cargaban sus abogados sirvieron de poco.

La audiencia

En un juzgado anexo al Reclusorio Norte, Murillo Karam está sentado con el uniforme caqui que portan todos los internos del penal.

La imagen contrasta con el más reciente video del exprocurador; donde afuera de su casa en Lomas de Chapultepec, portaba un saco negro y «bromeaba» con los policías y militares que lo fueron a detener.

Ahora las risas estaban ausentes. Su semblante lucía sereno. Su voz no titubeaba para nada cuando negaba su participación en los delitos que se le imputan. Inclusive, con esa misma serenidad –muy cercana al cinismo– Karam defendía su “verdad histórica”.

“Puedo aceptar algunos errores. Pudieron haber fallas. Puedo aceptar cosas que se hicieron mal, y que se pudieron hacer mejor, pero no la han podido tirar”.

Para el juez de control que decidiría el destino del exprocurador, sin embargo, poco importaban los argumentos de Murillo y su defensa.

En algún momento de la audiencia, cuando la defensa del exprocurador acusó que las acusaciones contra su cliente eran insostenibles y pactadas, el juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, ordenó callar a los abogados. Les dijo que si seguían cuestionando la legitimidad de su tribunal, podrían ser expulsados de la audiencia.

Los abogados callaron, y después de exponer sus alegatos, el tribunal entró en receso. A la vuelta, la Fiscalía General de la República mostró el sustento de sus acusaciones ante el juez. El tribunal volvió a tomarse un tiempo para valorar lo que se expuso.

Pasaban las horas, y afuera, donde la prensa especulaba con teorías y deseos, poco se sabía de lo que pasaba adentro.

En ratos, reporteros salían e informaban a sus colegas: “No hay avances”; “entró en receso”; “yo creo que lo van a absolver”.

A eso de las cinco de la tarde un informe llegó hacia afuera. Rápido corrieron llamadas para corroborar lo que ahí estaba dicho: “ya vincularon a proceso a Murillo”. El rumor era cierto: el exprocurador tendría que enfrentar a la justicia y responder por los crímenes que le acusan.

Una larga deliberación

La audiencia continuó, pues aunque a Murillo debía de enfrentar la justicia, todavía quedaba un asunto pendiente. ¿Cómo la enfrentaría?

Hasta ese momento Jesús Murillo Karam se encontraba bajo prisión preventiva. Es decir, mientras se resolvía su situación jurídica el exprocurador estaría tras las rejas del Reclusorio Norte.

Esa medida cautelar,  es decir la prisión preventiva, fue ordenada debido al alto riesgo de fuga del político priista. Además de sus múltiples propiedades, los antecedentes de otros presuntos culpables de delitos graves durante la investigación del caso Ayotzinapa –como la fuga de Tomás Zerón– no daban un aura de confianza al poder judicial respecto a las próximas acciones de Murillo Karam.

Su defensa, obviamente, apeló esta medida. Argumentaban que la salud del exfuncionario era delicada. La discusión; el debate; los alegatos de ida y vuelta hicieron que el tiempo de espera se alargara. Pasaron más de 12 horas, y afuera la incertidumbre seguía reinando.

A eso de las nueve de la noche un informe surgió dentro de los juzgados. El juez había decidido imponer la prisión preventiva justificada a Murillo Karam, por lo que el exprocurador tendría que pasar, al menos, 90 días naturales en el Reclusorio Norte. Esto, mientras se agotaba la investigación para determinar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

Jesús Murillo Karam, además de su opacidad e intransigencia con las víctimas de derechos humanos, pasaría a la historia como el primer procurador general de la República en terminar en prisión. El asunto no es menor, pues en caso de comprobarse su culpabilidad, sería el primer procurador sentenciado por un delito grave a una pena de prisión.

Las horas se hacían cada vez más largas. Afuera los reflectores y cámaras comenzaban a transmitir la noticia en cadena nacional. Al poco tiempo, entre las sombras que separaban un largo pasillo entre el tribunal y la entrada a los juzgados, la defensa de Murillo Karam se vio bajar hacia los micrófonos y cámaras.

«Queremos que se aplique la ley, queremos justicia»

Sin nervios, inclusive tranquilos, los abogados Antonio y Javier López decidieron hablar frente a un país que desde hace casi 8 años espera respuestas sobre el caso de los 43.

Javier López citó jurisprudencias. Llamó inepto al juzgador. Y resaltó su propia labor, aunque su defendido fue vinculado a proceso y obligado a pasar la investigación en su contra tras las rejas.

Antonio López, en un tono más diplomático, dijo que Murillo Karam estaba “tranquilo y confiado de las instituciones’. Espera que le podamos decir, después de leer el expediente, qué es lo que sigue”.

Después, recordó que el exprocurador tiene algunos padecimientos de salud, pero “está estable”. También afirmó que un médico atendería a Jesús Murillo Karam mientras se encuentra en prisión.

Posteriormente no dudó en afirmar, con la mirada fija y la voz calmada, que apelarán la resolución del juez. Al poco tiempo dejaron de responder preguntas. Caminaron hacia la camioneta, ahora sin las cajas llenas de papeles, y entre una prensa que buscaba más respuestas, arrancaron el vehículo.

Mientras, detrás de ellos, Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, caminaba al lado de sus asesores jurídicos: Santiago Aguirre, del Centro Prodh, y Vidulfo Rosales.

En un tono distinto al de sus colegas, Vidulfo tomó la palabra. Primero agradeció a la prensa por seguir cubriendo el caso. Después afirmó que estaba de acuerdo con la resolución del juez.

“El juez valoró, de manera objetiva, todas las pruebas que presentó el ministerio público; y pudo establecer, razonablemente, que se cometió el delito de desaparición forzada en esta modalidad de que, a través de una investigación turbia, irregular, se ocultó el paradero de los estudiantes”.

Y recalcó que el mensaje que envió este tribunal va para aquellos otros funcionarios que han cometido –o cometen– irregularidades, “pues hay una consecuencia jurídica en este país”.

Cristina, con una voz más calma, dijo que esta decisión del juez significa “un paso más para nosotros como madres y padres de los 43 que es relevante. Que lo que queremos nosotros es llegar a la verdad, que se aplique la ley, queremos justicia».

«No nos gusta que estén en la cárcel las personas que cometieron (los delitos) esa noche del 26 de septiembre de 2014, pero sí queremos saber la verdad, para que otras personas se puedan animar de hablar y ya alcancemos la verdad de dónde están nuestros hijos, eso es lo que más queremos, eso es lo que más exigimos”.

Hubo preguntas incómodas, desde la ignorancia o las fobias políticas, pero Cristina mantuvo la calma, pues está a punto de caer el primer mando de alto rango del gobierno que, presuntamente, estuvo implicado en ocultar la verdad a las familias de los 43 por ya casi 8 años.

“Seguimos en pie de lucha. Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Hasta encontrarlos. Hasta saber la verdad”, concluyó Cristina.

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

Te puede interesar:

Exigen justicia y seguridad durante el sepelio del periodista asesinado

 

 

Jesús Murillo Karam es vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia

Durante su audiencia de vinculación a proceso, el exprocurador dijo que acepta que pudo haber errores en la investigación que condujo del caso Ayotzinapa, “pero no la han podido tirar”.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: Redes

 

Jesús Murillo Karam, exprocurador de justicia, fue vinculado a proceso por los delitos de tortura, contra la Administración de Justicia y por desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Esto, pese a quela defensa del exprocurador pidió al juez desestimar las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para imputarlo por esos delitos.

En su defensa, el exfuncionario habló en favor de la investigación que condujo en torno al crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al concluir el debate entre los abogados y el Ministerio Público, el juez preguntó a Murillo Karam si quería decir algo.

Él dijo que sí y señaló, entre otros puntos, que “desde hace siete años han intentado buscar alternativas (al caso Ayotzinapa), todas se caen; hubo restos encontrados, sí, pero en el camino de la barranca al basurero (de Cocula)”.

“Puedo aceptar algunos errores, pudieron haber fallas; puedo aceptar cosas que se hicieron mal, y que se pudieron hacer mejor, pero no la han podido tirar (su investigación)”, añadió.

La audiencia

Los abogados del exprocurador iniciaron este miércoles la defensa de su cliente, quien este día enfrenta una audiencia de vinculación a proceso por delitos en torno al caso Ayotzinapa.

En las primeras horas de la audiencia, los defensores de Murillo Karam aseguraron que “no hay una sola prueba que compruebe que tenía conocimiento” de la tortura cometida en contra de personas detenidas por la desaparición de los 43 normalistas. También pidieron que prescriba el cargo por el delito de tortura.

La defensa también ha buscado rebatir otras acusaciones de la FGR. Por ejemplo, afirmó que la FGR usa frases de conferencias de prensa “sacadas de contexto” y que no hay pruebas de que, como dicen los fiscales, se haya realizado una supuesta reunión en Guerrero para fraguar la llamada “verdad histórica”.

En torno al delito de desaparición forzada, la representación de Murillo Karam pidió que se aplique el Código Penal y no la ley general en materia de desaparición. Argumentó que esto sería para tomar en cuenta el principio pro persona en favor del acusado.

La audiencia inició alrededor de las 9:28 de la mañana en el Reclusorio Norte, donde un juez definirá si se vincula a proceso al exprocurador por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Es decir, hoy se definirá si se inicia el camino para abrirle un juicio.

Alrededor de las 7:00 de la mañana, los fiscales, la defensa del exprocurador y algunos padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa comenzaron a arribar al Reclusorio Norte para la audiencia.

Detención de Murillo Karam por el caso Ayotzinapa

Murillo Karam fue detenido la tarde del viernes 19 de agosto en su casa ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec.

El sábado, el juez Marco Antonio Fuerte, quien presidió su primera audiencia, le impuso prisión preventiva justificada por riesgo de fuga y —según dijo— para evitar el “riesgo procesal” de que quiera incidir de alguna manera en la investigación que se sigue actualmente.

“Se derrotó la presunción de inocencia”, dijo Murillo Karam frente al juez, tras conocer que se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar. El exprocurador tiene 74 años.

Tras la detención, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Murillo Karam, “se inculpó” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas.

“En el caso del procurador Murillo Karam, su detención independientemente de las declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía”, señaló el mandatario al presentar un video en el que el fiscal Alejandro Gertz Manero retoma declaraciones del exfuncionario federal.

Este martes, un juez federal prohibió cualquier acto de incomunicación contra el exprocurador y ordenó a las autoridades del Reclusorio Norte tomar todas las medidas necesarias para garantizar su salud.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Exigen a la Covaj explicar por qué afirma que el estudiante Mondragón Fontes salió de la Normal “prácticamente sentenciado a muerte”

Piden investigar a dos líderes estudiantiles de la Normal, al actual diputado federal por Morena, Omar García, y a David Flores Maldonado, quien era el secretario general del Comité Estudiantil

Reclaman también que el GIEI lo haya dejado fuera de su último informe


Texto: Marlén Castro

Fotografía: Cortesía 

Chilpancingo

 

La familia del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, torturado y desollado vivo, en los ataques en Iguala, exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, explicar por qué a él lo asesinaron con esa saña y por qué dicen en su informe que era “un objetivo prioritario”, que salió de la Normal “prácticamente sentenciado a muerte”.

La familia del estudiante Julio César Mondragón Fontes y el colectivo Somos los ojos y el rostro de Julio emitieron un comunicado este martes para fijar posicionamiento en torno a las revelaciones de la Comisión para la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y exigir les aclaren información en torno al caso de Julio César.

Para empezar, los familiares y el colectivo plantean que los resultados preliminares de la Covaj lejos de aclarar sus interrogantes, les generan otras dudas.

No les aclara sobre ¿Quiénes son los responsables del asesinato de nuestro familiar, ni por qué precisamente a él lo ejecutaron con la saña con la que lo hicieron?

En los resultados preliminares informados por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, el pasado 18 de agosto, se da a conocer que esa tarde del 26 de septiembre del 2014, Julio César salió de la Normal “prácticamente sentenciado a muerte”.

Reclaman por qué en ocho años de investigación ninguna autoridad competente les explicó por qué Julio César “era un objetivo prioritario de los Guerreros Unidos”. Se refieren al grupo del crimen organizado que tenía el control de Iguala.

Reclaman por qué nadie les dijo que desde que salió de la Normal la tarde del 26 de septiembre del 2014 “alguien lo había señalado y sus asesinos lo tenían identificado desde entonces”.

Preguntan: ¿Quién o quiénes pusieron a Julio César? ¿Quién o quiénes le dieron seguimiento a sus actividades dentro de la Normal?

Más interrogantes: “¿Por qué el gobierno de México no ha mencionado que en la Normal Rural había un grupo de infiltrados que informaban no solo al narco, sino al Ejército, a la Policía Federal y a los gobiernos estatal y municipales de Tixtla y de Chilpancingo?”.

Cuestiona este comunicado de por qué el informe de la Covaj señala únicamente al normalista Julio César López Patolzin como informante “cuando nosotros contamos con testimonios que indican que había por lo menos 23 alumnos infiltrados”.

Exigen al gobierno federal y a las instancias correspondientes e investigadoras responder a todas estas preguntas.

Los familiares también reclaman que no hayan sido convocados a la reunión con Alejandro Encinas, en la que se informó de los resultados preliminares. Agregan que así ocurre en estas investigaciones

Del actual gobierno federal.

Exigen investigar a líderes normalistas

La familia de Julio César exigió a la Covaj investigar a los ex alumnos Manuel Vázquez Arellano, alias Omar García, actualmente diputado federal por Morena y a David Flores Maldonado, quien en septiembre del 2014 era secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa.

Dicen que estos dos personajes y todos sus allegados en la Normal son señalados como infiltrados por la comunidad estudiantil, en ese 2014.

Reclaman que la Covaj “los haya cobijado pese a la información que se tiene de cada uno de ellos”.

Agregan que las autoridades saben lo que pasó y quién dio la orden “pero no sabemos por qué los encubren y protegen”.

La familia y el colectivo destacan las cualidades y el liderazgo que Julio César mostró en el poco tiempo que estuvo en Ayotzinapa.

“Estaba en contra de que se lucrara en nombre de la lucha social y era enemigo de quien se dijera revolucionario y en la práctica mostrara ser lo contrario”.

Aseguran que estas características “incomodaban a algunos miembros de la cúpula estudiantil de Ayotzinapa, cuyos discursos de lucha y prácticas de poder sólo buscaban su beneficio personal”.

Plantean en este comunicado que el asesinato de Julio César podría ser parte de una “limpieza social” que se refiere a la eliminación de líderes incómodos para el Estado, para las fuerzas fácticas que lo componen y para el complejo tinglado de intereses que en ese tiempo representaba Ayotzinapa.

Fuera de informe de GIEI

Reclaman que a Julio César lo dejaron fuera del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), publicado en marzo pasado.

Lo mismo ocurrió con el los casos de los otros dos normalistas asesinados esa noche en Iguala y del estudiante que desde entonces está en estados vegetativo.

Preguntan al gobierno de México y al GIEI ¿Cuándo serán convocados para tratar el tema, para que les informen de los avances?”

En el informe de la Covaj, dicen, le dedican a Julio César apenas cinco renglones.

 

Notifican a Sedena órdenes de captura contra militares; encabeza la lista Alejandro Saavedra

El general Alejandro Saavedra es uno de los 20 militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a los que ya se les giraron órdenes de aprehensión. Mientras tanto, el GIEI pidió acceso a fuentes e información que alimentaron el informe de la Comisión de la Verdad para su valoración


Texto: Kau Sirenio y Arturo Contreras / Pie de Página

Fotografía: Oscar Guerrero

Ciudad de México

 

La tarde de este lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue notificada por la Fiscalía General de la República (FRG) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los cuales deberán ser localizados por el área jurídica de la institución. El general de División Alejandro Saavedra Hernández encabeza la lista.

La notificación se dio luego de que el juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó las 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que, de acuerdo con la FGR, intervinieron en la investigación de los hechos.

El militar de más alto rango en la lista es el general Saavedra Hernández, quien fungía como comandante de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, el 26 de septiembre de 2014, el general tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real tuvo el C-4 de todas las actividades de los estudiantes, desde las cinco de la tarde.

También está implicado su subordinado inmediato, el comandante del 27 Batallón de Iguala, José Rodríguez Pérez, quien entonces era coronel y hoy es general brigadier.

Según la Comisión, los mandos involucrados incumplieron su deber de intervenir para salvaguardar las vidas de los civiles desarmados, que estaban bajo ataque de criminales y policías municipales.

El ascenso del general

El general Saavedra Hernández, quien también intervino en la masacre de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fue nombrado comandante de la 35 Zona Militar el 2 de junio de 2014.

Después del ataque a los estudiantes, el 26 de septiembre de ese año, Saavedra no sólo no fue investigado, sino que recibió una serie de premios y ascensos que dejaron cerca de convertirse en secretario de la Defensa Nacional.

El 20 de noviembre de 2014, apenas dos meses después de la noche de Iguala, fue promovido de general de Brigada a general de División. Diez días después, se convirtió en comandante de la IX Región Militar, que abarca todo el estado de Guerrero. Once meses más tarde, en octubre de 2015, fue nombrado coordinador de la Estrategia Federal de Seguridad en el estado, lo que le dio el mando de todas las corporaciones policiacas de Guerreo. El 28 de noviembre de 2016 pasó a ser Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y el 1 de diciembre de 2017 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Cuatro años después de la desaparición de los estudiantes, en septiembre de 2018, el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, propuso al presidente electo Andrés Manuel López Obrador dos posibles sucesores, el subsecretario Arturo Granados y el general Saavedra. López Obrador finalmente optó por Luis Crescencio Sandoval.

Saavedra Hernández fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta su retiro el 2 de marzo de 2021. Nadie investigó su participación en Tlatlaya ni en Ayotzinapa, a pesar de que el exalcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, declaró a la PGR que los jefes policiacos de su jurisdicción habían sido recomendados por el general Saavedra y actuaban de forma autónoma.

El Coronel

El general brigadier José Rodríguez Pérez, quien estaba a cargo del batallón 27 con sede en Iguala, es actualmente jefe de Operaciones de la Sedena. Pero su relación en el caso podría ser más que una omisión. En el informe de la Comisión de la Verdad se refieren una serie de mensajes de texto que indican una coordinación constante en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 entre El Chino y El Negro (dos integrantes de Guerreros Unidos) con El Coronel para “arreglar el problema” de los estudiantes que quedaban vivos; también hay reportes de actividades conjuntas entre El Negro y El Coronel, y que los restos de “la mayoría” de los estudiantes asesinados fueron trasladados “al Batallón”.

Una de las posibilidades consideradas en las investigaciones es que el Coronel referido en esas comunicaciones sea Rodríguez Pérez.

GIEI pide acceso a las fuentes del informe

En un comunicado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha acompañado a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y que ha emitido tres informes sobre el caso, pidió que el gobierno federal le dé acceso a pruebas que respalden el informe presentado el jueves pasado.

Si bien hemos tenido acceso a la información y a los productos obtenidos por la comisión presidencial, no conocimos ni hemos accedido directamente ni examinado material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”.

Señala el GIEI en un comunicado. 

El Grupo de Expertos solicitó una copia de los mensajes y acceso a los celulares de los que fueron extraídos para evaluar la fiabilidad y calidad de la información señalada y analizar a profundidad el contenido del informe, sobre el que posteriormente compartirán sus valoraciones.

El GIEI enfatizó que no ha participado en la redacción del informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas ni ha señalado presuntos responsables. Insistieron en la importancia de la protección del debido proceso.

Dos caminos para la justicia

Durante su conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las investigaciones ahora se encaran a dos frentes: desenterrar la verdad de lo que sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, además de dar con los responsables de ocultar la verdad.

En la mesa de análisis de Momentum, coproducción de RompevientoTV y Pie de Página, el abogado Federico Anaya señaló que ahí radica la nueva tragedia del caso: las investigaciones históricas van a tener pruebas y escenarios degradados. Tal vez por eso, ahora la administración se centre en juzgar a quienes impidieron conocer la verdad.

Pasado tanto tiempo, probablemente estos son los crímenes que vamos a procesar, investigar y castigar, porque ellos destruyeron las escenas del crimen previo. Esa es la nueva tragedia. ¿Había manera de que Murillo Karam no supiera lo que sucedía? No. Por eso es el responsable del encubrimiento, de haber realizado mal la investigación a propósito. No sabemos por qué, eso será algo que debe revelar el proceso judicial”, dijo Anaya.

Diferencias entre “verdad histórica” e Informe presidencial

El abogado David Peña señaló tres puntos esenciales que diferencian el informe de la Presidencia sobre el caso de la “verdad histórica” de Murillo Karam:

* El informe del actual gobierno señala la responsabilidad no sólo de las autoridades municipales, sino estatales y federales, mientras que la “verdad histórica” sólo señaló a los agentes municipales.

* El informe de la Presidencia  señala la operación de varios grupos que separaron a los estudiantes, bajo la misma instrucción, pero de forma distinta y en lugares diferentes. Mientras que la “verdad histórica” señala que todos fueron asesinados y llevados al basurero de Cocula donde fueron incinerados.

* Presume que seis estudiantes permanecieron con vida cuatro o cinco días después de ser secuestrados, lo que refuta la idea de una operación única.

Según dijo Peña, es posible que nunca se conozca la verdad completa sobre esa noche, pues desde el 7 de octubre de 2014, cuando iniciaron las intervenciones federales, se empezó a manipular la investigación, a alterar escenas y a torturar detenidos.

AMLO promete “etapa nueva” en la justicia

“Para hacer a un lado todo ese pasado lastimoso, bochornoso, todo eso que avergüenza, y vamos a inaugurar una etapa nueva”, dijo el presidente López Obrador al referirse a los avances en el caso Ayotzinapa. Aseguró que gracias a ellas el mismo exprocurador Murillo Karam,  detenido el viernes, se inculpa.

En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía. Lo que dijo el procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice, y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Zerón (entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal)”.

Después mostró un pedazo del video del encuentro que sostuvo con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos el jueves pasado. En el video se ve al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, decir a los familiares que en ese entonces el Estado soslayó su responsabilidad ante un crimen desmesurado y adjudicó su responsabilidad solo a las autoridades municipales, pero el caso se salió de control y fue entonces cuando Murillo Karam se presentó ante medios de comunicación y dijo:

“Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación”.

El presidente refrendó que en el informe se da muestra de qué funcionarios fraguaron y tramaron la confección de una versión de los hechos que nunca sucedieron, para la cual incluso torturaron personas.

“Claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos (funcionarios), pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así”, dijo al aclarar que a partir del informe se desprenden dos listas, la de implicados y la de responsables.

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

“No importa que sea militar, seguiremos buscando a nuestro compañero”: estudiantes de Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, bloquearon de manera intermitente la Autopista del Sol, en Chilpancingo, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués.

El bloqueo es la primera actividad de los normalistas después de que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj)

Sobre Julio César López Patolzin, quien se comprobó era integrante activo del Ejército, los normalistas dijeron que eso no impedirá que exijan su aparición con vida.

“A pesar de de ser militar como se comprobó, también es nuestro compañero y por eso seguiremos exigiendo su aparición con vida como la de todos los demás”, mencionó un integrante de la dirigencia quien solo se identificó como César.

En el tema de la infiltración del Ejército, el dirigente normalista dijo que revisarán a todos los estudiantes para garantizar que ninguno sea militar activo.

Sobre los demás resultados del informe exigieron que se castigue hasta al ex presidentes Enrique Peña Nieto.

“Sería una grosería para el pueblo de México excluir al ex presidente de las investigaciones porque tuvo que haber sido él quien autorizó el uso del Ejército y tuvo que haber sido él quien ordenara o avalara la construcción de la llamada verdad histórica”.

También exigieron que el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, aporte todo lo que sabe en torno a la desaparición de los 43 normalistas y sea sentenciado por construir la llamada verdad histórica.

Pidieron que el gobierno estatal también asuma su responsabilidad así como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero como responsable de la desaparición.

“Él (Aguirre Rivero) tiene responsabilidad y se tiene que proceder legalmente en su contra, y no solo cargar todo al ex alcalde de Iguala”.

El bloqueo comenzó a las 11:30 de la mañana y termino a las 12:30; de manera intermitente abrían las circulación de dos carriles de la Autopista.

 


Revela GIEI que no ha tenido acceso, ni examinado pruebas sobre las nuevas relevaciones de la desaparición de los 43

Indica que hasta que tengan acceso directo a la información y la puedan analizar a profundidad compartirán sus valoraciones sobre las nuevas revelaciones


Texto: Marlen Castro

Fotografía: Tlachinollan 

Chilpancingo

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que las nuevas revelaciones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) de la Presidencia las conoció cuando se presentó el Informe a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el pasado 18 de agosto.

En un comunicado de 10 puntos difundido esta mañana de lunes, el GIEI indicó que han tenido acceso a la información y productos obtenidos pero no “conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe”.

Agrega que tampoco accedieron a “los peritajes que se practicaron sobre los mismos” en referencia a los cinco celulares de donde se extrajeron 467 capturas de pantalla cuyos mensajes y conversaciones sirvieron para las nuevas revelaciones que dio a conocer la Covaj a madres y a padres y a los medios.

Estas nuevas revelaciones desacreditan la llamada verdad histórica que se construyó en el pasado sexenio, indica que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos, que se los llevaron tres células conformadas por policías e integrantes del crimen organizado y, plantea, que no hay indicios de que los normalistas estén vivos.

El GIEI dice en su comunicado que reconoce el esfuerzo de la Covaj y saludan que existan nuevas revelaciones pero insisten en que toda la información debe ser conocida de manera previa por las madres y los padres.

Sobre la falta de acceso de quienes integran el GIEI al material relacionado con los celulares señala que solicitaron el acceso no sólo a lo que se incluyó en el informe sino “a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información”.

De igual manera, agrega, que se pidió que ese material se entregue cuanto antes a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILICA) “tanto los mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos. Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”.

Dice que una vez que tengan acceso directo a la información y la puedan analizar a profundidad el contenido del informe “compartiremos nuestras valoraciones sobre las nuevas revelaciones”.

En los últimos puntos recuerda que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial son independientes, así como los jueces, a los que les corresponde evaluar y dar curso a las informaciones presentadas.

Recalca que el GIEI no participó en la redacción del informe de la Covaj y no señaló presuntos responsables.

En el último punto reiteran su compromiso con los familiares de los desaparecidos, la sociedad y autoridades de México.

 

 

 

 

 

 

A 8 años de Ayotzinapa, Murillo Karam será acusado de desaparición forzada y tortura; ameritan prisión preventiva oficiosa

Se espera que esta mañana el exprocurador Jesús Murillo Karam, detenido este viernes, sea presentado ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La FGR lo acusa de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.


Texto: Animal Político

Fotografía: Tomada de internet

 

A poco más de un mes de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el exprocurador Jesús Murillo Karam se enfrentará por primera vez ante un juez por su responsabilidad en este caso: tras ser detenido este viernes, se prevé que la mañana de este sábado tenga su primera audiencia, en la que se le informará sobre los delitos por los que se le acusa.

Hasta la noche de este viernes, Murillo Karam se encontraba en poder de la Fiscalía General de la República (FGR) y debía ser presentado ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Se prevé que esa puesta a disposición y la respectiva audiencia ocurran a las 9:00 horas de hoy.

El exprocurador fue detenido la tarde de este viernesafuera de su casa en la Ciudad de México, informó la FGR en un comunicado. De acuerdo con la institución, no opuso resistencia al arresto y será acusado de tres delitos: desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.

Todos están relacionados con el rol de Murillo Karam en el caso Ayotzinapa y ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que el exfuncionario deba permanecer privado de la libertad en tanto se define si se le abre o no un proceso penal.

Durante la audiencia de este sábado, una vez que los fiscales expongan los delitos que se le imputan, su defensa podrá argumentar por qué no debe ser vinculado a proceso o pedir la duplicidad del plazo legal —de 72 a 144 horas— para que se defina su situación jurídica.

El procurador de Peña Nieto

Murillo Karam fue el primer titular de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ocupó el cargo desde diciembre de 2012 hasta finales de febrero de 2015, cuando fue nombrado al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Como procurador, encabezó las investigaciones del caso Ayotzinapa, como se conoce a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Desde ese cargo, Murillo Karam fue el principal impulsor de la llamada “verdad histórica”, es decir, la versión que el gobierno de Peña Nieto promovió para intentar explicar lo sucedido con los normalistas. Según esta “verdad histórica”, los jóvenes fueron privados de la libertad por policías municipales coludidos con integrantes de Guerreros Unidos, asesinados y después incinerados.

Las familias de los estudiantes y las organizaciones civiles que las acompañan rechazan esa explicación y tienen años exigiendo que se amplíen las líneas de investigación, de manera que se abarque a actores públicos como las Fuerzas Armadas.

El informe de la Comisión de la Verdad

Desde que era candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer el caso. Semanas después de asumir el cargo, su gobierno creó una Comisión de la Verdad. A la par, dentro de la FGR, Omar Gómez Trejo fue nombrado fiscal especial para la investigación de estos hechos.

Este jueves, la Comisión de la Verdad presentó su más reciente informe sobre la desaparición de los normalistas. El documento confirma que se trató de un crimen de Estado, con implicación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunque también advierte de fallas institucionales que permitieron la desaparición de los jóvenes y han impedido que todo se esclarezca.

Uno de los principales puntos del informe es la revelación de que el Ejército tuvo a un soldado infiltrado entre los normalistas, Julio César López Patolzin, y no hizo nada para rescatarlo. Otro consiste en que no hay evidencia de que los muchachos hayan sido llevados al basurero de Cocula, como afirmaba la “verdad histórica”, y uno más indica que los testimonios y las pruebas apuntan a que los alumnos fueron asesinados.

La detención de Murillo Karam se produjo justo un día después de la publicación del documento de la Comisión de la Verdad. Además, la FGR dio a conocer ayer que consiguió 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares, autoridades de Guerrero y presuntos integrantes de Guerreros Unidos.

En un comunicado, las madres y los padres de Ayotzinapa señalaron la noche de este viernes que, si el proceso contra Murillo Karam es “sólido y apegado a derecho”, “podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con tortura, que tanto daño hizo a las familias de los normalistas”.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

Te puede interesar: Seis normalistas habrían permanecido con vida días después del ataque: Informe de la Comisión de la Verdad

Seis normalistas habrían permanecido con vida días después del ataque: Informe de la Comisión de la Verdad

Entre los miles de documentos presentados por la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, un dato se pierde: al menos seis estudiantes habrían permanecido cautivos por cuatro días, mientras autoridades y criminales hacían lo posible por borrar los rastros de la noche de Iguala.


Texto: Lydiette Carrión / Pie de página

Fotografía: Oscar Guerrero

Cuidad de México

 

Seis estudiantes de Ayotzinapa habrían sido mantenidos con vida hasta el 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de la noche de Iguala, de acuerdo con las indagatorias efectuadas por la  Comisión de la Verdad de Presidencia.

El jueves pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, presentó el informe de Presidencia de Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa. Durante su conferencia destacó que el equipo a cargo pudo comprobar que la verdad histórica, que fue presentada por la administración anterior, era falsa. En esta, los 43 normalistas habrían sido trasladado en conjunto, asesinados y quemados en el basurero de Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

A través de las indagatorias que esta comisión realizó, en cambio, se pudo establecer que esta “verdad” habría sido fabricada. En cambio, se hallaron indicios, pruebas, documentos y testimonios, que apuntarían a que los 43 estudiantes que fueron víctimas de desaparición forzada fueron entregados a al menos 3 grupos criminales distintos y sufrieron destinos diversos.

Un reducido grupo de estudiantes –de quienes no ha sido posible establecer su identidad– fueron retenidos durante al menos cuatro días en un lugar sólo conocido como La Bodega. Esto de acuerdo con el testimonio de un testigo no identificado.

El testigo mencionado  señalaría que la célula criminal que mantuvo con vida a estos seis estudiantes, estaba dirigida por un individuo identificado como El Coronel.   Todo esto, ocurría en un contexto en el que autoridades y criminales borraban los rastros de los hechos criminales de la noche de Iguala.

Huitzuco, Iguala, Cocula

El énfasis del informe fue el análisis de cientos de llamadas, geolocalización, mensajería de texto, ocurridas durante el 26 de septiembre de 2014 y en días posteriores. De acuerdo con este trabajo de documentación, la Comisión concluye que

Todos los normalistas que iban en el autobús 1531 desaparecieron –la detención fue a las 22:30 pm aproximadamente–, y se presume que un grupo de éstos fueron retenidos por la policía de Iguala y luego llevados a Loma de Coyotes; un segundo grupo fue asegurado por la policía de Huitzuco y llevado a ese municipio.

Los estudiantes que viajaban en el autobús 1531 son:

  • Adán Abrajan de la Cruz
  • Alexander Mora Venancio
  • Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
  • Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
  • Israel Jacinto Lugarrdo
  • Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
  • Jorge Aníbal Cruz Mendoza
  • Jorge Antonio Tizapa Legideño
  • José Ángel Navarrete Gonzáez
  • José Eduardo Bartolo Tlatempa
  • Julio César López Patolzin (quien era soldado del Ejército en activo)
  • Luis Ángel Francico Arzonal
  • Magdaleno Rubén Lauro Villegas
  • Martín Getsemany Sánchez García

A las 22:30 horas, los normalistas detenidos en Juan N. Álvarez –la calle donde se realizó el principal ataque desde las 9 de la noche– y que viajaban en el autobús 1568, fueron trasladados por la policía de Iguala a la comandancia local. El informe subraya: “se desconoce por qué solamente a los estudiantes que iban a bordo del camión 1568 fueron asegurados”.

Y es que los estudiantes que viajaban en el autobús 3278, que fue detenido 150 metros antes de Palacio de Justicia de Iguala a las 22:40 horas, no sufrieron esa suerte. Fueron, sí, detenidos en el lugar y registrados, pero luego los dejaron ir. Posteriormente, ese autobús se fue y viajó sin pasajeros hasta arribar a la terminal de autobuses en Jojutla, Morelos. Los estudiantes comenzaron a caminar, tratando de reunirse con sus compañeros. Pero una patrulla los agredió así que los jóvenes corrieron, se dispersaron y ocultaron en una colonia popular.

Posteriormente, los ocho o diez estudiantes del camión 1568 y que habían sido detenidos y llevados a barandillas (esto fue declarado por un policía municipal desde el principio, y este elemento debió huir de Iguala), un mando policial, César N, ordena llevarse a los estudiantes desde la comandancia, y posteriormente les instruye a sus elementos dirigirse a la Loma de los Coyotes. En esto habrían participado policías de Iguala y del municipio de Cocula.

Ahí, en Loma de Coyotes, fueron entregados los normalistas a otro grupo. Las comunicaciones revisadas arrojaron que Ignacio N, escribió un mensaje en el que aseguraba que los jóvenes fueron entregados a otro individuo apodado El Pato, quien iba en una camioneta blanca de tres toneladas (de volteo). Después, los policías que entregaron a los estudiantes regresaron a su municipio.

El asesino de Julio César

A las 23 horas, según comunicaciones telefónicas, se registró el arribo de los siguientes policías de Huitzuco al cruce de Santa Teresa: Celedonio N, Jesús N, y Marcelo N. Todos provenían del Palacio de Justicia. Este sería un elemento importante para establecer la participación activa de  policías de aquel municipio.

A las 23 horas fue el ataque contra el autobús del equipo de fútbol de los avispones. Ahí perdieron la vida tres personas, todas ajenas tanto a los normalistas, como a los agresores. El informe destaca que las pruebas de balística mostraron que algunas armas utilizadas en este crimen pertenecían a los policías de Huitzuco. Después de estos ataques, los policías de Huitzuco regresaron a su municipio.

A la medianoche fue cuando se registró la conferencia convocada por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) para denunciar el ataque sufrido. Había sido una conferencia convocada en calidad de urgente, llegaron sobre todo reporteros de la ciudad de Iguala. Ahí se encontraban estudiantes sobrevivientes a los ataques, profesores y normalistas que habían llegado a la ciudad a apoyar. En aquel momento no había ninguna claridad respecto a la gravedad de los hechos.

Sin embargo, cuando daban la conferencia, de nuevo sufrieron un ataque.   En estos hechos fueron asesinados los normalistas Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, quienes acababan de llegar desde Tixtla.

Los estudiantes se dispersaron y se ocultaron en una azotea y un domicilio. Fue en este evento que uno de ellos, Julio César Mondragón siguió corriendo. Posteriormente otro estudiante escuchó gritos. El cuerpo de Julio César sería hallado a la mañana siguiente no lejos de ahí, con el rostro desollado. Su fotografía circuló  en redes sociales.

De acuerdo con el informe, por medio del análisis de mensajes interceptados por la Sedena, se advierte que Eduardo N, alias El Chucky es quien tortura y mata a Julio César Mondragón, sin haber tenido instrucciones de sus superiores.  Pero que el informe refiere a un testigo clave: Marco Antonio «N», alias la pompi, quien en sus mensajes de texto advierte estar presente cuando ocurre la tortura y asesinato. La pompi o «el cuasi» sería en realidad Marco Antoni Ríos Berber, quien fue detenido en 2014, pero liberado por un juez por 10 mil pesos. Así lo informó el propio Encinas en 2019.

Volviendo a El Chucky, éste habría asesinado a los estudiantes que fueron llevados a Loma de Coyotes. Los estudiantes habrían sido destazados y después cada grupo se desharía de los restos en diversos lugares.

El Chino arrojó restos en el Río Balsas “La Gorda” en el pozo del Pueblo Viejo.

El Moreno destruyó los cuerpos de cinco estudiantes y mandó a otros cinco con el Chucky (el asesino de Mondragón).

Otros cinco estudiantes fueron “desplazados” a la casa de Huitzuco.

El Chino comenta en mensajería que “hasta en la mina de los patrones” aventaron gente.

Los estudiantes que vivieron unos días más

Sin embargo, por medio de comunicaciones se pudo establecer que al menos seis estudiantes permanecieron con vida en un lugar designado como “la Bodega Vieja”. Pero en este periodo se da un rompimiento entre los grupos y éstos son asesinados por alguien identificado como El Coronel.

Los indiciados con nombre

Tomado del Informe de la Comisión de la Verdad de Presidencia

Dentro del análisis de llamadas y mensajes hay personajes que fueron muy activos la noche del 26 de septiembre. El principal, señalado como encargado del operativo fue Ramiro Ocampo Pineda, alias el Chango. La mayoría de la actividad telefónica sale de su teléfono, y este sería el jefe de la operación de agresión contra los estudiantes.

Otro personaje activo aquella noche es El Caminante, identificado ya desde hace unos años como el general brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera; y quien después de la noche de Iguala fuera incluso  director de las cárceles de BC en el gobierno morenista de Jaime Bonilla. El Caminante habría sido el enlace bisagra aquella noche entre Ramiro Ocampo Pineda y la policía y otros grupos.

El jefe en  campo del operativo de desaparición habría sido alguien identificado  Victor Alfonso Taboada. El contacto principal de estas personas con la policía de Iguala habría sido Felipe Flores Velazquez quien fue detenido en 2016, tras dos años de fuga, y quien era el jefe de la policía municipal.

¿Cuál fue el móvil?

Si bien el informe no asegura tajantemente el móvil, en el contexto ubica tres aspectos: uno, que los normalistas tenían «prohibido» acercarse a Iguala; dos, que el ataque se dio en un contexto de enfrentamiento entre Los Guerreros Unidos (preponderantes en Iguala) contra los Rojos. Los primeros habrían confundido o determinado que algunos rojos viajaban mezclados con los estudiantes. Tres, en julio de 2014, un cargamento de 100 kilos de heroína proveniente de Iguala habría sido decomisado en Puebla por la FGR. Pero solo fueron entregados 10 kilogramos, lo que habría generado encono y conflicto en la zona.

Los secretos que guardan los cerros

Otro aspecto a destacar, es que hasta la fecha, las fiscalías de Ayotzinapa y de desaparición forzada han encontrado, desde noviembre de 2014, hasta abril de 2019, 323 puntos con rastros positivos de restos humanos.

No queda claro de cuántas personas se trataría. Pero estas búsquedas se realizaron en los municipios de Iguala, Taxco, Carrizalillo, Zona de Minas, Huitzuco y La Gavia. Los principales puntos de hallazgo serían en Iguala y Carrizalillo.

En los anexos del informe se documenta que las búsqueda para probables puntos de fosas clandestinas se hizo por medio de información satelital: búsqueda de imágenes de paisajes con alteraciones en poco tiempo, y también por medio del rastreo de cargas aumentadas de nitrógeno.

Fuente: Informe comisión de la Verdad de Presidencia

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Normalistas piden que detengan a EPN por caso Ayotzinapa

En mensaje por redes sociales dicen que mantienen la esperanza de que sus compañeros estén vivos


Texto: Jesús Guerrero y José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes

Chilpancingo

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, pidieron que también sea detenido y encarcelado el ex presidente Enrique Peña Nieto por su responsabilidad en la desaparición de sus 43 compañeros en Iguala hace casi ocho años.

«El ex presidente Enrique Peña sabía todo lo que estaba pasando ese día (el 26 de septiembre del 2014) y pudo ordenar que se parara y no lo hizo», dijo un estudiante que con otros dos de sus compañeros dieron una conferencia de prensa de manera virtual a través de Facebook en una de las aulas de sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Tixtla.

Las declaraciones que dieron esta tarde los normalistas ocurre un día después que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, rindió un informe sobre el caso en donde da a conocer, entre otras cosas, que dentro de los 43 desaparecidos estaba un soldado en activo como infiltrado (Julio César Patolzin) e informaba todos los movimientos de la Normal.

«Teníamos un infiltrado que daba información al Ejército e iba en primer año», dijo uno de los líderes de la Normal que participó en la conferencia de prensa.

«De esa manera (por el soldado infiltrado) el Ejército supo que aquí en la Normal hubo una reunión de la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México) en donde se acordó que se iba a la Ciudad de México para participar en la marcha para conmemorar el 2 de octubre, por la matanza de Tlatelolco», expuso el normalista.

Mencionó que el C-4 (sistema de vigilancia del gobierno) y el Ejército supo que por la mañana los normalistas fueron a Chilpancingo a tomar autobuses (a la central) y por la tarde a Iguala.
Los autobuses que tomaron los normalistas ese 26 de septiembre serían utilizados para su traslado a la Ciudad de México.

Uno de los normalistas mencionó que después de los sucesos del 26 y 27 de septiembre detectaron que un estudiante de la escuela también estaba infiltrado y daba información (al gobierno).

Los estudiantes exigieron al gobierno que no vaya a inventar otra verdad histórica como lo hizo el ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam quien este viernes por la tarde la ahora Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex funcionario del gobierno de Peña fue detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

«Mantenemos la esperanza de que estén vivos»

Los estudiantes dijeron que mantienen viva la esperanza de hallar con vida a sus compañeros.
En el comunicado que transmitieron en vivo a través de sus redes sociales, los estudiantes dijeron que hasta no tener pruebas contundentes sobre los restos de sus compañeros continuarán con la exigencia de hallarlos con vida.

«En el informe de ayer se hicieron notorias las 101 acciones de búsqueda en siete municipios de Guerrero donde se hallaron más de 1,000 restos oseos que sin ninguna declaración ni material genético suficiente no nos garantiza que sean de nuestros 43 compañeros», mencionaron en su comunicado.

Los estudiantes mencionaron que continuarán con su lucha y manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

Reconocieron el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por tratar de esclarecer el caso pero dijeron que falta justicia y castigo a los responsables.

Pidieron que todos los implicados en el caso, sin importar el cargo que tienen o tuvieron, sean castigados.

Desde mandos militares y politicos que estuvieron relacionados y tienen conocimiento del caso.

«El gobierno y las investigaciones dejan claro que nuestros compañeros fueron asesinados, pero en la Normal de Ayotzinapa seguiremos respetando la consigna, vivos se los llevaron vivos los queremos».

También exigieron que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón Lucio, sea extraditado a México para que enfrente los procesos en su contra.

Los estudiantes exigieron que todos los responsables sean detenidos y llevados a la cárcel, y pidieron que no se proteja al expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que Encinas Rodríguez mencionó que el exmandatario no tiene un seguimiento judicial por los hechos.

 

Te puede interesar: FGR indica que detuvo a Murillo Karam en su domicilio

El informe de Encinas es una posición política del gobierno federal, dice asesor de los padres y madres de los 43

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el informe que dio este jueves el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una posición política del gobierno que dista mucho del esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes.

En un breve comunicado que envió el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rosales Sierra quien es asesor de las madres y padres de los 43, reconoce que (el informe) tiene avances.

«Sin embargo, en los próximos días vamos a entrar a una etapa donde el gobierno va a decir que ya está es la nueva verdad, que ya están los resultados de la nueva investigación y lo que realmente sucedió es que fueron divididos (los normalistas) en tres grupos para asesinarlos», indica.

«Para nosotros eso es una posición política del gobierno que quiere hacer ver que ya cumplieron ellos (el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) con Ayotzinapa que ya está esclarecido el hecho pero dista mucho de llegar a esos niveles de esclarecimiento», dice Rosales.

Indica que el informe está sustentada en un testigo, o sea, las pruebas no son contundentes.

«Para decir (el gobierno) que ya se sabe lo que ocurrió, estamos lejos», asegura el abogado activista.

«La disputa con el gobierno federal va a ser por eso, porque para ellos su conclusión es que ya se esclareció el hecho y nosotros obviamente negáremos eso», refiere.

En su comunicado, Rosales Sierra recordó que en el gobierno de López Obrador identificaron los restos humanos de dos de los 43 normalistas (Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero).

En el informe que presentó este jueves Encinas Rodríguez, el gobierno del morenista López Obrador, reconoció por primera vez la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es la misma versión que dio la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

«No hay ningún indicio de vida, y eso no es una coincidencia con la verdad histórica; es una triste realidad», dijo Encinas Rodríguez.

 

Te puede interesar: Destacan la relevancia del sexto autobús en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Destacan la relevancia del sexto autobús en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Este autobús de la línea Ecoter, sin pasaje, salió de Iguala esa noche “librando todos los retenes establecidos”,


Texto: Marlén Castro

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

La relevancia del séptimo autobús en la trama de Iguala, la confirmación de que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era un soldado activo y la conclusión de que “no hay indicio alguno de que estudiantes se encuentren con vida”, son las últimas revelaciones relacionadas con la investigación para conocer el móvil de la desaparición y el destino de los normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace alrededor de ocho años.

Este jueves, en la Ciudad de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, informó a la prensa los resultados de la investigación del caso Ayotzinapa, antes se reunieron con las madres y los padres de los normalistas, encuentro que, a decir de Encinas fue fuerte y doloroso, por lo que les dieron a conocer.

Horas más tarde, las madres y padres comunicaron que la información que recibieron “por su complejidad y dureza la estamos analizando” y que fijarían su postura cuando concluyera su valoración y contaran con la opinión de los expertos del GIEI.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa estableció con contundencia que no había indicio alguno de que los estudiantes estén con vida “por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Indicó que se hizo la búsqueda en 177 bases de datos, padrones y listados de dependencias públicas e instituciones privadas y “no se encontró indicio de alguno de actividades realizadas por los estudiantes”.

Encinas Rodríguez acusó que la desaparición fue un crimen de Estado porque “las acciones, omisiones y participación de diferentes autoridades federales, estatales y municipales permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.

El subsecretario reveló que la orden de desaparecer a los estudiantes se dio al filo de las 10:45 de la noche.

Como parte de este informe en Palacio de Gobierno, en el mismo sitio en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza sus conferencias matutinas, Encinas reveló también que en la desaparición de los estudiantes participaron 36 actores directos y 35 actores adicionales, de acuerdo con el análisis de llamadas y mensajes intercambiados entre cinco teléfonos durante los días 26 y 27 de septiembre y fechas posteriores.

Indicó que derivado de las investigaciones existen elementos suficientes para que la FGR libre órdenes de aprehensión en contra de 33 personas que participaron en la fabricación de la llamada verdad histórica, la que se diseñó para ocultar los vínculos de autoridades con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Sexto autobús

Como parte del informe, Encinas reveló que en la noche de los hechos ubicaron a un autobús de la línea Ecoter, sin pasaje, que salió de Iguala librando todos los retenes establecidos.

“Se estableció que la noche de la desaparición fuerzas federales, estatales y municipales colocaron 16 retenes para cubrir todos los accesos y salidas de esa ciudad. En ninguno de esos retenes fue detenido ese autobús, por lo que se presume que su contenido, se desconoce qué era, dinero o drogas, se recuperó”.

Al principio de los hechos de Iguala, se tenía la información que los estudiantes se movieron en cuatro autobuses, derivado de las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se supo dos años después que en total los estudiantes se movieron en seis autobuses.

El 3278 de la Estrella Roja y dos de la línea Costa Line, el 2012 y 2510, que tomaron en la terminal de esa ciudad, el 2513 también de Costa Line que interceptaron en la entrada de Iguala y no pudieron sacar de la central, y los dos de Estrella de Oro en los que se trasladaron desde su escuela, en Tixtla.

Uno de los móviles de la desaparición, de acuerdo con investigaciones de la CNDH y periodísticas, está relacionada con la posibilidad de que los estudiantes habrían tomado un autobús que portaría drogas o dinero y por eso la reacción desproporcionada con la que respondieron los de Guerreros Unidos y las autoridades cómplices del grupo criminal.

Un soldado infiltrado en la Normal por la Sedena

Ya se conocía que probablemente uno de los 43 estudiantes desaparecidos, Julio César López Patolzin, un joven originario de Tixtla, era soldado.

La revelación fue un sisma entre las madres y padres de los normalistas. Joaquina Patolzin y Rafael López, quienes se dedican al cultivo y venta de hortalizas y viven en condiciones precarias, aceptaron que Julio César fue soldado, de hecho esta condición era conocida ampliamente en Tixtla, pero aseguraron que se había dado de baja cuando se accidentó durante labores por la tormenta tropical

Manuel y el huracán Ingrid, un año antes de la desaparición.

Encinas sostuvo que López Patolzin estaba activo y hacia funciones de informante de la Sedena dentro de la Normal.

Su mando inmediato era el teniente de infantería del 27 Batallón, con sede en Iguala, Francisco Macías Barbosa.

Su último informe, mencionó, fue el sábado 26 de septiembre del 2014, alrededor de las 10:00 de la mañana.

Acusó que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.

De haberlo hecho, si se hubiera implementado el protocolo de búsqueda de un militar, dijo, “se pudo evitar la desaparición de los muchachos”.

En la conferencia, preguntaron a Encinas si la responsabilidad quedaba hasta el mando inmediato de López Patolzin y respondió que la Fiscalía General de la República (FGR) estaba analizando la cadena de mando en la región para determinar las acciones.

Le preguntaron también hasta qué nivel llegaban las investigaciones sobre las 33 personas que torcieron la investigación.

¿Quiénes están en esta lista, hasta qué nivel llega, gobernantes como Angel Aguirre o, incluso, Peña Nieto?

Es parte de la investigación judicial. Si hay personajes de todos los sectores que mencionaste… (pausa de silencio) Peña Nieto, no, respondió Encinas.

¿Por qué está responsabilidad no llega hasta Peña Nieto, se le está encubriendo? Le preguntaron más adelante.

Nosotros estamos enfocados a dos objetivos de acuerdo con la facultad de competencia mandatada: esclarecer los hechos y buscar el paradero de los estudiantes, corresponde a la Fiscalía fincar las responsabilidades a los funcionarios públicos involucrados.

De acuerdo con lo dicho por Encinas, la información y productos obtenidos fueron entregados a la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILA) de la Fiscalía General de la República (FGR) y a el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

 

Te puede interesar: Estudiante desaparecido en Iguala era un soldado infiltrado en Ayotzinapa

Estudiante desaparecido en Iguala era un soldado infiltrado en Ayotzinapa

Texto: Marlén Castro

Fotografía: Tomada de internet 

Chilpancingo

 

Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, era un soldado infiltrado por el Ejército, sostuvo Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal.

Este jueves, como parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Encinas Rodríguez, informó acerca de las últimas investigaciones de la desaparición de los normalistas a un mes del octavo aniversario.

López Patolzin es originario de Tixtla, ciudad en la que se ubica la Normal, es hijo de Joaquina Patolzin y Rafael López, quienes sobreviven de la siembra y venta de hortalizas.

Desde 2014, se conoció la historia militar de López Patolzin. Joaquina Patolzin y Rafael López contaron que su hijo estuvo en el Ejército y se dio de baja después de las inundaciones provocadas por Ingrid y Manuel.

De acuerdo con Encinas Rodríguez, López Patolzin estaba al mando del teniente Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón del Ejército, con sede en Iguala, a quien acusó de omisión y responsabilidad por no haber aplicado el protocolo de búsqueda de militares, ya que de haberlo hecho, se hubiera localizado a los estudiantes.

Encinas Rodríguez indicó que espera que Barbosa y la cadena de mando que participó en la infiltración de López Patolzin en la Normal Rural sean investigados por la justicia civil y militar.

Por los informes de López Patolzin a su mando en el Ejército, las fuerzas armadas y todas las autoridades supieron del movimiento de los estudiantes la tarde del 26 de septiembre del 2014, desde la salida de la Normal, agregó Encinas Rodríguez.

 

Salir de la versión móvil