Los dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) que fueron reportados como desaparecidos murieron en un accidente automovilístico, informó la Fiscalía General del Estado.
En un comunicado de la FGE señala que los cadáveres de Marcos Campos Ahujote y Lorena Chantzín Paxacuasingo, fueron hallados dentro de una camioneta marca Nissan color gris con caja azul y placas de circulación del estado de Guerrero.
Esto en la carretera Chilapa_ Atzacualoya en un barranco de 40 metros de profundidad.
«Por consiguiente no fueron privados de su libertad cómo círculo a través de redes sociales; sin embargo, se abrió una carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio por tránsito terrestre», se lee en el comunicado de la FGE.
En el lugar de los hechos se hallaron las credenciales de las víctimas por lo que fueron identificadas rápidamente. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
De acuerdo con lo difundido por el CIPOG – EZ, Marco Campos y Lorena Chantizin desaparecieron la tarde del pasado viernes cuando circulaban por la carretera Chilapa – Atzacoaloya.
Los integrantes de la organización acusaron de las dos desapariciones al grupo delictivo al que identifican como Los Ardillos.
Después de que la FGE dio a conocer esta información, la CIPOG_ EZ, exigió a las autoridades que realicen una investigación e insisten de que tanto Marcos y Lorena fueron desaparecidos y que se percataron de que los cadáveres de ambos tenían huellas de tortura.
“Sabemos que fueron Los Ardillos, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario, quien está operando en la zona de Chilapa asesinando y secuestrando”, acusó a través de un comunicado la mañana de este sábado la CIPOG_EZ.
Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, cuya liberación fue exigida por Rocío Mesino asesinada en octubre de 2013
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
25 de abril de 2022
Chilpancingo
Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron al gobierno federal la liberación de cuatro presos políticos que llevan 20 años privados de su libertad.
Pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplicar la amnistía que propuso o en su defecto ejecutar el Protocolo de Estambul que consiste en un conjunto de directrices reconocidas internacionalmente por los médicos y abogados para determinar si una persona fue torturada y cómo documentar los síntomas. La documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal.
Los cuatro presos políticos son Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, a quienes acusaron injustamente de secuestro, denunció Norma Mesino Mesino, representante de la OCSS.
Barragán Carrasco, Aguirre Bahena y Hernández Refugio tienen 20 años en distintas prisiones del país, mientras que Ávila Mesino fue encarcelado en 2011.
En conferencia de prensa la dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que lleva un mes sin tener comunicación con Hernández Refugio y desconoce su paradero, porque las autoridades carcelarias no informan si continúa preso en la cárcel de Chilpancingo o trasladado al estado de Chiapas.
“Tememos por la vida del compañero Gerónimo, un mes antes de que perdiéramos comunicación con él, nos dijo que estaba recibiendo amenazas de muerte”, dijo Mesino.
En la conferencia estuvieron presentes familiares de los presos políticos quienes confirmaron que fueron torturados durante el proceso de detención y que sus declaraciones fueron conseguidas bajo tortura.
Desde el año pasado la OCSS y los familiares de las víctimas buscaron al presidente de la República para plantearle que los presos políticos sean beneficiarios de la amnistía, contaron que fue a través de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa quienes le hicieron llegar un carta a López Obrador durante una reunión el 26 de septiembre de 2021.
Sin respuesta la OCSS comenzó una campaña para exigir la liberación de los cuatro presos políticos, a la que denominaron Campaña por la liberación de los presos políticos de la OCSS.
Fue durante la conferencia matutina del presidente, el pasado 21 de abril, que López Obrador habló del tema y mencionó que “se revisará el caso y actuarán en favor de las víctimas y a garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos”, dijo el presidente.
A cuatro días que el presidente dio esas declaraciones la dirigencia de la OCSS dijo que todavía no hay un acercamiento de algún representante o autoridad federal con las familias ni los abogados de las víctimas.
Norma Mesino agregó que están conscientes de que por el tipo de delito que los acusan no pueden ser beneficiados por la Amnistía presidencial, por eso se busca aplicar el protocolo de Estambul.
Agregó que de parte del gobierno estatal que encabeza la morenista, Evelyn Salgado Pineda, no existe la voluntad política para resolver el caso.
Norma y los demás integrantes de la OCSS lamentaron que la FGE criminaliza a sus familiares, mientras la administración estatal “hace oídos sordos”.
Explicaron que debido a los cambios en el gabinete estatal el caso no puede avanzar. “Ya llevábamos avances significativos con Saúl López Sollano, pero cuando lo quitan de secretario general tuvimos que empezar de nuevo, ahora ya nadie nos contesta las llamadas”, mencionó Norma Mesino.
Barragán Carrasco, Hernández Refugio y Aguirre Bahena son sobrevivientes de la Masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, ocurrida el 28 de junio de 1995, y fueron detenidos entre 2000 y 2001, acusados de secuestrar a la hija del empresario Eduardo Gallo, originario de Morelos.
Ávila Mesino es uno de los cuatro que permanecen en prisión, con pruebas «evidentemente fabricadas», de acuerdo con la OCSS, por las que fue señalado, junto con su prima Rocío Mesino Mesino, de participar en un secuestro ocurrido el 23 de junio de 2011.
Rocío Mesino fue asesinada en octubre de 2013 mientras encabezaba las exigencias de libertad a los cuatro presos políticos.
Al término de la marcha las manifestantes fueron recibidas por la síndica y el secretario general. Les informaron que hay avances en las investigaciones pero que no pueden dar más detalles.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Especial
18 de abril de 2022
Chilpancingo
Activistas feministas y pobladores del municipio de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, marcharon y protestaron en la ayuntamiento, ubicado en esa cabecera municipal, para exigir a las autoridades esclarecer el asesinato de Frida Alondra, hallada asesinada el pasado 12 de abril en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, en el estado de Oaxaca.
Durante la protesta exigieron a las autoridades del estado de Oaxaca justicia y el pronto esclarecimiento de los hechos, y al gobierno de Guerrero pidieron que coadyuve con las investigaciones.
La marcha comenzó a las 11 de la mañana y recorrió las principales calles de Cuajinicuilapa y concluyó fuera del ayuntamiento municipal. Al término de la marcha las manifestantes fueron recibidas por la síndica y el secretario general. Les informaron que hay avances en las investigaciones pero que no pueden dar más detalles.
De acuerdo con las manifestantes hay varios casos en la región de mujeres desaparecidas y por eso decidieron marchar.
Fuera del ayuntamiento mujeres gritaron consignas en apoyo a Frida Alondra y contra la violencia feminicida.
“¡No estamos todas, nos falta Frida!”, “¡Justicia para Frida!”, gritaban las manifestantes.
Colocaron algunas mantas y carteles donde se leía “Queremos poder caminar sin miedo por las calles”, “Mujeres afroamericanas no se tocan, no se violan, no se matan”, se leía en las carteles.
A la manifestación asistieron colectivos de mujeres afrodesecientes y población de Cuajinicuilapa.
Frida Alondra de 17 años salió de su casa en Cuajinicuilapa, Guerrero, el sábado 9 de abril para dirigirse a la localidad vecina San Juan Bautista Lo de Soto, en el estado de Oaxaca, ubicado a 14 kilómetros de distancia. Se supo que Frida Alondra asistió a una celebración por el viernes de dolores en la comunidad oaxaqueña.
La menor de edad no regresó a su domicilio y horas después sus familiares comenzaron su búsqueda.
El 12 de abril, tres días después, el cadáver de la menor fue hallado en un camino rural de la comunidad de San Juan Bautista de Lo de Soto.
Las comunidades de San Juan Bautista y Cuajinicuilapa se unieron para pedir a las autoriades correspondientes el esclarecimiento de los hechos.
El pasado 17 de abril mujeres de Oaxaca marcharon en las calles de San Juan Bautista Lo de Soto para exigir justicia por Frida, se mencionó que realizaran otra el próximo fin de semana.
La Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro), integrada por mujeres de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, mediante un comunicado, mencionaron la gravedad de los asesinatos y las desapariciones de mujeres en los últimos días.
“Este acto de violencia extrema contra una joven afromexicana no es un hecho aislado, se da en un contexto de impunidad y violencia generalizada en nuestros territorios y en el país, en un México Feminicida donde se asesinan 11 mujeres diariamente y donde sistemáticamente se invisibilizan las violencias que vivimos niñas, adolescentes y mujeres afromexicanas”, puntualizó la Muafro en su comunicado.
Hernández Montalván fue detenida el pasado 18 de octubre de 2020 por su activismo, que consistió en la toma de casetas para recabar fondos y apoyar a presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la presa La Parota en Acapulco.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Especial
14 de marzo del 2022
Chilpancingo
Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) bloquearon tres horas la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, para exigir la libertad de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, quien lleva dos años presa acusada por atacar vías de comunicación.
El representante del FPM, Pablo Abad Diaz, dijo que las principales demandas son; exigir la libertad inmediata de Hernández Montalván, justicia para el activista Arnulfo Cerón Soriano quien fue hallado muerto en una fosa clandestina en Tlapa luego de haber estado en calidad de desaparecido.
Hernández Montalván fue detenida el pasado 18 de octubre de 2020 por su activismo, que consistió en la toma de casetas para recabar fondos y apoyar a presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la presa La Parota en Acapulco.
Esas acciones permitieron liberar a 16 presos políticos, contó Abad Diaz.
El pasado 9 de febrero de 2022, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sentenció a Hernández Montalván a diez años y seis meses de prisión.
“La sentencia a la compañera Inés es parte de una estrategia de acoso judicial y detenciones arbitrarias en represalia por defender los derechos de las comunidades campesinas”, comentó Abad Diaz.
En el caso de Arnulfo Cerón, el FPM denunció que la investigación esta detenida y no hay personas vinculadas a proceso por el caso, por eso exigen una audiencia con Salgado Pineda para tratar el tema de los activistas guerrerenses.
Los manifestantes levantaron el bloqueo a las 17 horas después de que un funcionario de la Secretaría General de Gobierno les dijo que el titular de esta dependencia, Ludwing Marcial Reynoso Núñez los recibiría en audiencia.
El Consejo de la Judicatura aprueba nuevas pautas de operatividad de los juzgados que prácticamente anulan el funcionamiento de los tribunales especializados, donde se atienden los delitos de mayor incidencia en Ciudad Juárez; advierten retrocesos en materia de justicia
Texto: Itzel Ramírez / La Verdad
Fotografía: Rey R. Jauregui / La Verdad
21 de febrero de 2022
Una reforma al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulará la operación de los tribunales especializados de narcomenudeo y de género, dos entes que, aunque no estaban formalizados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, trabajaron como modelos celebrados por la sociedad civil y organismos internacionales, debido a su trascendencia en la aplicación de la justicia.
Con el argumento de equilibrar las cargas de trabajo y de eliminar la discrecionalidad de las asignaciones, el Consejo de la Judicatura aprobó un acuerdo que dividirá a los jueces en dos grupos (de control y de enjuiciamiento) y que desactiva la especialización.
La modificación ha generado reacción de algunos grupos, como el caso de organizaciones feministas, que fueron uno de los pilares de la construcción del Tribunal Especializado en Violencia de Género.
El acuerdo, firmado en una sesión privada del Consejo de la Judicatura el pasado 28 de enero, ordena hacer una distinción entre jueces de control y de enjuiciamiento para cambiar los turnos de asuntos que llegan a los tribunales del sistema penal acusatorio, de justicia para adolescentes y de ejecución.
“… este Pleno, considera necesario, lleva a cabo una transformación interna (…) a efecto de garantizar a los justiciables y a la sociedad en general, una regulación estricta de parámetros para la recepción, distribución y tramitación de todos aquellos asuntos que en materia penal del sistema acusatorio llevan a cabo su tránsito por el proceso”, se lee en el documento.
“El objetivo primordial de esta decisión es garantizar el debido despacho de los asuntos puestos a disposición de los juzgados penales; de igual manera, lograr un seguimiento adecuado de los mismos, estableciendo un método que permita la derivación y radicación de casos”, abunda el texto.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, un diagnóstico del área de Gestión Judicial mostró que hay “pautas o reglas de trabajo no escritas” que complican la asignación de cargas de trabajo dentro de los tribunales penales de la entidad.
“… resulta necesario establecer la definición de directrices de organización y distribución judicial –como en el caso–, entre las y los juzgadores, así como de las causas penales, ya que de lo contrario, no será posible alcanzar una igualdad y equidad por cuantía y complejidad en la distribución de cargas de trabajo, pero sobre todo, no será viable garantizar eficazmente el derecho de las personas de acceder a la justicia”, continúa la exposición de motivos del acuerdo.
La derivación de causas, apunta el documento, será por juez de control, de enjuiciamiento, de ejecución y de justicia para adolescentes.
Hasta antes del acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua funcionaba con jueces que podían conocer de una causa como jueces de control y constituirse como tribunal de enjuiciamiento en otra, un modelo que ha quedado erradicado con la decisión de la Judicatura.
La modificación, según los argumentos esgrimidos en el acuerdo, evitará que jueces se nieguen a conocer de asuntos “por decisiones arbitrarias, fuera de los supuestos de la ley como: excusas, recusaciones, impedimentos, competencia… con conciencia de que la negativa debe y solo puede ser por vía judicial y no personal”.
A partir de la publicación del acuerdo, la separación entre jueces de control, de enjuiciamiento, de ejecución y de justicia penal para adolescentes inicialmente será en el distrito judicial Morelos, para luego extenderse a las otras zonas jurisdiccionales.
Las causas vigentes y de ingreso serán distribuidas a la totalidad de jueces penales atendiendo al criterio alfabético descendente según su apellido.
En los hechos, esta distribución implica que los tribunales especializados de narcomenudeo y de violencia de género ya no serán los únicos que conozcan de estos delitos, lo que significa su desaparición, de acuerdo con fuentes consultadas.
Sin embargo, el vocero del Tribunal Superior de Justicia, Israel Hernández, dijo que hasta el momento los jueces siguen trabajando de manera cotidiana y aseguró que las modificaciones son solamente una reingeniería que no impactará en la aplicación de las medidas alternativas que se contemplan en la ley.
TRIBUNALES ESPECIALIZADOS ATIENDEN DELITOS DE MÁS INCIDENCIA
Aunque no estaban regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, los tribunales especializados de género y de narcomenudeo fueron estructuras creadas para atender los dos delitos de más incidencia en el estado, particularmente en Ciudad Juárez.
El Tribunal Especializado en Narcomenudeo se creo en 2019 para atender los casos por este delito en audiencias masivas en donde se ofrece a la mayoría de los acusados la posibilidad de acogerse a la suspensión condicional, una suerte de justicia terapéutica.
Apenas el 19 de octubre del año pasado, el TSJ firmó un convenio con el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez para fortalecer el desarrollo de capacidades y la formación de personal para el delito más numeroso en la frontera.
“En Ciudad Juárez cada 4 horas hay una víctima de homicidio doloso y cada hora se pone a disposición de un agente del Ministerio Público un portador de drogas (…), el 85 por ciento de los homicidios tiene relación con las drogas. De cada 100 homicidios que se cometen en la ciudad, menos de 5 casos son sentenciados, en narcomenudeo la impunidad es del 76 por ciento, con un rezago de 12 mil carpetas, 566 carpetas por cada agente de investigación”, declaró en esa fecha Jorge Contreras Fornelli, presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).
En el evento, Eric Cohan, cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, resaltó cómo la cooperación bilateral ayudaría a que más personas fueran atendidas en este tribunal. El expresidente del tribunal, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, dijo que la especialización en narcomenudeo -con la asistencia del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones-, implicaba la integralidad en la aplicación de justicia y, sobre todo, en la atención al problema de las adicciones.
Ahora, con las nuevas disposiciones para la atención de asuntos, los casos de narcomenudeo podrán ser tratados por cualquier juez de primera instancia, sin que sea necesaria su especialización, como funciona el Tribunal Especializado de Narcomenudeo.
En el mismo caso está el Tribunal Especializado en Violencia de Género, creado en septiembre de 2020 para atender el delito de violencia familiar, el segundo más numeroso en incidencia.
Siete jueces de control y enjuiciamiento estaban adscritos a atender los casos de violencia familiar, que a lo largo de 2021 sumó tres mil 44 causas -mil 471 correspondientes al distrito Bravos de Ciudad Juárez-, con un total de tres mil 287 víctimas –mil 532 de ellas en la frontera–, de acuerdo con las cifras de la Unidad de Estadística del TSJ.
ES UN RETROCESO, ADVIERTEN
Irma Villanueva, abogada especializada en materia de género y extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dijo que la decisión de cambiar la radicación de turnos es un retroceso en materia de acceso a la justicia para las mujeres.
“Si se llega a aplicar es un retroceso definitivamente para las mujeres y las niñas de Juárez y Chihuahua, nos indica un desconocimiento y una falta de priorización del Tribunal (Superior de Justicia). Se refleja que no es un tema prioritario, no es un tema que interese conocer, esa es la lectura que damos de fuera, no les interesa avanzar en los hechos y eso es muy preocupante”, mencionó Villanueva.
La abogada dijo que la medida desmantela todo el esfuerzo que desde la sociedad civil se hizo para construir equipos multidisciplinarios sensibilizados en materia de género.
“El que los asuntos fueran atendidos según el tribunal en turno o por turnos implica que se elimina de facto la especialización porque los casos van llegando y se turnan como vaya, salen de a unidad o del equipo multidisciplinario especializado en este tema”, aseguró.
Villanueva recordó que tanto tratados internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), señala que la especialización es necesaria para proveer justicia integral.
Además, dijo, la decisión del Consejo de la Judicatura va en contra de los planes del Judicial estatal, que buscaba que el modelo de tribunal especializado se aplicara en otros distritos.
A Alfonso* le diagnosticaron diabetes hace 18 años, dos meses después de que ingresó en un Centro de Readaptación Social (Cereso) en el sur de México y desde entonces requiere seguimiento médico, medicinas y una dieta especial.
Sin embargo, el centro en el que se encuentra no se los proporciona o lo hace de forma insuficiente, a pesar de que el derecho a la salud es su responsabilidad y se trata de una enfermedad crónica.
Esta situación ha hecho que Alfonso, quien dice ahora estar perdiendo la vista y el cabello, tenga que trabajar dentro de prisión y vender artesanías para así juntar los 140 pesos que le cuestan sus pastillas.
“Todo lo que voy ganando, lo poquito lo voy guardando, pero casi no se vende. Hasta ahorita estoy tomando las pastillas. Aquí, conforme a mis alcances, voy comprando el medicamento cada vez que se me termina”, cuenta Alfonso.
Y aunque puede obtener algunos medicamentos, dice que sus recursos son insuficientes para mantener una dieta adecuada –dado que el centro tampoco le proporciona–.
“Me dicen que eso le corresponde a uno, comprarlas, y desde que llegué ha estado así. Nos han dado pero muy leve; últimamente ya lo compramos totalmente nosotros”, señala Alfonso.
“El otro día cuando se me reventaron los talones, me dolía mucho, me punzaban los pies. No me atendió un médico, me compuse con vendas y un compañero que tenía árnica me dio para ponerme”, detalla.
Recientemente, comenta, ha solicitado sin éxito atención especializada, un médico que le oriente, monitoree su enfermedad y lo canalice para una cirugía de ojos, ya que últimamente reporta ver borroso, como si tuviera “grava”.
“Ahorita no hay quien me cheque, voy tomando conforme me siento. Si me siento con sueño o cansado, es señal de que está bien alta la diabetes, y cuando está baja es cuando me da hambre o sudo frío, o quiero comer algo”.
Enfermedades crónicas sin acceso a la salud
Alfonso es una de las miles de personas dentro del Sistema Penitenciario que viven la falta de medicinas y/o tratamiento por parte de los centros, a pesar de que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH o cáncer lo cual, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afecta el derecho a la protección de la salud.
Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2020, el 22.2% de la población de las cárceles en el país dijo haber sido diagnosticada por un médico con una enfermedad, algunas de las cuales son crónicas (que pueden no tener cura y requieren atención de largo plazo).
En el caso específico de la diabetes, una de cada tres personas (33%) que no toman medicamento ni están en tratamiento para la diabetes dicen que no lo hacen porque el centro no se los proporciona.
Esta situación impacta también a personas diagnosticadas con hipertensión, la enfermedad más común entre las personas privadas de su libertad: el 32.3% de quienes no reciben medicamentos afirman que no lo hacen porque el centro no se los da, mientras que en el caso del VIH el porcentaje es de 24.6% y cáncer el 22.6%.
El doctor Uri Torruco comenta que normalmente la diabetes se diagnostica cuando ya está en una etapa avanzada, y “tiene complicaciones agudas, que son mucho más frecuentes cuando la gente deja de tomar el tratamiento”.
“Dejar de tratar a una persona con diabetes la pone en riesgo de complicaciones crónicas como daño renal, infarto, afectaciones a los ojos y, el más frecuente de todos, la neuropatía, que eventualmente predispone para amputaciones e infecciones graves de los pies”, comenta.
“Supón que necesitas insulina, necesitas medicina. La dejas de tomar en el caso de dos a tres semanas puedes desarrollar una complicación que te puede poner en riesgo de muerte, más allá de las crónicas”.
En el caso de la hipertensión, explica que si no se trata se puede desarrollar cardiopatía hipertensiva “y puede causar o aumentar el riesgo de infarto, de daño renal, de arterias tapadas, sobre todo en las extremidades”.
Mientras que en el caso de VIH, no seguir con los medicamentos implica que la carga viral aumente, lo cual que puede dañar el sistema inmunitario y hacer más probable la transmisión del virus, explica la organización británica Avert.
Y el cáncer, otra enfermedad diagnosticada en personas en prisión que no reciben medicamentos, Torruco insiste en que también requiere de un tratamiento “muy estricto” para que funcione, por lo que no se debe suspender el tratamiento.
Atención deficiente
La falta de acceso a la salud en las cárceles del país no solo afecta a las personas con enfermedades crónicas. Argelia*, una mujer que estuvo en un Centro de Readaptación Social, cuenta que vivió su embarazo en prisión sin que algún especialista o las autoridades le brindaran acompañamiento.
“Cuando llegué me llevaron a un servicio médico, pero no me hicieron ningún chequeo ni nada. Yo dije que pensaba que estaba embarazada, que si me podían revisar para yo llevar un control dentro del reclusorio, pero me dijeron que no, que tenía que esperar y que no había un especialista que me pudiera atender”, señala.
En este contexto, la ENPOL 2021 exhibe solo al 72.7% se le practicó un examen méxico al entrar al centro, a pesar de que las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos indican que un profesional debe examinar a cada recluso “tan pronto sea posible después de su ingreso”.
Además, menos de la mitad, al 41%, se les realizaron revisiones médicas periódicas, sin que la personas lo soliciten, para conocer su estado de salud.
“Yo quería saber si estaba embarazada, si el bebé venía bien. Hubo una vez que mi mamá habló con el abogado para ver si podía entrar un médico, que iban a pagar mis familiares, para que me pudieran revisar, pero no me dieron la autorización”, acusa.
Argelia cuenta que sufrió violencia obstétrica el día que parió: los médicos determinaron, sin consultarla, practicarle una cesárea, además de que la mantuvieron amarrada de pies y manos.
Después, en el centro penitenciario, la herida de la cesárea se le infectó, pero de nueva cuenta no le proporcionaron atención ni medicamentos, y retrasaron la entrega de los antibióticos que sus familiares le llevaron.
“La única venda que yo me traje del hospital, con la que me vendaron cuando me hicieron la cesárea, fue la única venda que yo tuve desde que me alivié como hasta en un mes. Ni una venda, ni una gasa”, acusa.
Evidencia de la CNDH
Los datos que arroja la ENPOL del Inegi coinciden con una serie de recomendaciones sobre el sistema penitenciario que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2021, en las que se ha evidenciado la falta de tratamiento así como en los centros de detención.
En un caso documentado por la Comisión (30/2021), el familiar de una persona con VIH privada de su libertad en el CEFERESO Buenavista Tomatlán, en Michoacán, acusó que el paciente dejó de recibir retrovirales desde que ingresó al centro.
Señaló que solo le daban omeprazol, “lo cual tuvo como consecuencia que su enfermedad agravara, dejara de consumir alimentos, tuviera fiebre y vomitara sangre”. La persona falleció el 21 de diciembre de 2020.
Según el documento de la CNDH, a la persona se le cambió el retroviral y se dejó de atender los síntomas de vómito, pérdida de peso, singulto, entre otros, lo que causó deterioro en su estado de salud.
En el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz (37/2021) la Comisión encontró que una persona con hipertensión, que murió el 10 de noviembre de 2020, no “tuvo un diagnóstico certero y por ende un tratamiento adecuado”.
La más reciente recomendación en este sentido (84/2021) expone el caso de una persona recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Morelos, a quien no se le proporcionó el seguimiento médico indicado para cáncer de mama.
Según el documento, no se le practicaron en tiempo y forma los estudios solicitados ni se le brindó continuamente el tratamiento para su padecimiento, por lo que existió “recurrencia local de tumor”.
*Los nombres de las personas se modificaron para proteger su identidad.
Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización
Los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
9 de febrero del 2022
Chilpancingo
Por tercer día consecutivo, peritos de las fiscalías General de la República (FGR) y del Estado (FGE) realizaron la búsqueda de los huesitos de la niña Ayelín que fue hallada mutilada en octubre del 2020 pero que en esa ocasión todos sus restos no fueron recuperados.
Esta vez, los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad por sus victimarios.
Esto fue en la colonia La Candelaria, en una de las zonas más empobrecidas de Tixtla.
Desde este lunes, peritos forenses acompañados por perros que son adiestrados para localizar a personas fallecidas y la mamá de Ayelín, recorrieron la zona para hallar los 89 huesitos de la niña de 13 años que quedaron en ese lugar.
A los peritos de la Fiscalía de Guerrero que en octubre del 2020, después de la desaparición de Ayelín, no pudieron recuperar los 89 huesitos de la niña.
La niña desapareció el 15 de octubre del 2020 y después de cuatro días de búsqueda por parte de peritos de la Fiscalía del Estado fue hallada mutilada pero no fueron recogidos todos sus restos.
Doña Flora Marcelo Rojas quien después de que su hija fue sepultada se desplazó de su comunidad por haber recibido amenazas realizó protestas en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables y la localización de los demás restos de su niña.
Se informó en esa ocasión que el 15 de octubre la niña recibió una llamada telefónica de su madre quien le dijo que la esperaría en su negocio de material de reciclaje ubicado en la colonia Santa Cruz que estaba ubicado a un costado de la carretera federal Tixtla-Chilapa.
La niña se dirigió caminando por una vereda de la barranca de la Candelaria para reunirse en el sitio donde la esperaba su mamá pero nunca llegó.
Ese mismo día 15 de octubre, doña Flora Marcelo acompañada por sus familiares y vecinos realizaron la búsqueda de Ayelín.
Fue hasta el 19 de octubre cuando peritos de la Fiscalía del estado localizaron mutilada a la niña.
En estos dos días de búsqueda de los demás restos de la niña, fueron hallados varios huesitos pero que se podrá determinar si pertenecen a Ayelín después de que se realicen los estudios de ADN.
Por el homicidio de la menor de 13 años, desde el 25 de octubre del 2020 hay cuatro hombres bajo proceso judicial.
Doña Flora Marcelo, señala que debido a la pandemia por el Covid-19, el proceso judicial en contra de los presuntos responsables del asesinato de su hija, va muy lento.
Mañana jueves a las diez de la mañana, se realizará una protesta en las calles de Tixtla para exigir castigo a los responsables del asesinato de la niña.
Exigiendo en la Fiscalía investigaciones, recorriendo cerros y veredas para buscar a sus seres queridos, así se encuentran las mujeres buscadoras en Guerrero: en Chilpancingo, Acapulco, Tlapa, Iguala y otros lugares madres, esposas, hijas, sobrinas o compañeras de las y los desaparecidos fundaron sus propios colectivos y gritan justicia
Texto: Beatriz García
Fotografia: Oscar Guerrero y Angie García
9 de febrero del 2022
Chilpancingo
En los últimos 11 años Gema Antúnez Flores ha sido aprendiz y maestra. Ha aprendido a buscar a su hijo junto a otras familias de víctimas de desaparición forzada, pero también ha enseñado la ruta que ella tuvo que trazar ante la poca o nula ayuda que recibe de las autoridades para realizar investigaciones y búsquedas en fosas clandestinas, sobre todo.
De acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), hasta el 26 de noviembre del año pasado, estaban registradas oficialmente 95 mil 121 personas desaparecidas en el país, a estas se suman los que los familiares no denuncian, muchas veces por temor.
México también vive una grave crisis con más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas.
La desaparición en Guerrero está a la orden del día, en la prensa local y en las redes sociales se leen las denuncias de familiares, hijas, hijos, esposos o esposas que desaparecieron.
La omisión de las autoridades es constante ante estos hechos de desaparición. Los familiares de desaparecidos decidieron unirse, crear colectivos para reunir fuerza y salir a las calles a marchar, bloquear avenidas, hacer huelgas de hambre y presionar a las autoridades. Deciden hacer sus propias investigaciones, búsquedas en campo, aprenden a identificar lugares donde posiblemente haya algún cadáver enterrado.
Estas luchas burocráticas, recorriendo cerros y veredas las encabezan, principalmente mujeres: madres, esposas, hijas, sobrinas o compañeras de las y los desaparecidos.
En Guerrero hay colectivos de familiares de desaparecidos en diferentes partes del estado: el Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados del País Guadalupe Narciso, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, el Colectivo Siempre Vivos de la Montaña baja, el Colectivo Madres Igualtecas, Los Otros Desaparecidos de Iguala, Colectivo Luciérnaga de Tlapa, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C.
En la región centro el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el País, era liderado por Guadalupe Rodríguez Narciso –que actualmente lleva su nombre-, antes de que el 28 de agosto del año pasado muriera víctima de la Covid-19, sin encontrar a su hijo desaparecido en junio del 2014, Josué Molina.
Doña Lupita, como le nombraban de cariño fue un ícono y referente de la lucha y exigencia por sus desaparecidos en Guerrero, así la recuerda Gema Antúnez, que como ella dice, gracias a sus enseñanzas ahora también lidera otro colectivo, Familiares en Búsqueda María Herrera, e Ivón Álvarez Gil, integrante del ahora Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el país Guadalupe Rodríguez Narciso.
La unión hace la fuerza: Gema Antúnez
El calvario de Gema Antúnez inició por la desaparición de su hijo, el próximo 27 de febrero cumple 12 años sin saber de él, Juan Sebastián García Antúnez. Gema no tiene ni el menor indicio de su paradero, porque ninguna autoridad le ha informado nada. Los chispazos de información que tiene los ha obtenido por sí sola, pero sin una versión verídica que indique su paradero.
A 12 años de la desaparición de Juan Sebastián García, que en ese entonces tenía 22 años, Gema Antúnez no camina sola, camina con familias de 69 desaparecidos que conforman el colectivo en Guerrero llamado María Herrera.
Juan Sebastián estaba feliz porque su negocio de hamburguesas, ubicado en la plaza comercial de la colonia Universal en Chilpancingo, tenía éxito. Recientemente acababa de abrir otro negocio por el bulevar. Estos eran sustento de él, su hijo de dos años y de su pareja.
Eran las 10 de la noche, recuerda Gema Antúnez, cuando a Juan Sebastián se le acabaron algunos insumos y fue a su casa a traerlos para continuar con la preparación de sus hamburguesas. Se fue del puesto junto a un menor de 14 años que le ayudaba en el negocio.
A un costado del río Huacapa, esquina con calle 18 de marzo, hombres armados lo interceptaron, lo golpearon y se lo llevaron, el niño que fue testigo y que después contó a la mujer, logró huir porque se aventó al cauce del río.
Gema Antúnez es madre soltera de Juan Sebastián y de otros dos hijos, se puso al frente para buscarlo, porque su nuera decidió irse con su bebé, no quiso saber más de la situación. Gema llora al recordar que desde ese entonces no sabe de su nieto, lo único que le quedó de su hijo.
La mujer interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, pero le refutaron que su hijo seguramente estaba de fiesta, aunque sus hijos no toman, no fuman, no van a fiestas. Se sintió sola, sin apoyo. Acudió al penal de la capital, a los hospitales, al Servicio Médico Forense (Semefo), pero no encontró nada.
Luego pidió apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tampoco.
En este tiempo ha estado en tres colectivos, pero desistió de dos porque no le gustó la forma de trabajo, en ese tiempo conoció a Guadalupe Narciso, con quienes formaron en el 2016 el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados del Estado y el país.
Entonces las y los integrantes del colectivo protestaron, hicieron huelgas de hambre, pese a la diabetes de Gema Antúnez y de la propia Guadalupe Rodríguez.
La última huelga de hambre la hizo Gema Antúnez con sus compañeras y compañeros en la Ciudad de México. Durante 15 días lograron que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) les recibieran carpetas de investigación que se efectuaron en el estado para que se investigaran sus casos desde la federación.
En marzo del 2020, Gema Antúnez conformó el Colectivo María Herrera, pero no dejó de coordinarse con el colectivo de Guadalupe Narciso.
La organización ha sido importante para las familias que tienen un desaparecido, mencionó, porque allí depositan su fe y esperanza, hay empatía, se acompañan, confían en que hallarán a sus hijos, además de gestionar apoyo para las madres e hijos que se quedaron sin el sustento principal en casa.
Ivón Álvarez Gil y el legado de Lupita Narciso
Ivón Álvarez Gil es otra muestra de fortaleza para seguir en pie y en colectivo para buscar a su hermano Juan Álvarez Gil, que desapareció el 5 de julio del 2013 en Chilpancingo. Ellos son familiares de Guadalupe Rodríguez, quien les dejó grandes enseñanzas, compartió en entrevista.
Ivón coincidió con Gema Antúnez en la importancia de caminar en colectivo para unir fuerza y exigir a las autoridades ser escuchados, además de liderar las búsquedas de sus desaparecidos ante la inacción de las autoridades.
Juan Álvarez era policía ministerial y guardaespaldas y ese 5 de julio le dijo a su hermana que iría a un compromiso a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, que regresaría a comer a las cinco de la tarde.
Supo que su hermano llegó a la casa de un conocido, donde había una fiesta, luego se ofreció a ir a comprar bebida, pese a que él no tomaba alcohol. Llegó al Oxxo en el Parador del Marqués y ahí hombres armados se lo llevaron. Es el recuento de hechos que investigó por su propia cuenta Ivón.
Cinco días después Juan la llamó, pero lo único que le dijo fue que tenía problemas, no dijo más. A su teléfono celular entraban las llamadas pero no respondía, después el celular ya estaba apagado. Dos semanas después hallaron su vehículo y desde ese entonces Ivón busca a su hermano, además de interponer la denuncia formal, pero no hay avances en la investigación.
Guadalupe Rodríguez la invitó a ser parte de su Colectivo y desde ese momento Ivón registró cada uno de los hallazgos de las cerca de 10 búsquedas que hicieron en campo y en fosas, lideradas por su organización, hallaron más de 200 cadáveres y restos óseos. Tres de ellos ya fueron entregados a sus familiares, compartió.
“Somos hermanos del pinche dolor que tenemos. Es un pinche coraje que tenemos, cada quien trae su pinche dolor contra el gobierno que nos está mintiendo. Debemos unirnos”, soltó entre llanto la mujer.
Ivón Álvarez ha sido amenazada para dejar de buscar a su hermano, pero en lugar de debilitarse se siente con más fortaleza para seguir y no dejar de buscar, una promesa que además le hizo a su madre, quien murió hace dos años si conocer el paradero de su hijo.
La hermana de Juan tampoco desiste a pesar de la diabetes que padece, es como si ella se autoimpusiera que no tiene el permiso de descansar, porque debe hallar a su hermano.
Enseñanza, lealtad y empatía entre hermanos del mismo dolor
Gema Antúnez tiene clara su misión al acompañar a decenas de familias que así como ella, buscan a sus desaparecidos, alzar la voz juntos y exigir a las autoridades respuestas de sus seres queridos y crear precedente de lo que se vive en el país.
“Desde el momento que nos desaparecen a un ser querido nuestra vida cambia totalmente, es como si nos dejaran huecas. Pueden suplir a un hermano, a un esposo, pero un hijo es como si te dejaran vacía”, replicó.
—¿En estos dos años qué ha ganado el colectivo María Herrera?
— No recursos económicos pero sí un prestigio de trabajo, de lealtad y no necesitan ser parte de María Herrera para yo brindar un apoyo. Hay compañeras que tiene colectivos en otras ciudades, por ejemplo
Iguala, Chilapa, Zitlala, Acapulco, donde existe la coordinación
Hace dos años que surgió el colectivo logró con sus compañeros seis búsquedas en campo —la última del martes al viernes pasado— en compañía de efectivos de la Guardia Nacional, Comisión Estatal de Búsqueda y peritos de la FGE.
En ocasiones, como en la última búsqueda que hicieron, no encuentran cadáveres o restos óseos, pero sí indicios de que ahí retuvieron a personas, sus objetos como credenciales, carteras, bolsas de mujer, zapatos, ropa.
En estos dos años han encontrado ocho cuerpos, dos incompletos y seis completos. Y de todos, la fiscalía, no ha entregado ninguna identificación genética, con la justificación de que no cuentan con dinero para hacer las confrontas.
Gema Antúnez no se rinde aun con su fractura de columna porque en una búsqueda cayó a una barranca. Desea que sus compañeras aprendan, por si un día falta sepan qué camino seguir para no quedarse calladas. Su motivo: Juan Sebastián. Gema mantiene la esperanza de encontrarlo.
Un año cuatro meses después de su asesinato, a petición de su madre, 89 huesos de Ayelín son buscados
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
8 de febrero del 2022
Chilpancingo
Peritos de las Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en el segundo día de búsqueda de huesos que no fueron recuperados de Ayelín, una niña de 13 años, que en octubre del 2020 fue hallado sus cadáver mutilada en una barranca ubicada entre las colonias la Candelaria y la 6 de noviembre, en la cabecera municipal de Tixtla.
Flora Marcelo Rojas, madre de la niña y que participó en esta jornada de la búsqueda junto con integrantes de colectivos de desaparecidos, informó que están rastreando 89 huesitos de su hija que no han sido recuperados.
La niña desapareció el 15 de octubre del 2020 y después de cuatro días de búsqueda por parte de peritos de la FGE fue hallada mutilada, pero no con todas las partes que le habían quitado por fragmentos. Faltaban huesos.
Flora Marcelo Rojas, quien después de que su hija fue sepultada se desplazó de su comunidad porque recibió amenazas de muerte ha realizado protestas en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables y la localización de los demás restos de su niña.
Derivado de los plantones y marchas que realizó la señora, las autoridades federales y estatales ordenaron que se realizara la diligencia de búsqueda de los 89 huesitos de la menor en una barranca cerca de donde ella vivía junto con su familia en Tixtla.
En esa ocasión, las autoridades informaron que el 15 de octubre a Ayelín la llamó su mamá y le dijo que la esperaría en su negocio de material de reciclaje, ubicado en la colonia Santa Cruz, a un costado de la carretera federal Tixtla-Chilapa. Ayelín fue caminando por una vereda de la barranca de la Candelaria para reunirse con su mamá, pero nunca llegó.
Ese mismo día 15 de octubre, Marcelo Rojas con familiares y vecinos realizaron la búsqueda de Ayelín.
Fue hasta el 19 de octubre cuando peritos de la FGE la localizaron.
En estos dos días de búsqueda de los demás restos de la niña fueron hallados varios huesitos que se podrá determinar si pertenecen a Ayelín después de que se realicen los estudios de ADN.
Por el homicidio de la menor de 13 años, desde el 25 de octubre del 2020 hay cuatro hombres bajo proceso judicial.
La madre de la niña expuso que debido a la pandemia por la Covid-19, el proceso judicial en contra de los presuntos responsables del asesinato de su hija va muy lento.
«La protesta que hicimos en la Ciudad de México es precisamente para que haya justicia, pero vemos que hasta el momento no la habido», dijo la mujer que junto con su familia vive fuera de Guerrero por las amenazas que sufrió después de la muerte de su niña.
Este miércoles (mañana) seguirán los trabajos de búsqueda y el jueves habrá una marcha en las calles de Tixtla para exigir justicia.
En un contexto de violencia exacerbada, los policías armados con pistolas de alto calibre cuidan las oficinas ubicadas cerca del primer cuadro de la capital. Los elementos llegaron en dos patrullas y sin equipo antimotín como lo establece el protocolo la actuación policial de fuerza antidisturbios
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Especial
2 de febrero del 2022
Chilpancingo
Diez policías estatales armados con fusiles R-15 se apostaron en la entrada de las oficinas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para evitar que normalistas de Ayotzinapa y militantes de organizaciones sociales se introdujeran al edificio y realizaran destrozos como lo han hecho en otras ocasiones.
El contingente de más de mil personas, entre estudiantes de Ayotzinapa, padres de los 43, colectivos de familiares de desaparecidos y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) que marcharon en protesta por la violencia e inseguridad, desvió su camino.
El plan de la protesta de los manifestantes era caminar por la avenida Miguel Alemán y realizar un mitin frente a las oficinas estatales del Sol Azteca, partido del cual varios gobernantes como Ángel Aguirre Rivero han sido señalados como responsables de masacres y tragedias, como la del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos 43 normalistas.
De último momento, el contingente cambió el plan y los activistas marcharon por la avenida Ignacio Ramírez y dieron la vuelta por donde están las oficinas de este partido político que ya estaba resguardado con un grupo de agentes estatales.
Los policías que llegaron en dos patrullas portaban armas de cargo de alto poder y no con equipo antimotín como lo establece el protocolo la actuación policial de fuerza antidisturbios.
Blindar oficinas públicas, una vieja tradición
Desde el 2014 después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, los estudiantes, maestros y militantes de organizaciones sociales que demandan la presentación con vida de los jóvenes han atacado las instalaciones del PRD estatal aquí en Chilpancingo.
El edificio ha sido pintarrajeado con consignas por los 43, castigo al ex gobernador Ángel Aguirre y ha sido atacado con bombas molotov y petardos. Los daños materiales han sido cuantiosos.
En septiembre del 2021 cuando se cumplieron siete años de la desaparición de los 43, la puerta de acero del inmueble fue derribada por los normalistas y luego estallaron petardos y destrozaron el mobiliario de oficina.
Este edificio que todavía en la década de los ochentas albergaba las oficinas del desaparecido Partido Comunista Mexicano (PCM) pasó como propiedad del PRD en 1990.
Desde el pasado viernes 28 de este mes, elementos de la Guardia Nacional (GN) y policías estatales custodian las casetas de Palo Blanco, La Venta y Paso Morelos de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco para evitar que estas sean tomadas por los normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 desaparecidos y otras organizaciones sociales.
Desde hace siete años cuando inició el movimiento para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas y su presentación con vida, los estudiantes tomaban las casetas para pedir cooperación económica a los automovilistas e informarles el motivo de su protesta.
Según los dirigentes estudiantiles de la Normal, los recursos económicos que obtenían por las cooperaciones en las casetas es para financiar el movimiento de protesta.
Este miércoles, a petición del dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda ordenó que se enviara un grupo de policías armados a las oficinas de este partido para evitar que sufriera una vez más destrozos por parte de los estudiantes.
También estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
31 de enero del 2022
Chilpancingo
En una reunión en la que estuvo como intermediario el padre Alejandro Solalinde, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) le solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la liberación de un grupo de presos políticos.
Gonzalo Molina González, dirigente de esta agrupación señaló que otra de las peticiones que se le hizo a la gobernadora es que ordene que se agilice la búsqueda del activista Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto del 2021 está desaparecido.
El grupo de policías comunitarios encabezados por Molina González que portaban sus uniformes ingresaron a la residencia oficial de Casa Guerrero.
Molina dijo que hay casos de activistas presos que pese a que ya cumplieron su derecho de salir libres por diversas circunstancias legales deben de salir libres.
Es el caso de Florentino Cruz Morales quien se encuentra preso en el penal de Ayutla de los Libres pero que en los próximos días podría salir en libertad, dijo Gonzalo Molina quien está fuera de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió por parte de integrantes de un grupo delictivo que está en Tixtla.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda le dijo al grupo de autodefensas que va a ordenar a la Fiscal General y al presidente del Poder Judicial revisen los expedientes judiciales de los activistas que permanecen presos y puedan salir en libertad.
“Nosotros vamos a confiar en la palabra de la gobernadora pero en caso de que nos mienta lo daremos a conocer públicamente”, advirtió.
En la reunión con la gobernadora también estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades.
Vicente Suástegui es hermano del Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui quien ha encabezado en las labores de su búsqueda.
“La gobernadora Evelyn Salgado informó que le va a pedir a la Fiscalía que reanude las labores de búsqueda para localizar a mi esposo”, dijo Samantha Colón.
Otras organizaciones sociales como el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de las Comunidades de la Sierra, maestros y el líder social Eloy Cisneros Guillén se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado en la que también participó el padre Alejandro Solalilde.
También participó en esta reunión la activista Otilia Eugenio Manuel.
Este grupo de activistas se inconformaron porque el grupo de guardias de seguridad de la residencia oficial de Casa Guerrero les impedían el paso.
“Cómo es posible que aquí pongan vallas metálicas cuando aquí es la casa del pueblo”, les gritó Eloy Cisneros Guillén a los policías vestidos de civil.
Uno de los funcionarios de Casa Guerrero, les dijo a los activistas que no los dejarían pasar porque la gobernadora no los tenía en su agenda de reuniones.
“Aquí nos citó el padre Alejandro Solalinde”, dijo Eloy.
“Entonces espérenlo aquí”, respondió el policía.
Después del incidente llegó otro funcionario para decirle al grupo que podían pasar.
Organizaciones sociales, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa realizarán una marcha el próximo miércoles 2 de febrero en Chilpancingo por los 50 años del asesinato del guerrillero Genaro Vázquez. La movilización será también para condenar los actos de intimidación y hostigamiento
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
30 de enero del 2022
Chilpancingo
Agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal mantienen un cerco en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, para impedir que padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala intenten tomarla.
La decisión de la gobernadora morenista Evelyn Salgado y el gobierno federal de mantener esa vigilancia se dio después de que este viernes los padres de los 43 y un grupo de cien normalistas de Ayotzinapa intentaron ocupar la caseta con dos propósitos:
Entregar volantes a los automovilistas para hacerles saber los motivos de su lucha y pedirles una cooperación económica de cien pesos.
Este domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de intimidación y censura de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Guerrero por los actos de intimidación contra los padres de los 43 normalistas.
Este organismo pidió a los gobiernos federal y estatal garantizar su derecho de manifestación pacífica a los padres de los 43 y normalistas de Ayotzinapa.
“Las acciones de las fuerzas de seguridad federal y estatal impidieron que las víctimas indirectas de los lamentables hechos ocurridos, el 26 de septiembre del 2014, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión consagrados en leyes e instrumentos nacionales e internacionales”, señala el comunicado de la CNDH.
En tanto, organizaciones sociales, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa realizarán una marcha conmemorativa el próximo miércoles 2 de febrero en Chilpancingo, por los 50 años del asesinato del guerrillero Genaro Vázquez Rojas.
La movilización será también para condenar los actos de intimidación y hostigamiento que sufrieron los padres de los 43 por parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal el pasado viernes en la caseta de Palo Blanco en donde hubo la intención de desalojarlos.
En la marcha del miércoles participarán las 14 organizaciones que el pasado 11 de enero tuvieron una reunión con la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda en la residencia oficial de Casa Guerrero en donde le reclamaron su inacción para frenar la violencia y resolver las demandas sociales de las comunidades.
Según los organizadores, se prevé un contingente de cuando menos 5 mil personas que arribarán a Chilpancingo desde el miércoles en la mañana.
